Durante las tres décadas transcurridas desde la aprobación de la Constitución, se ha consolidado el sistema democrático, el Estado de Derecho y el régimen de libertades, y España se ha integrado plenamente en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica. Nuestra sociedad, paralelamente, ha experimentado un crecimiento muy notable, convirtiéndose en una de las más prósperas y dinámicas entre los países desarrollados. Sin embargo es imposible negar que el desarrollo de las grandes orientaciones constitucionales sobre la estructura territorial del Estado haya entrado en una espinosa y comprometida crisis. La consolidación y funcionamiento del Estado de las Autonomías presentaba problemas importantes, pero estos se han ido agravando con el paso del tiempo y han adquirido ahora unos perfiles extremadamente peligrosos para el mantenimiento de la estructura del Estado trazado por la Constitución de 1978 e, incluso, para la viabilidad futura de cualquier organización estatal que garantice la unidad, la solidaridad y la seguridad del conjunto de España.
El punto de partida es el artículo dos en que se establece: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Este artículo que se desarrolla en el Título VIII responde al propósito constituyente de reflejar de manera actualizada, en la propia organización del Estado, la plural formación histórica de España y la variedad de sus formas culturales. Enlazando con el precedente de la Constitución de la II República, pero con una concesión que ésta no tenía, pues mientras en ella sólo se hablaba de regiones, ahora se habla de «nacionalidades y regiones», se trataba de resolver la cuestión política y jurídica planteada por los nacionalismos vasco, catalán y, en menor medida, gallego, así como las diversas cuestiones relacionadas con los llamados hechos diferenciales tales como foralidad, pluralidad lingüística, insularidad, etc. Por otra parte, también se requería dar una respuesta ordenada y viable, desde el punto de vista jurídico, administrativo y económico, a las variadas y a menudo confusas aspiraciones de descentralización política y administrativa de otros territorios con menor conciencia de una identidad histórica o cultural diferenciada, nacidas ante todo del temor al agravio comparativo y muy presentes en la elites locales, de las que dependía la efectiva implantación territorial de los grandes partidos de ámbito nacional.
El Estado autonómico, tal y como hoy lo conocemos, ha sido el resultado del proceso de implantación de las Comunidades autónomas y de la influencia de los partidos políticos nacionalistas en la formación de las mayorías parlamentarias entre 1993 y 2000, con una tergiversación y desfiguración de lo que hubiera sido un modelo extraído, con un mínimo de sentido común y buena intención, de los preceptos constitucionales. Paulatinamente, de acuerdo con el artículo 148 que señala las competencias que podrán asumir las Comunidades autónomas, se van transfiriendo estas competencias, lo cual permite negociar al gobierno de turno, los apoyos necesarios y el desarrollo del Estado de las Autonomías. Al final de la década de los 90, con la culminación del proceso de transferencias, con las de educación en todos los niveles y de sanidad, parecía que los dos grandes partidos nacionales habían llegado a la convicción de que la interpretación adecuada del considerado «bloque de la constitucionalidad», Constitución y Estatutos Autónomos, no permitía mayores desarrollos del proceso autonómico, salvo en casos muy excepcionales, cerrando así el proceso de desarrollo autonómico. Al cumplirse un cuarto de siglo de la vigencia de la Constitución de 1978, en 2003, parecía que se había logrado un grado de prosperidad muy alto y una convivencia, con sus más y sus menos, aceptable, salvo la existencia de la banda de asesinos, ETA, cuyo daño a los españoles nunca se cuantificará ni moral ni económicamente. Desgraciadamente este cáncer está apoyado por fuerzas políticas y religiosas del País Vasco, amen de otras fuerzas de extrema izquierda del resto de España. Pero el éxito social y económico del Estado Autonómica ha venido siendo posible, hasta ahora, gracias a que el Estado ha mantenido su capacidad de financiar y redistribuir con visión de conjunto los fondos comunitarios que, en cantidades muy respetables, nos han llegado por la integración de España en la Unión Europa. Por ello, su reducción progresiva afectará inevitablemente al sistema autonómico y obligará al Estado a tener que prestar mayor asistencia financiera, lo que debería inducir a mantener sus instrumentos de financiación, cohesión y ordenación del conjunto y no a debilitarlos. Esta es una razón más, pues nuestra posición en la Unión Europea ha cambiado de receptor a donante, para cerrar el proceso autonómico y conseguir su funcionamiento normalizado.
Esta posición no es compartida por los partidos nacionalistas, que, por el contrario, consideran el proceso autonómico como un proceso indefinidamente abierto, hasta conseguir la transformación del Estado español en un «Estado plurinacional», como quedó claramente plasmado en la «Declaración de Barcelona» suscrita en 1998 por las principales fuerzas políticas nacionales. Precisamente los nacionalistas son los que desde siempre han expresado públicamente, en el Parlamento y en la calle, cuáles son sus objetivos finales de autodeterminación e incluso, como acto final, la separación de España. Esto lo han hecho todos, unos de manera clara y terminante, ERC, ETA, Batasuna y demás izquierda extremista, y otros de mejores maneras como CIU en Cataluña, el PNV en el País Vasco y ahora, también, el BNG en Galicia. Desgraciadamente, por emulación surgen movimientos nacionalistas en otras comunidades donde nunca los hubo, pues creen que así van a conseguir más dinero y autonomía como ocurre en los nacionalismos periféricos tradicionales. Los nacionalismos periféricos no engañan, hoy, a nadie, porque han dicho, por activa y por pasiva, de una manera clara cuáles son sus objetivos.
Las excesivas concesiones, las amplias interpretaciones, culminan en 2003, que nos llevan a una autentica quiebra del Estado de Derecho o, como se señala en el título, a la impugnación constitucional. La estabilidad en la interpretación del desarrollo autonómico saltó por los aires a partir de las elecciones autonómicas catalanas de noviembre de ese mismo año. Como es bien sabido, éstas dieron lugar a la formación del primer gobierno «tripartito» de la Generalidad de Cataluña, que hizo de la reforma estatutaria el eje de su política. Desde entonces, los principales dirigentes de las fuerzas políticas de centro-izquierda y de izquierda de ámbito nacional comenzaron a virar hacia las posiciones nacionalistas de izquierda, buscando una alianza con éstas que les permitiera acceder de nuevo al poder, con una nueva mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
La ocasión llega cuando en Marzo de 2004, los socialistas ganan las elecciones generales y el Sr. Rodríguez Zapatero se convierte en Presidente del Gobierno. En apariencia podía tratarse de lo sucedido anteriormente cuando el partido de ámbito nacional ganador de las elecciones generales, pero sin mayoría absoluta, necesitó contar con el apoyo de fuerzas nacionalistas para garantizar la investidura del Presidente del Gobierno. Pero el contexto había cambiado profundamente. Ya no quedaba prácticamente nada importante por transferir en desarrollo del Título VIII de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, a cambio de los apoyos parlamentarios. Ahora había que entrar en el núcleo de las competencias reservadas al Estado para garantizar la unidad, la solidaridad y la igualdad básica de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos y los deberes constitucionales, así como la estabilidad y viabilidad del conjunto.
Se trataba pues, de una alteración sustancial del esquema constitucional de organización territorial del poder, que no tenía otro objetivo que convertir a las Comunidades Autónomas en una suerte de poderes «cosoberanos», abandonando la perspectiva del interés general de España y sustituyéndola por una red de relaciones «bilaterales» entre el Estado y sus partes. Para ello, en lugar de una reforma profunda de la Constitución –que no era posible abordar por carecer del apoyo del centro-derecha–, el nuevo Gobierno surgido de las elecciones generales de 2004, que se encontraba además sostenido por las formaciones nacionalistas de izquierda, planteó una maniobra subrepticia para encubrir el quebrantamiento de la Constitución: la reforma de los Estatutos de Autonomía.
Al desplazar a las sucesivas reformas de los Estatutos de Autonomía las transformaciones sustanciales de la configuración del Estado autonómico que exigía la alianza con las fuerzas nacionalistas de izquierda, se eliminaba la capacidad de vetarlas por parte del centro derecha, con su negativa a proceder a las reformas constitucionales de la estructura autonómica que aquéllas en realidad implicaban. Pero con ello los representantes del pueblo español han dañado de modo extraordinariamente grave a la propia Constitución y a su deber de preservarla, al vulnerar sus previsiones sobre la reforma constitucional, tanto en lo que se refiere al procedimiento agravado del artículo 168 como al procedimiento menos complejo del artículo 167.
En apariencia se mantenía los requisitos legalmente exigibles para la reforma de los Estatutos de Autonomía –aprobación de la propuesta por los Parlamentos autonómicos y por las Cortes Generales– sometimiento en su caso de la reforma estatutaria así aprobada a referéndum. De facto, sin embargo, se modificaban esos Estatutos entrando en ámbitos vedados al poder constituido y reservados al poder constituyente. En definitiva, se ha sustraído así al pueblo español su potestad de decidir sobre principios y reglas fundamentales de su existencia política y de la organización del Estado en que ésta se articula.
El proceso se inicia con la redacción de un nuevo Estatuto de Cataluña, en el que se pretende reconocer su carácter de nación y, al final, de manera que quiere ser informal, se reconoce en el preámbulo, y se pretende un poder que permita una relación bilateral con el Estado español, entrando de lleno en terrenos que están vedados a las autonomías si se quiere preservar la unidad, la solidaridad y el interés general de España. No es solo cuestión de dinero, como con frecuencia se presenta, lo que es un aspecto colateral y, en último termino de insolidaridad, a la que estamos acostumbrados, por parte de Cataluña, el resto de los españoles. Es algo más profundo y disolvente que debilita la posibilidad de España como un Estado fuerte y serio, que pueda tener el peso que le corresponde en la Unión Europea y en Iberoamérica.
Lamentablemente, salvo la cerrada oposición al nuevo Estatuto de Cataluña, que ha impugnado ante el Tribunal Constitucional, el centro-derecha con proyección nacional ha entrado también en el proceso de reformas estatutarias, legitimándolo en gran medida, por presiones de sus propios gobiernos autonómicos y organizaciones territoriales. Estos no han aceptado «quedarse atrás», con lo que una vez más se ha seguido la perversa e implacable lógica de la emulación y del interés parcial que ha presidido el proceso autonómico desde prácticamente sus inicios y que sólo ha podido ser contrarrestada cuando los dos grandes partidos nacionales se han puesto de acuerdo para limitar sus consecuencias, lo cual, desde la perspectiva de los ciudadanos han debido ser en pocos casos. Hasta ahora se han reformado, con tendencias parecidas, aunque no tan estridentes, los Estatutos de Valencia, Andalucía, Islas Baleares y Aragón, estando en trámite, salvo error u omisión, las Canarias, Castilla-León y Castilla-La Mancha.
En otro extremo se presenta el llamado «proceso vasco», con unas aspiraciones que sobrepasa las posibilidades de la Constitución y por ende, del vigente Estatuto de Autonomía y, siempre, con la exigencia de integrar la Comunidad Foral de Navarra, sin perder de vista la pretensión de integrar las llamadas provincias francesas a un País Vasco separado de España y Francia. La impugnación constitucional se planteó con el llamado «Plan Ibarreche», en el que se pretendía un País Vasco como Estado Libre Asociado a España, siempre partiendo de un principio incorrecto, pero suficientemente presentado confusamente, según el cual el pueblo vasco es el único que ha de decidir su destino, olvidando que el «caso vasco», como el de cualquiera otra Comunidad Autonómica, es una caso español, pues las partes lo son de un todo que es España. El rechazo por el Congreso de los Diputados, en 2005, fue terminante por el simple hecho de que se trataba de un texto que no podía siquiera discutirse como posible reforma estatuaria, al ser palmariamente contrario a la Constitución. Ante este rechazo, Ibarreche, se propuso conservar su referéndum, para que pudiera ejercerse el «derecho de los vasco a decidir por sí mismos». Este empecinamiento de continuar con la pretensión de decisiones propias al margen de la Constitución y del Estado español, ha sido detenido incuestionable y concluyentemente por el Tribunal Constitucional, señalando que el legislador vasco no es competente para promover un referéndum de estas características y que «el contenido de la consulta no es sino la apertura de un procedimiento de reconsideración del orden constituido que habría de concluir, eventualmente, en una nueva relación entre el Estado y el País Vasco», advirtiendo que el respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido y especialmente aquellos que afecten a la soberanía «se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para estos fines. No caben actuaciones por otros cauces ni de las comunidades autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional y origen de cualquier poder político».
Todas estas actuaciones a las que hay que añadir el recrudecimiento de la actuación de ETA, así como, las estridentes manifestaciones extremistas y violentas en Cataluña y el País Vaso, están dando lugar a una incipiente emulación de creación de tensiones en otras Comunidades, por lo que, la desunión y competencia entre Comunidades y, por ende, entre los españoles, va en aumento y ello crea un clima que no propicia ningún proyecto serio de vida en común.
Junto a estas estentóreas y manifiestas actuaciones, coadyuvando decisivamente a la discusión y el rechazo, hay tres grandes áreas de competencia autonómica que, por razones diferentes, presentan graves problemas, ya en este momento, para la integración y cohesión del conjunto de España y a los que aunque sea brevemente, quiero referirme: la política lingüística y educativa, los medios de comunicación públicos y la ordenación del territorio y el urbanismo.
Sin entrar en detalles, por otra parte, conocidos y públicos todos los días, no podemos ignorar que la transferencia de las competencias educativas en todos los niveles, primaria, secundaria y universitaria, y la implantación de políticas lingüísticas en determinadas Comunidades autónomas en detrimento del castellano, lengua española oficial del Estado, junto con la práctica ausencia del ejercicio de las potestades de éste para la alta inspección del sistema de enseñanza, han conducido a la fragmentación de buena parte de los contenidos educativos y a la coexistencia en el territorio español de sistemas de enseñanza distintos, y aún opuestos. Se produce así un daño a la calidad del sistema en su conjunto y, también, a su capacidad de proporcionar a los alumnos el conocimiento adecuado de la realidad histórica de la comunidad política nacional a la que pertenecen, España, que incluye y trasciende al territorio en que residen. A ciencia y conciencia, junto a la imposición lingüística, impidiendo y prohibiendo el uso del castellano o español, los contenidos son sectarios, parciales y con abierto o sutil rechazo a España, a la que se presenta como opresora de sus libertades y derechos históricos, creando así, animadversión y rechazo hacía España, en busca y formación de unas nuevas generaciones que logren la separación, que sólo a nivel político y desde los políticos se ha forjado y promueve. Nunca ha existido el clamor popular que aducen, ni para un nuevo Estatuto y, menos, para una separación de España. Una parte significativa de los Catalanes y los Vascos se sienten españoles, y la mayoría nunca se ha planteado esta cuestión, simplemente, son españoles.
Paralelamente, la creación de medios de comunicación públicos por las Comunidades Autónomas ha contribuido en gran medida a la progresiva cristalización de una visión social y cultural fragmentada de España, cooperando al desconocimiento o menosprecio de la pertenencia de los ciudadanos a ésta, sin lo cual no pueden comprenderse esas mismas Comunidades. La proliferación de Televisiones y cadenas de radio regionales, que centran su actuación y contenidos en temas prácticamente locales, coadyuva a la fragmentación y al aislamiento en compartimentos cerrados. Si la comunicación institucional de las Comunidades es contradictoria e, incluso, contraria a la comunicación institucional de carácter nacional estatal, se produce una disonancia cognoscitiva, un choque en las mentes de los ciudadanos, que normalmente, incluso por su mayor continuidad e intensidad aceptaran la más local, en detrimento de la general, contribuyendo a la falta de conciencia de pertenencia a una entidad totalizadora y superior, como es España y perdiendo una visión de la vida abierta a Europa y el mundo. En definitiva nos quedamos con y en la gaita.
En cuanto a la ordenación del territorio y el urbanismo es bien sabido que la fragmentación competencial entre Administraciones autonómicas y Corporaciones Locales, así como la necesidad de utilizar este ámbito competencial para obtener recursos financieros para los Ayuntamientos, está impidiendo en la práctica la formulación de una política de suelo, vivienda y medio ambiente adecuada para todo el conjunto del territorio español y, además, fomenta la creación de redes clientelares «neocaciquiles» y de fenómenos de corrupción.
El Gobierno, si bien ha fortalecido la lucha contra ETA y su entorno, aparece débil ante estas graves cuestiones y los constantes actos de insolidaridad y de ataque a España. Tenemos un Estado sin capacidad, por lo demostrado hasta ahora, para resistir este desafío, que exigiría el acuerdo de los grandes partidos nacionales sobre el modelo territorial y cerrar los límites de las Comunidades Autónomas. Aunque es difícil aceptarlo, la crisis del Estado autonómico sólo puede desembocar en una reafirmación de la unidad nacional, mediante recomposición, en buena medida, de la actual organización territorial del Estado, lo que implica la necesidad de restablecer la vigencia efectiva de las bases y orientaciones fundamentales de la Constitución de 1978, mediante una reforma Constitucional parcial, que junto a los aspectos que he tratado debería afectar a otros varios que fortalecieran la cohesión y solidaridad entre los españoles.
Desde la perspectiva que aquí estamos tratando presento una respuesta de reforma, en solo aquellos artículos y apartados que consideramos que hay que cambiar o matizar. Me baso en  el trabajo realizado por un grupo de juristas que ofrecen un proyecto completo de reforma, pero del cual tomo la parte que afecta a los problemas planteados y que voy a transcribir sin apenas comentarios, que sobrepasarían, con exceso, esta intervención.
Se propone la reforma de diferentes artículos y números de algunos, queriendo decir que los restantes quedarían como están actualmente en la Constitución y poniendo con letra cursiva la modificación que se propone.
Art. 1.1.- España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho, miembro de la Unión Europea, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político con arreglo a esta Constitución.
Art. 2.- La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, Patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza la autonomía de las Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios en que se organiza territorialmente el Estado y la solidaridad entre todos ellos.
Art. 3.-
1.- El castellano o español, como lengua común de los españoles es la lengua oficial del Estado. Todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla.
2.- El Estado garantizará el uso normal y oficial del castellano o español por parte de los poderes públicos. A ninguna persona podrá exigírsele el uso de una lengua distinta en sus relaciones con los poderes públicos. El conocimiento de otra lengua no podrá constituir un requisito para el acceso a funciones públicas, sin perjuicio de poder valorarse a tal fin como mérito preferente.
Art. 27.-
8.- El Estado garantizará en toda España el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano o español. No obstante, en las comunidades donde exista más de una lengua oficial, podrá establecerse el aprendizaje de ésta, junto con el castellano o español, en los planes de estudio de educación primaria y secundaria. En estas comunidades se reconoce, así mismo, el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en la lengua que sea también oficial en ella, en todos los niveles del sistema educativo sin el menoscabo de su deber de aprender y conocer el castellano o español.
9.- El Estado inspeccionará y homologará el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
Titulo VIII.- de la organización territorial del estado.
Art. 137.- El Estado se organiza territorialmente en las Comunidades Autónomas, en las provincias y en los municipios a que se refiere el presente Título. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses en el marco de lo dispuesto en la Constitución.
Art. 143.- Las Comunidades en que se organiza territorialmente el Estado son las siguientes:… (enumerar todas las comunidades autónomas por orden alfabético, la Comunidad foral de Navarra, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
Art. 147.-
1.- La aprobación de los Estatutos de Autonomía revestirá la forma de ley orgánica, pero deberá obtener una mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados y del Senado en una votación final sobre el conjunto del texto.
2.- Los Estatutos de Autonomía podrán ser reformados mediante los procedimientos en ellos establecidos. La iniciativa de la reforma podrá corresponder también al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales. En cualquier caso, la propuesta de reforma estatutaria requerirá una mayoría de dos tercios de la Asamblea Legislativa Autonómica, en una votación final sobre el conjunto del texto para poder someterla a las Cortes Generales.
4.- En el supuesto de que prevea el procedimiento establecido en el respectivo Estatuto el texto de la reforma estatutaria aprobado, antes de su sanción y promulgación, se someterá bajo referéndum a la decisión de los electores residentes en el territorio correspondiente. En esta consulta se exigirá la participación, como mínimo, de la mayoría absoluta de los electores inscritos en el censo electoral. Sin la concurrencia de este requisito no podrá tenerse por aprobada en referéndum la propuesta de reforma estatutaria.
Art. 149.- El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1.- Regulación de los Derechos y Libertades reconocidos en el capítulo primero y en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución y de las condiciones básicas para el ejercicio de los derechos, libertades, y deberes recogidos en la Constitución. Todo ello con el fin de garantizar la igualdad de todos los españoles en el disfrute de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y sin perjuicio de las demás competencias del Estado establecidas en este artículo.
5.- Organización, actuación y funcionamiento del poder judicial; Administración de Justicia y Medios personales y materiales al servicio de la misma.
13.- Ordenación, regulación y supervisión general de la economía y de las actividades comerciales y empresariales. Coordinación e inspección en estas materias.
18.- Establecimiento de régimen jurídico de la Administración General del Estado del sector público, estatal y de régimen local, así como, el estatuto de sus funcionarios. Bases del régimen jurídico de las Comunidades Autónomas y del régimen estatutario de sus funcionarios.
23.- Legislación sobre la ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, protección del medio ambiente, etc.
27 bis.- Legislación reguladora del uso y enseñanza del castellano como lengua española oficial del Estado con sujeción a lo dispuesto en esta Constitución
29.- Seguridad pública sin perjuicio de creación de policía por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos, debiendo garantizarse, no obstante, la actuación y presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en todo el territorio español.
30.- Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. Legislación en materia de educación y enseñanza en desarrollo del art. 27 de la Constitución. Selección y nombramiento, y en su caso separación, del servicio de los profesores de los Centros de Enseñanza Pública, reservándose en exclusiva inspeccionar y homologar los centros de enseñanza en todo el territorio nacional.
Art. 149. 2.- Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura y la ciencia como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, para lo cual podrá crear, mantener y gestionar en exclusiva archivos, bibliotecas, museos, universidades y centros superiores de investigación o depósito cultural en todo el territorio español.
Art. 150. 2.- El Estado podrá dictar leyes orgánicas para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas o para suplir la ausencia de estas aún en el caso de materias atribuidas a su competencia cuando así lo exija el interés general o el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales. Corresponde a las Cortes Generales por mayoría absoluta de cada cámara, la previa apreciación de la necesidad de dictar estas leyes.
Es evidente que una reforma de la Constitución de 1978 del ámbito en que aquí exponemos, requiere un amplísimo consenso político y el acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales, ya que, el procedimiento de reforma que establece el artículo 168 de la Constitución exige que ésta ha de ser aprobada por mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras y que, seguidamente, se disuelvan éstas y se convoquen elecciones, para que las Cámaras nuevamente elegidas decidan si ratifican o no la decisión de reformar la Constitución y procedan al estudio de nuevo texto constitucional que deberá ser aprobado, igualmente, por mayoría de dos tercios de las mismas. Aprobada así la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación por el pueblo español. Soy consciente de la dificultad de llevar a cabo una reforma de la Constitución pero pienso que hemos llegado a un punto en el que es necesario formular esta necesidad, con propuestas concretas, tanto a la opinión pública como a los dos grandes partidos nacionales.
La democracia no consiste sólo en los partidos políticos, sino, muy especial y necesariamente en una sociedad abierta donde los ciudadanos se organicen desde muy variados puntos de vista y objetivos, de manera que esta sociedad actúe y presione sobre la opinión pública y los políticos para llevar a cabo proyectos de vida en común y resolución de cuestiones concretas que afectan a la vida diaria de las personas.
La Constitución de 1978 es la primera, de entre todas las españolas, que debe considerarse como obra común de todo el pueblo español en su conjunto, en quien reside la soberanía nacional. España no puede estar haciéndose y deshaciéndose continuamente. Pienso que con la Transición política y la Constitución que la culmina, se debería de haber superado antiguos rencores, viejas contiendas y ensueños disgregadores y quienes instan, vanamente, imponerlos por el terror. Como señaló Adolfo Suárez en el veinticinco aniversario de vigencia de la Constitución, «el camino hacía la Constitución se recorrió sin sangre ni enfrentamientos civiles. Toda una novedad en nuestra Historia inmediata. Como también lo fue el éxito alcanzado. El pesimismo español no auguraba éxito alguno, pero lo conseguimos con el esfuerzo de todos». Tengamos la esperanza de que, también en el momento presente, podamos reformar adecuadamente nuestra Constitución y resolver, a través del dialogo y la tolerancia, de la libertad y la solidaridad y de común acuerdo, los problemas capitales de nuestra convivencia.

EL DEBATE DE LAS CAJAS DE AHORROS                                                                                                   arriba

Juan Velarde Fuertes. Catedrático. De la Real Academia de Ciencias Morales y políticas.