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Cuando tengo que
referirme a la situación por la que está pasando España y dada mi costumbre,
siempre pongo un ejemplo.
Nuestro país está en
situación parecida a la de un barco que, desarbolado en medio de una
tempestad y con una oficialidad inepta, que acaba de abandonar el puente de
mando, amenaza hundimiento. Y en la que un grupo de posibles expertos en
navegación se ofrece a pilotar la nave y llevarla a buen puerto, aunque eso
sí, a costa de esfuerzos y sacrificios por parte de la tripulación.
Y alcanzada una mayoritaria
confianza, empieza la singladura. Y también empiezan los primeros problemas
con algunos bandazos en el rumbo. Se aprecian varios errores, alguna
descoordinación, e incluso alguna fuerte y alarmante contradicción inicial
en la dirección de la nave. Y de la misma forma que en los toros o en el
fútbol, desde la barrera o la grada, hay aficionados que intentan dirigir la
lidia o el partido, indicando a voces sus particulares consejos a los
diestros o a los entrenadores, también aquí surgen en el barco voces que no
sólo dan consejos y exigen cambios de rumbo y maniobras en uno u otro
sentido, mezclando deseos, conocimientos y experiencias sino que incluso
amenazan ya con pequeños motines, porque consideran que no se les hace caso.
Unos quieren que el barco
enfile de proa el temporal, otros que es mejor mantenerse un tiempo al pairo
y esperar a que las aguas se calmen un poco. Y hay opiniones para todos los
gustos. Unas con el bienintencionado deseo de ayudar a la gobernabilidad de
la nave, y otras, dando la sensación de que casi prefieren el naufragio,
para luego poder echar la culpa al capitán.
Pero hay otro curioso
sector entre los tripulantes. El de los que, impacientes, apremian para
conseguir con urgencia aquello que ellos consideran inaplazable. Es decir,
que apenas iniciadas las operaciones para afrontar el temporal, ya exigen
que la cubierta esté limpia y transitable, que se saque brillo a los cobres
y dorados del puente y que el servicio de comedor se esmere en la comida y
en la presentación de las mesas. Y todo eso, cuando apenas se han comenzado
las labores de achique de las ya inundadas bodegas que amenazan con hundir
la embarcación.
Parece
que son los inevitables consejos y urgencias en cualquier acción de
gobierno, de los que, en unos casos por la comprensible necesidad de
conseguir solución a sus problemas, en ocasiones dramáticos, y en otros, por
la premura con que quieren satisfacer sus deseos de que todo lo que
a su juicio está mal, se cambie radicalmente, y de
inmediato, según sus particulares opiniones.
Creo que podemos encontrar
en la nuestra actual situación política algunas similitudes con el ejemplo
anterior.
Nuestro barco, España, está en situación de naufragio. El gobierno saliente
lo ha dejado casi como a
la Doña Inés
del Tenorio, «imposible para vos y para mi», y la mayoría de los españoles
hemos dado nuestra confianza –en algunos casos porque no teníamos a otros
mejores en quien hacerlo– a un partido que se ha comprometido a sacarnos del
atolladero en que estamos.
Y creo que hay que asumir,
guste o disguste a unos o a otros que, o lo hacen ellos, o no lo hace nadie.
Asumido esto, creo que hay
que ir diferenciando y analizando con objetividad y con rigor, sin dejarnos
llevar por filias o fobias, errores y aciertos. Pero sin llegar todavía a
conclusiones o a juicios precipitados. Pienso que si les hemos dado una
confianza es preciso mantenerla un tiempo prudencial, y ya valoraremos en su
momento los resultados de su gestión. Sin exigencias desmesuradas ni
urgencias imposibles de cumplir en tan poco tiempo.
Se recrean algunos medios,
a través de editoriales y columnistas, en resaltar a su juicio defectos y
errores ya cometidos por el gobierno, y lo que es peor, pronosticando,
enfáticamente, los que aún todavía no se han cometido. E internet arde con
comentarios y tremendas descalificaciones a derecha e izquierda. Por cierto,
que tal vez el que los ataques más furibundos, provengan precisamente de los
sectores más radicales de esa derecha y de esa izquierda, sea un buen
síntoma de que los principios de la gestión no sean tan malos como aseguran,
ni los resultados tan caóticos como auguran…
Hay
cosas que se están pidiendo, que no se si por desconocimiento o por mala fe,
no las puede, o no las debe hacer un gobierno, por mucha mayoría que tenga.
En unos casos porque para ello sería necesario reformar
la Constitución, y eso,
afortunadamente, lleva un tiempo y unos porcentajes de consenso elevados.
Para los que quisieran que las cosas no fueran así y se hicieran
rápidamente, ya, habría que recordarles que si así no fueran, ya habría
hecho el partido socialista una serie de cosas, totalmente contrarias a los
deseos de los que ahora piden esas urgencias.
Eso en
unos casos. En otros, porque siempre que se acomete una obra hay que contar
con la resistencia de los materiales. Y posiblemente, si todas las cosas se
acometen a la vez, exista el riesgo de promover –en la delicada situación en
que nos encontramos– una contestación social que puede dar al traste con
otras decisiones más prioritarias y
urgentes.
Yo
coincido en que ahora lo principal y más
importante,
es cerrar la hemorragia del paro e ir, aunque sea lentamente, creando empleo
y aliviando la dramática situación de los millones de españoles que lo
sufren.
Sorprende que para muchos
críticos esto no sea así.
¡Pues claro que hay una
serie de cosas que hay que abordar y que cambiar en España! Algunas de
auténtica gravedad. Ignorarlo sería ceguera, irresponsabilidad o lo que es
peor, manifiesta insensibilidad moral, o política. Especialmente algunos,
cuyas consecuencias son irreversibles, como el del aborto, que hoy también
destacamos en este número, pero en la mayoría, son temas y medidas que
aunque muy importantes, habrá que ir poco a poco abordando y desarrollando
para la necesaria regeneración que España necesita. Creo que la herencia
recibida de muchos años de mal gobierno, no se arregla en tres escasas
semanas.
Habrá que avanzar con
decisión y firmeza. Pero tanteando el terreno con prudencia y estudiando con
rigor posibilidades. Equilibrando necesidad y viabilidad. Sin agobios ni
urgencias. Como en el viejo dicho: sin prisas pero sin pausas. Si se tienen
las ideas claras, que se gobierne con resolución, reivindicando incluso el
derecho a equivocarse, y sin hacer demasiado caso a consejos y
apresuramientos por muy bienintencionados que puedan ser.
Si
al cabo de un tiempo el barco consigue llegar a buen puerto, para lo que va
a tener que contar con no pocos apoyos y sacrificios, entusiastas o
interesados, y se van cumpliendo propósitos y promesas, creo que sería de
justicia alegrarnos y no regatear elogios. Si por el contrario no es así,
por clara impericia, o por haber dilapidado o traicionado la confianza
otorgada, será el momento de juzgar con rigor conductas y exigir
responsabilidades. Pero no antes.
MANUEL FRAGA
arriba
Con este número ya en
imprenta, nos llega la noticia del fallecimiento de Manuel Fraga. No podemos
cerrarlo sin al menos dedicar unas frases, al triste desenlace del que fuera
uno de los políticos más importantes de nuestra historia cercana.
La figura de Manuel Fraga, impetuoso,
directo, de trato difícil pero cordial y humano, trabajador incansable al
servicio del Estado, asiduo lector de
Cuadernos de
Encuentro y participante en alguna de nuestras
Tertulias, podríamos sintetizarla en tres aspectos que, a nuestro juicio,
sobresalen sobre los demás: su extraordinaria capacidad intelectual, su
probada honradez personal y su
patriotismo excepcional y demostrado. Descanse en paz.
LA MAREA ISLÁMICA
arriba
LUIS BUCETA
FACORRO.Catedrático.
La llamada «Primavera
Árabe», parece que sigue un curso en el que va a pasar a convertirse en un
duro otoño que esperemos que no se convierta en un cruel invierno. La
explosión que se ha producido en el mundo árabe que va desde Marruecos a
Yemen, pasando por Túnez, Libia, Egipto, Siria, y Bahreim, con la influencia
evidente de dos países no árabes, pero sí musulmanes, como son Irán y
Turquía, presenta, al día de hoy, Diciembre de 2011, un panorama nada
halagador y más bien fuertemente preocupante.
Que no se piense que
aquí se defiende lo que hasta ahora ha ocurrido porque han sido y son
sistemas despóticos sin beneficio de progreso y bienestar para sus pueblos,
que cada vez están más en la miseria mientras la oligarquía política se
lleva el dinero a manos llenas. La prensa nos señala que la mujer de Mubarak
ya está en su exclusiva casa de Londres con una ínfima fortuna de 30.000
millones de dólares (treinta mil millones de dólares). En Túnez la fortuna
de Ben Ali y su esposa, Leila Trabelsi, a la que pretendía dejar heredera en
la Presidencia, se calcula en más de 25.000 millones de euros (veinticinco
mil millones). Estos son
ejemplos de los que podemos traer a colación otros
muchos y algunos más escandalosos. Todo esto y mucho más es cierto y
justifica el rechazo radical a esos sistemas, pero las opciones de cambio se
presentaban difíciles, porque realmente lo único organizado es el ejercito
columna vertebral de los regímenes hasta ahora existentes, y los islamistas
que, reconocidos o no, perseguidos o tolerados pero controlados, han estado
al lado del pueblo con una red de ayuda material real y eficaz.
Multitud de analistas
han advertido, desde que se produjo la explosión popular, que unas
elecciones libres y limpias, hoy día, las ganarían los islamistas que son
los únicos, con organización y fanatismo religioso, que se llevarán por
delante a unos partidos políticos ínfimos, sin arraigo popular en unos
países sin clases medias, sino con unas grandes mayorías pobres, compuestas
por jóvenes en un tanto por ciento muy elevado. En Egipto alrededor del
cuarenta y cinco por ciento de la población es menor de treinta años. No han
faltado voces de prestigio señalando este peligro, pero han prevalecido los
que señalaban, en un evidente voluntarismo, que era la hora de la democracia
y la libertad para los países árabes.
Pues bien, las
previsiones negativas se están cumpliendo paso a paso. Los Hermanos
Musulmanes, organización surgida en Egipto, en 1928, en sus diversas
versiones nacionales y que se presentan como un Islam moderado, se está
apoderando del norte de África. La primera piedra del muevo islam político
que aspira a implantarse, en todos los países, mediante elecciones libres,
se ha puesto en Túnez, cuna de las revueltas populares, al ganar las
elecciones el partido islamista. Al-Nahda, ilegalizado en 1989, y cuyo líder
Rachid Gamuchi ha estado en el exilio, y ahora acaba de sacar el cuarenta
por ciento de los votos, será el próximo presidente del gobierno, en el que
tendrá que contar con las minorías laicas para la formación de un gobierno
plural, pero en el que prevalecen los islamistas y las fuerzas políticas
laicas, están en franca minoría. Esta nueva Asamblea será constituyente y
tendrá como misión elaborar una nueva Constitución.
En Marruecos, donde
el rey Mohamed VI ha realizado diversos cambios constitucionales, en el mes
de Noviembre de 2011, en las elecciones realizadas, el partido islamista
Justicia y Desarrollo (PJD), ha sacado casi con el doble de diputados que
los segundos, los nacionalistas del Partido Istiglad (PI),que hasta ahora
era el gobernante y más importante.
El líder del Partido
de Justicia y Desarrollo (PJD), Abdelihah Benxiran, ha sido encargado de
formar gobierno, como partido más votado, aunque tiene que contar con los
demás partidos, pues su mayoría es relativa; pero el hecho es que los
islamistas han ganado en Marruecos, siguiendo los pasos de Túnez. Bien es
cierto que la participación ha sido del cuarenta y cinco (45%) de los
votantes inscritos, pero la democracia es así y si no hay normas que lo
establezcan, las elecciones son válidas, aunque la democracia, que ha de
funcionar con ciudadanos que vayan a las urnas, sea débil y muestre una
ciudadanía irresponsable ante la misma. Precisamente la mayoría que se ha
obtenido, inculta y analfabeta en muchos casos, los únicos valores y
principios que acepta y a los que se somete, son los valores y principios
religiosos, por lo que el triunfo islamista adquiere mayores dimensiones a
la hora de gobernar e influir en el futuro de Marruecos.
Cuando esto escribo,
diciembre de 2011, se están celebrando las elecciones en Egipto, que han
empezado el 27 de Noviembre y terminaran en Enero de 2012, y los pronósticos
son que los Hermanos Musulmanes, islámicos «moderados», van a obtener el
sesenta por ciento de los votos. pero
la desagradable sorpresa es que los salafistas, islámicos radicales, va a
ser la segunda fuerza más votada, mientras quedan relegadas las fuerzas
laicas a una tercera posición. Es decir que Egipto, el país más poblado, más
de ochenta millones, y clave en el mundo árabe y en el Mediterráneo, va a
ser gobernado, también, por los islamistas.
Los Hermanos
Musulmanes se presentan en estas elecciones con un partido denominado
Libertad y Justicia y lideran una coalición electoral, la Alianza
Democrática, que pretende ser la más votada, aunque no tenga la mayoría en
la nueva Asamblea. Por su parte, los islamistas radicales, los Salafistas,
se presentan divididos en cuatro partidos, pero todo apunta que, en
conjunto, serán la segunda fuerza más votada, lo cual implica una grave
llamada de atención, sobre todo a Occidente y especialmente Europa que, en
su ceguera e interesado voluntarismo, aboga y creía llegado el momento de
democracias y libertades en el mundo árabe. Sin embargo, en Egipto, es
indudable el gran peso del Ejército, que puede actuar de poder equilibrador
y de contención del islamismo radical o del simple poder de cambio de los
islamistas hacia la Sharía o norma jurídica y social de la vida de los
ciudadanos.
En Libia, cuya
revuelta ha triunfado con ayuda entusiasta de las fuerzas de la OTAN y el
aplauso de los países europeos y la muerte de Gadafi, el panorama aún es más
sombrío. La forma en que se llevó a cabo la ejecución de Gadafi, y la
publicación de esas impúdicas y groseras imágenes, nos dicen bastante de la
naturaleza de los protagonistas de la revuelta que los comunicados oficiales
que nos transmiten sus dirigentes. De todas formas estos comunicados no
engañan a nadie pues el presidente del Consejo Nacional Transitorio (CNT),
Abdul Jalil, en la llamada «Declaración de la Victoria», ha manifestado que
el Islam será el eje sobre el que girará el nuevo estado Libio y la
sharía será la fuente de
jurisprudencia, aunque que en todo momento será un «Estado democrático e
independiente» que respetará a todas las minorías. Una característica de
Libia es que los movimientos islamistas han participado directamente, como
combatientes, durante la guerra civil, y lógicamente ahora quieren influir
en el proceso que se anuncia.
En este sentido,
Abdul Jalil señaló la hoja de ruta de la transición que presenta la
celebración de un referéndum para cambiar la Constitución en un plazo de
seis meses, y unas elecciones libres, con observadores internacionales, en
ocho meses. En el futuro los islamistas van a jugar fuerte. Los Hermanos
Musulmanes son la principal organización y cuentan con la experiencia de
todos estos últimos años trabajando en la clandestinidad en ayuda a los más
desfavorecidos y, ahora, a los más afectados por la guerra. Son los más
preparados, pero también están actuando los Salafistas que se van apoderando
de puestos claves en esta situación. Este es el caso Abdul Hakin Balhadj,
antiguo emir del Grupo Islámico de Combatientes Libios (LIFG), grupo radical
que Gadafi ilegalizó y persiguió, por lo que la mayoría de sus dirigentes
han permanecido en el exilio. Ahora, Belhadj es el actual comandante de las
fuerzas rebeldes en Trípoli. Por cierto que, aunque él asegura que no tiene
nada que ver con el 11-M, lo cierto es que hay varias llamadas telefónicas a
Serhane ben Abdelmajid Fakhet, «El Tunecino», responsable de la célula
islamista que llevó a cabo la masacre del 11-M. Aunque todos se presentan
como «moderados», hablan de libertad y democracia y niegan vínculos con Al
Qaeda, hay manifestaciones de islamistas que señalan sus objetivos.
Así Osama Ezanculi,
expreso islamista salafista y activo combatiente, muestra su esperanza en
esta nueva etapa porque «después de cuarenta y dos años de ateísmo, por fin
vamos a disfrutar de una Libia islámica». Y señala: «No es momento de
imponer nada. La gente tiene fe y poco a poco irá entrando en la senda
correcta. Con las mujeres, por ejemplo, pensamos que el uso del hijab (velo)
debe ser obligatorio como marca la norma en el Corán, pero la obligación
debe partir de cada casa, padre o marido, no de las instituciones».
Esto es lo que no
parece entender Occidente: la presión se ejerce a través de la familia que
no puede perder su posición en la comunidad islámica, donde es amenazada de
apostasía y condenada, incluso, con la muerte. Por su parte, Abdul Majid
Aburwin, de los Hermanos Musulmanes, que aún no ha decidido el nombre del
partido con el que se presentarán a las elecciones, manifiesta que «nuestra
aspiración es gobernar Libia y sabemos que si se celebran unas elecciones
libres el pueblo votará a favor de un modelo islámico».
No hay duda, pues,
que las intenciones de los islamistas, y la realidad, les da la razón, es
gobernar e imponerse en todos los países, aprovechando la llamada «Primavera
Árabe»; y a pesar de las diferencias entre países, como quieren señalar
algunos analistas, que indudablemente las hay, existe un elemento
precipitante único que los une a todos: la religión, el Islam. Ignorar este
factor y la fuerza que hoy tiene es un error que conducirá a más graves
errores a la hora de interpretar lo que está pasando a nuestro alrededor. Es
evidente la confusa heterogeneidad del mundo musulmán, pero el objetivo es
único mundialmente, mediante el hilo conductor de la religión: conseguir la
gran «umma», o sea, la comunidad musulmana de creyentes.
Precisamente el
citado Abdul Majid Abcerwein, ingeniero exiliado en los Estados Unidos y
ahora activista en Libia, aclara para voluntaristas impenitentes: «Nuestras
patrias no son Libia, Egipto o Túnez, nuestra patria es el Islam, y en el
exilio nos hemos conocido todos los hermanos que ahora estamos moviendo los
hilos del cambio político, nos encontramos ante un verdadero cambio de
modelo, ante el nacimiento de un nuevo islam político».
A pesar de todo el
entusiasmo de Occidente y el voluntarismo de libertades y democracia, creo
que estamos lejos de ello, y el panorama se presenta, hasta ahora, más bien
negativo y lleno de peligros y negros augurios para el mundo Occidental y
especialmente para Europa. Hoy por hoy, estamos de acuerdo con el rótulo de
una crónica periodística (ABC,
2-XII-2011), que corrobora, pero rectifica, nuestro inicial pronóstico:
«Primavera Árabe, Invierno Islamista». El futuro está por escribir y, como
cristiano, siempre tengo la esperanza de que sea para bien, aunque hay que
actuar en la dirección correcta si no queremos terminar en graves y cruentas
situaciones.
EL AJUSTE NECESARIO
arriba
ADOLFO I RANZO.
Economista
En este mismo número
de Cuadernos de
Encuentro se refiere el profesor Velarde a la
generación de economistas del 59; año de la promulgación del Plan de
Estabilización Económica, en el que ellos participaron como gestores; y
punto de partida para el ulterior desarrollo económico de España, que no ha
tenido precedentes desde el siglo xvii.
Pertenezco a la promoción de economistas que finalizaba sus estudios
universitarios por aquel entonces y que tomó, profesionalmente, parte activa
durante los años posteriores en el despegue económico de España, que
entonces se iniciaba. El Plan de estabilización de
la
Economía española de 1959, el
subsiguiente ingreso de España en el FMI, el nuevo Arancel de aduanas de
1960, el ingreso en el GATT, el Acuerdo Preferencial de Ullastres con
la CEE,
fueron acontecimientos históricos en los que participaron los economistas de
esa Generación del 59.
En el año 2008 se
celebraron las bodas de oro de nuestra promoción, a las que asistió el
profesor Velarde y nos obsequio con la primicia de uno de sus magistrales
trabajos sobre la
«Evolución del producto interior bruto por habitante en
España, desde 1820 hasta el año 2007», al que
me referí en el artículo publicado en el número 96 de
Cuadernos de
Encuentro, de principios de 2009, que titulé
«Recetas
para una crisis», donde se preveía el desenlace
económico al que finalmente hemos llegado. Estábamos ya en plena crisis
financiera internacional y, aunque sistemáticamente negada por el gobierno
de la época, España había desarrollado su propia crisis interna al no haber
reaccionado a tiempo a las advertencias que se le habían venido haciendo por
los distintos observatorios económicos.
No se hizo mucho caso
a las críticas y recomendaciones que se ofrecieron; y la errática actuación
de las autoridades económicas gubernamentales nos terminó arrastrado a la
presente situación, realmente preocupante: una cifra de paro que rebasa los
cinco millones de personas, con una tasa próxima al 23 por ciento, la mayor
de Europa; un elevado déficit presupuestario que supera en más de dos puntos
al que informó el gobierno saliente; un saldo negativo de las cuentas de
la Seguridad Social;
y lo más grave, una actividad económica en clara recesión.
España se ha
enfrentado a situaciones muy complicadas de las que, prácticamente en
solitario y no sin esfuerzo, encontró el camino para salir. En el caso del
aludido Plan de Estabilización de
la
Economía Española de 1959, se
sentaron las bases de los sucesivos Planes de Desarrollo Económico y Social,
a partir de 1964, con los resultados que, como se resalta en el citado
trabajo de Juan Velarde: en el año 1959, en paridad de poder adquisitivo,
Francia nos superaba en un 133,3%, pero en el año 2007 sólo lo hacía en un
4,9%; el Reino Unido que lo hacía en un 127,5%, se había reducido al 13,2%;
con Alemania se habían acortado distancias bajando del 135,3%, al 9,4%;
Italia que estaba un 85,3% por encima de España, ahora la superábamos en un
2,7%. El caso más espectacular era con Estados Unidos que, de un diferencial
del 262,8% en 1959, en 2007 sólo nos aventajaba en un 48,2%. Entre 1959 y
1975, sin ayuda exterior (España no se benefició del Plan Marshall, que hizo
posible la rápida recuperación de Europa tras la guerra mundial) España
alcanzó un máximo relativo de convergencia económica con Europa que no se
superaría hasta muchos años después. En el año 1975, España figuraba entre
los nueve países más industrializados del mundo y las cifras de desempleo
eran homeopáticas.
Durante el periodo de
la llamada transición a la democracia, aparte de haber hecho tabla rasa del
proceso industrializador conseguido con el esfuerzo de toda una generación,
volvió a aumentarse la distancia en la cota de convergencia alcanzada con
Europa en 1975, hasta llegar a niveles realmente preocupantes en 1996, no
muy distintos de los que ahora soportamos en el año 2012. En los ocho años
de gobierno del partido popular (1996-2004), también se supo encontrar el
camino de la recuperación; y en el año 2004, las cuentas del Estado estaban
saneadas, los niveles de desarrollo eran difícilmente superables y parecía
halagüeño el porvenir. Lo que ha pasado desde el año 2004 es de sobra
conocido, la pregunta que nos hacemos es, si será posible, en las actuales
condiciones intereuropeas, enmendar y reconducir la situación sin que el
trauma social pase facturas irreversibles.
Acaba de tomar
posesión el nuevo gobierno formado tras las recientes elecciones generales
del 20 de noviembre. Ya se han esbozado las primeras medidas para afrontar
la situación, y se ha celebrado la primera reunión del Congreso de los
Diputados en el que se ha aprobado el decreto-ley de medidas económicas
urgentes. Se ha comenzado por atajar el déficit por la vía rápida del
aumento de los ingresos, incrementando los tipos del IRPF, de efecto
recaudador inmediato; se dice que temporalmente. Algunas comunidades
autónomas no han tardado en reaccionar solicitando su participación en estos
ingresos para compensar su propio déficit. Aunque se anuncian importantes
reducciones de gastos, tanto en
la Administración
central como en las autonómicas, el proceso será lento y laborioso porque
hay que desmontar los complicados entramados administrativos que se han ido
creando en muchas comunidades autónomas, sin mucho sentido de las reales
posibilidades económicas de España. La excepción, ha sido
la
Comunidad de Madrid, que ha manejado
la posibilidad de reducir el IRPF en la parte que le corresponde.
La Comunidad
de Madrid, parece que ha hecho los deberes; es de las pocas (solo dos) que
han registrado un crecimiento económico en el pasado ejercicio; y sus
parámetros económicos se ajustan mejor que los de otras comunidades a lo que
podríamos definir como normas del buen gobierno.
Entre las medidas
anunciadas por el Gobierno, se mantiene, el impuesto sobre el patrimonio, al
que se suma el aumento del IBI que gravan, ambos, el ahorro familiar
acumulado, con el colateral efecto desincentivador que presupone. Ambos
impuestos han sido tachados de injustos, porque no tiene en cuenta las
rentas que perciben sus titulares. En el caso del IBI de Madrid, está por
ver cuál será el desenlace final, teniendo en cuenta que, recientemente, se
tomó la decisión de subirlos, desde este mismo año 2012, escalonadamente
durante los diez próximos años. Han sido numerosas las reacciones críticas
que se han producido tras el anuncio de estas medidas dirigidas a compensar
el déficit con el esfuerzo de los contribuyentes, antes de consolidar la
disminución de los gastos de las administraciones públicas.
Se ha decidido la
actualización de las pensiones y se promete mantener el estado de bienestar
por lo que respecta a la educación y la sanidad, aunque no se descartan
reajustes para racionalizar su coste. La educación y la sanidad absorben la
mayor parte del capítulo de gastos que gestionan las autonomías.
Por el lado de los
gastos, verdadero responsable del agujero presupuestario que padecemos, de
momento sólo existe la recomendación de reducirlos, como norma general. Algo
que ya ha empezado a aplicarse por algunas administraciones autonómicas. Es
en los gastos y, concretamente, en los desmesurados gastos de muchas
comunidades autónomas, donde reside el problema central del déficit
acumulado, que puede dar al traste con el estado del bienestar. La fórmula
que se adopte para abordarlo, será definitoria de la viabilidad del modelo
actual de organización del Estado.
Está
pendiente, entre otras, la reforma laboral, la reforma del sistema
financiero, la reforma del sector energético y las políticas de incentivos a
la reactivación económica y a la creación de empleo, punto neurálgico, eje
central y referencia final de lo que se ha prometido en la campaña electoral
y que es lo que desea y espera el conjunto de la sociedad.
Para
abordar una determinada actuación económica es imprescindible acertar en el
diagnostico de la situación, sin ningún tipo de reservas; y tener clara
conciencia del modelo económico-social en el que nos desenvolvemos que,
desafortunadamente, cambia con el transcurso del tiempo. Del acierto en el
diagnostico y la apropiada identificación del modelo de desarrollo que
habremos de seguir, depende el éxito o el fracaso de la política económica.
En 1996, dentro ya de
la Unión Europea;
conocíamos las reglas del juego. Entonces, las arcas del Estado también
estaban vacías; pero, contrariamente a lo que acaba de suceder, los
impuestos no se aumentaron, sino que se redujeron sustancialmente. Aquello
fue posible porque el modelo económico no era el mismo que tenemos en la
actualidad; todavía el Euro no era moneda común europea; cada país mantenía
su propia unidad monetaria y así sería hasta la década de los 2000. El
ajuste se pudo hacer a través de la devaluación de la peseta, lo que
permitió cuadrar las cuentas y crear el diferencial necesario para situar
nuestra competitividad a los niveles precisos internacionalmente.
Paralelamente, la actividad económica y la creación de empleo alcanzaron
cotas de crecimiento que pudieron calificarse de sorprendentes.
En la actualidad,
dentro de la zona Euro, es evidente que la situación no es la misma que en
1996. Las turbulencias financieras internacionales están cambiando el modelo
económico que se ha venido siguiendo en Europa y, por ello, la solución de
los problemas surgidos en todo el mundo occidental es más complicada, porque
tampoco se tiene una idea clara, en Europa, del camino a seguir para
recuperar la senda del crecimiento.
En
España, la alegría con la que el gobierno central y la mayoría de los
gobiernos autonómicos dilapidaron en los pasados siete años (2004-2011) los
recursos acumulados durante la etapa anterior (1996-2004) del gobierno
popular, nos han situado en un punto de muy difícil retorno si no se
acometen medidas de gran calado que ayuden a situar el gasto público en los
niveles que nos corresponde en función de nuestra autentica capacidad
económica para crear riqueza. Para empezar, hemos de tomar exacta conciencia
de que el modelo constitucional de administraciones públicas que
tiene España es el de más costoso mantenimiento de
todos los que podíamos haber elegido.
El llamado Estado de
las Autonomías, sin negar que haya contribuido a la modernización de España,
también es cierto que se trata de un sistema oneroso por la superposición de
administraciones coexistentes, que multiplican el número de funcionarios
necesarios para su funcionamiento, con los consiguientes gastos aparejados
para sostenerlo. España, hoy por hoy, no crea riqueza suficiente para
permitirse tal lujo de Administración. Aunque de este sentimiento participa
una buena parte de la sociedad civil, y está siendo objeto de consideración
en las tertulias políticas y en los medios de comunicación, todavía la
llamada clase política se resiste a reconocerlo. Para salir de dudas, quizás
debería someterse a consulta popular. Lo más que hemos podido llegar a
percibir por parte de la clase política, es el reconocimiento, por otro lado
evidente, del abuso, escandaloso en algunos casos concretos, con la creación
de organismos innecesarios, la consiguiente multiplicación de funcionarios y
los gastos superfluos e inconfesables en los que se ha incurrido, de
imposible justificación.
La anunciada reforma
laboral que ya debía estar acordada entre empresarios y trabajadores antes
del 7 de enero, sigue pendiente en los momentos de redactar estas líneas. La
reforma laboral no termina de consensuarse entre los agentes sociales
implicados: sindicatos obreros y organizaciones patronales. Esta reforma del
sistema de relaciones laborales es imprescindible para la recuperación y
consolidación del crecimiento económico.
Hasta el mes de
marzo, por lo menos, no se dispondrá de los presupuestos generales del
Estado para lo que resta del presente año 2012. Todavía es mucho lo que
queda por hacer. Pero es muy sintomático que poco se haya comentado desde el
gobierno sobre la entrada a fondo en la necesaria reforma de
la Administración
del Estado, para simplificarlo y adecuarlo a las reales posibilidades
económicas que ofrece nuestro país.
El modelo energético
es otro de los grandes temas pendientes. La elección del depósito de
residuos radioactivos es sintomático y hace pensar que se retome la senda de
la energía nuclear, la más barata y eficaz en la actualidad. La dependencia
energética de España es determinante en el saldo de nuestra balanza
comercial y, por ende, en la balanza de pagos, que necesitamos saldar
positivamente si se quiere aligerar la carga de nuestra dependencia
financiera exterior.
Pero la recuperación
de la producción eléctrica de origen nuclear es un periodo lento, que no se
resuelve en una legislatura. Por lo que habrá que darse prisa para empezar a
percibir resultados, que no será antes de que transcurran más de diez años
desde su puesta en ejecución.
La tarea que tiene
pendiente el gobierno entrante es ingente y no podemos pretender que la haga
en unos días: pero sí debemos esperar que lo que se vaya haciendo esté en el
camino de las soluciones positivas.
De momento, el mayor
peso de la reducción rápida del déficit presupuestario está claro que
gravitará sobre las rentas de las personas físicas, aunque con una promesa
de temporalidad, que es de esperar que pueda respetarse, porque significaría
que habrían tenido éxito las políticas adoptadas para la creación de empleo
e incentivación de la economía, que en este momento se desconocen.
La creación de empleo
es la tarea principal sin la que será vano todo esfuerzo que se realice;
pero, además, para asegurar la recuperación y consolidación de un
crecimiento sostenido, la revisión en profundidad del «Estado de las
Autonomías» es, sin ninguna duda, un ajuste necesario.
LA GENERACIÓN DEL 59
arriba
JUAN VELARDE FUERTES. Catedrático, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
El régimen político
anterior siempre se acabará gloriando de lo sucedido en 1959. Se trata del
final de un proceso que comenzó con el Plan de Estabilización de 1948, para
poner orden en una economía de guerra, que duraba desde 1936, que se había
prolongado con la II Guerra Mundial y que, como consecuencia de la acción
guerrillera del Partido Comunista, duró hasta que en 1947 se inició la
Guerra Fría. A partir de ahí era posible crear una economía normal, pero era
preciso, primero, poner orden con costes obligados. Se equilibró en 1948 con
lo que podríamos denominar el Primer Plan de Estabilización, con nuevas
cargas tributarias, el presupuesto equilibrado; las reglamentaciones
laborales bloquearon posibles subidas importantes de salarios reales; se
frenaron los créditos bancarios a las operaciones especulativas, muchos de
ellos relacionados con el freno a la oferta de bienes, y comenzó un fuerte
desarrollo económico. De este modo, según la estimación Alcaide, la tasa de
incremento anual de 1948 en adelante, en pesetas de 1918, fue el registrado
en el cuadro siguiente para la Renta Nacional de España:
|
Años
|
Incrementos porcentuales anuales
|
|
1949
|
1’1
|
|
1950
|
5’1
|
|
1951
|
10’9
|
|
1952
|
6’8
|
|
1953
|
1’4
|
Ese año de 1953 fue
el segundo de un cambio radical. La economía española estaba cerrada al
exterior para mantenerse neutral en las confrontaciones europeas, desde Prim
y la Guerra del 70, con la ampliación de Cánovas del Castillo, como punto
esencial de su política. La neutralidad en la I y la II Guerras Mundiales
obligaba a tener que producir una serie importante de bienes, para no ser
impulsados por cualquiera de los contendientes. Y he aquí que este
planteamiento se rompe en 1953. Aceptamos abandonar la neutralidad en la
Guerra Fría, con el acuerdo con Norteamérica. Eso comenzó a abrir nuestra
economía, con los resultados en el PIB del modo siguiente:
|
Años
|
Incrementos porcentuales anuales
|
|
1954
|
7’2
|
|
1955
|
2’4
|
|
1956
|
7’2
|
|
1957
|
3’8
|
|
1958
|
5’2
|
Pero este desarrollo
se había efectuado con tal déficit exterior, que la crisis estaba a las
puertas. Por eso en 1959, se decide cambiar radicalmente el modelo y abrirlo
definitivamente al exterior: ingresa la peseta en el patrón oro-dólar;
comenzamos las negociaciones con el GATT; apostamos por una economía mucho
más liberal, en suma. Y esto es lo que asesora un grupo de economistas que
se encuentran tras Ullastres y Navarro Rubio. Franco rompió, por aceptarlo,
con Suanzes –recordemos la carta durísima de éste‑ y comenzó la España
moderna. Impresiona contemplar el gráfico adjunto, que inicia en 1959 su
avance.
En estos momentos
contemplamos la desaparición de prácticamente todos los economistas que
estuvieron detrás de aquel proceso, que modernizó España. Fueron los
Albiñana, los Villar Sarraillet, los Fuentes Quintana, los Sardá, los Rojo,
y el último Manuel Varela. Mucho les debe España, y eso conviene que no se
nos olvide. Precisamente el Congreso Nacional de Falange de 1953 se orientó,
en lo económico, en esa dirección. Franco, como vemos en los papeles
recopilados por Luis Suárez, escéptico al principio, acabó convencido. La
muerte de los últimos fallecidos de la generación del 59, Huberto Villar
Sarraillet y Manuel Varela Parache, no puede quedar, por lo dicho, en
silencio.
LA OTRA MEMORIA
HISTÓRICA
arriba
JOSÉ LUIS COSTAS LAGUNA.
General
Intendente del Ejército (R).
1.-
Introducción
El gobierno socialista promulgó,
tras el proyecto de Ley de 10 de octubre de 2007 «por el que se reconocen y
amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la Dictadura la Ley
52/2007 conocida como de la Memoria Histórica. Sólo contó con la oposición
del Partido Popular.
Se trata de un texto
legal profundamente sectario y revanchista que abre de nuevo heridas, que se
suponían cerradas en buena parte de la sociedad española. Esta Ley era
totalmente innecesaria ya que desde la transición democrática se fueron
dictando Normas y Disposiciones suficientes para alcanzar los objetivos que
prevé. El tema en cuestión no figuraba en el programa electoral del PSOE,
pero bastó una iniciativa de la izquierda radical para poner en marcha una
operación de revisión y revancha de la guerra civil. IU con sólo dos
diputados en el Congreso, a los que agregó los de ERC y aquellos
nacionalistas derrotados en la contienda civil, logró la consecución de esta
Ley que contó con el apoyo del PSOE, tras pagar el partido del gobierno el
peaje habitual que es normal en la legislatura actual, regalando a los
nacionalistas determinados inmuebles.
Desde el advenimiento de la
democracia, los gobiernos iniciales de
la UCD y el
PSOE, ante las presiones recibidas, se preocuparon de igualar los derechos
de los perdedores de la guerra con los de los vencedores y así, entre los
años 1976 y 1982, se suceden una serie de Normas y Leyes para alcanzar ese
objetivo (decreto 670/76, ley 46/77, ley 5/79, ley 35/80, ley 6/82 y ley
37/8.). Ya en vida de Franco, por
decreto-ley 10/69 se declaraban prescritos todos los delitos
cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939, justo treinta años después
de finalizada la contienda.
De todas la leyes citadas, una de
ellas tenía un relieve excepcional, me refiero a la 46/77 conocida como
la Ley de
Amnistía con la que se obtenía la concordia nacional y se enterraban para
siempre las secuelas de la guerra civil. Eso entendió el legislador y la
ciudadanía dispuesta a olvidar y perdonar un dramático pasado. Pero la
realidad no ha sido así, pues la izquierda radical y los nacionalistas no
tienen límites; y tras setenta años, continúan en su afán en resucitar las
dos Españas. Esta Ley que comentamos, no tiene otra justificación que
convertir a los vencidos en vencedores.
En las leyes referidas se concedían,
a aquellos que pertenecieron al ejercito derrotado, pensiones a los
militares profesionales, reconocimiento de pensiones, asistencia médica y
social a viudas y huérfanos, pensiones de mutilación a los excombatientes y
pensiones igualmente a mutilados civiles. Pero sería
la Ley 37/82
la que causó extrañeza y malestar en los ejércitos, pues por la misma se
reconocían los empleos militares a aquellos que formaron parte del ejercito
de
la Republica sin ser
profesionales, a los que otorgaron pensiones en función a su rango, siendo
el menor el de sargento. A aquellos profesionales que tuvieron que abandonar
la carrera, se les concedió el que hubieran podido alcanzar, salvo el
generalato, de manera que sin realizar cursos ni evaluación alguna se les
convertía en coroneles, empleo al que los que pertenecieron al ejercito
vencedor no pudieron obtener en muchos casos. Resulta anecdótico que alumnos
de las Academias al inicio de la contienda civil, que no tuvieron ninguna
participación en ella se les hizo coroneles con la pensión correspondiente.
Este conjunto de disposiciones, ha
colocado en mejor situación a los militares y combatientes que lo hicieron
con
la Republica, sobre los del
ejército de Franco. Muchos alféreces y sargentos provisionales, al acabar la
contienda se reintegraron a sus actividades civiles, al igual que la tropa,
sin percibir ningún tipo de compensación económica. A los del bando
republicano se les ha otorgado pensiones que son compatibles con cualquier
tipo de sueldo o pensión, desde los oficiales a la tropa.
Esta notable diferencia de trato, la
justifica el legislador afirmando que los componentes del bando nacional ya
tuvieron su reconocimiento, y que es hora de que lo tengan ahora los de
la España republicana.
Ciertamente, los vencedores de la contienda fueron reconocidos, pero no hay
que olvidar que fue en la década de los cuarenta, remover
la Historia setenta años
después, con una enorme carga de sectarismo y parcialidad, produce en la
generación posterior, y muy especialmente en la juventud, una imagen falsa y
distorsionada de lo ocurrido en España en los tristes años de la República y
Frente Popular.
La izquierda radical ha conseguido
falsear de tal modo le reciente historia de nuestro país, que las
generaciones más jóvenes corren el riesgo de desconocerla. Se ha conseguido
que los medios de comunicación, novelas, ensayos, obras teatrales, series
televisivas y proyecciones cinematográficas, en su mayoría, envíen mensajes
en los que se condena y se desprecia todas las actividades que pudo realizar
el régimen anterior. Se ha idealizado
la II Republica,
ocultando la realidad de aquella, que hizo imposible la existencia a media
España entregándose en manos de la dictadura soviética, muy lejos del
espíritu democrático que hoy se nos presenta.
2.-
Análisis
La Ley de la que tratamos, expone
una serie de principios que incumple precisamente el gobierno que la
promulgó. En su Exposición de Motivos se alude a
«espíritu funcional de concordia»,
cuando resulta evidente que enaltecer a uno de los bandos que participó en
la guerra civil, demonizando al otro, no es precisamente fomentar la
concordia entre los españoles. La concordia se había alcanzado tras
la Ley de Amnistía; y la gran
mayoría de españoles, salvo la izquierda radical, prefirió olvidar y
perdonar los horrores de aquella guerra civil que dividió en dos a la
ciudadanía. Los tiempos han sido propicios para que una minoría, con el
apoyo de gobiernos débiles, haya alcanzado su objetivo de dividirnos
nuevamente y dar rienda a su ansia de venganza.
Se afirma que
«nadie puede sentirse legitimado,
como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de
imponer sus convicciones políticas». Esa actitud fue precisamente la
utilizada por las autoridades de la República, que sí se sintió legitimada,
contra sus divergentes ideológicos, con su política de represión y
detenciones masivas.
Se enaltece y rehabilita a aquellos
que «en distintos momentos
lucharon por la defensa de los valores democráticos». Se cita,
expresamente, a los integrantes del Cuerpo de Carabineros, que
mayoritariamente fue leal a
la Republica;
aún cuando desconocían lo que era la democracia, todavía no en uso. A los
brigadistas; ignorando su origen y su papel en la contienda. Las brigadas
internacionales que participaron en la guerra española fueron organizadas y
dirigidas por el komintern
soviético de Stalin; el mayor genocida de la historia moderna; llegaron a
pasar por ellas hasta 60.000 efectivos, siendo el mayor contingente el de
franceses. Fueron concentrados en París y enviados a España a la base de Los
Llanos, al mando del comunista André Marty, amigo y colaborador directo de
Stalin, llamado «el carnicero de
Albacete».
Permanecieron en suelo patrio unos dos años; desde octubre de 1936, cuando
las tropas nacionales están a punto de entrar en Madrid, hasta el 23 de
septiembre de 1938, cuando son despedidos en Barcelona con todos los honores
por los Azaña, Negrín, Companys y Dolores Ibarruri, entre otros. Su
procedencia fue muy variada; casi todos aventureros, mercenarios,
comunistas, anarquistas y alguna representación de intelectuales, que
sacaron buen partido, como Hemingway, Orwell, Willy Brandt, etc.
En todo caso, muy lejos de
representar a la libertad y los valores democráticos, dado los organizadores
y directores de esas fuerzas.
Se refiere a los combatientes
guerrilleros. He de entender que se está refiriendo a los conocidos como
«los maquis o huidos» que,
introducidos por los Pirineos y enviados por el partido comunista de
Santiago Carrillo, permanecieron en la subversión en las montañas de
Galicia, León y pirineo aragonés y catalán. Fueron en realidad bandidos y
maleantes, robando y matando en los pueblos de la zona, hasta que
la Guardia Civil y el
ejército los expulsaron, permaneciendo en España hasta 1952 siendo abatidos
Sabaté y Facerias. No eran defensores en ningún caso de la libertad y la
democracia, simplemente eran luchadores contra Franco.
También tienen cabida en esta Ley
los miembros de la llamada Unión Militar Democrática (UME). Conozco el caso,
de primera mano, por haber tenido incidencia en
la Unidad
donde estaba destinado y ser compañero de promoción de dos de los miembros
de esa organización. En ningún ejército de nación civilizada podía darse un
caso similar sin sufrir los autores un castigo ejemplar; cometieron delitos
de insubordinación, subversión, incitación a la rebelión, constituyendo una
célula activa de consecuencias imprevisibles. El seguimiento en los
ejércitos fue mínimo; y los responsables fueron, una vez juzgados en Consejo
de Guerra, expulsados de las fuerzas armadas. El principal impulsor e
ideólogo de la organización pidió, con anterioridad, el retiro para poder
dedicarse a la política, llegando a ser diputado por el PSOE en cuatro
legislaturas. En 1987, ante las presiones de la izquierda, fueron
rehabilitados sin poder reintegrarse a las unidades, conservando sus empleos
militares. Recientemente, en el 2010 la ministra Chacón, inexplicablemente y
desconociendo el sentir militar, otorga ascensos y concede
la Cruz del
Merito Militar a los miembros de
la UME. La ministra, sin atender al protocolo vigente
para la concesión de estas recompensas, pues no se cumple ni una sola de las
condiciones exigidas, se ha equivocado de distinción; los interesados no
realizaron ningún merito militar.
En su art. 2
la Ley
establece y declara «el carácter
radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualquier forma de
violencia personal producidas por razones políticas, ideológica, o de
creencia religiosa durante la guerra civil». Declaración totalmente
tendenciosa, pues fueron los del bando republicano y Frente Popular, quienes
durante la contienda emplearon, sin freno, ese tipo de actuaciones.
El art. 3 dicta una declaración de
ilegitimidad de gran calado, «Se
declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros
órganos penales o administrativos que, durante la guerra civil, se hubieran
constituido para imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia
religiosa, condenas o sanciones de carácter personal». Igualmente se
declaran ilegitimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones
dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia, por cualesquiera
de los tribunales u órganos penales o administrativos, durante
la Dictadura,
contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior.
Ante estas circunstancias debería
haberse pronunciado el Consejo General del Poder Judicial, pero la realidad
es que no se hizo, posiblemente por no ser políticamente correcto.
Con la promulgación de este artículo
se criminaliza el procedimiento legal vigente durante más de treinta años y
se abre la puerta a que, en cualquier juicio, pueda el acusado alegar que su
actuación responde a motivos políticos o ideológicos. Se alude a la defensa
de la legalidad institucional anterior; cuestión más que discutible, pues la
República no ganó las municipales de 1931, no respetó los resultados en 1933
y tampoco resultó vencedora en 1936 cuando concurrió el Frente Popular. Los
monárquicos obtuvieron en 1931, 22.150 concejales, por 5.775 los
republicanos. En 1936 la derecha alcanzó 4.511.031 votos, el centro 682.825
y la izquierda del Frente Popular 4.430.322; se forzó una segunda vuelta,
llena de irregularidades y abusos, que hizo finalmente que la izquierda,
como en 1931, tomó la calle y se hizo con el poder.
Resulta paradójico que esta Ley,
confeccionada por quienes comparten ideología con uno de los bandos en la
guerra civil, condenen ahora los procedimientos que, para ellos, fuera
conducta habitual antes y durante el conflicto civil.
No se hace alusión alguna a los
miles y miles de ciudadanos españoles que fueron ejecutados en
la España
republicana, sin ningún tipo de juicio ni tribunal, a manos de los
milicianos sin escrúpulos o tribunales populares. El diferente tratamiento
dado a los asesinados, según su color político, es claramente tendencioso;
de García Lorca se han escrito numerosas obras, poemas, espectáculos
teatrales y está permanentemente de actualidad, en el otro lado nadie se
acuerda de Muñoz Seca, el intelectual Ramiro de Maeztu y hasta el futbolista
Monchín Triana.
En los arts. 11 y 12 se establece el
procedimiento para que los descendientes de las víctimas puedan localizar e
identificar a las personas desaparecidas violentamente durante la contienda
civil y darles digna sepultura. Al amparo de esta disposición, han aparecido
diversas asociaciones y grupos interesados que levantan fosas en busca de
restos humanos y que se benefician de la generosa cantidad con que el
gobierno ha dotado estas actividades; hasta el momento treinta millones de
euros.
Es una loable aspiración pero, como
siempre en esta Ley, se olvida que fueron también muchos en el bando
nacional que sufrieron persecución y violencia por parte de las autoridades
republicanas y cuyos restos no han sido localizados. Cuando en la búsqueda
de fosas –donde se supone se encuentran soldados republicanos–, aparecen del
otro bando –como recientemente ocurrió en Consuegra–, se tapan de nuevo y no
se da publicidad. Tristemente, para muchos no será posible la exhumación; me
refiero a los asesinados en los barcos prisión de la República, marinos en
Cartagena, ejecutados en Santander y Bilbao, cuyos restos fueron arrojados
al mar; y tantos y tantos aparecidos en las cunetas.
Como dice el enunciado de
la Ley, se trata de establecer medidas a favor de
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y
la Dictadura. Solo
exclusivamente para el bando republicano.
El art. 15 se refiere a símbolos y
monumentos públicos; y como en los anteriores, es de una parcialidad y
sectarismo lamentables. Se entierra buena parte de nuestra historia reciente
como si no hubiese existido, permitiendo unos recuerdos y exaltación sólo de
un bando: el perdedor. Se encarga a las Administraciones públicas que
«retiren escudos, insignias,
placas y otros objetos o menciones, personales o colectivas, conmemorativas
de la sublevación militar, de la guerra civil y la Dictadura».
Consecuencia de ello es que se han
suprimido, con una notable ignorancia de los responsables, toda clase de
recuerdos y alusiones a muchos militares heroicos, mártires reconocidos que
incluso han alcanzado los altares y personas no afectas al régimen
republicano. Los militares hemos sufrido la postergación y olvido de buena
parte de aquellos que heroicamente defendieron sus ideales y que en todo
momento sirvieron a España. Los que hemos tenido la obligación moral de
defender la memoria de héroes corporativos, se nos ha remitido a una
«Comisión de expertos»
pudiendo descubrir de manera lamentable su ignorancia en temas militares.
Han desaparecido estatuas de gran valor de figuras que han entrado en la
historia, escudos de los Reyes Católicos, inscripciones de dudosa adhesión y
nombres de calles y plazas sustituidas por otros que denotan la supina
ignorancia de los autores. El caso, por ejemplo de Millán Astray –que no
participó en la guerra por sus limitaciones físicas–, pasó a formar parte de
la historia como fundador de
la Legión
en 1920; las estatuas de Franco –retiradas de forma alevosa en no pocos
casos–, lo son como primer director de
la Academia General Militar en Zaragoza y cofundador
de
la Legión
en Melilla; nada que ver con la posterior Dictadura.
La parcialidad de esta Ley se pone
de manifiesto con la realidad del momento. Pese a lo que la misma Ley señala
en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil
–que dice estar sustentada en el principio de evitar toda exaltación de la
sublevación militar, de la guerra civil y la Dictadura–, los ciudadanos
tienen derecho a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de
enfrentamiento, ofensa o agravio.
La realidad es que siguen existiendo
en Madrid estatuas de Largo Caballero y Prieto, verdaderos responsables de
la guerra civil; Companys tiene en Cataluña calles y recuerdos permanentes;
en Las Palmas el hospital de la ciudad lleva el nombre, nada menos, del
doctor Negrín, uno de los personajes más lamentables de la contienda civil,
que recientemente ha dignificado el PSOE; también Dolores Ibarruri, la
conocida activista comunista, tiene calles en
la España
de hoy. Hace pocas fechas en la Universidad Complutense de Madrid, se ha
inaugurado un monumento a las brigadas internacionales por el actual rector,
José Carrillo, hijo del dirigente comunista Santiago Carrillo; que, por
cierto, es doctor «honoris causa» por
la Universidad Autónoma
de Madrid y que estuvo presente en el acto, con exaltaciones a la guerra
civil, a la República y a
la Internacional.
Se ha cumplido lo que establecen los
arts. 15 y 16 de esta Ley pero se conserva, mantienen y se fomentan, todos
aquellos recuerdos, estatuas, calles y escudos del bando republicano en la
guerra civil, ignorando el precepto que la misma Ley establece, que los
símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o
agravio. ¿Que pensarán los herederos de aquella media España que sufrió los
asesinatos, persecución o violencia por las autoridades republicanas y
Frente Popular?
En una reciente visita que realicé a
Budapest, pude observar el tratamiento que en Hungría se ha dado a una
cuestión similar. Los húngaros soportaron la dictadura soviética durante
décadas, hasta la caída del muro en 1989, como el resto de las naciones del
telón de acero. En aquella ciudad y en un parque a las afueras de la urbe,
han instalado el conjunto de recuerdos de aquella época; y así pueden
contemplarse las estatuas de Stalin, Marx, Lenin, Trotsky y toda clase de
símbolos, calles, placas monumentos, etc. Los húngaros han preferido, a mi
juicio con mucho acierto, no renunciar ni enterrar páginas de su historia
que las generaciones venideras tienen derecho a conocer.
La Ley es reiterativa al afirmar que
«quiere contribuir a cerrar
heridas todavía abiertas en los españoles y dar satisfacción a los
ciudadanos que sufrieron directamente o en la persona de sus familiares, las
consecuencias de la guerra civil o de la represión de
la Dictadura». Esta
redacción ignora a los del bando nacional que también sufrieron las
consecuencias de la contienda pero de manos de la autoridad republicana y
Frente Popular. No es admisible la discriminación que contiene.
3.- La
otra Memoria Histórica
Si realmente los españoles deseamos
resucitar
la Memoria Histórica,
ésta deberá ser completa. Sólo la miopía política, el sectarismo y un inútil
afán de revancha pueden explicar que se promulgue una Ley de estas
características. ¿Qué se ha conseguido? Sólo dar satisfacción a una minoría
radical a cambio de unos pocos votos.
La Memoria Histórica completa habría
que explicarla partiendo del cambio político que se gestó en 1930. En ese
año se celebra el 17 de agosto, lo que se conoció como el pacto de San
Sebastián que preside Fernando Sasiaín con la asistencia de los Azaña,
Leroux, Domingo, Maura, Casares, Prieto, entre otros, a los que se adhiere
Marañón, con el objetivo de derribar el régimen monárquico y sustituirlo por
una República de carácter democrático,
«Delenda
est Monarquía». Debía producirse un golpe militar al que se
adelantaron, en Jaca, los capitanes Galán y García Hernández. Los Ortega y
Gasset, Marañón y Pérez de Ayala crean, con su mejor voluntad,
la Agrupación
al servicio de la República y, muy pronto, comprenderían la inviabilidad del
nuevo régimen. Varios hijos de los promotores se alistarían en el ejército
de Franco como alféreces provisionales encontrando, alguno de ellos, la
muerte en combate.
Los dirigentes republicanos no
deseaban una República democrática del modelo de las naciones más
desarrolladas, su objetivo era alcanzar un sistema del estilo soviético, al
que admiraron siempre: la dictadura del proletariado. En el Madrid
republicano las calles y monumentos cambiaron de nombre por los de la
dictadura soviética; todos recordamos la puerta de Alcalá adornada por
gigantescos retratos de los ídolos soviéticos. Claro ejemplo es
la Ley de Defensa de la República,
claramente antidemocrática, pues prohibía toda crítica con graves
represiones.
Es doloroso recordar diferentes
sucesos en nuestra historia reciente que lamentablemente hay que desempolvar
como razonable reacción a
la Ley que nos ocupa.
Como ya he indicado, los
republicanos no ganan las elecciones municipales de 1936, pero con la
táctica marxista, de probados resultados, se adueñaron de la calle sin
posible vuelta atrás. A partir de ese momento se inicia la política del
terror con quema de templos, detenciones indiscriminadas, con la pasividad
de las fuerzas de orden publico fieles al gobierno y sin protección para los
ciudadanos desafectos al nuevo régimen.
En 1933, tras la victoria de
la CEDA en las urnas, los partidos de la izquierda
presionan al pusilánime
presidente de la República Alcalá Zamora y evitan,
«democráticamente»,
que los vencedores formen gobierno, que iría a parar finalmente a los
radicales de Leroux. En la campaña electoral destacaron las arengas de los
socialistas Largo Caballero y Prieto, quienes animaban a los suyos afirmando
que si no ganaban en las urnas alcanzarían el gobierno –dictadura del
proletariado–, con las armas.
En 1934, en una enajenación
colectiva, se produce la revolución de octubre, llegándose a un conflicto
armado en Cataluña, donde Companys llega a proclamar el estado catalán; y en
Asturias, en una guerra formal por la sublevación de los mineros; todo ello
produjo cerca de 2.000 muertos.
El deterioro social y los odios
generados llevaron a España a una guerra civil, deseada por la izquierda
marxista, como no ocultaban sus dirigentes. Hay que recordar tristemente las
amenazas de muerte en el parlamento al líder de la derecha Calvo Sotelo; al
poco era asesinado por el aparato gubernamental. Se trató de oscurecer el
suceso con el asesinato del Teniente Castillo, instructor de las milicias
del PSOE, quien a su vez había abatido, sólo unos días antes, al falangista
Sáez de Heredia, primo de José Antonio.
Aunque el alzamiento llevaba algún
tiempo gestándose, el referido suceso fue el detonante para la sublevación
militar a la que siguió media España.
Desde la iniciación de la guerra
llegan, al margen de lo que ocurre en los frentes, inexplicables sucesos en
la zona republicana que se omiten en
la Ley que
comentamos; se repiten encarcelamientos, asesinatos y una crueldad impropia
de países civilizados. El Madrid republicano se caracterizó por la
persecución con saña a todo aquel desafecto al régimen que, una vez
detenidos, eran conducidos a checas donde sufrían tormento y muchas veces,
la muerte. Las cárceles Modelo, Porlier, Ventas, San Antón, entre otras, se
hicieron tristemente celebres; los paseos, la brigada del amanecer, las
sacas, los asesinatos anónimos, el túnel de Usera, son recuerdos lamentables
de los que hay sobrada información.
Las cunetas de la carretera de
la Coruña, sembradas de
cadáveres en el completo relato de Félix Schlayer, cónsul noruego, resultan
escalofriantes; y su actuación resultó fundamental para salvar muchas vidas,
pues recurrió a las embajadas y el Reino Unido intervino a favor de los
presos. El ministro Álvarez del Vayo tuvo que justificar, sin éxito, la
actuación de la República.
En una ley de Memoria Histórica no
puede ignorarse la sangrienta persecución a la iglesia católica. Sobre 8.000
religiosos fueron ejecutados en
la España republicana
por variados procedimientos; el hecho de ser católico y no abjurar de sus
creencias suponía una muerte violenta. Las monjas, en infinidad de
conventos, se vieron vejadas, violadas y asesinadas; y alguna comunidad
religiosa, mi colegio de los agustinos, tanto los de la calle del Barco en
Madrid como los del monasterio del Escorial, tras llevarlos a
la Modelo,
fusilados todos.
Se han olvidado de los
barcos-prisión, los Altuna Mendi, Cabo Quilates, Mar Negro, Jaime I y otros,
donde los desgraciados prisioneros eran mancillados, asesinados en sus
cubiertas, sin juicio ni defensa alguna, y finalmente arrojados al mar.
Mención aparte merece Paracuellos,
en una acción sólo comparable con las fosas de Katyn –la matanza llevada a
cabo por los soviéticos–, que también ignora esta Memoria Histórica. Con el
pretexto de trasladar a los presos de las cárceles madrileñas ante la
proximidad de las tropas nacionales a la capital, entre los días 7 y 14 de
noviembre de 1936 fueron efectuadas
«sacas»; se calcula en
9.000. Conducidos en autobuses fueron llevados a Torrejón de Ardoz y
Paracuellos y fusilados junto a unas fosas previamente abiertas para
ese fin; fue precisamente el ya citado Félix Schlayer quien descubrió el
genocidio; se calcula entre
4.000 y 7.000 los ejecutados esos días.
La consejería de Orden Publico de
la Junta de Defensa de Madrid
estaba desempeñada por Santiago Carrillo y a sus órdenes, como delegado,
Serrano Poncela, quien con la aprobación de su superior se encargó de
seleccionar los presos que debían ser asesinados en masa. El turno se
iniciaba con militares de empleo superior a capitán, a continuación
falangistas y luego las personas detenidas desafectas al Frente Popular.
Las
sacas terminaron,
afortunadamente, por las protestas de otras naciones y el nombramiento como
encargado de prisiones de Melchor Rodríguez,
«el ángel rojo» que, hecho
prisionero, al final de la guerra fue indultado por Franco.
La Barcelona de Companys se
convirtió en una ciudad sin ley donde campaban milicianos, anarquistas y
malhechores a su antojo. Las casas eran desvalijadas y expoliadas y los
asesinatos, decididos caprichosamente, aterrorizaron a la población.
Como es evidente, repasando este
lamentable relato es claro que hubo infinidad de españoles que sufrieron
persecución o violencia durante la guerra civil por las autoridades
republicanas y el Frente Popular y que la presente Ley ignora. Es hora de la
reconciliación, que se desaprovechó tras
la Ley de Amnistía; y, enterrando
odios y rencores, olvidemos aquellos sucesos tan penosos de nuestra
historia.
España necesita de la unión de todos
sus ciudadanos, cerrar sus heridas y crear de nuevo, con generosidad, el
espíritu de concordia de la transición que se plasmó en nuestra
Constitución.
La Ley que he comentado no es la
más adecuada para esos objetivos pues confunde, sobre todo, a las
generaciones más jóvenes que tienen derecho a conocer, completa, nuestra
historia reciente.
Como decía Benedicto XVI, en su reciente visita a
Madrid con motivo de las JMJ, a los jóvenes:
«Que no os
oculten la verdad».
SUFICIENTE, PERO DECEPCIONANTE
arriba
ENRIQUE HERMANA
Las urnas han definido y determinado la situación. Rajoy ha conseguido
auparse al fin al trono del que un inepto increíblemente malvado le apartó
dos veces. Su táctica de hacerse tolerable sin hacer sangre y de no
arriesgar, esperando ver pasar el cadáver de su enemigo, le ha servido para
alzarse con una mayoría absoluta holgada. Pero a costa de que su oponente,
el PSOE, haya perdido
4,5 M de votos, no por el
mero medio millón que ha conseguido él de más, respecto a las anteriores
generales. Es decir, ha perdido el PSOE, no ha ganado el PP. Aunque el
resultado sea suficiente para poder legislar con soltura, imponiendo a la
sociedad los ajustes que ésta necesita, no ha conseguido ilusionar a los
españoles. Y bien que lo pretendió en los últimos días de la Campaña, cuando
al fin perdió el miedo a fracasar de nuevo. Ahora empieza el tiempo de
confiar en los resultados de lo
que esperamos sea su buena, sensata e ilusionante gestión.
Lo de ilusionante debería
ir al principio. Toda crisis es una carencia de confianza. Nadie se fía de
nadie y cada cual se retrae en su dominio más pequeño, intentando asegurarse
sin arriesgar en terreno ajeno. Y un cambio de ambiente, de timonel,
propicia esa recuperación de la confianza. Y un resurgimiento de la ilusión
por el trabajo pendiente de realizar.
Quienes hemos vivido en
España la década de los cuarenta del pasado siglo podemos saber de qué se
trata. En una situación de penuria agobiante, en la que todo futuro se
anuncia mejor, la ilusión por el trabajo colectivo, por el reto común, crea
solidaridad social, metas u objetivos comunes, y satisfacciones personales.
Eso debiera haberse manifestado en las pasadas elecciones del 20 N. Como
Rajoy pedía al final, una ilusión colectiva por solucionar nuestra crisis
actual y demostrar a Europa nuestra capacidad nacional de esfuerzo y éxitos
colectivos.
NNo lo consiguió. Su
aproximación timorata a los problemas, eludiendo toda alusión a temas
conflictivos, más allá de la economía, le ha impedido conectar con el sentir
social, y alinear al pueblo español tras su gestión. La partitocracia ha
conseguido una vez más mantener dividida a la sociedad española en
perdedores resentidos y ganadores exultantes, ignorantes ambos de que se
trata de una tarea común. Una tarea en la que podríamos –podremos– demostrar
nuestra capacidad como pueblo para superar situaciones difíciles y ponernos
en la cabeza del progreso. Algo que nos ilusionaría –nos ilusionará–
personal y colectivamente. Algo que conseguirá sofocar los alocados
sentimientos separatistas de esos sectores obnubilados de nuestra Nación que
cultivan continuamente un sentimiento de agraviados.
Lo lamentable es que Rajoy no haya intentado ilusionar hasta el último
momento. Y que la sociedad española no haya resonado con ello. La mejor
demostración de esa preocupante separación entre los sueños de Rajoy y la
dura realidad, el dato que evidencia la sintonía entre lo que debiera haber
sido y lo que ha sido es la pérdida de 185.000 votos por el partido
socialista en el País Vasco, de los que sólo escasos 700 han sido retenidos
por el PP allí. Rajoy no ha conseguido acertar con la música seductora que
necesita el momento. Nos jugamos el futuro, y el 55% del pueblo español se
ha retraído hurañamente. Una vez más, el sectarismo político ha malbaratado
la ilusión nacional.
JÓVENES SIN LUGAR NI TIEMPO
(Reflexiones
en torno a la educación)
arriba
MANUEL PARRA CELAYA.
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía)
Dicen que los
que estamos en contacto permanente con los jóvenes tardamos más en
envejecer, y puede que sea cierto. También nos dejó dicho el Maestro D´Ors
que «mal maestro, el que, en asignatura de alegría, no es discípulo de sus
discípulos», y seguro que es verdad. Pero lo que casi nadie suele decir es
que los que somos educadores de vocación y de profesión nos sentimos muchas
veces sometidos a una desazón interna cuando observamos en los educandos
aspectos que quisiéramos encauzar por otros derroteros, y un muro,
aparentemente infranqueable, se yergue frente a nuestra acción pedagógica.
No se trata de ejercer latosamente
de «consejero» («Un consejo a fuer de viejo: nunca sigas mi consejo», que
dijo Machado); ni de pretender, ilusoriamente, que la siembra tenga efectos
instantáneos (por el contrario, es una inversión a largo plazo, en el mejor
de los casos); ni de perseguir, absurdamente, que una generación adopte las
pautas de las precedentes (por más que lo intente el orbe «progresista», que
lleva echada a perder, por lo menos, dos generaciones de españolitos).
La desazón, casi un desvivir algunos
días, viene dado por la constatación de que el marco ideológico que nos
envuelve a todos –a ellos, los jóvenes, y a nosotros, los no tan jóvenes–
promueve, de forma intencional, una serie de rasgos, germen de
contravalores, de fácil arraigo en
las mentes adolescentes, aunque, a Dios gracias, de imposible aceptación por
parte de quienes procedemos, ya no tanto de otra época, como de otros
ámbitos educativos.
No me refiero a ideas ni a creencias
en este caso; mucho menos, a pautas sociales. Cada generación tendrá las
suyas, en ocasiones en abierto rechazo contra las de la generación anterior,
y ello no debe asustar. Como constantes, los jóvenes en general (se me hace
cuesta arriba hablar de «juventud» en abstracto) siempre han mostrado su
espontaneidad vital, su rebeldía –esporádica en nuestros días– y, como
aspecto muy positivo, su sentido solidario. Siempre ha sido así y siempre
(esperemos) lo será.
Decía que no me refiero a ideas,
creencias o pautas de comportamiento porque, previas a ellas, están las
referencias indispensables, y en este punto estriba lo más negativo
del momento que nos ha tocado vivir. Mi tesis es que
a los jóvenes se les han hurtado
las referencias más elementales para la construcción de su personalidad
individual y social: el lugar y el tiempo.
Kant definió ambas
como «formas a priori de la sensibilidad humana». Prescindamos ahora de la
crítica a esta concepción idealista que no atinó a explicar la experiencia
«real» de uno y de otro; lo cierto es que, tanto
lugar como
tiempo, son previos (a
priori) a cualquier interpretación del mundo que nos rodea, para formarse
una cosmovisión o, si se quiere, una «hoja de ruta» personal ante
acontecimientos, ideas o valores. Son categorías imprescindibles en la
construcción de la persona y su carencia contribuye a un proceso de
«des-humanización» casi animalístico.
Hablar de «aquí» y
«ahora» implica necesariamente hacerlo del «allí», del «más allá», del
«cerca», del «lejos», en cuanto al espacio; del «antes», del «después» de la
mediatez o de la inmediatez, con respecto al tiempo. Y he aquí que tanto el
«aquí» como el «ahora» se han convertido en absolutos,sin ninguna referencia
fuera de ellos mismos.
En cuanto al lugar, advertimos que
estamos sometidos a la acción de dos fuerzas contradictorias aunque
complementarias: la globalidad
y el localismo; no descarto
que la segunda tenga mucho de reacción y de miedo frente a la primera en
muchos casos (de ahí su complementariedad) ni que la primera pueda ejercer
de fuerza correctora de los excesos de la segunda.
La globalización no es sinónimo de
universalidad, en tanto que esta
precisa, a su vez, de un referente previo. Así, aterrizando, entender Europa
o América implica el referente previo de España; entender el mundo necesita
el igualmente previo del marco cultural, y aún político, europeo. Por virtud
de los cánones de
la Educación Formal
de nuestro momento, los referentes
se han disuelto en lo global y se han concretado en lo estrictamente
localista; según los niveles de Enseñanza, el joven siente lo local
como «su» barrio (ni siquiera su ciudad) o su Comunidad Autónoma, en el caso
tan generalizado de que prive el
particularismo en los planes de estudio, como viene ocurriendo en
Cataluña… y no sólo en Cataluña. No conozco en profundidad el alcance de
la Geografía en Primaria y Secundaria, pero, por
datos concretos y no anecdóticos, saco dos conclusiones: la ausencia de
sistematización en su estudio y su incidencia puramente mínima en el caudal
de referencias personales.
Otro tanto se puede decir del tiempo:
la Historia, tanto la de aspectos políticos,
socio-económicos o la de la evolución del Pensamiento humano, parece
centrarse en fragmentos
seleccionados según un calendario «políticamente correcto» e,
igualmente, su valor educativo queda reducido a las «ideas-clave» que se han
pretendido transmitir y que obedecen casualmente a una interpretación muy
concreta. Lo evidente es que el joven carece de una visión totalizadora de
la historia. Además, basta con repasar los anaqueles de las librerías para
advertir que sigue habiendo una historia «de izquierdas» y, en menor
cuantía, una historia «de derechas». No hay ni que decir cuál es la que
prevalece en las aulas…
Todo esto unido al rechazo de los
«grandes relatos» y de
la Filosofía de
la Historia, propio de
la Postmodernidad, nos
ha llevado a que se cumpla el anatema de Nietzsche: «Hay que acabar con ese
horrible imperio del absurdo y del azar al que hasta ahora se le ha dado el
nombre de Historia».
También en cuanto al tiempo,
no hace falta recordar hasta qué punto ha sido borrada cualquier referencia
a la eternidad:: una visión
inmanentista es abrumadoramente mayoritaria en el mundo juvenil, sin que
exista la menor alusión a una interpretación trascendente del ser humano; ya
hemos dicho que el «después» ha quedado borrado de su relación con el
«ahora», aunque este «después» se refiera a las postrimerías.
Las consecuencias inmediatas son que
el joven crece y se forma sin lo que puede implicar el concepto de «tiempo»;
ni siquiera la propia tradición cultural, a excepción de aquellas formas que
han querido ser promocionadas como «hechos diferenciales». Lo pasado es lo
«viejo», lo que carece de importancia.
Por otra parte, a esta eliminación
del pasado como referencia se añade la difuminación del futuro,que en ningún
caso puede ser contemplado como posibilidad atractiva ante las
incertidumbres; sólo se permite una «mirada corta», pero, en todo caso, no
está autorizado un sugestivo «plan de vida».
Sin referencias de lugar ni tiempo,
el joven es obligado a vivir en un presente localizado. El tópico
anti-sistema de «piensa en global y actúa en local» no hace más que acentuar
la perspectiva miope que se le permite, porque para entender los problemas a
los que hay que enfrentarse se precisa conocer su génesis y su alcance, su
trayectoria y su difusión, sus causas y sus efectos, y todos estos
pormenores quedan alejados de las mentes juveniles.
La tarea del educador debe empezar
por ofrecer a sus educandos las referencias necesarias para construir su
interpretación del mundo. Para ello, lo primero es rechazar el axioma de que
«la educación no consiste en transmitir conocimientos» y el otro, no menos
dañino, de que sólo hay que «enseñar a aprender». El aprendizaje precisa,
inexcusablemente, de referencias donde ir situando las nuevas adquisiciones,
nunca esperar a que un sortilegio llamado «motivación» espontánea opere el
milagro. Como en tantas otras cosas, hay que empezar a derribar tópicos
consagrados con los que la moderna idolatría del progresismo ha cercenado
las inteligencias.
Hay que volver a hacer del hombre un ser con conciencia real del «lugar» y
del «tiempo».
Luego ya discutiremos si el currículum escolar debe contener tales
o cuáles niveles de información.
Queremos democracia
real
arriba
JOSÉ MARÍA ADÁN GARCÍA.
Abogado.
El ámbito
ciudadano de «los indignados» es mucho más amplio y con motivaciones más
profundas que el de los que se atribuyen dicha calificación en algaradas y
manifestaciones. Estas por su origen y por la absorción que de su
protagonismo intentan partidos y grupos causantes directos de las carencias
de nuestra democracia, no llegan a aglutinar el sentir general, pues no
están claros sus objetivos y se sospecha su manipulación electoralista.
Esperamos pues que la sociedad
con su instinto justiciero, descubra a tiempo cualquier maniobra y no
consigan sus fines, en el fondo negadores de la democracia que dicen
propugnar.
Sin embargo algunas de las
consignas promovidas por algún sector autentico, que también los hay,
«compañeros de viaje» del Movimiento del 15M, son válidas, si las
consideramos independientes del resto del popurrí ideológico-táctico que lo
conforma.
¿Acaso el partido comunista que
se ha precipitado a intentar compartir la movida a estas alturas, puede
presentarse como «demócratas de toda la vida»?
¿En qué país del mundo donde
estén en el poder hay democracia? (Corea, China, Cuba...).
¿Cuál ha sido la democracia
existente en los países del este europeo, hasta la caída del Muro de Berlín?
¿Acaso el partido socialista,
que protagonizó la Revolución de Asturias y el Frente Popular contra la
República Democrática, y que ahora ha obstaculizado hasta la saciedad el
sistema democrático, construido con esfuerzo sobre el espíritu de concordia
de la transición, puede hablarnos de
democracia real?
¿Quién ha proclamado y llevado
a efecto «la muerte de Montesquieu»?
¿Quién ha implantado y aplicado
inmisericordemente el pacto de Tinell, negando todo acuerdo o colaboración
con la oposición (al menos media España), aunque eso fuera contrario al
interés general y al revés de lo que se practica en los países de democracia
más avanzada?
¿Quién ha suplantado la
soberanía nacional, que corresponde al conjunto del pueblo español y no a
ninguna de sus parte, potenciando los objetivos de las minorías
secesionistas, a cambio de su apoyo para permanecer en el poder?
¿Quién pretende imponer el
«pensamiento único», en los medios de comunicación social e incluso en la
enseñanza de los niños a través de una partidista asignatura como la
«educación para la ciudadanía»?
¿Quién ha mantenido la ley
electoral, cuyos resultados son antidemocráticos, pues implican el
predominio –mediante pactos espurios– de las minorías secesionistas, sobre
la mayoría democrática?
¿Quién ha politizado y ocupado
escandalosamente (de lo que son un ejemplo las sentencias sobre el Estatuto
Catalán, Bildu y Faisán...) el poder judicial?
¿Quiénes propugna una deriva
totalitaria, imponiendo el aborto, la eutanasia, la supresión del crucifijo
en las escuelas, la memoria histórica solo de una de las partes, el laicismo
obligatorio... a una sociedad cuyos sentimientos son mayoritariamente ajenos
a esas pretensiones?
¿Quiénes nos han llevado a la
mayor reforma antisocial y super capitalista y al desastre de 5 millones de
parados?
No. No están legitimados para
hablarnos ahora de democracia real.
Tenemos razón los
indignados, cuando decimos
que nuestra democracia es aparentemente formal, e injusta y no permite la
participación real de la ciudadanía. No sólo por las razones expuestas que
la han desfigurado; sino porque hay realidades institucionales y legales que
la impiden.
Ya en su origen, al establecer
los partidos políticos como único y exclusivo cauce de participación, se
están excluyendo intereses sociales e instituciones que quedan fuera del
ámbito de los partidos.
Todo ello
se acentúa, si además los partidos:
·
No representan a la mayor parte de
la Sociedad que es ajena a los mismos y su militancia es exigua respecto a
la población total.
·
No son democráticos en su
funcionamiento interno.
·
Utilizan su sistema electoral de
listas cerradas, formadas al margen incluso de sus propias bases, por sus
cúpulas convertidas en un sindicato de intereses.
·
Reiteradamente ponen los intereses
del partido y su permanencia en el poder por encima del interés general. De
ello es un ejemplo sangrante la radical exclusión de acuerdos necesarios de
interés nacional, entre los partidos mayoritarios y el pacto espurio con los
nacionalismos identitarios.
·
No tienen como objetivo principal
el bien común, si no conformar al ciudadano y a la sociedad según sus
dogmas, a veces trasnochados. Por lo tanto dejan al margen de su acción
política, aquello que no interesa al partido o no sirve para sus fines
prioritarios que son los electorales, para permanecer en el poder.
·
No facilitan la representación
real de la sociedad en los centros reales de poder económico, financiero,
cultural, ideológico...
·
La participación real se reduce a
emitir cada cuatro años una papeleta para elegir una candidatura cerrada y
ajena con los límites que señalan las posibilidades subvencionadas de
financiación y propaganda.
·
Ocupan nepóticamente y con grave
carga para la sociedad, no sólo los poderes del Estado, sino incluso las
entidades intermedias entre ambos.
·
El sistema de votación en las
Cámaras legislativas impide la libre opinión de los parlamentarios,
sometidos al imperativo del partido a través de su portavoz.
·
Las áreas específicas de
concurrencia socio-política carecen de cauces propios de participación (la
mujer, la juventud, los jubilados, los trabajadores, los empresarios…)
subsumidos, sin voz propia, a la estructura dogmática del partido.
·
La ocupación partidista previa de
las estructuras del poder (financiación por bancos y cajas politizadas) y el
monopolio previo de los medios de comunicación social, limita la libre
concurrencia.
·
La institucionalización del
clientelismo político (diputados, alcaldes, concejales con sueldos
desorbitados) a lo que hay que añadir miles de asesores ¿de qué? Y
funcionarios ingresados anormalmente, no sólo en la administración, sino
también en miles de empresas públicas, mixtas, participadas… muchas de ellas
innecesarias y deficitarias, que no sólo gravan al ciudadano, sino que
suponen una red de intereses limitativa de la libertad.
·
La conversión de los sindicatos en
correas de transmisión del dogmatismo e interés de los partidos. Es
escandalosa la inacción sindical frente a un gobierno con cinco millones de
parados. Los sindicatos han renunciado a su afán, inherente al sindicalismo,
de innovación social y de defensa de los intereses de los trabajadores.
También se subvencionan millonariamente a costa de la presión fiscal al
ciudadano, cuando deberían financiarse con la cuota de sus afiliados. A ello
hay que añadir el escándalo de los cientos de miles de «liberados», agentes
pagados de una acción sindical obediente a su partido.
·
La politización partidista del
poder judicial (jueces de «IV turno», magistrados de reconocido prestigio,
forma de denigración del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal
Supremo, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Fiscal del T.S…) impide las
garantías inherentes a un Estado democrático de derecho y la igualdad de los
ciudadanos ante la ley.
Finalmente, si a todo ello
sumamos, las crecientes diferencias de derechos y obligaciones (políticas,
sociales, fiscales, idiomáticas, culturales, asistenciales) que implican la
anómala y antidemocrática aprobación de algunos estatutos autonómicos como
es el caso catalán…
La conclusión es que el sistema
parlamentario, exclusivo de
los partidos políticos, tal como lo tenemos establecido en España, dista
mucho de ser una democracia real,
social y participativa.
Por estas razones, comparto,
plenamente la afirmación inicial de los indignados, de que «queremos una
democracia real».
¿Quiere esto decir que hemos de
suprimir los partidos políticos o el sistema parlamentario? Evidentemente
no. Eso nos llevaría directamente al totalitarismo. Los partidos garantizan
el pluralismo de la sociedad y la posibilidad de asociación por afinidad de
ideas, lo que es consustancial a libertad.
Pero sí nos lleva a la
conclusión de que hay que reformar el sistema y corregir sus corruptelas. De
que hay que completar el sistema de participación de los partidos con otros
cauces de representación de intereses colectivos, que no están
suficientemente representados.
Una democracia real, no es
sustituir el sistema parlamentario por una
representación asamblearia,
convocada irregularmente, sin ninguna legitimación democrática previa,
dirigida por elementos partidistas, según las conocidas técnicas del
agitrop, para conducir a los
siempre minoritarios asistentes hacia sus propios propósitos. Esa táctica
–parecida a los soviets decimonónicos–, conduce siempre al totalitarismo. En
el mejor de los casos a reforzar la deficiente partitocracia que padecemos.
La pretensión de que queremos
una democracia real, debería ser acompañada –si de verdad se pretende– de la
propuesta de las reformas necesarias para lograrlo. Es una convicción
compartida por los teóricos de la política de occidente que los partidos
políticos, aunque necesarios para garantizar el ejercicio de la libertad y
la participación democrática, están lejos de representar los intereses de la
sociedad y se han convertido en un sindicato burocratizado de intereses
propios.
Max Beloff, Zampetti, Ardigo,
Bogalini, Diberger, Walter Lippmann, y más recientemente Cianni, Vettino,
Roberto Manglades, Hans Herbert, Joannes Ran, Sosa Wagner, en su reciente
obra El Estado fragmentado, Wetts Ronan en el suyo sobre
Sistemas liberales comparados
y textos tan importantes como
Democratie in Europe de la editorial Tuttlingen Moliz Siebec así lo
evidencian. En realidad estos pensadores actualizan, ante los fallos
actuales de los sistemas parlamentarios a través exclusiva de los partidos,
el pensamiento procedente principalmente de izquierdas de Julián Besteiro,
Fernando de los Ríos, Salvador de Madariaga en su libro
Autarquía y anarquía,
Alfonso Posada, Hegel, el Krausismo, el pensamiento organicista de la
Institución libre de enseñanza, Gines de los Ríos, Husley, Mendes France y
José Antonio Primo de Rivera.
Es necesario romper la
exclusividad de acceso al
poder político de los partidos y completarla –no sustituirla– con otros
cauces por los que otros afanes colectivos puedan participar en el poder
político como sindicatos, cámaras, territorios, etc.
Pero esto, aún siendo básico,
no elimina las anomalías que la actual regulación y funcionamiento que los
partidos políticos tienen. Sería como poner una cataplasma sobre una herida
infectada, sin sanearla previamente.
Por eso es imprescindible
democratizar la democracia parlamentaria y su base que son los partidos
políticos.
Sólo con
ambas medidas se alcanzará una
democracia real. Alcanzar este objetivo requiere modificaciones
legislativas ya inaplazables, entre las que cabe citar:
·
Nueva ley de partidos políticos,
que contemple su autofinanciación y su democratización.
·
Nueva ley electoral estableciendo
la exigencia de implantación nacional y una segunda vuelta para los partidos
mayoritarios, para participar en las cámaras legislativas.
·
Nueva ley sindical que exija su
autonomía, su independencia, su autofinanciación y su proporcionalidad
representativa en relación con el número real de sus afiliados, respecto al
conjunto de la población laboral.
·
Nuevas leyes del Poder Judicial y
del Tribunal Constitucional, garantizando su independencia y su constitución
al margen del poder ejecutivo y de los partidos políticos.
·
Modificación de la ley sobre
educación para la ciudadanía, que evite todo adoctrinamiento partidista.
·
Modificación de la ley de la
Memoria Histórica, para que contemple con objetividad, lo que corresponda a
cada una de las partes de la Guerra Civil.
·
Reconversión de los estatutos
autonómicos en los que se haya transferido funciones o competencias que por
su propia naturaleza correspondan al Estado, garantizando la igualdad ante
la ley de los ciudadanos españoles en todo el territorio nacional, limitando
su capacidad de gasto; y delimitando competencias a fin de evitar costosas
duplicidades. Medidas todas ellas dichas a título indicativo y no
exhaustivo, pues implican numerosas modificaciones legislativas.
No podemos terminar estas
consideraciones, sin hacer alusión a su fundamento. La democracia se
convierte en una «superestructura formal», si no está enraizada en la
profunda libertad de la persona.
Las libertades esenciales de
conciencia; de religión; de asociación; de reunión; de manifestación; de
acceso a los medios plurales de comunicación social; de elección por los
padres y por los promotores de sistemas educativos, de la enseñanza que
desean para sus hijos; de utilizar libremente el idioma que desean; de tener
garantizada la igualdad ante la ley –hoy en crisis– son los cimientos «si ne
qua non» para que sea posible una democracia real.
¡Queremos
una democracia real!
NUEVO GOBIERNO, VIEJAS TAREAS
arriba
armando merchante gil.
General de Brigada, abogado, periodista y escritor
Por fin España dispone de un nuevo gobierno cuyo
contraste con los padecidos desde hace siete años salta a la vista. No es
extraño que haya sido acogido por la sociedad española con un suspiro de
alivio como quien, al despertar, sale de una terrible pesadilla que le ha
amargado la noche entera. Noche oscurísima y prolongada se puede llamar al
pasado lustro y medio al que, utilizando una vieja expresión de nuestros
liberales del siglo XIX, podíamos designar como «los
mal llamados años».
Durante ellos, todos los esfuerzos de los gobernantes
–llegados al poder al aire de un tremendo atentado terrorista cuyo origen
han logrado borrar– se han dirigido a resucitar viejos odios,
afortunadamente olvidados; a imponer a la sociedad española sus propios
sectarismos muy alejados del sentimiento, de las ideas y de la idiosincrasia
de nuestra sociedad, a enfrentarnos los unos a los otros, a tratar
insensatamente con los terroristas vascos y, en definitiva, a intentar hacer
real aquel deseo de que a España «no la conozca ni la madre que la parió»,
frase que unió la finura del lenguaje a la peor de las intenciones.
Afortunadamente aquella pesadilla ya pasó, aunque sus
efectos ahí quedan y, entre ellos –si bien no el más grave– están los cinco
millones de parados. Del paro se puede salir, y se saldrá pasado un tiempo
si los nuevos gobernantes ganan el pulso que les espera.
De la degradación cívica y moral a la que ha sido
inducida gran parte de la sociedad española, singularmente la más joven, no
es tan simple que se recupere una sociedad víctima de un pésimo sistema
educativo, de una propaganda ferozmente sectaria y, en consecuencia, falsa;
únase a ello la pérdida de virtudes personales y colectivas, como vemos a
diario en nuestro entorno y se comprueba día a día, cuyos principales
inductores y modelos han sido los últimos gobernantes que hemos soportado.
Por ello, no es extraño que el nuevo gobierno haya sido
acogido con un suspiro de alivio, al igual que cualquier realidad parece
mejor al despertar de una terrible pesadilla.
Siguiendo un pensamiento que, en el fondo, se acoge al
marxismo residual que pervive en Europa y, por supuesto, en España, los
ciudadanos y los partidos que siguen el rastro del voto como único medio de
comprender lo que está pasando en España, vienen considerando que la actual
crisis económica tiene que ser abordada y resuelta exclusivamente mediante
las doctrinas económicas en boga. De ellas algunas pueden ser acertadas pero
no todas lo serán, con lo cual la confusión y la incertidumbre aumentan cada
día.
En realidad, la tal crisis no es espontánea ni únicamente
económica sino que se deriva de la falta de virtudes ciudadanas y cívicas,
de la desaparición del sentido de
responsabilidad social y, en definitiva, de la pérdida, incentivada desde
los poderes públicos, de las virtudes y comportamientos que articulan, dan
solidez y cimentan firmemente una sociedad. Sin recuperar estos valores y
virtudes, la crisis económica que padecemos no tendrá solución jamás.
¿Es que alguien cree que una sociedad puede sobrevivir
cuando la mentira, el robo, la extorsión, la vagancia –ahora llamada
absentismo laboral– el abuso de poder, el empleo sectario de las leyes sólo
para provecho de quienes las proponen y aprueban, la burla, cuando no el
rechazo violento, de todas las virtudes religiosas y cívicas, la corrupción
rampante en todos los estratos sociales, el crimen e incluso el terrorismo
se aceptan como cosa natural y perfectamente asimilable? ¿Es o no es esto lo
que vemos diariamente en
la España de hoy?
No se alivia una enfermedad grave cambiando de postura en
el lecho. No se solucionarán nuestros problemas sólo con recetas económicas.
El mal es muy profundo y la crisis económica tiene raíces muy amplias en la
pérdida acelerada de valores cívicos y ciudadanos que, en consecuencia, han
suprimido de la organización política y social aquellos principios que dan
vida a una verdadera democracia.
Alguien en los tiempos iniciales del nuevo régimen
enterró a Montesquieu, con lo cual lo que era una incipiente democracia se
ha convertido en pura y simple partitocracia.
Como digo, bienvenido sea el nuevo
gobierno con sus aparentemente acertadas recetas económicas; pero no todo es
felicidad con el nuevo gabinete. Aparecen en él elementos que inducen, como
mínimo, a la prudencia. Hay ya indicios de que puede continuar la perversa
negociación con un terrorismo que ocupa ya un lugar en las Cortes de la Nación.
Tampoco aparece muy claro, ni es sencillo, que se vaya a
frenar el enorme progreso que han hecho las tendencias secesionistas que ya
disponen de un gran poder en las instituciones que gobiernan España.
Una de las cuestiones esenciales para la recuperación y
consolidación de un sistema verdaderamente democrático reside en la absoluta
independencia del poder judicial y su total despolitización, imposible de
lograr en un corto plazo. Produce inquietud que el nuevo Ministro de
Justicia, en sus primeras consideraciones, hable de «negociaciones» para
acometer la tarea de renovación de los órganos situados en la cumbre del
Poder Judicial sin cuya neutralidad política la democracia está seriamente
condicionada.
En este sentido los antecedentes del Ministro de Justicia
no inspiran mucha confianza. Ha endeudado a Madrid, sobrepasando todo límite
racional; ha despreciado a las víctimas del peor atentado terrorista del
Europa; no le ha interesado absolutamente la búsqueda y condena de sus
verdaderos autores y ha permitido sin mover un músculo que la capital de
la Nación
pierda el mejor Museo de Historia Militar del mundo. Otra de sus decisiones
al frente del Municipio madrileño ha sido insistir temerariamente, por
segunda vez, en lograr para Madrid un Olimpiada desafiando advertencias y
consejos que trataban de evitar unas inversiones fuera de lo razonable, dada
la situación de las finanzas.
Su falta de sintonía con la bien gobernada Comunidad de
Madrid y sus mismas manifestaciones en las que se considera «un verso
suelto» en su partido, no abonan la necesaria confianza en un político que
puede errar gravemente y cuya ambición sobrepasa con mucho sus capacidades.
A pesar de todo, los ciudadanos responsables deseamos
fervientemente que el nuevo Gobierno acierte en llevar a cabo profundas
reformas en un sistema que, de otra manera, puede llevar a
la Nación a situaciones muy graves, mucho más peligrosas
que el derrumbe de la economía.
Para que tal no ocurra es preciso que se comprometa a
fondo en los cambios imprescindibles la parte mejor preparada, más noble,
sensata y bien intencionada del nuevo Gobierno. Amén.
EL
CONTENIDO DEL CONTINENTE
arriba
aquilino duque.
licenciado
en Derecho; Poeta, narrador y ensayista
Al atardecer
del martes 17 de mayo se presentaba en
el Salón Príncipe del Casino de Madrid el libro
Memorias de Cuatro Españas, de Carlos
Robles Piquer, en una jornada en que la cuarta de ellas, constituida en
«democracia formal», se tambaleaba perpleja ante la «democracia re al»
que plantaba sus reales a dos pasos, en
la Puerta
del Sol, frente al antiguo Palacio de Gobernación. Es dudoso que cualquiera
de los «desempleados y los inempleables» (Marcuse
dixit)
que montaban su baratillo a pocos metros del Casino se hubiera acercado a
éste, entre otras cosas porque en la invitación que se cursó se avisaba que
«Se exige atuendo adecuado. Caballeros: chaqueta y corbata. No se permitirá
el acceso al Casino sin el cumplimiento de esta norma». Con unos versos del
poeta y diplomático Diego Hurtado de Mendoza (Vendrá
un embajador de gran linaje…) dio el
tono del acto uno de los oradores, el embajador Ochoa Brun, aunque los que
le siguieron en el uso de la palabra prefirieron centrarse en la «democracia
formal» que estaba en juego y en el mal uso que últimamente se venía
haciendo de ella.
Las «cuatro
Españas» a que se refería en su libro el presente «embajador de gran linaje»
son cuatro Españas sucesivas, a saber,
la España
de
la II
República, la de
la Guerra Civil,
la del Franquismo y la de
la Democracia. Niño
en la primera, adolescente en la segunda, inicia su carrera al servicio del
Estado en la tercera para rematarla en la cuarta. Fue en los primeros pasos
de ésta cuando yo lo conocí, cuando ya tenía a sus espaldas su primera
embajada, la de Libia, en la que presenció en primera fila de barreras el
destronamiento del rey Idris por el coronel Gadafi. Era ahora ministro de
Educación en el primer Gobierno de
la Monarquía,
presidido por Arias Navarro, último presidente del Consejo designado por el
mismo que había designado rey a don Juan Carlos. Yo acababa de volver de
Roma y no daba crédito a mi suerte cuando se me encomendó escribir un libro
sobre el Coto de Doñana. Y fue en el Coto donde conocí tanto al ministro
como al secretario general técnico del ministerio, el economista Juan
Velarde, otro de los presentadores de las
Memorias de
cuatro Españas. Pronto cesarían ambos en
sus cargos, al ser sustituido Arias Navarro por Adolfo Suárez, aunque no por
eso dejaron de seguir sirviendo a la nación, uno en su cátedra y en el
Instituto Social de
la Marina;
otro en su condición de embajador, esta vez en Roma, donde se estrechó
nuestra amistad. También en Roma conocí al otro presentador del acto, a
Ochoa Brun, agregado cultural en
la Embajada,
de quien ya sabía por un trabajo suyo sobre
la Fundación
leonesa Sierra Pambley. Luego nos volveríamos a encontrar, siendo ya él
embajador en Viena.
No se reduce
ni mucho menos a esas dos embajadas la carrera de funcionario público de
Robles Piquer, que a España la sirvió no sólo en Europa, sino en continentes
como el africano y el americano. Por ambos viajó mucho y tuvo ocasión de
estudiarlos a fondo. No es fácil reseñar exhaustivamente las 662 páginas de
una historia personal realmente exhaustiva y, aunque el autor trata de dar
la impresión de que en /span>
la España
en que se encuentra más cómodo es en la España de la «normalidad
constitucional», de lo que cuenta se desprende es que en
la España
en la que más facilidad tuvo para servir a la patria con eficacia fue en la
hoy denominada como «franquista», y no por nada, sino por la calidad humana
de los jefes y maestros que tuvo y por el tipo de valores que tenía el deber
de defender. Esa etapa de formación e iniciación lo marcó, como lo marcó la
de la guerra
civil, real incluso entre las cuatro paredes
del hogar paterno, y de cuyos años da un testimonio valiosísimo gracias al
diario de una hermana mayor que debió de ser una inteligencia superior.
Uno de los servicios
prestados bajo el «régimen anterior» fue el de la «orientación
bibliográfica» que venía a sustituir a la censura pura y dura de etapas
anteriores, una censura por cierto que ni siquiera entonces se caracterizó
por su dureza ni por su pureza. Si hubo dureza en los años en que a mí me
afectó, fue en el gremio al que yo pertenecía como mero alevín, el de la
pluma y la brocha, cuyas cabezas visibles ejercían lo que ya entonces yo
conceptuaba como «contradictadura cultural». Los episodios que cuenta Robles
vienen a confirmar lo antedicho, y eso que él, hombre sin resentimientos, se
limita a contar sus negociaciones en torno a una mesa bien servida con
autores del porte de Vargas Llosa, García Márquez o Carlos Fuentes. Alguno
de ellos le dispararía alguna que otra flecha de parto, de ésas tan alevosas
del jinete en fuga. Alguna de ellas lo sería en mi obsequio, por así decir,
para molestarme en cuanto amigo de Carlos, como la de un poeta, ya difunto,
que colaboró con él de manera destacada en los fastos de los XXV años de
paz.
De todos los
afanes de Carlos Robles Piquer, a quien entre otras cosas valiosas debo mi
libro sobre Doñana, yo me quedo con los consagrados a Hispanoamérica desde
el Instituto de Cultura Hispánica, unos afanes cuyo sentido podría cifrarse
en unas palabras suyas que evocaba el Presidente del Casino, don Mariano
Turiel de Castro:
España no pertenece al continente americano; España
pertenece a su contenido. Esas palabras
deberían ser el lema de todos los «españoles de ambos hemisferios», como
decían en 1812 los constituyentes gaditanos.
PROPUESTA DEL PP
SOBRE EL ABORTO
arriba
benigno blanco.
Presidente del Foro
de
la Familia
La trascripción de este
excelente artículo nos releva de la intención de escribir sobre este grave y
controvertido tema en este número de
Cuadernos de
Encuentro,
sin perjuicio de volver sobre él en el próximo, en la confianza de que
podamos hacerlo con noticias satisfactorias basadas, precisamente, en las
acertadas y contundentes consideraciones del texto presentado como voto
particular en el Parlamento, por la actual vicepresidenta del Gobierno.
El nuevo Gobierno del PP
estará ya trabajando en la modificación de la legislación vigente sobre el
aborto comprometida en su programa electoral. Es buen momento por tanto para
reflexionar sobre qué criterios deben inspirar la nueva normativa a aprobar.
Una buena guía para ello puede ser un texto de la
actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentado
el 16 de Febrero de 2009 ante
la Comisión
de Igualdad del Congreso de los Diputados como voto particular al informe de
la Subcomisión
sobre la aplicación de
la Legislación
en materia de aborto. Las ideas contenidas en ese escrito de la actual
vicepresidenta del Gobierno son un razonable fundamento para un primer paso
hacia la imprescindible reconstrucción en España de una legislación
coherente, con el nítido –todos tienen derecho a la vida– que proclama
nuestra Constitución, mandato progresivamente desvirtuado al partir de 1985
por el legislador y la jurisprudencia del TC.
Comienza el escrito de
Soraya (ya se la puede identificar) sólo por su nombre afirmando que «el PP
ha defendido, defiende y defenderá siempre el derecho a la vida», respecto
al cual manifiesta «una vez más su compromiso ético y político».
Tras esta proclamación de
principios, el texto de Soraya afirma que «la sociedad está preocupada por
el incremento del número de abortos» que «el aborto es malo para la mujer» y
«algo que es malo para la mujer no puede ser considerado nunca como un
derecho», que «una mujer es madre si ha concebido». «Su libertad no consiste
en decidir si es madre, pues ya lo es, sino en decidir si va a ser madre de
un niño vivo o muerto» que« las mujeres abortan en casi la totalidad de los
casos porque no se les ofrece una alternativa para no hacerlo» que «existe
un amplio fraude de ley en la aplicación de la legislación vigente» (la de
1985) y que «la doctrina del Tribunal Constitucional es incompatible con una
ley de plazos».
Las anteriores afirmaciones
rubricadas por Soraya creo que son una estupenda guía para la comprometida
reforma de la legislación sobre el aborto que el PP hoy gobernante incluyó
en su programa electoral. Además, el citado texto de Soraya rechaza con
rotundidad la nueva legislación socialista de 2010 al afirmar que «nos
oponemos al reconocimiento del derecho al aborto […] y a que esta materia
salga del Código Penal», «nos oponemos a que ese reconocimiento se traduzca
en un sistema mixto de plazos e indicaciones que en la práctica represente
un sistema de abortos libres», «no debe eliminarse el consentimiento de los
padres para la práctica del aborto en menores de edad», «no debe limitarse
el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales mediante una
regulación restrictiva que incluyera una declaración previa y su inscripción
en un registro».
En positivo, el texto de Soraya afirma con rotundidad
el que puede ser principio fundamental de la nueva legislación a promover:
«El verdadero derecho de la mujer es el derecho a ser madre. Ninguna mujer
debería renunciar a su maternidad por un con conflicto familiar, laboral o
social. […] nuestro objetivo ha de ser éste: facilitar con todo tipo de
medidas la maternidad, no el aborto, apoyar a las mujeres en su derecho más
intimo, y evitar hacerlas víctimas del abandono de todo la sociedad». Y en
desarrollo de ese principio ofrece una serie de ideas que pueden inspirar la
nueva legislación prometida por el PP: «Es imprescindible poner el acento en
las políticas de formación, información y prevención», «es necesario hacer
pedagogía pública contra el aborto porque todos sabemos, y ha quedado
ampliamente demostrado, que el aborto no es una solución, es un problema, y
acarrea siempre consecuencias muy negativas para las mujeres» y propone como
alternativa el «apoyo social y de los poderes públicos a la maternidad» a
través «de un Plan Nacional de Apoyo a
la Maternidad»
y poniendo como ejemplo y precedente «el programa RedMadre que promueve el
Foro Español de
la Familia
y que ha dado lugar ya a la aprobación de iniciativas públicas en el ámbito
autonómico y apoyo a la maternidad».
Estas ideas sobre el aborto
pueden ser línea directriz para la reforma de la legislación vigente que es
urgente pues, como indicó el recurso ante el TC del PP, cada día de vigencia
de la ley es un insoportable riesgo para un derecho fundamental y los
atentados contra el mismo son absolutamente irreparables.
El
PP que argumentó ante PC que su recurso contra la ley del aborto debería
recibir un tratamiento preferente y sumario porque estaban en juego vidas
humanas, no puede ahora demorar la derogación de esa misma ley y su
substitución por nuevas normas que protejan convenientemente la vida y el
derecho de la mujer a la maternidad.
EFECTOS DE LA
GUERRA CIVIL SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL
arriba
ENRIQUE HERMANA Y SAGRARIO MENDIOROZ
Los años de la República y la Guerra Civil constituyen
el tercer gran destrozo del Patrimonio Artístico español de la Edad
Contemporánea, tras el primero, que supuso la francesada, con sus saqueos y
vandalismo por parte de las tropas extranjeras, tanto enemigas como aliadas,
y las pérdidas derivadas de las insensatas desamortizaciones –insensatas por
la forma en que fueron realizadas, no porque no fueran convenientes– España
era hasta el Siglo
xix una Nación privilegiada dentro de Europa, a
diferencia del resto de las otras principales naciones continentales, pues
no había sufrido guerras en su territorio, si exceptuamos la de Secesión,
relativamente incruenta, además de que en el siglo xviii aún no se había
llegado a la condición de guerra total que se
derivó del encarnizamiento de los sitios de Zaragoza y Gerona.
En primer lugar, el mayor
destrozo se derivó de la locura vandálica de la zona republicana del verano
y otoño de 1936, con destrucción de iglesias y objetos litúrgicos en cuantía
considerable, continuación de una actitud despertada con los incendios
devastadores del 11 de mayo de 1931, cuando aún estaba lejos el comienzo de
la confrontación, pero ya se apuntaba el vandalismo sectario anticatólico
–que no antirreligioso, pues ninguna capilla protestante sufrió daños–. Otro
episodio intermedio destructivo fueron los días de la revolución de
Asturias, en octubre de 1934 .
1. Iglesias destruidas
El número de iglesias destruidas, con su
correspondiente dotación de arte religioso superó las veinte mil. Sólo en la
Diócesis de Barcelona fueron destruidas interiormente más de 500, quedando
indemnes sólo diez[1].
Copiando datos de A. Montero Moreno de su
Historia de
la persecución religiosa en España (1936-1939),
los daños a inmuebles religiosos fueron:
·
Iglesias totalmente
quemadas:
Valencia, 800; Oviedo, 354; Tortosa 48; Santander, 42;
Barcelona, 40; Madrid, 30.
·
Parcialmente destruidas:
Almería, todas; Barbastro, todas; Ciudad Real, todas; Ibiza, todas; Segorbe,
todas; Tortosa, todas; Valencia , más de 1.500; Gerona, más de1.000; Vic,
más de 500; Barcelona, todas menos 10; Cuenca, todas menos 3; Madrid, casi
todas; Cartagena, casi todas; Orihuela, casi todas; Santander, casi todas;
Toledo, casi todas; Jaén, 95 %; Solsona, 325;
De las 37 diócesis que quedaron en el bando
republicano, todos los edificios religiosos, iglesias, abadías, capillas,
monasterios, unos 25.729, en total, salvo algunos de la diócesis de Vitoria,
han sido profanados de algún modo y de ellos, el 70% (unos 17.000) han sido
destruidos total o parcialmente por el fuego. (De
Ideal
8 de Octubre de 1938) .
2. Museos expoliados
El vandalismo cultural anticatólico empezó ya el 18 de
Julio –de hecho, como se ha recordado antes, había empezado ya en 1931–,
pero el 23 de julio de 1936 se creó la Junta de Incautación, Protección y
Salvamento del Tesoro Artístico[2].
Como puede apreciarse, lo primero y más importante era la incautación. De
este modo, pasaba a manos del Estado Republicano toda propiedad de valor
artístico para su protección. Según las cifras de que se dispone, esta Junta
reunió en diversos depósitos de Madrid, entre otros el Museo del Prado, una
vez despojado de sus principales pinturas en noviembre, la friolera de
22.500 cuadros, 16.200 objetos artísticos y 2.200 muebles de época. Fue esta
Junta la principal ejecutora del traslado primero a Valencia, luego a
Cataluña y finalmente a Francia de los cuadros de El Prado.
Simultáneamente funcionaba, dependiendo del Ministerio
de hacienda, la llamada Caja General de Reparaciones, que dedicaba su
atención a objetos artísticos o colecciones de monedas que tuvieran un
inmediato valor crematístico, incluyendo en ello la posible fundición de
oro, plata y otros metales preciosos que formasen parte de esos objetos. Las
disputas entre ambos organismos por la posesión de determinados objetos eran
muy frecuentes.
En este latrocinio participaron también los
sindicatos, partidos del frente Popular, municipios y en general cualquier
elemento protegido por su condición de antifascista. Los tesoros llevados a
Méjico en el yate Vita, por Prieto y Negrín, 120 maletas, y las 1.868 cajas
con objetos sumamente valiosos que acompañaron a los cuadros a Francia,
tienen ese origen.
Cuando las pinturas de El Prado salieron de Madrid,
las cámaras de seguridad del Banco de España, ya vacías del oro, a
36 m
de profundidad, eran absolutamente seguras. El propio edificio del Museo
siguió almacenando durante la guerra obras procedentes del pillaje. Tanto
uno como otro sitio eran adecuados para garantizar la seguridad de las obras
de arte. Tanto más después de que el mando nacional advirtiera de que el
barrio quedaba excluido como objetivo, tanto de la aviación como de la
Artillería.
Es conocida la peripecia de
las obras más importantes del Museo del Prado, sometidas a un ajetreado
deambular por España y el extranjero desde el 6 de noviembre de 1936, con el
pretexto de salvaguardarlas de los riesgos de la contienda, pero en realidad
exponiéndolas a grandes riesgos durante ella. Su periplo culminó unos meses
después de terminada la Guerra, cuando volvieron a España desde Ginebra.
Allí había ido a reclamarlas una Comisión presidida por Eugenio D’Ors,
Zuloaga y Sert. Este último, muralista prestigioso que había decorado la
Sociedad de Naciones de aquella ciudad, acababa de ver perdida su obra de la
Catedral de Solsona, destruida por la barbarie, y tuvo que rehacerla en los
años cuarenta. La peripecia de las obras maestras del Prado ha sido
ensalzada recientemente por los diletantes en el tema como un gran logro
cultural del Gobierno de la República, pero no se libra del calificativo de
decisión irresponsable, y posiblemente encubrió el propósito acariciado,
evidentemente no ejecutado, de realizar monetariamente su enorme valor
artístico, con el fin de aportar fondos para la contienda, y evitar que
cayeran en poder del enemigo que en esas fechas parecía a punto de tomar
Madrid, Pese a las altisonantes declaraciones en contra de Azaña, esa
sospecha se mantiene.
Una faceta menos conocida del expolio de Museos es la
desaparición del tesoro numismático del Museo Arqueológico, incautado
también el seis de noviembre. Más de cuatro mil monedas griegas, romanas,
bizantinas, visigóticas y árabes fueron malvendidas en subastas de eficacia
dudosa, y con destino conocido sólo en parte. Aparte del expolio partidista
del Patrimonio artístico que ello supone, debe reprocharse la torpeza de la
gestión de venta apresurada. Una torpeza similar a la valoración
exclusivamente como peso de la fracción amonedada de las reserva de oro y
plata que consumió el bando republicano para sufragar los gastos de la
guerra. Este expolio ha sido documentado por Martín Alonso Gorbea[3],
destacando el heroísmo de algunos de los funcionarios del Museo, que
escondieron algunas de ella, arriesgando su vida. Y el mismo destino que los
miles de lotes de joyas, procedentes del saqueo de cajas y domicilios
particulares, expropiadas o saqueadas por el gobierno de la República, del
PNV y la Generalitat mediante concienzudas medidas legales. A ello hay que
añadir el utillaje litúrgico expoliado concienzudamente, cálices, patenas,
custodias y ostensorios, con gran contenido en metales y piedras preciosas.
Juan Bassegoda[4]
ha expuesto el destrozo del Patrimonio Artístico de Cataluña durante los
años 1936-1939. En tan temprana fecha como el 23 de Julio, la Generalidad
dictó disposiciones para proteger ese Patrimonio, que ya había sido dañado
en los cuatro días anteriores de tumultos. Como muestra de su preocupación,
expuso los objetos protegidos en una Exposición en París en 1937.
Es también muestra de la pobre calidad de esos
desvelos y de sus cuidadores que, cuando las piezas regresaron a Barcelona,
en 1939, faltaban 105 piezas de joyería. Sólo en Barcelona fueron
incendiados 464 retablos, cuyas imágenes hubieran cubierto una longitud de
dos km[5].
A título de ejemplo del desprecio al Patrimonio Artístico Histórico cabe
reseñar la desaparición, citada por Martín Almagro Gorbea[6]
de tesoros de la Catedral de Toledo, la Capilla Real de Madrid, La Catedral
de Tortosa, las joyas de Su Alteza la infanta Eulalia de Borbón, heredadas
de la Reina Isabel II, además de otras particulares, como la corona de los
Zares de Rusia, y las del Marqués de Zafra
3. Otros daños culturales
Es conocido el gran valor
Bibliográfico de la Biblioteca del Colegio de Jesuitas de Areneros, en
Madrid, que había sido incendiado por las turbas en 1931. También fue
absurda y deplorable la voladura de la Cámara Santa de la Catedral y de la
Universidad de Oviedo y la destrucción de la Biblioteca de la Universidad de
esa ciudad –100.000 volúmenes, fundada en 1608– en 1934, actos, éstos
últimos, de vandalismo inútil cometidos por los revolucionarios por despecho
cuando ya tenían perdida la partida. Es imposible determinar el valor
cultural de lo destruido por el vandalismo de aquel verano de 1936 en
Archivos privados y públicos. Muchos archivos parroquiales, con evidente
valor histórico, fueron destruidos por las llamas incontroladas.
Pero también las propias Autoridades contribuyeron a
la destrucción de material histórico. Según refiere Pío Moa[7],
el 3 de septiembre de 1937, el Ministerio de Instrucción Pública «encargó
reducir a pasta de papel buena parte del contenido de los archivos
madrileños, destruyéndose 300 toneladas de documentación archivística de los
Ministerios de Instrucción Pública (28 toneladas de papeles referidos al
periodo entre 1842 y 1914 y veinte toneladas más de libros) “escritos por
elementos fascistas”, de la Delegación de Hacienda, del Archivo General
Central de Alcalá de Henares y del Ministerio de Hacienda. Sobre esto último
tiene el mayor interés el informe del encargado de la tarea: “Ya es sabido
que los numerosísimos fondos que constituían este archivo fueron, casi en su
totalidad, quemados en el mes de diciembre pasado, al necesitarse para
servicios de guerra los sótanos en que estaban custodiados. De esta quema se
salvaron solamente los legajos correspondientes a cinco de sus salas,
algunos legajos (unos 3.000 aproximadamente) que fueron depositados en el
Patio Árabe del Museo Arqueológico Nacional. Este papel salvado […] estima
el informante que puede ser considerado como inútil”. El Ministerio de
Hacienda había sido ocupado por el Estado Mayor de Miaja y Rojo durante los
meses de Noviembre, y al parecer el archivo fue utilizado para caldear el
edificio en aquel frío invierno»[8].
Un comportamiento
paradigmáticamente «progresista», similar al protagonizado por los
«progresistas» de La Francesada, cuando las tropas francesas acuarteladas en
Simancas utilizaron legajos del Archivo Nacional como cama para los establos
de sus caballos.
4. Daños en la zona nacional
No hubo destrucción
comparable en la zona nacional. En primer lugar, porque, evidentemente, no
hubo sentimiento antirreligioso, sino todo lo contrario. En segundo lugar,
las Autoridades mantuvieron el control en todo momento, evitando vandalismo.
Hubo, por el contrario, un esfuerzo decidido de
preservar el patrimonio, de restaurarlo, cuando se llegaba a liberar algún
territorio y de identificar la propiedad de lo capturado, cuidando de la
restitución a los dueños legítimos una vez que éstos fueran identificados.
Luis Monreal y Tejada, encargado del Servicio de Recuperación Artística
durante la Guerra y Comisario del Patrimonio Artístico Nacional después, ha
dejado unas interesantes Memorias[9]
en las que ha descrito su tarea, durante y posguerra, culminando en la
recuperación en febrero de 1941 desde Francia de La Dama de Elche, vendida a
un coleccionista francés a principios de Siglo, y diversas obras de Arte
expoliadas durante la francesada de 1808-1812. Entre ellas destaca la
Inmaculada de Murillo, con la que arrampló el Mariscal Soul a la hora de
retirarse del Levante que comandaba durante la Francesada. Curiosamente,
Monreal refiere que las escasas pérdidas de Patrimonio Artístico en zona
nacional son achacables a la moral de triunfo allí vigente, pues se
consideraba derrotista proteger las amenazadas por operaciones militares. No
hubo imágenes en zona nacional semejantes al enterramiento de La Cibeles Y
las pérdidas como consecuencia de las operaciones en Belchite y Teruel deben
ser achacadas a esa actitud, que no consentía, por desmoralizadora, la
evacuación de las obras de arte ante la inminencia de operaciones militares.
5. Patrimonio
Monumental, no religioso
Aparte del daño ya reseñado
al patrimonio religioso, se destrozó una buena parte del patrimonio nacional
no religioso.
Como consecuencia de las
operaciones militares, Toledo, Oviedo, Brunete, Guernica y Belchite
resultaron particularmente afectadas. En Toledo, en los apenas tres meses de
combates, que culminaron con la Liberación el 27 de septiembre de 1936,
resultaron afectados, además del Alcázar, la Plaza de Zocodover, el hospital
de la Santa Cruz, el Hospital Tavera, El Palacio de Benacazón, las Iglesias
de San Pablo y San Justo, La puerta del Cambrón, los conventos de Santa Fe y
de San Clemente, la casa de Mesa, el taller del Moro, trozos de muralla y
diversos otros Monumentos.
En
Oviedo quedó destruida gran parte de la Ciudad, la Universidad, con su
valiosa Biblioteca, antes mencionada, el Teatro Campoamor, 58 Iglesias, 26
fábricas y 730 edificios públicos. Se estima que fueron saqueadas 257
bibliotecas privadas.
Notas
[1]
Llamas Palacio, A.:
Alfa y Omega, suplemento
del diario ABC, 12 de marzo
de 2009.
[2]
Marchante Gil, A.:
Altar Mayor, nº 135, p 947.
[3]
Almagro-Gorbea, Martín: La
República y la Guerra Civil, setenta años después, p. 243. Edit.
Actas 2008.
[4]
Bassegoda, Juan: La República y la
Guerra Civil, Edit Actas 2008, p188.
[5]
Llamas Palacios, A.: Alfa y Omega,
suplemento del diario ABC,
12 de marzo de 2009.
[6]
Almagro,
Martin: ob.cit., p.277
[7]
Moa,
PÍo. Los Mitos de la Guerra
Civil, La Esfera de los Libros, Ed.2006, p 458.
[8]
Garcia
Noblejas, J. A.: El Alcázar,
Letras, 2 de febrero de 1984.
[9]
Arte y Guerra Civil, Edit
La Val de Onsera 1999.
TRANFORMA ESPAÑA
arriba
eduardo
serra.
Ex ministro de
Defensa
(ABC,
12 Enero 2012).
La llegada del año nuevo, 2012 coincide con las
primeras actuaciones del también nuevo Gobierno, y como quiera que continúa
con toda intensidad la gravísima crisis económica en la que estamos
inmersos, es lógico que las primeras medidas se dirijan a paliar los efectos
de ésta y también –esperemos– a poner los cimientos para superarlas. Esto es
extremadamente urgente, y por ello debe gozar de absoluta prioridad.
No debemos olvidar, sin
embargo, que también estamos inmersos en otras crisis de análoga gravedad
aunque no de la misma urgencia:
a) La primera es la crisis institucional;
constantemente nos repetimos que estamos en una democracia joven, pero ¿en
qué se nota? Se nota en que hay elementos esenciales del Estado de Derecho
que figuran en nuestro entramado institucional y que, sin embargo, han
perdido su vigencia social, por ejemplo, la separación de poderes; que los
parlamentos estén dominados por los gobiernos a los que deberían controlar
es ya casi un hábito en muchas democracias; sin embargo el control del Poder
Judicial por parte del Ejecutivo es una excepción que en modo alguno debe
perpetuarse; el desprestigio del Tribunal Constitucional con las sentencias
sobre el nuevo Estatuto de Cataluña (con alguna honorable excepción) y
–sobre todo– con la de la legalización de Bildu, insólitamente anticipada
por el ex presidente del Gobierno, le ha conducido a una situación de
difícil salida. La reforma de
la Justicia
no debe limitarse a este punto: la lentitud de su funcionamiento perturba
gravemente la seguridad jurídica y, en definitiva, la confianza en las
instituciones.
Del mismo modo la
imprescindible reordenación de las Administraciones Públicas creadoras de
una tupida red de influencias e intereses que hacen difícilmente viable su
propia supervivencia y que exigen una reforma inmediata para evitar onerosas
duplicidades y lograr su eficaz funcionamiento con un menor coste. También
es imprescindible una reforma –y de calado– del sistema político, y en
varias dimensiones, para que no se pueda decir que estamos convirtiendo
nuestra democracia en una partitocracia. Quizá lo primero sea revalorizar,
acreditar la función política y la clase política, sobre todo después de
algunas experiencias (¿experimentos?) del pasado reciente. Con ello podemos
valorarla, seleccionarla y retribuirla en la medida en que se merece una
función tan importante como la de gestionar los intereses públicos.
Después debe limitarse a
jugar el papel, excelso, que le corresponde en una democracia: representar a
los ciudadanos; representarlos, pero no suplantarlos; el espectáculo de la
gestión de numerosas Cajas de Ahorros no puede ni debe repetirse: unas
instituciones que han prestado durante cerca de trescientos años un
impagable servicio a la sociedad han sido destrozadas y, en algunos casos,
expoliadas por unos gestores nombrados por los políticos que merecen ser
tratados con el mayor rigor que permitan las leyes, también las penales. Es
absolutamente inmoral e intolerable que se pida poco menos que el despido
libre y simultáneamente se alcen con unas indemnizaciones millonarias los
directivos de unas Cajas poco antes de que estas entidades que han
gestionado sean salvadas con cargo al contribuyente.
También debe la clase
política flexibilizarse, salir de la senda de una esclerosis progresiva para
tener la imprescindible y deseable ósmosis con la sociedad civil, de tal
modo que los ciudadanos puedan salir y entrar en la política; así estos
serán conscientes de las satisfacciones (que las hay) y sinsabores que
conlleva y también serán mejores representantes de la ciudadanía de la que
acaban de salir. Será necesario, en todo caso, que se ensanchen los canales
de comunicación entre los ciudadanos y sus representantes para evitar
distanciamientos e indignaciones nocivas y peligrosas.
b) No menor es la necesidad de abordar reformas
estructurales demasiadas veces pospuestas. Algunas son imprescindibles para
hacer frente a la crisis económica; así, la reforma del mercado financiero y
sobre todo la del mercado del trabajo. Es difícilmente aceptable que por
razones ideológicas y de intereses gremiales no solucionemos un problema que
afecta –y de qué forma– a casi cinco millones de personas; no hay razón
alguna para que doblemos el índice de paro de
la Unión
Europea no tenemos más que
mirar alrededor para atisbar las posibles soluciones. Algunas otras reformas
no tienen la misma urgencia pero son incluso más importantes, me refiero en
concreto a las del sistema educativo y en general, a la generación y gestión
del talento que se ha convertido en la llave del crecimiento económico y del
desarrollo social.
Algunas de estas propuestas
fueron expuestas con detalle a partir de las conversaciones con un centenar
de personalidades de la vida económica y entregadas a S.M. el Rey como más
alta magistratura no partidista en el documento «Transforma España» que
próximamente aparecerá en forma de libro. Pero su destinatario no era sólo
la clase política, era –y es– sobre todo, la ciudadanía en general pues el
documento refleja los sentimientos de esperanza y, sobre todo, de confianza
que deberían llegar al ciudadano común.
La crisis es grave, muy
grave y requiere –requerirá– grandes esfuerzos y sacrificios, pero todo ello
con una finalidad muy clara: superarla; salir de esta ya larga crisis
económica y volver a la senda del crecimiento y de la prosperidad. Es
necesario adoptar medidas, ya lo estamos viendo, duras, ingratas e
impopulares. Para ello considero absolutamente imprescindible una muy amplia
labor didáctica; nadie asume de buena gana los sacrificios si no sabe, si no
se le explica cuál es la finalidad de los mismos.
Si queremos recuperar,
mantener e incrementar nuestro reciente nivel de vida y nuestro Estado de
Bienestar, debemos aumentar nuestras exportaciones para así poder pagar lo
que compramos en el exterior (sobre todo productos petrolíferos) y no seguir
incrementando nuestra deuda (que es la causa fundamental de nuestros males).
Tenemos por tanto que mejorar nuestra competitividad (mejorar la calidad de
nuestros productos o disminuir su coste) y poner todos los medios a nuestro
alcance para que los empresarios (presentes y futuros) consigan incrementar
nuestra presencia y penetración en los mercados exteriores.
Si lo hacemos –y estoy
seguro de que lo podemos hacer– volveremos al crecimiento económico y a ir
cicatrizando poco a poco las heridas que esta crisis nos está produciendo,
la primera de ellas, la cifra (escalofriante) de parados pero no olvidemos a
este respecto que con unas arcas públicas totalmente exhaustas, los únicos
que pueden crear empleo son los empresarios. Parece hora ya de ir dejando
los viejos clichés del empresariado que hacían de todo menos estimular las
vocaciones empresariales y empezarlos a tratar como lo que en definitiva
son: creadores de empleo. Me refiero a todos los empresarios españoles y
extranjeros; grandes, medianos, pequeños y autónomos; presentes y futuros
(hay que fomentar las vocaciones empresariales). Pera ello son necesarias
medidas de diverso tipo; la más general es la de la seguridad jurídica; sin
seguridad jurídica no crearemos nuevas empresas y las existentes empezarán a
irse (a deslocalizarse se dice ahora): ello supone normas jurídicas claras,
concisas, cumplibles y duraderas; a la dispersión, multiplicidad y
temporalidad que hemos padecido debe ponérsele remedio lo antes posible.
En definitiva, hay que darles la posibilidad de crear
riqueza utilizando, de mondo útil y flexible los dos factores que lo hacen
posible: las personas, el trabajo y el mayor talento posible por un lado y
el capital, los recursos financieros, por otro. Si así lo hacemos volveremos
–y antes de lo que pensamos– a mirar el futuro con confianza y esperanza.
Tenemos instrumentos para lograrlo; dirigentes empresariales muy
capacitados, como lo demuestra la posición internacional en que han situado
nuestras empresas; tenemos la lengua que es la segunda más internacional del
mundo y que facilita extraordinariamente la entrada en los mercados;
pertenecemos a
la Unión
Europea y a
la Unión
Monetaria (el euro) lo que
dota solidez y rigor a nuestras instituciones y –last but not least–
ofrecemos una cultura y una forma de vivir (posición, clima, población,
infraestructuras, etc.) que –dicen los extranjeros– son envidiables.
Este año 2012 puede ser el punto de inflexión en el que habiendo empezado a
hacer los deberes de verdad, podamos mirar al futuro cada vez con más
confianza.
CARTA A
ANTONIO GIBELLO
arriba
L.
FERNANDO DE LA SOTA.
Presidente del Club
de Opinión Encuentros
Con motivo de la presentación de su libro
"Entre
la presencia y la ausencia",
Ediciones Barbarroja (29 de Octubre de 2011)
Tu libro, Antonio, tiene para mí dos facetas
meritorias y dignas de admiración. Por un lado comprobar, cómo a lo largo de
los años, y nos conocemos desde que éramos niños, has venido manteniendo
siempre una actitud insobornable de compromiso y de lealtad a unas ideas y a
unos principios. En definitiva, como en la vieja consigna, has permanecido
inasequible al desaliento.
Por otro, el comprobar que te has convertido, con tus
numerosos discursos, conferencias y libros, en una referencia para el
estudio riguroso de la vida y obra de José Antonio, con los que no sólo nos
haces a muchos recordar cosas tal vez un poco olvidadas, sino también,
incluso desconocidas.
He leído con atención este
último libro en el que has recopilado algunas de tus intervenciones en
diferentes épocas de la vida española, con el rigor y el entusiasmo que
siempre te ha caracterizado. En unos casos haciendo denuncias y críticas y
proponiendo en otros, soluciones a los problemas de España, siempre a través
de frases, de propuestas e incluso de intuiciones, del propio José Antonio.
Y digo intuiciones, porque como muy bien sabes, muchas de sus ideas quedaron
incompletas por su temprana muerte.
Algunas veces hemos hablado
de todo esto, y también lo he hecho con otras muchas personas con las que he
compartido una buena parte de mi vida. Y atendiendo a tu deseo de conocer mi
opinión sobre tu trabajo, y como también me pidió Miguel Ángel, tu editor,
alguna noticia sobre él en esta revista, lo hago con gusto y aunque eso sí,
con la sinceridad que merece nuestra amistad de toda la vida, porque los
amigos no deben caer en la adulación fácil para quedar bien, o para evitarse
un compromiso.
Y empiezo por una personal
y breve reflexión: Desde hace ya muchos años, y a través de un serio
ejercicio de autocrítica, llegué a la conclusión de que la síntesis de mi
falangismo inicial, y tú no puedes dudar de él, podría resumirle en tres
principios o convicciones irrenunciables: El sentido trascendente del hombre
portador de valores eternos, la defensa de la unidad de España, y la
justicia social.
Y todo ello envuelto, por así decirlo, en algo que nos
ha diferenciado siempre de otros
grupos u otras personas, que también pueden
coincidir con nosotros en esas tres afirmaciones: en lo que hemos llamado el
estilo. Es decir, una forma especial de comportamiento ante la vida, e
incluso ante la muerte.
Pero todo lo demás, gestos,
actitudes y palabras, las considero hoy interpretables. Válidas en unas
ocasiones, según las épocas, adaptables a las mismas en otras, y en otros
casos inservibles por obsoletas, porque han cambiado las circunstancias
sociales, políticas y económicas en que tuvieron lugar. Y para esa reflexión
siempre he tenido presente, cómo la mentalidad de José Antonio, fue
cambiando en plazos brevísimos a lo largo de sus tres años de vida política
en una permanente evolución, como tú bien recuerdas en alguno de tus
párrafos.
No quiero extenderme en
estas consideraciones, de las que tú sabes más que yo. Y porque además, se
trata de hablar de tu libro y no de mis opiniones. Pero con esto sólo he
querido justificar un poco mis discrepancias y mis coincidencias.
Releyendo cada una de tus intervenciones, de las que
en ocasiones fui testigo presencial y que en las diversas épocas en que las
pronunciaste, especialmente en las primeras, contaron con mi total
identificación, según fueron pasando los años, algunas de aquellas
afirmaciones y planteamientos, me fueron provocando dudas, encontrándolas
cada vez más contradictorias con la sociedad española que, lógicamente, iba
cambiando y evolucionando, notándola no sólo más contraria, sino lo que es
peor, más ausente y desinteresada, de las propuestas que las diversas
Falanges en que se ha ido fragmentando la inicial, incapaces de presentarse
unidas, convirtiendo en un sarcasmo lo de
la unidad entre los hombres de España y
que se han limitado a repetir, machaconamente, con evidente muestra de
pereza mental, palabras y conceptos otrora frescos y originales.
El resultado se ha podido
constatar en las consultas electorales de lo últimos treinta años.
Todo esto
no quita para que siga coincidiendo contigo, como no podía ser de otra
manera, con tus palabras en la introducción, en la crítica del sistema
capitalista y en la necesidad de su corrección; en lo que ya tengo mis
dudas, es que sea viable hacerlo a través de esas propuestas y de esos
conceptos, que en su día nos ilusionaron, pero que nunca quedaron demasiado
claros, al menos para mí de,
«la empresa
nacionalsindicalista», «el Estado Sindical», «el gigantesco sindicato de
productores», «la nacionalización de la banca y determinados servicios»,
etc., que creo sólo hubieran podido
tener viabilidad, si en España se hubiera podido hacer una transformación
total del sistema, la famosa «revolución pendiente», que si no fue posible
realizarla en el régimen anterior, no parece que se den, ni se vayan a dar
por ahora, las condiciones necesarias para su planteamiento.
Esto ya se aprecia nítidamente en las páginas de tu
libro, cuando denunciabas en el régimen anterior, un falso sindicalismo,
unas leyes sindicales contradictorias e insuficientes, alejadas de los
planteamientos originales de
la
Falange fundacional. En
descargo, e incluso para dejar a salvo la buena fe de algunos de sus
autores, podría pensarse, que ya entonces había otras interpretaciones de
esos planteamientos que, como decía anteriormente, no estaban
suficientemente explicitados.
Naturalmente, también
coincido plenamente contigo en tus juicios sobre los nacionalismos, y los
errores y defectos de los partidos políticos, aunque también hecho en falta
una alternativa clara a la participación ciudadana en la vida pública. Por
último y para no alargarme más, decirte que tu trabajo de recuperación de
las ideas regeneracionistas de Joaquín Costa me parece excelente.
Dicho todo esto, y estando
dispuesto como siempre a reconocer que puedo estar equivocado, bienvenidos
sean los libros que, como éste tuyo, nos permiten a los más mayores,
recordar etapas limpias e ilusionadas de nuestra biografía, y a las nuevas
generaciones, conocer aspectos hoy desconocidos, ignorados, e incluso
tergiversados, de lo que unos españoles pensaban y decían desde el siglo
pasado, sin otro objetivo que procurar lo mejor para España.
Un
fuerte abrazo.
UN NUEVO INTENTO DE SALVAR A JOSÉ ANTONIO
arriba
JOSÉ Mª GARCÍA DE TUÑON AZA.
Economista y escritor
Cualquier
lector de la extensa bibliografía que existe sobre José Antonio Primo de
Rivera conoce todos los proyectos que hubo por salvar la vida del fundador
de Falange Española, pero ninguno tuvo éxito como ya sabemos. Volver a
recordarlos no es necesario pues sería repetir lo tantas veces repetido.
Así, pues, nos ocuparemos ahora, a través de estas letras, de un nuevo
intento de liberarlo hasta ahora desconocido, al menos para mí, y que deseo
difundir a todos aquellos interesados en saber algo más de lo ocurrido en
Alicante antes de que fuera fusilado aquel hombre que dijo: «Ojalá fuera la
mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá
encontrara ya la paz el pueblo español, tan rico en buenas calidades
entrañables,
la Patria,
el Pan y la Justicia».
En esta nueva
tentativa fallida, no son muchos los detalles que figuran en el documento
que se encuentra registrado en el Archivo Histórico Nacional (Causa General,
1396. Expte. 51). Por esta razón, sólo podremos referirnos a los pocas
referencias que hacen alusión a esa supuesta tentativa.
Comienza el
documento citando al comandante de Infantería Antonio Romaguera Barceló que
en su labor de Juez toma declaración al capitán Fernando Pignatelli Carrasco
–agosto de 1942–, en el que éste habla de la organización que había en la
ciudad de Alicante antes del Alzamiento. Dice que ya en 1933 se inició en
aquella ciudad la propaganda de Falange Española destacando en este
cometido, dentro del cuartel, los tenientes Manuel Freixa y Santiago Pascual
que realizaron el trabajo de captación. En otro momento, ambos tienen la
ocasión de tomar contacto con el comandante Juan Cañada, quien les hace
saber de la existencia de una organización llamada Unión Militar Española
que persigue poner fin a los atropellos de que son objeto los elementos
militares. Al mismo tiempo, cree que los ideales de dicha organización son
compatibles con cualquiera otra organización patriótica, y especialmente con
Falange.
La llegada a
la Prisión
de Alicante de José Antonio Primo de Rivera, hace crecer el entusiasmo de
los tenientes citados, quienes muy pronto establecen contacto con él y en
seguida planean su fuga en cuya preparación contribuyen los también
tenientes Gómez y Candelas, de la guarnición de Alcoy, lugar al que se pensó
llevar al fundador de Falange para que fuera su primer refugio. Asimismo
–sigue declarando el capitán Pignatelli–, el director de
la Prisión
se ofreció a facilitar la fuga comunicándoselo a José Antonio, pero al
parecer éste se negó a salir clandestinamente de donde una injusticia le
retenía.
El asesinato de Calvo Sotelo, el
13 de julio, motivó que José Antonio –siempre según el relato del capitán
Pignatelli– pidiera al teniente Pascual que se desplazara a las guarniciones
de Alcoy, Valencia y Cartagena, con el objeto de decidir el poner de
inmediato fin a los horrores de la horda desbordada por la izquierda desde
el poder gubernativo. Antes, para llevar a cabo el plan, hubo una reunión en
el Hotel Victoria, a la cual asistió el jefe local de Falange, Felipe
Belges, (muerto en acto de servicio en Málaga) que fue enviado a Callosa de
Segura donde había varios afiliados a Falange, siendo algunos de ellos
fusilados más tarde.
Hasta aquí todas las
referencias que hay en el expediente citado que no son muchas, pero es una
aportación más de lo que sabemos sobre los intentos que hubo de salvar la
vida de José Antonio y que nunca los historiadores y biógrafos nos habían
contado, al menos hasta donde alcanza mi conocimiento sobre el particular.
N ota
Para mejor y mayor información de este suceso se
recomienda leer el artículo de Manuel Torregrosa Valero:
Los falangistas de
la Vega Baja.
El frustrado intento de liberación de José Antonio, publicado en
Homenaje a José Antonio en su
centenario (1903-2003), pág. 841 y ss, que editó Plataforma 2003.
UNA NACIÓN DESASISTIDA
arriba
martín quijano
Parece evidente que la
Sociedad española, o una buena parte e ella, ha dado la espalda a la Iglesia
Católica. Sigue declarándose católica y procura practicar los Sacramentos
iniciales y finales –Bautismo, Primeras Comuniones, Extremaunción– pero ha
abandonado la práctica frecuente de la asistencia a Misa, Confesiones y
Bodas. La voz de los obispos, que se deja oír muy de tarde en tarde, no es
prácticamente atendida por los fieles que les están encomendados. Reflejo de
todo ello es la pobre estimación que, según encuestas sociológicas, muestran
los españoles por la Iglesia Católica como Institución. Hay una separación
patente entre una gran parte de la Sociedad y la Iglesia española,
independientemente de que se mantenga aún un sector con práctica religiosa
frecuente.
La primera cuestión a
plantear es crucial ¿Quién se ha separado de quién? ¿La Sociedad española de
la Iglesia, o ésta de aquélla?
Cabe especular con diversas
hipótesis acerca de las causas de esa separación, pero parece conveniente
empezar por preguntarse cómo, cuándo y por qué se ha producido esa
separación respecto a la simbiosis que existía hace cincuenta o sesenta
años, cuando «En España, todo el mundo es católico, incluso los ateos» –como
había dicho Unamuno–. La sociedad española estaba claramente imbuida en la
Iglesia a finales de los cincuenta del siglo pasado. El número de
practicantes habituales era, proporcionalmente a la población, tres o cuatro
veces superior al actual, los Seminarios y Monasterios tenían plétora de
vocaciones, los Misioneros españoles abundaban en todas partes, y nuevos
Movimientos eclesiales –Opus Dei, Neocatecumenales, Cursillos de
Cristiandad– se expandían por todo el Mundo desde su origen español.
En las décadas de los sesenta-setenta coincidieron dos
situaciones revolucionarias en España: Por una parte, el post Concilio
produjo un cierto desconcierto entre los fieles, dada la virulencia con la
que algunos exaltados clérigos pretendieron aprovechar las conclusiones del
mismo para descalificar usos, actitudes y posicionamientos y costumbres
anteriores de la Iglesia española; y por otra, la seguridad intelectual del
Régimen político de Franco se tambaleaba por acoso exterior e interior, con
claro apartamiento del apoyo eclesial y distanciamiento por parte del
Vaticano. La enemistad ostensible de Paulo VI, con la ejecutoria hostil del
Nuncio Dadaglio, durante su misión en España, de
1967
a 1980, originaron un
conflicto interior entre los obispos anteriores, de línea tradicional y los
nuevos, abiertamente hostiles al Régimen y a la religiosidad tradicional
española. Cuando Dadaglio fue retirado de ese cargo, y reclamado de vuelta a
Roma, corrían nuevos vientos en la Iglesia española y en el Vaticano, pero
el mal ya estaba hecho. Aparte de la transformación de directrices de
Evangelización a una pastoral semi-marxista, se
habían descolgado de su vocación religiosa miles de sacerdotes, frailes y
monjas, como consecuencia de la crisis espiritual, ideológica o política,
que de cualquiera de esas maneras puede ser identificada. Crisis que era
mundial, justo es decirlo, pero que en España se sufrió con particular
virulencia por su resonancia con la crisis política simultánea, la
Transición.
Eran tiempos en que Summers
publicaba un chiste en el que Carrillo aparecía confesándose, con el
siguiente diálogo entre el sacerdote y él:
–¿Y cuántos muertos
entonces, hijo?
–Pues, con los de
Paracuellos, unos…
–¡Bah, déjalo, pelillos a
la mar, le interrumpía el sacerdote
El chiste, como es natural,
es interpretable, pero lo cito aquí como indicación de que el autor sentía
que una buena parte de su público sintonizaría con él.
La Iglesia española se
estremecía entre la complacencia de la Iglesia universal con la Teología de
la Liberación, la reaparición con gran fuerza política en España de las
ideas de izquierda que la habían perseguido tan crudamente durante la Guerra
Civil, y la masiva desmoralización y consiguiente abandono de tantas
vocaciones. Muchos fieles se sintieron desplazados en ese nuevo ambiente,
sin sentir que la Iglesia local constituyera un muro fuerte en el que apoyar
sus inquietudes o tribulaciones. Las nuevas situaciones políticas que
derivaron en la legalización del divorcio y del aborto encontraron alguna
oposición ciudadana, pero poca oposición frontal de la Jerarquía española,
que parecía resignada y, desde luego, no tronó en las homilías contra esas
disposiciones.
Esa Jerarquía, que incluso
tuvo que enfrentarse con movimientos internos que la acusaban de una
intolerancia que justificaba la feroz persecución de los años treinta, se
acoquinó. Y adoptó una posición de derrotada que pedía perdón a sus
verdugos.
Tuvo
que llegar el gigante espiritual que fue Juan Pablo II para que empezara a
revertirse la situación, con nombramiento de nuevos obispos, más
conservadores, para revertir la cosecha sembrada por Dadaglio. La
recuperación aún está en marcha.
Una faceta particular de
ese desasistimiento de la Iglesia a la Sociedad civil ha sido el apoyo de
una importante parte del clero a posiciones separatistas en Vascongadas y
Cataluña, con actuaciones inicuas por parte de algunos de los obispos. El
resultado ha sido muchas veces cruel, ignorando los sufrimientos de quienes,
leales al sentimiento nacional y tradicional español, han tenido que sufrir
la violencia terrorista y el encanallamiento de la parte de la Sociedad
complaciente con ella.
En
suma, la Iglesia Católica española se apartó del sentimiento tradicional y
nacional español, creando un glacis entre ella y la parte del pueblo español
que pretendía ser fiel a sí mismo y a su historia. ¿A quién de los dos lados
le corresponde ocupar y eliminar ese glacis separador, rectificando su
actuación en estas últimas décadas?
¿SE PUEDE SALVAR EL ESTADO DEL
BIENESTAR?
arriba
manuel parra celaya .
Doctor en Filosofía y
Ciencias de
la Educación
(Pedagogía)
¿Es usted partidario
del Estado del Bienestar? En el caso de que la respuesta sea negativa, puede
el lector ahorrarse la lectura de estas líneas con ese mohín de
conmiseración que suele emplearse cuando nos hallamos ante la presencia de
un necio o de un utópico.
Porque un
servidor, aunque cada día menos utópico por razón de la edad, sí es
partidario. Matizaré: a medias… Principalmente, porque lo de «bienestar» a
secas siempre me ha parecido algo incompleto, excesivamente hedonista, de
estómago agradecido, si no va acompañado, inexorablemente, del «bienestar».
Como educador, no sólo entiendo
la Enseñanza
como un medio para que mis alumnos puedan ganarse bien los garbanzos el día
de mañana, sino también como un camino imprescindible para acceder a los
bienes de la cultura y de la autorrealización. Lo dicho: un utópico todavía…
El Estado del
Bienestar, también llamado Estado-Providencia o, más confianzudamente,
«Papá-Estado», ha solido provocar la existencia de sociedades pasivas,
inertes, incluso cobardes, donde la capacidad de esfuerzo personal y
colectivo ha sido sustituida por la mano tendida en actitud mendicante y por
el victimismo propio del inadaptado, del vago, del chanchullero o del
pícaro. En términos más rotundos, ha provocado sociedades celosamente
reivindicadoras de sus derechos y escasamente observantes de sus deberes.
No obstante, no se
puede olvidar que el Estado del Bienestar surge históricamente en el marco
del neocapitalismo, y su actuación es doble: por una parte, resulta un
elemento corrector de la injusticia intrínseca del Sistema; por la otra,
imposibilita con sus dádivas cualquier replanteamiento en profundidad del
mismo. La social-democracia moderna ya no puso «arena en los cojinetes» del
capitalismo, sino que moderó sus efectos y consecuencias. En todo caso, el
Estado del Bienestar fue un factor de estabilidad social y de cierta
nivelación, dentro de los parámetros, claro está, de la mentalidad liberal
más permisiva.
Y he aquí que
la actual crisis amenaza con llevársela a la trampa:
sic transit
gloria mund i.
Las posturas más conservadoras del neoliberalismo se frotan las manos y
decretan su muerte; el
neosocialismo, volcado hacia otros objetivos tales como imponer la
deconstrucción del ser humano, de la familia y de la propia especie, hace
hipócritas amagos en su defensa, con patéticas y electoralistas llamadas a
la «justicia», a la «igualdad», a la atención a los más desfavorecidos, pero
sus prioridades van por otro lado.
Por ello, no deja de
ser oportuna la pregunta de si se puede salvar de la quema lo que de
positivo pueda tener el Estado del Bienestar, en el bien entendido de que es
incompleto en su definición y en sus alcances.
Empecemos
recordando un añejo deseo: el de un Estado que alcanzara con sus bienes «lo
mismo a los poderosos que a los humildes». Como a estas alturas ya he
conseguido escandalizar bastante al lector perseverante, me apresuro a
confesar que el apellido de este Estado «para todos» era el de
«totalitario», pero dicho en su sentido orteguiano, no en el de Mussolini;
es decir, no en el sentido de la maquinaria que pretende controlarlo todo,
inclusive la vida privada, pues de esta índole ya hemos tenido en España muy
recientes experiencias y, para más inri, con el marchamo de «democráticas».
Además, el mismo autor que profirió el anterior «deseo» descubrió poco
después que, en realidad, «lo totalitario no existe» (esta vez en sentido
peyorativo), pues se resumía a la existencia de dictadores, que podían haber
sido elegidos o no en las urnas. Claro que José Antonio Primo de Rivera era
bastante sagaz y descubrió el busilis
de lo «totalitario», sin haber llegado a conocer el resultado de
la II Guerra
Mundial y el advenimiento de Zapatero.
Pero volvamos a la
pregunta inicial y a su posible respuesta, una vez he confesado que, si bien
no como última meta, prefiero el Estado del Bienestar a la expectativa del
«sálvese quien pueda» que nos ofrece el dios-mercado entre otras cosas,
porque siempre son unos los que se salvarán y otros los que pasarán
estrecheces.
En realidad, el
Estado del Bienestar en España lo empezó a crear Franco, sólo que al margen
de los dictados de la social-democracia europea y de sus (escasos) émulos
españoles; y, dentro de aquel Régimen, fueron precisamente sus impulsores
los que intentaban seguir las huellas de aquel que había dicho aquello del
Estado «que alcanzara con sus bienes, etc.» y que había llegado a la
conclusión de que «lo totalitario no existe».
Más tarde, nos
asimilamos a los Estados del Bienestar del resto de las naciones europeas.
Bueno, en todo no, en primer lugar porque aquí se reanudó la tradición
gloriosa de
la Picaresca
y, sobre todo, porque se diseñó un Estado compuesto de diecisiete gobiernos,
diecisiete parlamentos, diecisiete sistemas educativos, diecisiete servicios
de sanidad… Es decir, llevamos nuestra originalidad –¡España es diferente!–
hasta el extremo de inventar el Estado de las Autonomías. Y ahí empezó el
desmadre.
Porque, al
llegar la época de las vacas flacas, se ha hecho imposible soportar el
déficit que ocasionan los diecisiete «estaditos» y compatibilizarlos con
forma alguna de Estado del Bienestar. Si los recortes han llegado con
estrépito a Francia y Alemania, como ejemplo de naciones serias,
imaginémonos lo que está ocurriendo –y lo que puede ocurrir– entre nosotros,
como ejemplo de nación folclórica, por decirlo en términos suaves. No le
arriendo la ganancia al nuevo inquilino de
La Moncloa,
si quiere poner orden. Y no es de recibo argumentar que Alemania es un
Estado Federal, ya que ni la envergadura económica ni la extensión ni, sobre
todo, la seriedad y esfuerzo de la población del «IV Reich» es comparable al
desbarajuste autonómico español, donde cada cacique tiene amplias
prerrogativas, incluso la de instalar «embajadas» millonarias en capitales
europeas, africanas o asiáticas.
La alternativa
es sencilla: o Estado del Bienestar o Estado de las Autonomías. Lo malo es
que la decisión ya no está en nuestras manos, ni en las mentalidades de la
mayoría de españolitos, embebidos ellos del sabor de la tierruca, enamorados
del campanario de sus aldeas y proclives a «nacionalizar» el curso de los
ríos, así como de denunciar ante
La Haya
los agravios seculares de sus vecinos de los cuatro puntos cardinales, si
los tienen.
Ya se han cuidado
esos caciques de exacerbar los dulces sonidos de la gaita para que nunca
pueda sonar la lira como acompañamiento de un auténtico Estado del
Bienestar. Y del Bienser, insisto.
También puede que el
remedio esté en manos de Bruselas, o del FMI o de algún organismo
internacional, más o menos oficial o secretísimo, de esos que han decretado
ahora que la democracia también ha llegado a su fin.
TEMAS DE ACTUALIDAD
arriba
matías cordón
La
irresponsabilidad al poder
Los pasados
disturbios del Reino Unido, asimilables a los ocurridos en otras ciudades
europeas en otras ocasiones recientes, plantean la necesidad de su
interpretación. Tanto para deducir el tratamiento adecuado de los mismos
como para prevenir repeticiones o derivaciones.
La primera
conclusión que salta a la imaginación es que los autores de tantos saqueos y
destrucciones parecen estar convencidos de que ¡No pasa nada! Ni la policía
va a actuar con contundencia en la represión, ni les va a faltar atención
médica o social en caso de que resulten heridos. Los Hospitales les acogerán
gratuitamente y tendrán comida en la mesa en cuanto decidan alimentarse,
interrumpiendo sus saqueos.
Todo ello deriva de
la crisis de confianza de la sociedad occidental en sus propios valores. Los
códigos éticos han sido sustituidos por el buenismo, como si la Biblia que
rige nuestras actuaciones y criterios fuera ahora una recopilación de
guiones de Walt Disney. No afrontamos la realidad humana de la coexistencia
del Bien y del Mal en conflicto continuo, y ello conduce a la aberración de
pensar que lo que hacemos, lo que nos pasa por la cabeza, es el Bien. Y lo
que se opone a nuestros caprichos es el Mal, que no debe ser considerado.
Esa distorsión
mental origina la confusión fundamental de la situación. Se pierde la
relación causa-efecto. El dicho popular de que «cada palo aguanta su vela»,
sabiduría imprescindible para la actuación humana a través de los tiempos,
se ha transformado en la seguridad de que otros apechugarán con las
consecuencias que puedan tener las acciones que yo realice porque me
apetecen. No me corresponde a mí preocuparme de ello.
Mientras no se
modifique esa situación no habrá solución para la irresponsabilidad que nos
atenaza. Ni los hechos ni los dichos pueden quedar impunes. Permitir lo
contrario es hacerle la cama a los que pretenden avasallarnos en todos los
campos, tanto físicos como ideológicos.
Las primeras
reacciones saludables han partido del Reino Unido, donde a las dos semanas
de empezar los disturbios ya había 2.000 detenidos y más de mil doscientos
juzgados y condenados. Se acabó el problema. Quizás sólo de momento, pero no
cabe duda de que con los pertinentes recordatorios se recuperará la
sensatez. En España, tras la vergonzosa sumisión de las Autoridades al
movimiento denominado del «15 M», se han producido algunos hechos que
permiten albergar cierta esperanza: Los alborotadores marroquíes que
vandalizaron Colmenar hace unos meses han sido detenidos y puestos a
disposición judicial, y los intentos de recuperación de la Puerta del Sol
por los «indignados» han sido tímidamente reprimidos, tras protestas
policiales por la lenidad de los políticos.
Son ejemplos de
conflictos que proliferan preocupantemente en nuestro mundo occidental, y de
la conveniencia de tratamientos convenientemente represivos. Si no hay esa
represión, la situación se agrava. En todo conflicto, cada parte ocupa el
terreno abandonado por el enemigo; abandonar el terreno sin lucha es un
error que acaba pagándose siempre. Conviene recordar el problema del Metro
de la ciudad de Nueva York. En los años ochenta la Alcaldía estaba tan
desmoralizada frente al vandalismo que pintarrajeaba los vagones, que
decidió someterse. Hasta el extremo de que pintarrajeó ella los vagones,
para que los vándalos no tuvieran campo de acción. Hasta que el Alcalde
Guiuliani decidió terminar con esa indigna postura y restauró la pintura
normal prometiendo fuerte persecución policial a quien pintase una raya. El
resultado está claro: El Metro de Nueva York vuelve a tener aspecto digno:
Es conveniente, imprescindible, que cada persona sepa siempre a qué atenerse
en sus relaciones con las Leyes.
El caso de Grecia es
otro ejemplo de esa irresponsabilidad a escala nacional. Una nación que no
quiere enterarse de que vive de prestado, un Gobierno que lo sabe y pretende
engañar a la Comunidad internacional a la que recurre, deben ser abocados a
enfrentarse con su realidad. Sin ello, el resultado no puede ser sino
desastroso. Para los que prestan y para los que viven de prestado.
La
monarquía, hoy
¿Cuál es el
papel de
la Monarquía,
hoy en día?
Las sociedades
modernas pretenden que
la Monarquía
es algo obsoleto, propio de épocas ya superadas en las que el pueblo admitía
la magia y se adhería a procesos mentales no racionales. Hoy, pensamos, el
pueblo, el ciudadano, dispone de información suficiente para conocer que los
dirigentes políticos no tienen por qué ser personas excepcionales, de
extracción providencial o mágica, sino que deben ser seleccionados,
criticados, juzgados y descartados a voluntad popular cuando esa mayoría
difusa de opinión, expresada en votos, lo considere conveniente. No se
admite la preeminencia permanente de nadie.
Se argumenta
así que es mejor un Presidente de
la República
descartable, que un Rey. Y se arguye falsamente que tal opción es además más
económica. En primer lugar, pocas Repúblicas son presidencialistas, y en la
mayoría de ellas el Presidente es un títere casi desconocido, subordinado a
los criterios del Presidente de Gobierno de turno. Es decir, en ella el
Presidente de
la Nación
es un personaje prácticamente inútil, pues está limitado a un papel
meramente representativo, sin poder real de intervención en la vida pública.
Los
partidarios de
la
Monarquía argumentan por el
contrario, que un Rey que no se jubile ni cese en sus funciones, es más
económico para
la Nación
que una serie de presidentes, que deben ser mantenidos con una dignidad
vital acorde con el papel que han representado durante un corto periodo de
sus vidas.
Eso en el
aspecto económico. En el aspecto de eficacia, un Rey, cuyo puesto debe sólo
a
la Providencia reúne la doble
ventaja de que por formación y tradición está preparado para ejercer el
papel de máximo garante de la entidad estatal y, además, está liberado de
veleidades políticas, puede tomar decisiones en pro del interés general, sin
prejuicios ni sectarismos políticos, sin que esa toma de decisiones tenga
que adoptar actitudes de favorecer a una parte de la sociedad con un trágala
al resto.
Esto es la teoría,
claro. La práctica puede resultar menos satisfactoria si esa toma de
decisiones se realiza con el apoyo de un sector o camarilla ajeno a los
intereses reales del conjunto social. Ese alejamiento puede conducir a un
peligroso distanciamiento de la realidad social, con resultados desastrosos.
¿Qué ocurre
hoy en España?
La sociedad,
enloquecida por los políticos, está adoptando disposiciones legales que van
en contra de su propia naturaleza, convirtiendo en algo socialmente
aceptable lo que la mayor parte de los españoles, en su fuero personal,
rechaza privadamente.
La legalización del
aborto, la elevación de la homosexualidad a normalidad legal, la lenidad con
el delincuente, la separación y disgregación nacional, la proscripción del
idioma en parte del territorio nacional, la tolerancia con la corrupción de
los políticos, la impunidad de altos directivos que han conducido a un
desastre a entidades financieras, la intromisión de los políticos en
costumbres y usos nacionales o íntimos, la política generosa con que la
clase política se recompensa a si misma… y tantas otras cosas más, son
observadas con estupefacción por un pueblo que procura comportarse de otra
forma y se siente impotente ante todo ello y sojuzgado por quienes dicen
representarles, pero no representan otra cosa que los intereses de su
partido.
¡Viva el Rey,
y muera el mal Gobierno! Era el grito característico de otros tiempos que
descubría tanto el malestar popular con la situación como la confianza en
que
la Institución monárquica
salvaguardaba lo permanente. Y permanecía como un cimiento seguro de la
estabilidad nacional, por encima de los vaivenes coyunturales de la vida
política.
¿Es así hoy
en España? Es un dato irrefutable que
la Monarquía,
aunque sólo con una puntación de 4,89, es la tercera Institución mejor
valorada por
la Sociedad,
sólo tras las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación, pero ¿es porque
se juzga que está actuando efectivamente como salvaguarda de lo permanente?
¿O lo es meramente por la simpatía que procura suscitar, y efectivamente
suscita, la campechanía y las maneras de
la Familia Real?
Tarugos
mentales
Parece ser que
los únicos Estados que no tienen legalizado el aborto son
la
Ciudad del Vaticano y
Filipinas.
La ONU
ha impuesto su legalización en todo el mundo, presionando a quienes se
resistían a ello con amenazas de suspensión de toda ayuda internacional. El
mismo camino lleva la aprobación de la eutanasia activa.
Independientemente
de su vileza moral, de la autorización que ello implica para matar –al mismo
tiempo que se proscribe la pena de muerte como algo salvaje e impropio de
personas civilizadas–, la motivación que pretendidamente subyace tras esa
actitud es predominantemente económica: se pretende elevar el nivel
económico de las poblaciones por el procedimiento de recortar la población.
Es decir, que haya menos a quien repartir los bienes materiales, que se
considera inexorablemente limitados. Se sigue con ello la doctrina
Maltusiana de que los bienes que puede proporcionar la tierra, limitados,
son irremediablemente limitados, y que la población debe ajustarse a esa
realidad. Toda extralimitación conducirá inexorablemente a precariedad y
penuria.
Cuando mentes
ignorantes se adueñan del poder político y cultural, el resultado puede ser
desastroso. El simplismo de Malthus es contagioso y conduce a fuertes
convicciones a los simples que lo adoptan. Si él fue incapaz de entender las
posibilidades de la inventiva humana estableciendo que la capacidad de
producción de alimentos estaba limitada a la disponibilidad de las tierras
de cultivo, sus seguidores son doblemente culpables de incuria intelectual:
a) por adoptar tal visión simplista de la realidad y b) por ignorar datos
históricos a su disposición.
La Humanidad
ha más que quintuplicado su población desde que Maltus estableció su
sentencia, pero su nivel alimenticio es hoy mayor que ningún otro en la
historia.
Sólo los cortos
mentales, los «tarugos» mentales, pueden hoy ignorar que el hombre es capaz
de mejorar intensiva, no extensivamente, la situación material y satisfacer
las necesidades que se puedan presentar en el futuro. Es difícil,
evidentemente predecir cómo va a ser ese futuro, pero la experiencia permite
avalar que no habrá dificultades insalvables. El hombre está en vísperas de
domesticar la energía solar, y con ello disponer de recursos ilimitados para
actuar sobre nuestro entorno natural.
Quienes
quieren proteger a
la Humanidad
imponiendo la legalización de la muerte no hacen sino de estorbos para el
auténtico progreso, que es el desarrollo libre del potencial humano.
EL VILLANCICO
EN
LA MUSICA MARCIAL
(1) arriba
antonio mena
calvo.
Académico correspondiente de
la Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias
Históricas de Toledo
Uno de los capítulos de
la Música
Marcial menos conocido, es el
de los villancicos relacionados con nuestros ejércitos, que según los
distintos periodos históricos poseen una naturaleza y una denominación
distinta. El que podríamos llamar villancico de armas, de carácter profano,
nace a finales del siglo xv, siendo cultivado por autores anónimos y
compositores de las Cortes Reales. Estos últimos, polifonistas en su mayor
parte, crean durante el Renacimiento, espléndidos villancicos inspirados en
hechos de armas de los ejércitos cristianos, que tuvieron lugar en la última
etapa de
la Reconquista
y en las guerras contra el Turco.
Dos de estos hechos
polarizan la atención de los autores; la conquista de Granada y la batalla
de Lepanto. Del primero nos ha llegado el villancico titulado «Levanta
Pascual, levanta», que comienza así:
Levanta Pascual,
levanta
aballemos a Granada
que se suena qu´ es
tomada.
Tras esta pequeña
introducción, se inicia un diálogo entre dos personajes, Pascual y Carrillo,
jóvenes pastores, a través del cual se narra la entrada de los Reyes
Católicos en Granada con estos versos:
Yo te diré como fue:
Que nuestra Reina y
el Rey
luzeros de nuestra
Ley,
partieron de Santa
Fé…
Que consuelo y que
conhorte,
ver por tierras y
garitas,
alzar las cruces
benditas!
Oh, que placer y
deporte!
y entraya toda la
corte
a milagro atadiada;
que se suena qu´e es
tomada.
La estructura dialogable de este villancico nos hace
suponer que debió ser escenificado y representado en la fecha de la toma de
Granada (1492), marcando la pauta que seguirían los autores de los siglos
XII al
XIX.
En cuanto a la batalla de Lepanto (1571), ya es sabido
que dio origen a gran número de obras literarias, especialmente poéticas,
reflejadas en parte en una breve antología que bajo el título de
Los poetas
de Lepanto, publicó José López del Toro,
a través del Instituto Histórico de
la Marina,
en 1950. No ha ocurrido así en el campo de la música, pues hecho tan
portentoso apenas ha merecido la atención de los compositores, con excepción
de Tomás Luis de Victoria (h. 1548-1611), Fernando de las Infantas (1534-h.
1610) y algún otro.
Al primero debemos
la Misa
de Batalla «Pro-Victoria» de Lepanto (1600) y el correlativo «Tedeum», y a
Fernando de las Infantas otras dos composiciones notables: «In
oppresiones inimicorum: Pro Victoria in turcas
mellite obsedionis» (En el ataque de los enemigos: Pro Victoria en el asedio
de los soldados turcos) y «Canticum Moysi: Pro Victoria navali contra turcas
sacrisclasse parid» (Cántico de Moisés: Pro-Victoria naval contra las
escuadras turcas).
Completa este repertorio limitado y no muy conocido,
una ensalada dedicada al nacimiento de Cristo y a la victoria de Lepanto,
formada por una obra portuguesa «Villancicomuy devoto a Nuestra Señora» y
«Ensalada de
la
Victoria», de autores
anónimos, y la cantata «Oid, Oid, de Juan Budrieu» (s. XVI).
Villancico de batalla
Cronológicamente al villancico de armas de los siglos
XV y XVI sigue el denominado
de batalla, perteneciente a la modalidad religiosa de los siglos
XVII y XVIII. En esta clase de
composiciones, se entremezclan temas navideños con sucesos políticos y
militares como en «La toma de Alicante» y «La conquista de Buda» o «El sitio
de Viena». Esta mezcla de temas en ocasiones contrapuestos, la hallaremos en
muchos villancicos andaluces.
En gran número de villancicos de batalla se establece
una alegoría o nexo conceptual entre el mundo teológico sacramental y la
institución castrense recurriendo los autores a ideas, imágenes y palabras
de índole militar. Como ejemplo podremos citar infinidad de villancicos cuyo
título es harto elocuente: «Al arma, sacras milicias»; «Celestes militares»,
«De Belén las centinelas»; «En las celestes campañas»; «Soldadico que vienes
desnudo», y así sucesivamente. Esta clase de villancicos se interpretaban
preferentemente en las fiestas de Navidad, Reyes, Inmaculada Concepción,
Santiago y San Fernando, que correspondían a
la Pascua
Militar o a los días de los
Santos Patrones de las Armas, Cuerpos y Servicios de nuestros Ejércitos.
Algunas unidades como por ejemplo el Regimiento de
Caballería Ordenes, de guarnición en Olot (Gerona),
en 1737 ofrecen en
la Iglesia
Parroquial de esta villa los
siguientes villancicos de batalla: «El gran Dios de las Batallas», «Resuene
en confín» y «Así las órdenes rige».
El villancico, como tantas
formas y géneros musicales, zarzuela, cante flamenco, canciones infantiles o
toques militares, que trascendió al mundo hispano de Ultramar. Méjico,
Argentina, Perú; Filipinas, etc. poseen un amplio y variado repertorio de
canciones de Navidad que en muchos casos provienen de las épocas colonial y
del Descubrimiento. En tierras de América se han escrito tanto el villancico
culto del Renacimiento y el Barroco, como el popular que, evidentemente ha
adoptado las formas autóctonas de bailes y melodías arcaicas.
En las catedrales de Méjico, Ecuador y Perú, entre
otras, se encuentran villancicos de batalla como el que se conserva en la de
Lima compuesto por Roque Ceruti (1685-1760) que lleva por título «Al campo
sale María», dedicado a
la Purísima Concepción,
Patrona de
la Infantería.
El texto no
puede ser más elocuente de su naturaleza marcial:
¡Al
arma, al arma!
¡guerra guerra!
Ya suena el tambor
Y ya el clarín
Publica por la
tierra.
¡Al
arma, al arma!
Guerra, guerra!
Y al estruendo y al
combate,
Brama
el bronce. …
Y en el recitativo se
añade:
¡Y crujiendo los
cañones
se miran ya
deshechos
contrarios
escuadrones
y adustas y
atrevidas
las piezas enemigas
ya están
obscureciendo
las fuerzas del
abismo
y el soberbio
Luzbel,
se ha vuelto polvo
de sí mismo.
Escuchando estos versos se
puede apreciar con gran claridad la alegoría y nexo conceptual existente
entre el mundo teológico u el de las armas, ya aludidos.
Bibliografía
CATALOGO:
Catálogo de
Villancicos y Oratorios en
la Biblioteca
Nacional.
Siglos xvii-xix. Ed. Dirección General del Libro y Bibliotecas. Ministerio
de Cultura. Madrid, 1990. 670 p.
MENA CALVO,
Antonio:
Aspectos inéditos de la música de Navidad
(Del Canto Mozárabe a los villancicos militares del Renacimiento y el
Barroco). Conferencia pronunciada en
la Asociación
Española de Amigos de
la
Arqueología Madrid
1997.
Madrid
1936. Riña de gatos
Eduardo Mendoza
Editorial
Planeta 2010
Aunque
una reseña de una novela no sea habitual en esta sección, el caso merece la
pena, por tratarse de una obra de ficción en la que José Antonio ocupa un
lugar de protagonista, pues, aunque sea secundario, toda la trama gravita
alrededor suyo. No lo merece por su calidad, pese a que la novela ganó el
Premio Planeta 2010, pues la trama resulta disparatada, pero sí por lo que
representa como intento de interpretación actual por parte del autor, uno de
los novelistas españoles de más popularidad, de aquellos dramáticos momentos
españoles.
El protagonista, un inglés
perito en Velázquez, llega a España en marzo del 36, comisionado por un
conocido, duque de Igualada, para peritar una pintura, un desnudo femenino,
que éste ha descubierto en su casa, que pudiera ser una obra desconocida de
Velázquez. En casa del aristócrata conoce a un amigo de la familia, José
Antonio Primo de Rivera, cuya personalidad le fascina desde el primer
momento y le introduce en su circulo intelectual, y a la hija del duque,
Paquita, enamorada de aquél.
El Frente Popular está ya
en el poder, tras las elecciones del 15 de febrero, pero el autor se sumerge
en la ucronía de que el inglés asista al mitin del cine Europa –que tuvo
lugar en realidad el 2 de febrero– como si después de la victoria del Frente
Popular, Falange –ilegalizada al mes de las elecciones– hubiera tenido
alguna posibilidad de actuación pública. La calle, según el autor, estaba
convulsionada por grupos de jóvenes con camisa azul, que buscaban abierta y
continuamente camorra con los anarquistas, curiosamente, no con los
socialistas.
La trama se embarulla
posteriormente porque todo el mundo, policía, Azaña, los generales
conspiradores del Alzamiento, parece estar al tanto de la existencia del
cuadro e intenta adueñarse de él. El duque quiere venderlo para asegurar el
exilio de su familia, sus hijos, falangistas, quieren comprar armas para
conseguir realizar un golpe de Estado, el gobierno quiere impedir eso y
evitar la salida de una obra de arte.
El resultado es un
disparate en el que el autor expone, en boca de varios de sus personajes,
sus opiniones sobre toda la situación de aquel momento español. Algunas
muestras de esos disparates:
–José Antonio es un tonto
que se cree intelectual. Su mensaje no atrae más que a los adolescentes.
Opina el Director General de Seguridad .
–Paquita, la hija del duque
enamorada de él, sabe que su padre no consentirá con su matrimonio, por lo
que decide forzarlo quedándose preñada. Pero, como sabe que su enamorado es
un caballero incapaz de ello, decide que el inglés la desvirgue y se mete en
su cama.
–El inglés, al que un
falangista ha confiado su recelo de que hay un espía infiltrado en la
Falange, acusa personal y directamente a José Antonio de ser un agente
marxista, con el propósito de hacer inevitable la revolución comunista. Éste
no lo niega, ni lo asiente.
–El cuadro, que al final
arde en un incendio, ha sido clandestino porque de otro modo, la Inquisición
hubiera procesado a Velázquez.
–José Antonio, en plan de
Eliot Ness, salva a punta de pistola al inglés de una emboscada en la que
los comunistas quieren matar a éste.
El presidente de la
República, aún D. Niceto, amigo de la duquesa, decide con ésta, aprisionar a
José Antonio y llevarle a un sitio apartado, Alicante, para que su vida no
peligre.
¿Hay quien dé más?
E. Hermana
Aquí hubo una guerra
Enrique de
Aguinaga
Plataforma 2003, 2010
Resulta para mi una osadía
intentar una reseña de este libro. Osadía en la que, obviamente, incurro,
tanto por simpatía como por el recomendable interés que tiene. En primer
lugar, porque su textura resulta abrumadora, con 1053 citas de oportunidad
irrefutable, que sólo la admirable capacidad del autor es capaz de combinar.
En segundo lugar, porque es difícil sintetizar las diversas facetas del
trabajo, aunque Aguinaga lo haya estructurado en claras etapas, según su
estilo habitual. Y en tercer lugar, porque resulta tentador, y peligroso,
intentar discernir cómo se hubiera modificado el texto si la obra,
finalizada en 1993, según dice el prólogo, se hubiese acabado de redactar
ahora, cuando ha sido finalmente editada. Me temo que las nuevas citas,
originadas por las enloquecidas acciones de ZP, las múltiples claudicaciones
culpables del PP y los silencios consentidores del Rey, hubiesen modificado
amargamente el texto.
Inequívocamente, y
autoproclamado, falangista, el autor omite, pese al título, hablar de la
guerra que hubo en nuestro país, centrándose en destacar la calidad humana
de José Antonio –cuya mención, para varias generaciones de españoles, no
precisa apellidos– y exponer los propósitos revolucionarios de la Falange.
Muestra que, pese a los odios que la Falange suscitó en todo el espectro
político español, que no en el pueblo, y pese a su aprovechamiento o abuso
descarado por el hábil estadista que resultó ser Francisco Franco y a la
marginación real ejercida por el Régimen de éste, sus ideas se plasmaron en
los logros sociales y culturales que transformaron la estructura social y
económica del España. Una España que en 1975 era radicalmente diferente de
la que explotó en lucha fratricida en 1936 .
Esa transformación explica
el éxito de la transición política, tras la muerte de Franco, desde una
sociedad autoritaria a un sistema democrático liberal, cuyo mérito intentan
atribuirse los políticos, pero pertenece casi exclusivamente a la sociedad
española. Una sociedad, un pueblo, que rechazó repetidamente volver a
enfrentarse, pese a las torpezas de sus políticos, que reincidieron
torpemente en enconar las diferencias entre los españoles, en vez de
procurar la integración de todos en una ilusión común. La España posterior a
la muerte de Franco es una clara consecuencia de los designios de éste, que
nunca pensó que su Régimen pudiera ser continuado tras su muerte.
Aguinaga cita múltiples aserciones, de diversas
personas significativas, de que estamos viviendo en esa situación. Quizás la
cita más reveladora es la de Julián Ayesta, publicada ya en 1967, en el
diario
SP:
«El
objetivo último del franquismo es llegar lo antes posible a una sociedad
desarrollada y democrática. Franco es el
antifranquista más convencido del mundo. Y el más eficaz».
Un último comentario, de un
lego en el periodismo, como es el que esto escribe: confío en que como fruto
de su docencia universitaria, Aguinaga haya sabido transmitir a sus alumnos
su asombrosa capacidad para almacenar y administrar información y citas.
Parece tener todo presente en su cabeza.
E. Hermana
El antinacionalismo acomplejado
Gonzalo Sichar
Editorial Sepha.
Málaga 2011. 359 páginas .
El autor,
Gonzalo Sichar Moreno, doctor en Antropología y licenciado en Ciencias
Económicas, profesor de Antropología Social en
la
Universidad Autónoma de
Madrid, expone en esta, por ahora su última obra, de forma nítida, rigurosa
y sin complejos, la situación real y verdadera de
la España
actual. Libro realizado muy poco antes del triunfo del PP en las elecciones
de noviembre del pasado año y aunque al erudito autor no le fue conferido el
don de la profecía, la exposición de los hechos en el corto período de
tiempo transcurrido reviste caracteres exactos en coincidencia total con lo
descrito en la obra.
Libro enjundioso y
clarificador del principio al fin reflejado en el acertado título. Y es que,
en efecto, después de treinta años de la tan idealizada transición, como el
autor expone, la derecha acomplejada habla para la izquierda, tratando de
aparentar que no es derecha –horrísono pecado– mientras la izquierda sigue
regalando concesiones al nacionalismo para sentirse más «progre», comentando
certeramente Sichar cómo, al final, derecha e izquierda pactan la
estabilidad del Estado con quienes no creen en España, con los
independentistas.
Dentro del resignado
complejo de la derecha, de los famosos «mari complejines» que afectan a la
misma cual irónicamente los califica un famoso e ingenioso y culto
comentarista, puede comenzar a verse o a hacerse lejana realidad al menos el
manido tópico de la luz al final del túnel, y no el que dicha luz en
lontananza sea la de un tren que avanza, pero en sentido contrario.
Esa luz presente con
autores cada vez más repletos de racionalismo y con cada vez mayor
proyección deshaciendo e iluminando las tinieblas como pueden ser Gonzalo
Sichar, el fecundo Jesús Lainz, Pedro Fernández Barbadillo, Javier
Barraycoa, el tan prolífico y tan erudito José Javier Esparza y otros,
desafían siempre con la poderosa argumentación de los hechos la falacia
antihistórica de los nacionalismos.
Una
originalidad evidente del profesor Sichar la constituye la exposición sin
complejos de cómo en esa idealizada Transición sólo se realizaron cesiones
por parte de los «constitucionalistas», y con evidente audacia exenta de
toda respuesta por los nefastos gobiernos de
la UCD
y su ignaro y ambicioso presidente, los nacionalistas periféricos
aprovecharon el complejo de aquellos a ser tachados de franquistas, elevando
al máximo sus pretensiones autonomistas y dejando además vía libre para una
posterior vía secesionista.
Sichar pone de
relieve la cobardía y el complejo de la derecha acomplejada de reminiscencia
fascista, cuando históricamente el fascismo se produjo con la unión del
socialismo con el nacionalismo. El lúcido ensayo de Sichar trata también de
la diferencia entre la extrema derecha y el fascismo con orígenes
ideológicos y sociológicos muy diferentes.
El extenso ensayo
trata, a través de sus diferentes capítulos, de la manipulación en el
discurso nacionalista, del nacionalismo vasco y sus raíces racistas, su
aproximación al nazismo, del nacionalismo catalán, deteniéndose en el
revisionismo histórico del nacionalismo catalán, del nacionalismo gallego y
de otros periféricos falsificando a conciencia la historia en una versión
orwelliana de la misma. Exhibe, situándolos en su verdadero lugar, esos
complejos de la derecha que habla para la izquierda, y propone una defensa
no nacionalista de una España unida, siempre, característica esencial de la
obra, basada en la razón, con la recuperación para el Estado central de una
serie de competencias.
Sichar confía,
mejor que prevalezca el optimismo que no el razonado pesimismo, en que cada
vez hay más antinacionalistas valientes que plantarán cara a los
nacionalistas. Hay errores humanos que se explican por las intrínsecas
limitaciones de la razón, pero la inmensa mayoría de los fallos que registra
la
Historia nacen de una razón
subordinada a la voluntad, y cuando dicha voluntad es falsificadora y más
aún no existe o es pacata una fuerza antagónica capaz de doblegarla y
reducirla a su justo término, reviste mayor necesidad la existencia de una
función pedagógica basada en la razón creadora y en el implacable análisis
de los hechos.
Ángel Maestro
H istorias
ocultadas del nacionalismo catalán
J avier
Barraycoa
LibrosLibres. Madrid
2011. 365 páginas.
El
libro constituye un verdadero prontuario para el uso cotidiano con más de
200 apretadas y enjundiosas respuestas a las historias celosamente ocultadas
por el nacionalismo catalán, en su conjunto uno de los ejemplos donde se
plasma prístinamente esa aseveración rotunda de Jean Francoiçe Revel: «La
mayor fuerza que gobierna el mundo es la mentira».
Javier
Barraycoa, Barcelona 1963, entre otras obras publicó en la misma editorial
Los mitos actuales al descubierto,
que gozó de buena acogida, ha desarrollado su actividad en el mundo
universitario, habiendo sido profesor y Vicedecano de Ciencias Políticas en
la Universidad Abad
Oliva CEU, de la que en la actualidad es Vicerrector.
Historias ocultadas del nacionalismo
catalán, por su claridad
de lectura y concreción trasciende lo que pudiese ofrecer un libro de
investigación histórica, sino que en lo que a utilidad se refiere es un
verdadero manual provisto además de una luz poderosa que disipa la niebla
profunda, más aún las cortinas de humo densas y espesas que rodean los mitos
del nacionalismo catalán. Historias ocultadas que no sólo han alienado las
mentes de separatistas ignaros, sino que han calado en multitud de
ciudadanos ajenos a ese nacionalismo pero inmersos, no siempre a su pesar,
en las aguas de la dictadura de lo políticamente correcto.
Entre las más
de 200 historias ocultadas y analizadas por el profesor Barraycoa, de
diferentes épocas históricas y actuales, figuran la mitología inventada de
la «senyera»,
la Renaixença
uno de los grandes mitos del nacionalismo, la presencia de catalanes en
todas las gestas militares españolas. O cómo el catalán fue enterrado por
los propios catalanes, citando casos tan curiosos como el de Antonio
Puigblanch, un catalán que en 1811 quería enterrar el catalán, o cómo la
emblemática canción de
la Legión
«El novio de la muerte» fue compuesta por un catalán, Joan Costa. Entre
tantas historias ocultadas hay que hacer forzosa referencia a la crisis de
1640 con el Corpus de sangre y la revuelta «dels Segadors», cuando el grito
oído era el de «Viva
la Santa Fe
Católica y el Rey de España y muera el mal gobierno».
Historias ocultadas
que la luz de la verdad alumbra y hace entender en su exactitud histórica,
aunque se cumpla una vez más el triste dicho popular de que no hay peor
sordo que el que no quiere oír. La verdad escueta de los hechos sobre
Companys. La realidad del apoyo a Franco político y económico de destacados
nacionalistas, los homenajes del C. F. Barcelona a Franco, el racismo de
dirigentes catalanes actuales que pasan por moderados. Son tantos temas que
hacen comprender la difícil labor de síntesis realizada por el autor para
hacer posible esta obra. Un alegato escrito sin pasión, sino con el rigor
del historiador que ha desvelado al nacionalismo catalán, autor y fabricante
de una nueva identidad totalmente alejada de la realidad de los hombres que
nacieron y vivieron en Cataluña durante siglos.
A. M.
arriba
El
Club de Opinión Encuentros está aprobado
en el año 1979, e inscrito en el
Registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior.
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