Nª 112- 29/01/2003

La sociedad española actual está dominada por un lenguaje que podríamos considerar «oficial», o de los medios de comunicación dominantes, con expresiones, significados y latiguillos derivados de la jerga política, que condicionan nuestro modo de expresión habitual. Ese dominio, no sólo condiciona nuestra forma de pensar sobre esos temas, inhibiendo cualquier reacción contraria a los políticos actuales, sino que tergiversa el significado real de las palabras en la lengua española. Por ejemplo, la palabra autonomía ha dejado de ser una condición de estado, para pasar a ser un sustantivo político a geográfico: La Autonomía Murciana no es la condición de autogobierno de la Comunidad, Región (o antiguo Reino) de Murcia, sino el conjunto geográfico, o político-administrativo que normalmente denominaríamos Murcia, a secas.

Posiblemente la razón deriva del peligroso confusionismo establecido en la Constitución con los términos, nación, nacionalidad o región, avispero de cuya aclaración huyen todos los políticos, eludiendo todo intento de clarificar la distinción entre ellas. Mencionando la Autonomía se homogeneiza todas las Comunidades, eludiendo distinciones hirientes entre ellas. Naturalmente, hay diferencias políticas y administrativas, pues los autores de la Constitución se ocuparon de señalar que había ciertas Comunidades históricas, con derechos diferenciados.

Cuando se establece que hay diferencias entre dos partes, es inmediato deducir que una de ellas resulta favorecida respecto a la otra. No está claro, en la España actual, quién puede ser el principal beneficiario de esas diferencias, si los políticos o la sociedad de esas Comunidades, pero está claro que la diferencia existe. Y que las denominadas Autonomías históricas son las beneficiadas, a tenor del énfasis con que defienden sus derechos diferentes. También está claro que el concepto de histórico no tiene ningún rigor científico en esta aplicación. Recientemente se ha dado el caso de que la Asamblea Regional de Cantabria ha reclamado tal calificativo para esa Comunidad. Ello indica que es un calificativo atribuible por medios, o criterios, políticos, pues de otro modo no se comprende que una decisión actual pueda alterar la realidad histórica.

Es bien sabido que esa expresión política proviene del Pacto de San Sebastián, donde los opositores a la Monarquía establecieron en 1930 las bases de su acuerdo político. Procurando ampliar su base de apoyo, los partidos republicanos pactaron acuerdos preliminares de autonomía con los grupos nacionalistas entonces en acción. Fundamentalmente se trataba del problema catalán, pero se adhirieron los grupos vasquista y galleguista. De ahí deriva esa mágica definición de tres entidades separadas, pactantes ahora en Barcelona, y definidas como únicas entidades nacionales por el Sr. Pujol, frente a la llamada invención de la Nación española.

El Pacto de Munich, en los primeros sesenta, respetó esa diferenciación, con acatamiento irresponsable de los políticos democristianos antifranquistas. La misma irresponsabilidad con que los políticos de UCD impusieron, o aceptaron, su plasmación en la Constitución de 1978.

Sin embargo, las bases históricas correspondientes son endebles o inexistentes, si se considera sólo su pretendido nivel estatal. Ni Cataluña ha sido nunca un estado aislado, aparte de unas decenas de años como Condado de Barcelona, ni el País Vasco ha constituido nunca entidad histórica independiente, ni el Reino de Galicia, una vez dominados los Suevos por los Visigodos, ha tenido nunca entidad separada del Reino de León, aparte del fugaz reinado de Don García, nombrado por testamento de su padre Fernando I, primer Rey de Castilla y León, y rápidamente depuesto por su hermano Sancho. Otra cosa son las entidades locales, de las que pueden sentirse legítimos herederos, como el resto de los pueblos de España. A la postre, su reivindicación actual deriva del Estatuto votado para Cataluña en 1932, el vasco otorgado por las hemicortes republicanas en Octubre de 1936, para Vizcaya (único territorio al que pudo ser aplicado), y el Gallego proyectado en julio de 1936, que no pudo llegar a cuajar por conocidas razones de fuerza mayor.

En función de ello, ¿por qué el privilegio que reclaman de ser diferentes y superiores, o, lo que es peor, sojuzgados históricos? No tiene base, y resulta irritante que lo hayan impuesto en el lenguaje político habitual actual. Los políticos y los informadores parecen no tener sentido del control en sus expresiones, al aceptarlo en todas sus exposiciones.

No tiene sentido continuar acatando esa jerga. Ni por coherencia histórica, pues todos sus alegatos se basan en los precarios hechos políticos de 1930, 1962 y 1978, ni por justicia distributiva con el resto de los españoles. ¿Cuándo van a atreverse los partidos nacionales a abordar este tema? No tiene por qué tener miedo de coger de una vez el toro por los cuernos. No existe tales cuernos. Son sólo invención de unos políticos cobardes en momentos de tensión. La Sociedad española, ni está dividida de esa forma, ni quiere plantear diferenciación, resentimientos u odios interregionales. Si éstos odios existen hoy, en alguna medida, debe recaer la responsabilidad en los irresponsables políticos que han fomentado políticas de Educación orientadas a crearlos. Las nuevas generaciones han sido educadas en resentimientos artificiales. Es hora ya de que los responsables políticos lo enderecen.

[1] No hay nada nuevo bajo el sol. Ahora se ha levantado una gran revolera como consecuencia de las declaraciones del señor Jiménez de Parga, presidente del Tribunal Constitucional. Unos se escandalizan porque se pronuncien o porque las pronuncie siendo quien es el señor Jiménez de Parga, otros están de acuerdo con ellas, los arriscados de las provincias vascas casi se suben al monte, a los periodistas se les enciende la bombilla... Pues bien, nosotros, en nuestra modestia, ya hablábamos de esto en tiempos pasados. Como ejemplo traemos el artículo que publicamos en la revista Cuadernos de Encuentro en su número de diciembre de 1998.

Siendo yo un adolescente, llegó a mis manos una Historia de España de don Patricio de la Escosura. En ese libro, publicado bajo el reinado de Fernando VII, la Historia concluía con el siglo XVIII, y el autor aclaraba que los acontecimientos posteriores eran demasiado recientes como para poderlos estudiar de modo adecuado. Muy luego supe del acendrado liberalismo de Escosura y comprendí que su actitud obedecía tanto al rigor científico como a la prudencia más elemental. Don Fernando VII era muy campechano y muy simpático, y por eso mismo no era muy aconsejable indisponerse con él.

Vuelvo sobre este tema porque me llama la atención el que libros históricos perfectamente serios y formativos cometan la imprudencia de enjuiciar la historia que se está haciendo. La imprudencia en este caso es sólo científica y rebaja a primera vista el crédito del historiador. Es difícil de entender, en efecto, que se señalen defectos y claroscuros en los gobernantes del pasado mientras se envuelve a los del presente en un aura cenital, en un limbo amniótico que más bien parece un limbo amnésico. Por fortuna no les van a faltar documentos ni testimonios a los historiadores del futuro, como no les faltan a los del presente para el estudio de los siglos pasados. No seré yo quien niegue las catástrofes de nuestra historia, catástrofes a las que España logró sobrevivir y que nos sosiegan algo a los que tenemos fe en ella y confiamos que sobreviva al balcanizante régimen que padece en la actualidad.

Uno de los pocos políticos españoles que hablan con claridad es Arzallus, al que deseo de todo corazón que un día vuelva a sentirse tan compatriota nuestro como yo me siento de él. Arzallus ha dicho que España no tiene ya fuerzas armadas para mantener su unidad y a ver quién le lleva la contraria. Las únicas proezas que nuestros efectivos residuales han llevado a cabo no son para enorgullecer a nadie: la reconquista de la isla del Perejil donde tuvieron que arriar la bandera izada en los primeros momentos y la detención en el Mar Rojo de un transporte coreano al que hubo orden de dejar seguir su ruta. Las órdenes vinieron del mismo cuadrante y fueron una confirmación de que la poca soberanía que nos quede es una soberanía limitada. La única función que a nuestros soldados se les reconoce en la península e islas adyacentes es la de bomberos, socorristas o basureros, pues, cosa que les honra, son los primeros en acudir cuando se trata de apagar fuegos, salvar náufragos o retirar chapapote.

Lo malo es que incluso limitándose a esas faenas domésticas, por así decir, hay delicadas sensibilidades que se consideran tan lesionadas como si se hicieran con bandera y música, y tienen razón, porque detrás de los soldados llegan los voluntarios de las demás regiones a echar una mano en nombre de la solidaridad nacional, y no cabe afirmación más rotunda ni elocuente de esa hermosa realidad que es la unidad de los hombres y los pueblos de España.

En la historiografía de izquierdas se ensalza unas veces al Ejército Popular de la República como una institución heroica y cuajada de jefes talentosos, fueran profesionales como Rojo o «salidos del pueblo», como Modesto, y siempre superiores a los contrarios; lo cual no ayuda a explicar su derrota final. Otra tendencia describe dicho ejército con pocos y en general mediocres jefes y mandos intermedios, lo cual no aclara cómo pudo aguantar casi tres años, aunque, en compensación, permite achacar a Franco incapacidad militar, por no haber vencido en unas pocas semanas. Ambas versiones suelen insistir en la inferioridad material del Frente Popular, cosa, a su vez, difícil de entender cuando éste disponía de casi toda la industria militar y civil, y de todas las reservas financieras del país.

Saltan a la vista las incoherencias a que dan lugar esas versiones, no obstante lo cual ha cobrado vuelo últimamente la idea de una «república» en permanente inferioridad armada, gracias al libro de G. Howson sobre la ayuda exterior a las izquierdas hispanas, y a algunos datos del libro España traicionada. Pero el libro de Howson ha sido cumplidamente refutado por especialistas militares españoles como J. Salas y A. Mortera, y las interpretaciones de España traicionada sobre algunas irregularidades comerciales soviéticas, resultan, en este caso, un tanto forzadas.

Para situar el problema en su verdadera dimensión conviene seguir la evolución de dicho ejército. Cuando, desde el 19 de julio de 1936, el gobierno izquierdista reparte las armas a las masas, no sólo se hunden los últimos restos de legalidad republicana, sino también el ejército. El gobierno retuvo casi toda la aviación y la marina, las industrias, la mayor parte de las fuerzas de seguridad y casi la mitad del ejército de tierra. Pero se le ocurrió licenciar a las tropas de todas las unidades en que hubiera habido algún conato de rebelión, a fin de dejar a los rebeldes sin soldados. La medida salió al revés. Como tales conatos, aunque vencidos en su mayoría, habían ocurrido en casi todas partes, la tropa en la zona izquierdista se fue a sus casas (y después, observa Zugazagoitia, mostró nulo interés por reincorporarse), y en cambio no ocurrió nada así en el campo rebelde, pese a suponerse que en él los soldados, «hijos del pueblo», estarían ansiosos de rebelarse o desertar.

Entonces las fuerzas izquierdistas cobraron un acentuado tono miliciano, operando los mandos profesionales como asesores. La mezcla del ardor revolucionario con la pericia de los profesionales debía destrozar a los rebeldes, considerados oficiales rutinarios e ineptos al frente de tropas descontentas. Sin embargo volvió a ser el bando rebelde el que manifestó una increíble capacidad de resistencia, incluso en condiciones desesperadas, como en Oviedo, Gijón, Toledo, Teruel, Huesca, etc., mientras los izquierdistas eran batidos una y otra vez por las pequeñas columnas de Franco. Esto se ha explicado por la indisciplina de las milicias, pero debe recordarse que éstas tenían siempre el refuerzo de amplios contingentes de guardias civiles y de asalto, bien entrenados, y también de tropas y mandos regulares.

Así, en contra de todas las expectativas, a los dos meses de guerra los rebeldes parecían próximos a ganar la guerra, y hasta los anarquistas hubieron de resignarse al cambio de orientación propugnado desde el principio por los comunistas: crear un auténtico ejército regular. La alternativa fue imponiéndose desde septiembre, y se hizo arrolladora con la llegada del armamento y el consejo soviéticos. Stalin, dueño de las reservas financieras españolas, y por tanto del destino del Frente Popular, presionó sin concesiones en pro del nuevo ejército.

Y éste, lógicamente, debió mucho a la inspiración soviética, apartándose por completo del diseñado por Azaña cinco años antes. La URSS y los comunistas pensaban aplicar en España la experiencia del Ejército Rojo, que en la guerra civil rusa había derrotado a los ejércitos «blancos», mandados por la flor y nata de la oficialidad zarista y apoyados por Inglaterra, Francia, Usa y Japón. La fórmula de aquella victoria había sido una combinación de disciplina férrea, politización intensísima, y uso de buen número de antiguos oficiales zaristas, obligados o ganados políticamente, junto con la promoción de jefes salidos del «pueblo», y destacados por su talento natural.

La fórmula del nuevo Ejército Popular de la República fue la misma: serían promovidos dirigentes militares del «pueblo» (Líster, Modesto, el Campesino, etc.) y utilizados al mismo tiempo numerosos oficiales «burgueses»: contra lo que muchos siguen creyendo, no menos de 5.000 de ellos sirvieron en el Ejército Popular (otros 1.500 fueron fusilados o asesinados), y lo sirvieron bien, como indica la alta proporción, un diez por ciento, de los que dieron su vida por la causa. Estos oficiales estaban vigilados por un cuerpo de comisarios políticos, encargados también del adoctrinamiento revolucionario de los soldados. Además se crearon órganos de espionaje y control, que alcanzarían su máxima dureza y profesionalidad en el SIM (Servicio de Investigación Militar), creado por Prieto a instancias de Orlof, el enviado de Stalin que había organizado en España la policía política soviética, NKVD, al margen del gobierno español. El SIM, señala Jesús Hernández (entre otros muchos) «era omnipotente. Ante ella temblaban políticos y magistrados, soldados y generales. Una acusación de sospechoso o desafecto al régimen, ejercía fulminante acción sobre el individuo que, sin defensa alguna ni defensor que se atreviera a hacerla, podía ser asesinado en una mazmorra o asesinado a tiros en la cuneta de cualquier carretera».

Paralelamente, la disciplina fue asegurada mediante un endurecimiento del código militar hasta extremos de terror. Pues, en contra también de la leyenda, y como señala el mismo Azaña, las deserciones se hicieron pronto muy abundantes. Por una deserción podían recibir graves castigo (trabajos forzados, por ejemplo) no sólo los padres y hermanos del desertor, sino hasta familiares en tercer grado.

Estos métodos tienen inconfundible cuño stalinista. También se atribuyen a los consejeros soviéticos la adopción de la «brigada mixta», gran unidad básica del nuevo ejército, aunque R. Salas Larrazábal la cree, no muy convincentemente, de origen español. El trabajo de organización fue enorme, y de él resultó una fuerza capaz de defender Madrid, de frenar a su enemigo en el Jarama y vencerle en Guadalajara, poniéndole en serios aprietos con ofensivas como las de Brunete, Belchite, Teruel o el Ebro. Su debilidad principal nacía de la influencia anarquista y socialista, que los comunistas no lograron doblegar por completo, aunque sí reducir mucho, pero aun así no era en lo más mínimo un ejército de broma, y vencerle exigió de sus contrarios un esfuerzo ingente.

En cuanto a medios materiales, la abrumadora superioridad izquierdista al comienzo de la guerra se reprodujo durante la batalla de Madrid, en noviembre del 36, menguando luego hasta desaparecer en octubre de 1937, al caer el frente del Cantábrico. Con todo, esta catástrofe fue en buena medida superada, y la inferioridad material izquierdista no llegó a tomar las proporciones abrumadoras que suele creerse, hasta finales de 1938, después de la batalla del Ebro, y mucho más tras la pérdida de Cataluña. En ese momento los nacionales pudieron desencadenar una gran campaña de aniquilamiento total contra un Ejército Popular a su merced, pero Franco se contuvo, favoreciendo la descomposición del mismo, para concluir sin apenas bajas la última campaña de la guerra.

Por Erasmo

LA CONSTITUCIÓN ESTÁ DESNUDA

Jiménez de Parga ridiculiza la «historicidad» oficial de las tres Comunidades «mágicas» y suscita una gran tormenta de protestas entre los políticos más vocingleros de éstas. Le insultan con los peores epítetos, incluido, divertidamente, el de franquista. No pueden tolerar que todo un Presidente del Tribunal Constitucional ose decir lo que todos los españoles pensamos. No se puede decir que es incongruente que todos los españoles seamos iguales pero que unos tengan más pedigrí que otros. No se puede reír uno de una historicidad de setenta años en una Nación con tres milenios de historia.

No se puede decir que el Rey (en este caso, la Constitución) está desnudo, cuando los padres de la patria dicen que le pusieron en su momento, el vestido más precioso e incorregible.

Los de GreenPeace montan uno de sus numeritos en Gibraltar y la policía gibraltareña les enchiquera con la violencia que considera necesaria. Ahora protestan todos diciendo que el grado de violencia no era el que esperaban. Debe ser que consideran a Gibraltar español y piensan que se pueden burlar de las Autoridades como lo hicieron hace años al salir impunemente de Vigo con su «RainWarrior», pese a estar intervenido por la policía.

Trinidad Jiménez refuerza su lista de candidatos a la Alcaldía de Madrid con el Presidente del Colectivo homosexual y el desprestigiado Enrique Barón, fracasado en el gobierno español y en Bruselas. Debe pensar que ello da alas a su candidatura.

Si es así, demuestra que tiene calificado a sus potenciales votantes, y piensa que son mayoría los que simpatizan con un homosexual y con un fracasado.

Los políticos están empeñados en asumir protagonismo en el tema del «Prestige» y convocan Comisión tras Comisión y debate tras debate. Es de suponer que en ellos demandarán opiniones sobre el tema a técnicos. Pero hasta ahora se echa de menos un debate entre dos posiciones encontradas en el tema técnico. Los técnicos manejan costos, y saben sobradamente que la determinación de los costos de cualquier realidad o hipótesis es una ardua tarea. Que, si se está haciendo (que no se sabe) requiere tiempo y esfuerzo. Sin ello mantienen un silencio prudente.

No es el caso de los políticos, duchos en cacarear cualquier opinión, por infundada que esté. Ahora nos amenazan con una manifestación de protesta en Madrid el próximo 23 de febrero. El arma definitiva contra ese tipo de desastres.

La oferta de Aznar de ir en último puesto de la candidatura municipal a Bilbao ha levantado un entusiasmo sorprendente. No se sabe qué esfuerzo dedicará a la campaña. Es seguro, naturalmente, que no será elegido. Pero la gente se siente más atendida tras ese gesto. El misterio de la motivación humana es conmovedor. Y resulta patente que lo que necesita cualquier persona, por heroica que sea, es saberse atendida, observada, acompañada y apreciada. Y el gesto de Aznar expresa todo eso.

Crece la oposición a una intervención armada en Irak. No porque sería perjudicial para Irak (que no es el caso), sino porque la haría EE.UU. No porque aumentaría el coste del petróleo (lo disminuiría) sino porque la protagonizaría EE.UU. No porque no nos preocupe el terrorismo islámico, sino porque nos salvaría EE.UU. No porque se piense que Sadam está beneficiando a su país, sino porque tenemos que insultar a Bush. No porque éste no tenga respaldo democrático, que lo tiene cumplido, sino porque los manifestantes occidentales son herederos de quien son. ¡Ea, no hurguemos más!

Calladamente, «volando bajo la cobertura de radar», como dice el TIME, se están desarrollando en Norteamérica diversas acciones sociales y legales en contra del aborto. Van ganando progresivamente la opinión pública, que ya lo califica mayoritariamente como homicidio. Se reduce el número de médicos dispuestos a practicar la salvajada. Hace meses que se considera delito legal contra una persona causar daño a un feto. Aumentan los políticos que definen el aborto como la salvajada que es. Todas esas cuestiones demuestran que aquélla es una sociedad viva, con sentimientos y tendencias. ¿Qué medio de comunicación español acoge un debate semejante hoy? Ninguno. Si no se acepta que alguien diga que todos los españoles tenemos los mismos derechos, ¿cómo va a aceptarse que alguien llame por su nombre un homicidio?

Por Erasmo

LA CONSTITUCIÓN ESTÁ DESNUDA