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Nº 80 - 16 de enero de 2002 |
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CONTENIDO 1. Corazón
sin coraza: Leopoldo Barreda: ¿ignorancia o sectarismo? 2. El
anaquel: La rosa malodorans. Los señoritos satisfechos. 3. Desde
Argentina: crónica de un colapso (1) Por Ismael Medina LEOPOLDO
BARREDA: ¿IGNORANCIA O SECTARISMO? Leopoldo
Barreda, portavoz del Partido Popular en la taifa vascongada, afeó al
cacique del nacionalismo cavernícola, herr Arzallus (fue miembro del
partido socialdemócrata alemán y se asegura que incluso llegó a tener
pasaporte germano), su destemplada exigencia de que el Vaticano se guíe
por criterios racistas estrictos a la hora de nombrar obispos en las diócesis
que el PNV tiene por dependientes. La
pretensiones del nacionalismo vascongado son explicables. No sólo
provienen de un cerril enrocamiento etnopolítico. También de una
proclividad vaticana espoleada por el liberalismo laicista de amplios
sectores políticos, gobiernos y constituciones que proliferaron durante
el siglo XIX. Una animosidad contra la Iglesia asaz pareja a la entraña
iluminista del garibaldismo sobre cuya plantilla ideológica se produjo la
unidad política de Italia. Derrotado el tradicionalismo foralista, de sus
cenizas en Vascongadas emergió el sabiniano Partido Nacionalismo Vizcaino,
réplica enloquecida del nacionalismo catalanista, el cual se vio
reforzado por el desenlace de la guerra civil. En los partidos
nacionalistas vascongado y catalán, que por entonces blasonaban de
acendrado catolicismo, encontró la diplomacia vaticana un instrumento
para frenar las ínfulas laicistas de los partidos y gobiernos de España. La
afección de la Secretaría de Estado vaticana hacia los dos separatismos
reconocidos por la II República se rompió cuando, a raíz de nuestra
guerra, tanto el vascongado como el catalán antepusieron su obsesión
secesionista a la aireada presunción de fidelidad católica, aliándose
con los causante de la más sangrienta persecución religiosa sufrida
hasta entonces por la Iglesia. Pero retornó al amparo de la infección
marxistizante de la llamada teología de la liberación, del fraude
interpretativo de los postconciliaristas y de la politización
taranconiana cuyo trasfondo benelliano pretendí explicar en un artículo
anterior. En el ámbito de la conspiración neoclerical, y habida cuenta
de la elevada edad media del episcopado en aquella coyuntura, se recurrió
a colar en el episcopado a los clérigos afines por la puerta falsa del
nombramiento de los obispos auxiliares. Por ahí entraron los que a no
tardar ocuparían las sedes vacantes y alcanzarían la mayoría
conspiratoria en la Conferencia Episcopal. Entre ellos, por supuesto, los
que se convirtieron en el brazo clerical de maniqueo nacionalismo
arzallusista, con Setién a la cabza (de sus tiempos de obispo auxiliar
conservo documentos suyos que a la luz de la pastoral de Juan Pablo II serían
calificados de heterodoxos) y del igualmente maniqueo nacionalismo
pujoliano. Arzallus
y sus secuaces añoran sin duda aquellos lejanos tiempos en que los
nombramientos de los obispos de la taifa podían cocinarlos el PNV y su
corte en el fogón del taranconismo. En este punto asiste la razón a
Leopoldo Barreda, portavoz del PP en el taifa vascongada. Y también en la
denuncia de que un tal localismo étnico contradice la universalidad de la
Iglesia. Pero erró al sostener (copio de la reseña de La Razón
del 12 de enero) que «las críticas de Arzallus al Vaticano demuestran
que al presidente del PNV le gustaría poder dictar el nombre de los
prelados, como lo hacía Francisco Franco». Toda persona atribuida de
responsabilidad política, y aún más si lo hace como portavoz del
partido al que debe la encomienda, tiene la obligación de instruirse
sobre el asunto de que hablará, con el fin de no desbarrar. Desconozco si
los conocimientos históricos y políticos del señor Barreda son asaz
superficiales y limitados a los tópicos antifranquistas al uso. O si ha
podido en él más el sectarismo que la verdad. En cualquier caso, lo que
dijo y reproduzco no sólo es falso, sino también una idiotez. El
derecho de presentación y su utilización como arma dialéctica contra el
régimen se registró al tiempo que la campaña conspiratoria instigada
por el sustituto de la Secretaría de Estado e instrumentada a través del
taranconismo y del rebufo postconciliarista. Se trataba de una añagaza
para justificar y encubrir la verdadera entidad del nombramiento directo
de obispos auxiliares para la ocupación mayoritaria de la Conferencia
Episcopal. Y se hacía, además, a sabiendas de que el derecho de
presentación no pasaba de configurar un mero formalismo, a diferencia del
derecho de nombramiento del Jefe del Estado francés para determinadas diócesis,
el cual ejercía sin que el neoclericalismo lo discutiera. El
Estado español, que no el Jefe del Estado, heredó de la Monarquía el
susodicho derecho de presentación. El mecanismo del mismo que en la práctica
se siguió durante el régimen de Franco se realizaba así: tras consultar
el Nuncio a obispos, religiosos y seglares prestigiosos, componía una
terna que se sometía al Jefe del Estado, el cual proponía automáticamente
al primero. Era la Santa Sede la que, de hecho, nombraba a los obispos.
Nunca rechazó Franco las propuestas que se le hacían. Y sólo en dos
ocasiones se permitió acompañar al documento de presentación un informe
advirtiendo de la inconveniencia para la Iglesia, que no para el Estado,
de tales nombramientos. El uno por la conducta escandalosa y poco eclesiástica
del nominado y, pese a todo, nombrado. Y otra, en el caso del señor Setién,
ya entonces más que monseñor. Los hechos le darían la razón. No mucho
después de su nombramiento, el primero fue apartado de la diócesis y
enclaustrado en un monasterio. Y aunque tardíamente, los democratizados
han debido verificar respecto del segundo que los recelos de Franco se
cumplieron con creces. La
campaña para que el Jefe del Estado renunciara al derecho de presentación
adquirió grandes dimensiones políticoeclesiásticas a finales de los años
sesenta. El sustituto de la Secretaría de Estado presionaba
constantemente al Papa para que escribiera una carta personal a Franco
pidiéndole la renuncia. Pero Pablo VI recelaba de su conveniencia. Monseñor
Benellí acudió al asesoramiento de Ruiz Jiménez para persuadir al Pontífice.
Y en efecto, don Joaquín aseguró que Franco era tan católico y
respetuoso con el Vicario de Cristo que si éste se lo pedía no opondría
resistencia alguna a la renuncia. Persuadido por católico tan conspicuo,
además de exministro de Franco, Pablo VI escribió la carta y el Nuncio
en Madrid la entregó al Jefe del Estado, quien la respondió con
presteza. Decía Franco, en síntesis (el texto se puede encontrar en Franco
y su tiempo, del profesor Luis Suárez Fernández), que renunciaría
de inmediato al derecho de presentación si de él dependiera. Pero que
era una prerrogativa histórica concedida por la Santa Sede al pueblo español
en la institución monárquica y de la que él era mero depositario,
motivo por el cual no le correspondía legítimamente tomar esa decisión.
La carta fue entregada al entonces embajador de España ante el Vaticano,
don Antonio Garrigues y Díaz Cañabate. El intercambio, se realizó con
el lógico sigilo diplomático. Una
mañana en que investigaba un enojoso asunto relacionado con las
actividades conspiratorias del taranconismo, alguien muy fiable me confió,
exigiéndome secreto, que el contenido de la carta de Franco al Papa lo
había conocido el sustituto de la Secretaría de Estado durante la
entrevista en que nuestro embajador solicitó ser recibido por el Papa. Y
que monseñor Benelli le había pedido esperar a entregarla hasta que
preparase a Pablo VI para recibir una respuesta que le disgustaría
grandemente. Habían transcurrido catorce días desde que el embajador
solicitó la audiencia con el Papa y me desesperaba que la promesa de
silencio me forzara a esconder tan sabrosa noticia. Pero otra de mis
fuentes vaticanas me confió en ese momento la misma información sin
exigirme secreto. Me sentí liberado y viajé eufórico con mi familia a
la playa de Ostia, dándole vueltas a la crónica que escribiría aquella
tarde. Coincidí en la playa
con uno de los diplomáticos de nuestra embajada ante el Vaticano, persona
muy inteligente, amable y discreta que años después tendría una muerte
trágica en Argentina. Le dije lo que sabía, lo negó sin convicción y
le advertí que escribiría la historia si al día siguiente nuestro
embajador no había entregado la carta al Papa. Desconozco si mi
advertencia surtió efecto o si se trató de una mera coincidencia. Lo
cierto es que veinticuatro horas más tarde el embajador pudo entregar al
Papa la carta de Franco. Más tarde supe que las prevenciones de monseñor
Benelli estaban justificadas. El enojo de Pablo VI se dirigió obviamente
hacia monseñor Benelli y quienes le habían llevado a quedar en
evidencia. En las hemerotecas está la crónica que aquel mimo día escribí
para la Agencia Pyresa. Sería don Juan Carlos I quien renunció al histórico e inoperante derecho de presentación, fiel al laicismo constitucional que configuraba el espíritu de la democracia partitocrática. Por
Aquilino Duque LA
ROSA MALODORANS El
Partido Socialista Obrero Español tiene la habilidad de cubrirse con más
frecuencia de la debida de algo que don Indalecio Prieto denominaba por su
nombre, un nombre que no voy a repetir, entre otras cosas porque no huele
precisamente a rosas. No recuerdo bien si eso lo dijo en relación con el
alijo de armas del Turquesa o con el botín del Vita,
dos yates emblemáticos en la historia del socialismo español y en la
biografía de don Indalecio. Yo soy de aquellos españoles sin partido,
poco entusiastas del régimen actual, que sin embargo otorgan un voto de
confianza, dentro de lo que cabe, a las caras nuevas que surgen en los
viejos partidos. Algunas de esas caras, estoy seguro, son espejo de almas
de buena fe, pero la atmósfera que han de respirar está demasiado
viciada y cargada para que su cristal no tarde en empañarse. La
amarga lección que el separatismo dio a los socialistas en la última
guerra civil parece haber caído en saco roto. El separatismo, que es el
gran pecado de la España actual, es un pecado que no conoce parvedad de
materia; es un pulpo que seguirá matando hasta que consiga sus objetivos
o hasta que alguien se deje de atajar tentáculos y vaya derecho a su
triple corazón. En 1937, don Antonio Machado dijo por boca de su Juan
de Mairena algo que ya decían también personajes desengañados como
Azaña y como Negrín, que se llamaron a engaño cuando ya era tarde,
cuando ya olía mal la rosa. SEÑORITOS
SATISFECHOS Decía
don Alberto Lista que la democracia tiene muchas manos y muchas bocas y es
desde luego un hecho que, gracias a la democracia, pueden realizarse muchísimas
personas que en tiempos políticamente más austeros se sentían
marginadas y frustradas. Nada más lógico, pues, que todas esas personas
se alarmen y vociferen cuando algún imprudente evoca la posibilidad
constitucional de declarar el estado de excepción para poner fin a las
veleidades separatistas de ciertas provincias del territorio nacional. A
todas esas personas, que cabe englobar en lo que Ortega llamó «el estado
mayor de la envidia», les importa mucho más el funcionamiento de las
instituciones y entidades que les dan de comer que esa anacrónica
abstracción de la Patria unida. Naturalmente,
el mantenimiento de la ambigüedad constitucional tiene un precio, exige
un tributo que es el que la clase dirigente y los elementos separatistas
deben de pactar en sus diálogos secretos, y ese tributo consiste entre
otras cosas en el número de piezas que el terrorismo esté autorizado a
cobrar cada año sin poner en peligro la supervivencia del ecosistema. Sé
de un antifranquista retroactivo que reconoce que sí, que con Franco se
vivía bien, pero con una pistola en la nuca. Tampoco vivimos mal los señoritos
satisfechos del régimen actual, aunque sea con una bomba lapa en el
ipurdi.
DESDE ARGE
N Por
Jesús Casla Resulta
paradójico que un país como Argentina, que llegó a ocupar el sexto
lugar en el mundo en la década de los años 50 por su Producto Interior
Bruto, reclame ahora nuestra atención por la situación de bancarrota,
anarquía e ingobernabilidad provocada por la terrible recesión económica
que dura ya cuatro años y ha llevado a buena parte de la población a
efectuar saqueos. Al
día de hoy, cerca del 40 % de los argentinos -la población total es de
36 millones- se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Por si esto fuera
poco, los expertos coinciden en que la devaluación del peso frente al dólar
convertirá en pobres a otros tres millones de argentinos. Al resto,
aproximadamente 17 millones, les espera, sin duda, un futuro incierto y
muy duro. La tensión social, en forma de cacerolazos, robos, inseguridad
ciudadana, saqueos, y quién sabe qué otros métodos, aumentará
previsiblemente. Al
igual que en 1989, año en que Raúl Alfonsín fue prácticamente
desalojado de la Casa Rosada, se observa en la intensificación de los
saqueos masivos que tuvo lugar los días 19, 20 y 21 del pasado mes de
diciembre una sospechosa coincidencia en el tiempo y de forma generalizada
en todo el país, por encima de que la cruda realidad de hambruna propicie
estos actos y hasta cierto punto los justifique. Aumentan las sospechas al
comprobar que ahora, como entonces, el partido de oposición que ha sacado
mayor tajada política es el justicialista o peronista, remiso a formar un
gobierno de unidad nacional con los radicales de Fernando De la Rúa. El
cacerolazo que desalojó a De la Rúa, iniciativa ciudadana apolítica y
espontánea, no fue tanto una respuesta a las durísimas medidas impuestas
por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, entre ellas el virtual
secuestro del dinero de los ciudadanos para evitar el colapso del sistema
bancario, como una muestra del pánico desatado entre lo que queda de
clase media por los saqueos de comercios de todo tipo (no sólo de
alimentación), piquetes en carreteras y robos en domicilios; en
definitiva, la implantación de un estado de anarquía y de terror en
buena parte del país. Si el cacerolazo hubiera sido sólo una respuesta
directa al corralito -limitación a la disposición semanal de dinero en
efectivo- se habría producido semanas antes, o incluso meses antes si de
modo genérico, y con razón, buscamos la causa del descontento social en
la desesperada situación económica del país y de lo que queda de esa
clase media que un día fue el orgullo del país y caracterizó a
Argentina como la nación más europea de Hispanoamérica. Pero
no, es el pánico y la anarquía lo que acaba con la paciencia de la hasta
ahora extremadamente dócil clase media argentina, particularmente en
Buenos Aires, y lleva a la ciudadanía a lanzarse a las calles exigiendo
la renuncia del presidente, De la Rúa, por su inoperancia, y del súper
ministro de Economía y hombre fuerte del Gobierno, Domingo Cavallo, autor
de las drásticas medidas de recorte. La actitud drástica de Cavallo no
debería extrañar a nadie. Echando la vista atrás, vemos en su
curriculum que en 1982, como presidente del Banco Central, nacionalizó
las deudas de la banca privada, y cargó en la ciudadanía, vía impuestos
y subidas de las tasas de interés, las deudas contraídas por la banca
privada. Resulta
sintomático que desde algunos sectores del peronismo, movimiento político
populista que con Carlos Ménem en la Casa Rosada implantó en 1991 el
sistema de convertibilidad, malvendió los recursos nacionales a lo largo
de los años 90, privatizó las empresas públicas sin que eso sirviera
para reducir la deuda externa sino todo lo contrario, y mandó a la
indigencia a buena parte de la población, se acuse ahora al dimitido De
la Rúa de haber descuidado la política social al no haber regado con
polenta -el alimento básico y más humilde, a base de maíz, cuatro kilos
por sólo 1 €- las villas miserias o núcleos de chabolas donde se
concentran todos los argentinos expulsados del sistema y que han
protagonizado los saqueos. Para el peronismo, principal responsable de la
situación actual con 4 años de recesión, el problema parece que no es
tanto la calamitosa situación económica y financiera, la creciente ruina
de la clase media y del país, como mantener tranquila y apaciguada con
polenta a la indigencia. En una palabra, si los «negros» -término
despectivo con el que se alude a los indigentes de un modo genérico- no
se alteran, o no son alterados -como prefieran Vds.- y no siembran el
caos, la pasiva y dócil clase media va a seguir permitiendo que los
dirigentes metan una y otra vez la mano en sus bolsillos. Dramático,
porque los últimos sucesos indican que esa actitud de extrema docilidad
está cambiando. El modo en que se ha producido la revuelta
de los saqueos y del cacerolazo, unido a la postura del peronismo, con su
permanente ansiedad de poder, hacen pensar que no se está en la vía
adecuada para sacar al país adelante. La clase política sigue
demostrando que no está a la altura de las circunstancias, carece de
proyectos y, lo que aún es más grave, se limita a preservar sus propios
intereses, como siempre, sin tener el gesto de grandeza de hacerse a un
lado para dar paso a nueva generación y a un nuevo marco político. En esta situación, el recién iniciado año 2002 se presenta dramático y plagado de incertidumbres. La recesión económica continuará golpeando por quinto año consecutivo a una masa social ya escuálida, desmoralizada, desesperada, que seguirá haciendo colas en los consulados de Italia, España y Estados Unidos para huir del país. Seguirá aumentando el desempleo y con ello la conflictividad social. La situación de bancarrota en que se encuentra Argentina y la llegada del temido default -cese del pago de la deuda externa- traerán consigo un mayor descrédito internacional del ya existente, la huida de capitales nacionales e internacionales, y nuevos records en el nivel de riesgo país, esto es Argentina continuará siendo, con diferencia, el país menos recomendable para invertir. Por
Ramiro Solana El año 2001 se cerró con algo más que
festejos populares y familiares; se clausuró con actos solemnes como, por
ejemplo, la entrega a Aznar, en Bruselas, de la «antorcha» cuasi olímpica
del relevo de Bélgica por España en la Presidencia semestral de la Unión
Europea (que por cierto, tal acto, desarrollado en el Palacio Real de Bélgica,
fue de lo más cursi y ñoño). Pues pese a la cursilería del acto, su
simbolismo fue importante para toda la Europa que comulga en el «euro» y
más aún para la España que dirige Aznar que tendrá que bregar durante
seis meses con los otros catorce leones enjaulados que con nosotros
componen la añorada UE, así como preparar la entrada en ésta de una
docena de países aún «lumpen» que aspiran a ser miembros de la Unión. Fue
ocasión, también, de que la prensa más adicta al Presidente del
Gobierno nos ofreciese en esquemas o reportajes variopintos los proyectos
de nuestro líder nacional para la que se espera ajetreada gestión
semestral y, entre ellos, quiero destacar uno: Aznar y su-nuestro
Gobierno, pretenden profundizar, cual espeleólogos avezados, en el «reformismo
de la cooperación judicial y policial, y en la actualización de la lista
de organizaciones, grupos, entidades y personas terroristas» (sic). ¡Benemérito
propósito, vive Dios...! El
lector ya lo conoce: tras ímprobos esfuerzos diplomáticos y de gestión
gubernamental, España consiguió poco antes de la fecha de ese relevo que
el Parlamento Europeo aprobase la citada lista en la que por supuesto está
ETA amén de algunas de las entidades y organizaciones de su entorno,
aunque no «Batasuna» pese a los intentos de nuestros políticos europeístas,
porque hubiera sido un puro contrasentido y una contradicción incluir en
esa lista de entidades terroristas a una que aquí recibe subvenciones
oficiales y tiene representantes, plenamente legales, en los parlamentos
hispanos y en el propio Parlamento Europeo. Sin
ironía alguna, ese acuerdo es importante para España como precedente,
pero en modo alguno hay que echar las campanas al vuelo, como han hecho
los voceros de nuestro Gobierno, pues ahora cada uno de los quince países
debe acomodar parte de sus leyes penales para que el uso universal (en el
ámbito europeo) de los términos del repetido acuerdo pueda ser
plenamente operativo. De ahí el propósito de Aznar de «profundizar» en
lo de la «cooperación judicial», etc. Pero
independientemente de que el acuerdo pueda facilitar de forma sumaria
extradiciones -y en su día el bloqueo de cuentas bancarias de esas
entidades terroristas o filoterroristas, que es lo importante-, lo
principal de la acción antiterrorista sigue estando aquí; aquí existen
suficientes leyes como para perseguir y condenar cualquier clase de
terrorismo y a cualquier terrorista, pero si algunos Jueces los liberan y
si alguna policía mira para otro lado ante el vandalismo que se practica
a diario en el País Vasco –léase Policía Autonómica Vasca-, de muy
poco, por decir algo, servirían los acuerdos del Parlamento Europeo. Llegados
a este punto, no resisto la tentación de reproducir íntegramente el
texto de una «carta al director» (ABC
31.12.2001) firmada por Aitor Hernández Franco, de Hondarribia-Fuenterrabía,
bajo el título «Desfile de proetarras»: El
sábado 29 al medio día, en Irún, grupos de jóvenes «del entorno de
ETA» llenaron nuestras calles de cartelones «de la causa». Algunos
llevaban la firma de «Segi», organización incluida en la lista europea
de grupos terroristas y, por lo tanto, prohibida. La Ertzaintza no fue
avisada y la Policía Municipal se inhibió (comportamiento usual). Esta
tarde, los «radicales» ejercitaron por la ciudad una «fiaccolata»,
esto es, una marcha con antorchas de esas que en los 30 inventó Mussolini.
Serían un par de cientos. Tras recorrer la ciudad se plantaron en la
calle principal para dar cuenta de que siguen siendo los amos. Daban
gritos y más de una vez entorpecieron el tráfico sin que nadie hiciese más.
La Policía Municipal seguía desaparecida (no precisamente en combate), y
la Ertzaintza estaba representada por un pobre vehículo que no hubiera
poducido defenderse en caso de apuro. Si comparo la libertad de estos
sujetos totalitarios y chulescos quem, por puro giro lingüístico
llamamos «del entorno de ETA», con la falta de dicha libertad en que
viven los concejales populares de Irún, simplemente por defender la
Constitución, no puedo dejar de pensar que todo eso de las listas
europeas de terroristas y de «euroórdenes» no serán más que papeles y
mientras, los proetarras harán lo que se les antoje ante la inhibición
de las fuerzas locales y autonómicas. Y
eso que el incidente narrado es, en cuanto a gravedad, de orden menor
(menor si se compara con otras que a diario se contemplan en el País
Vasco), pero en cualquier caso, uno y otros demuestran la inmensa
distancia que existe entre lo «pintado» (los acuerdos, consensos y
disposiciones legales o paralegales) y lo «vivo» (la dramática realidad
que se vive) sin que el Gobierno Vasco actúe y sin que el Gobierno de la
Nación supla esa omisión de acuerdo lo que prevé para estos casos la
Constitución. |
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EL
CLUB DE OPINIÓN ENCUENTROS, a través de sus actividades relacionadas con
la cultura y el pensamiento, aspira a contribuir a la formación de una
corriente regeneradora de España acorde con los tiempos actuales. Siendo
un Club con vocación de "encuentro" de los españoles, admite
en las páginas de sus publicaciones, en sus tertulias y conferencias, los
juicios de cuantos se encuentran en esa línea, sin que ello suponga
asumir las distintas opiniones. |
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