Conste inicialmente que, cuando en el título de este trabajo me refiero a los catalanes, o a través de su contenido a Cataluña, me estoy refiriendo también y de forma entrañable a España y a los españoles.

Como dijo Tontanelle «Brachinonae (Barcelona) Urben Hispaniae Est»; en el concilio de Saint Giles, ya en 1092 se refieren a Tarragona como «ciudad que desde tiempos antiguos era la más noble de las metrópolis hispanas»; en los Usatges se denomina a Ramón Berenguer I, como de «Hispania Sub Jegator»; cuando el Conde de Barcelona se presenta a Carlomagno, según la crónica del propio emperador, lo hace como «conde de España que llaman conde de Barcelona»; Jaime I, en cuyo reinado se empieza a poder hablar propiamente de Cataluña, se refería a su padre, el Rey Pedro de Aragón, «como el más franco de cuantos hubo en España»; en la «crónica de ceremonias», se puede leer, «Catalunya es la millor terra de Spanya»; el obispo catalán Juan de Margarit, dice que «de quatre reís d’Espanya que son una car e una sang»; según Bernat Desclot, cronista de la época, en la batalla de Tolosa «intervinieron tres reyes de España». Alfonso V, al entrar en Nápoles se hizo levantar un arco de triunfo con la inscripción de;«Alfonso Rey hispanicus».

Cataluña forma parte de Iberia; de la Hispania romana integrada en el resto de la península, en la Hispania anterior; en el reino visigodo de Toledo; en la Marca «Hispánica»; en la corona de Aragón; en la España de los Reyes Católicos. Ejercitó su españolidad siempre hasta nuestros días. Cuando el mariscal francés Barwitzs cerca Barcelona, Pedro Voltes convoca mediante manifiesto de la Junta popular, a los catalanes «para salvar la libertad del principado y de toda España»; con ocasión de la revolución francesa, cuando se desborda el entusiasmo a favor de España, clama el poeta, «el cel es qui vol qui torne a Espanya lo Rosello, Navarra y la Cerdanya»; Agustina de Aragón era catalana; el cerco de Girona se hizo según testimonio de Mariano Álvarez de Castro, su defensor, en defensa de España. Hasta en la última guerra civil participo heroicamente para la reconquista del espíritu nacional español, con heroicos tercios del que es paradigma el de Montserrat.

Desde el punto de vista cultural Cataluña con Boscan y sus poemas en castellano; Luis de Requesens, lugarteniente de D. Juan de Austria en Lepanto; San Pedro Claver, en Cartagena de Indias; Ramón Folch de Cardona capitán de Fernández de Córdova; el virrey Amat; Gaspar de Portada, conquistador y gobernador de California; Antonio de Campany, el gran patriota español de las cortes de Cádiz; el padre Soler, organista ilustre del Escorial; el padre de Fita, maestro de la historiografía nacional; Balmes, con su restauración de los filósofos españoles; Fortuny; Granados; Dalí; Boada; Samaranch; Tarradellas; Cambo;… Todos ellos con conciencia de la Patria común.

Desde el punto de vista social, los lideres de la CNT sindicato dominante en Cataluña, Segui y Ángel Pestaña, eran decididos defensores de la unidad nacional española.

El propio Cambó, decía, «no hemos perdido nuestra fe en España. La Lliga entiende que Cataluña no ha de ser separatista [...]queremos una Cataluña libre, dentro de una España grande». Tarradellas siempre mantuvo ese mismo criterio.

Aún más importante que estas profundas raíces son la realidad social y la necesidad de cohesión en el espacio conjunto de la Nación española, para garantizar el desarrollo económico, el estado de bienestar y la solidaridad entre los pueblos y las tierras de España.

Efectivamente, más del 51% de la población catalana considera como idioma propio el castellano, según las más recientes estadísticas; el porcentaje de población procedente de otras regiones tiene un peso específico innegable. La interdependencia en infraestructuras, energía, inversiones,… es decisiva para la reciproca subsistencia.

Como español, me siento solidario de Cataluña, siento que su historia y su destino forma parte de mi historia y mi destino; admiro y amo sus «seny», sus sentimientos, su laboriosidad; comprendo su afán de progreso, su deseo de identidad, que no es contrario a la identidad común de España. No estaría completa sin el ingrediente catalán. Íntimamente me sentaría mutilado si la historia, el sentimiento, la cultura, y el futuro de Cataluña dejara de ser parte de mí mismo, pues es patrimonio de todos los españoles, como lo es para los catalanes el ser y el existir de todos los pueblos de España.

Estoy seguro que así lo sienten, así me consta respecto de muchos de ellos, la mayoría de los catalanes.

Por eso el título de este articulo no pretende una confrontación, porque el proyecto de estatuto catalán no es obra del pueblo catalán, sino de unos partidos minoritarios. El PP, que representa la mitad de los españoles, lo rechaza tal como está planteado, y el PSOE, que integra la otra mitad, está dispuesto a enmendarlo profundamente. Ni siquiera lo habría admitido a trámite, según el sentir mayoritario de sus bases, si no hubiera concurrido el dogmatismo historicista del presidente, con su posición minoritaria, chantajeada indignamente por quienes le son necesarios para su permanencia en el poder, al que se aferra a costa de lo que sea.

El estatuto no es obra del pueblo catalán, que no es tan insensato de negar todas sus raíces, aislarse de España y en la misma proporción del mundo, poner en peligro su convivencia solidaria y su progreso y establecer un sistema intervencionista y totalitario, que empieza ya por perseguir y degradar, negando el bilingüismo constitucional y los derechos de libre iniciativa económica y social a sus propios ciudadanos.

Objetivamente, leer el contenido del proyecto y veréis claro, que al que más perjudica es al pueblo catalán.

Lo malo es que está tan cohesionado, es tan enmarañado y tan reiterativo, en su irracionalidad anticonstitucional, que aun con la intención de lograr un consenso -que nunca puede ser un valor absoluto, si no sólo un instrumento deseable cuando haya un campo de posible acuerdo-, no da resquicio para el dialogo. Evidentemente hay cosas que no se pueden consensuar y los radicalismos a priori lo impidan no permitiendo su modificación parcial.

fundamentos estatutarios que ignoran a españa como nación

El texto declara a Cataluña como «Nación» con reiteración que transciende a todo su articulado. Proclama el derecho a la autodeterminación –que sólo se admite en la carta de la Naciones Unidas para los países coloniales o bajo administración fiducidiaria– cuando establece en su preámbulo «el derecho a determinar libremente su futuro como pueblo» (lo que también se contiene en otros apartados). Insiste en el reconocimiento y actualización permanente de unos pretendidos derechos históricos, tal como se define entre otras en la disposición adicional primera cuando dice que «la aceptación del régimen de autonomía, establecido en el presente estatuto, no implica la renuncia del pueblo catalán a los derechos que, como tal, le corresponden en virtud de la historia, que pueden ser actualizados de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera de la constitución española». Este principio no admite –como los anteriores– un análisis serio. Cataluña carece de derechos históricos que supongan una identidad distinta de la española, pues es una de las dos regiones españoles que nunca ha constituidos entidad política independiente o diferenciada.

Con estos fundamentos la inadmisibilidad a tramite y la anticonstitucionalidad del estatuto y la consecuencia de romper la unidad irrevocable de la Patria común e indivisible, en que «se fundamenta» la constitución española, es innegable.

Profundizando más en su contenido, éste se inicia con una descripción exhaustiva y pormenorizada de los derechos y deberes de los catalanes (artículos 15 al 37), que intencionadamente difieren de los establecidos con carácter general en los artículos 10 a 39 de la Constitución española.

Esto, ya de por si, rompe la coherencia, crea privilegios y desigualdades y condiciona el desarrollo de las funciones y competencias que han de garantizar la aplicación de dichos derechos.

Lo significativo del reconocimiento de estos derechos es que cada uno de ellos crea «un sistema catalán propio», independiente y diferenciado, para su garantía y ejercicio, lo cual hace imposible una integración constitucional del conjunto del estatuto.

La Nación española –como todas las naciones– ha de fundamentarse en un Estado de derecho, que a su vez descansa en que los derechos y libertadas de los ciudadanos sean iguales, sin privilegios y discriminaciones en razón de la procedencia, el territorio, etc. Sin esa igualdad no puede haber justicia ni libertad y se rompe ya desde sus raíces toda vinculación con la Patria común (artículos 1, 2, 9, 23, 31 y 149 de la Constitución).

El estatuto establece como base de su misma estructura política seis principios que contradicen la existencia misma del Estado, cuales son: la plurinacionalidad, la bilateralidad, ha extraterritorialidad, la soberanía excluyente del pueblo catalán, el carácter vinculante de la mayor parte de su normativa; el carácter preferente de sus resoluciones aunque afecten a otras comunidades y el blindaje de sus competencias e incluso de la modificación del estatuto. Todos estos principios están presentes en el conjunto de su texto y de forma principal en su preámbulo y en los artículos 3, 29, 76, 98, 115, 117, 127, 138, 140, 141, 144, 148, 149, 158, 164, 166, 169, 176, 183, 185, 186, 190, 197, 202, 214, y las disposiciones adicionales 3, 5, y final.

No es posible desarrollar en este trabajo el alcance de estos principios, su inconstitucionalidad, su invasión de las competencias del Estado, la discriminación y privilegios que implican, la proyección que sobre otras comunidades autónomas y sobre el conjunto de España producen.

Basta con decir que la aceptación del concepto de plurinacionalidad, supone la sustitución del Estado de las autonomías -que ya es el más descentralizado del mundo y otorga a las comunidades autónomas mayores competencias que muchos estados federales- por un estado confederal, en «el marco de una libre solidaridad con las nacionalidades y regiones que conforman los pueblos de España».

No se trata, ni tan siquiera, de un estado federal, se trata pues de un voluntario y como tal reversible vínculo aparente en torno a una corona simbólica, vaciada de contenido –lo que ya se estáa haciendo a nivel de Estado, por ejemplo en la última Ley Orgánica de defensa nacional– con duración temporal, dada la ya prevista revisión de los derechos históricos, hasta que izquierda republicana de Cataluña proclame la Republica catalana.

La bilateralidad, al mismo nivel que las relaciones del Estado español con otras naciones, además se establece como previamente necesaria para cualquier actuación de Gobierno sobre Cataluña. Supone la imposibilidad del Estado de actuar sobre ella. Es como si fuera una entidad ajena y distinta. Crea también un privilegio inadmisible a no ser que el Estado tenga que negociar bilateralmente con 17 autonomías todas sus actuaciones legislativas o ejecutivas.

La exterritorialidad, a la que luego nos referiremos más ampliamente, constituye el atropello de que Cataluña pueda legislar sobre territorios ajenos a su jurisdicción territorial, con la vista puesta en un expansionismo, creador de los «paissos catalans».

La soberanía excluyente ya se ejercita mediante la aprobación en el Parlament, en contra de la Constitución de este proyecto de estatuto, al margen de sus competencias, a tenor del contenido del estatuto vigente. Pretende constituirse en una Nación independiente, mediante la representación internacional, el derecho al referéndum y los condicionantes que para la vigencia de la normativa europea y de la legislación española; se contienen en el proyecto.

El carácter vinculante o preferente, frente al Estado y las demás comunidades autónomas, que pretende el proyecto en materias fundamentales, se puede considerar simplemente, como un abuso de derecho.

Como estos principios informan todo el texto y se repiten con insistencia, no se pueden eliminar, si no es rechazando el conjunto de su formulación.

Todo ello se refuerza, con la casi total y extrema asunción de las competencias exclusivas del Estado, eliminando prácticamente su presencia en Cataluña.

competencias excluyentes de las del estado

Las competencias que pretende el estatuto, son las siguientes: Agricultura; Ganadería; los aprovechamientos forestales; el agua; las obras hidráulicas; asociaciones y fundaciones; caza y pesca; actividades marítimas; ordenación del sector pesquero; cajas de ahorro; comercio; ferias; consultas populares (referéndum); cooperativas; economía social; corporaciones de derecho público y profesiones tituladas; crédito; banca; seguros; mutualidades; cultura; archivos; museos; bibliotecas; denominaciones de origen e indicaciones geográficas y de calidad; derecho civil; derecho procesal; educación; emergencias y protección civil; deporte y tiempo libre; función publica; vivienda; inmigración; industria; artesanía; control meteorológico; control de hoteles; infraestructuras de transportes y comunicaciones; juego; espectáculos; juventud; lengua propia; medio ambiente; espacios naturales; meteorología; mercados de valores y centros de contratación; medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual; notariado y registros; obras publicas; ordenación del territorio y del paisaje; organización de las administraciones publicas catalanas; organización territorial; planificación; ordenación y promoción de la actividad económica; políticas de genero; promoción y defensa de la competencia; propiedad intelectual e industrial; protección de datos de carácter personal; publicidad; investigación desarrollo e innovación tecnológica; régimen jurídico; procedimiento; contratación; expropiación y responsabilidad de las administraciones publicas catalanas; régimen local; relaciones con las entidades religiosas; sanidad y salud publica; ordenación farmacéutica y productos farmacéuticos; seguridad privada; seguridad pública; seguridad social; servicios sociales; voluntariado; menores y promoción de las familias; símbolos nacionales; sistemas penitenciarios; transportes; trabajo y relaciones laborales; turismo; universidades; video vigilancia y control sonido y grabaciones; gestión de los fondos europeos; poder judicial catalán; mar litoral catalán; representación exterior catalana; participación en los convenios y tratados internacionales y facultad de realizarlos directamente; representación en organismos internacionales; representación en los organismos del Estado; agencia tributaria propia; empresas públicas; control de las haciendas locales; puertos y aeropuertos incluso los de interés general; medios de comunicación social; promoción de la memoria histórica; síndico de greuges propio y Sindicatura catalana de cuentas; consejo audiovisual catalán; consejo de justicia de Cataluña; etc… Como es evidente pocas o ninguna quedan al Estado.

No es posible tampoco desarrollar aquí la extensión y peculiaridades de cada una de las competencias, pero sí hacer algunas consideraciones sobre las mismas.

Sólo diré que en ninguna de estas materias se respeta la competencia exclusiva del Estado, pese a que gran parte de ellas están contenidas como tales en el artículo 149 de la Constitución.

El 75% de dichas competencias se declaran exclusivas de la Generalidad, el 10% compartidas (en la que se asume siempre la gestión y el control económico) y el 5% ejecutivas es decir que aunque correspondan al Estado, la gestión directa la realiza la Generalidad. Tanto en las compartidas como en la ejecutiva, se establece como condición previa el acuerdo de la comisión bilateral. La Generalidad se atribuye la transferencia de los puertos de Barcelona y Tarragona, los aeropuertos, las facultades de gestión de las infraestructuras hidráulicas, sanitarias, de transportes, vías de comunicación, telecomunicaciones, etc., la posibilidad de convocatoria de consultas populares por vías de referéndum, extranjería a inmigración; la ejecución de las normas de trafico incluido el otorgamiento de permisos y licencias, multas, etc.; la expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, la coordinación y supervisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sería muy curioso analizar el alcance de las competencias. Sólo lo haré con alguna de ellas:

Por ejemplo, la titulación de los profesionales de la pesca o de la marina, como si sólo fueran a navegar por aguas catalanas; la titulación de los profesionales laborales o universitarios como si sólo fueran a ejercer en el ámbito catalán o tuviéremos obligación de reconocer la validez de esos títulos, aunque no haya reciprocidad; la inmigración y extranjería como si Cataluña pudiera excluirse de un problema de dimensión nacional; el control meteorológico, como si la meteorología fuera exclusiva de una parte del territorio; juventud, como si el Estado pudiera renunciar a su formación nacional; los medios de comunicación social, en los que llega a incluirse el control e incluso la facultad de prohibir su difusión de los que se repartan en Cataluña; el notariado, los registros, la inspección de trabajo, de hacienda, la judicatura, en los que se atribuye la selección, formación, nombramiento, control de los protocolos y actas, inspección, sanción, etc., rompiendo así la unidad y poniendo en discusión la validez de sus actuaciones en otros territorios; la organización territorial, suprimiendo las provincias y controlando y diferenciando su estructura y funcionamiento; expropiación forzosa, el catastro, rompiendo así en la misma base la unidad fiscal y distorsionando el mercado inmobiliario y financiero; las relaciones con las entidades religiosas aunque tengan dimensión nacional o estén reguladas por el concordato; seguridad pública, incluso respecto a los cuerpos del Estado, contradiciendo los artículos 104 y 149 de la Constitución; símbolos nacionales, en los que se omite absolutamente a los de España; universidades tanto publicas como privadas respecto de las cuales la Generalidad asume su creación, gestión, financiación y revocación; mar litoral, como si el litoral español pudiese fraccionarse o el Estado renunciar a su control y a su seguridad como frontera que son de la Patria; promoción de la memoria histórica, claro es parcial y tal como está planteada sectaria,…

Son sólo botones de muestra; pues lo más importante son aquellos factores que rompen la unidad y la solidaridad en que se fundamenta España y su Constitución.

principios inadmisibles del estatuto catalán

Vamos a desarrollar brevemente, como corresponde a una publicación de espacio limitado, aquellos aspectos del proyecto de estatuto catalán, que en mi opinión rompen y desvertebran, aún más que lo hasta aquí expuesto, la unidad de España, que es anterior y superior a todas las constituciones. Se han de fundamentar, como razón de su propia existencia, en esa unidad, en la soberanía nacional; que radica en el conjunto del pueblo español y no en ninguna de sus partes y como tal es una e indivisible, y en la solidaridad entre sus ciudadanos y sus regiones. Han de promover la justicia, la libertad y la democracia, que son los valores esenciales que informan el Estado de Derecho.

Son estos aspectos:

· La unidad de la soberanía nacional, a través de la cual y en su nombre se ejercitan los poderes del Estado.

· La unidad, complementaria y jerarquizada de las leyes, que emanan del poder legislativo, lo que implica ciertos límites generales y territoriales, que se derivan del conjunto normativo que constituye el Estado social, democrático y de derecho.

· La unidad del poder ejecutivo en las materias que por mandato constitucional son de su exclusiva competencia, que sólo pueden ser trasferidos excepcionalmente, y en el caso en que lo permita su propia naturaleza. No se contradice con la total transferencia de aquellas otras que por su naturaleza y previo reconocimiento constitucional, son transferibles.

· La unidad del poder judicial, base de la igualdad, la libertad y la democracia.

· La unidad e igualdad de las cargas y prestaciones de la seguridad social, pues lo contrario produce la desigualdad, el privilegio y el agravio comparativo.

· La sujeción de los distintos ámbitos de competencia a sus justos límites territoriales, pues lo contrario niega la solidaridad, el respeto a la identidad de los demás, y facilita el imperialismo expansionista de unas comunidades sobre otras. Ello niega cualquier atisbo de extraterritorialidad.

· La aplicación efectiva del principio de «solidaridad» que es uno de los fundamentos de la Constitución, y una exigencia de la justicia.

Pues bien, en mi opinión, todos estos principios fundamentales e ineludibles, están siendo gravemente distorsionados con el proyecto de Estatuto que estamos analizando.

la unidad de la soberanía nacional en entredicho

El articulo 1 del titulo preliminar de la Constitución, establece que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».

La soberanía pues radica en el conjunto del pueblo español y constituye una unidad indivisible que no puede ser ejercida por ninguna de sus partes y de ella se deriva la unidad del poder del Estado y la coordinación de sus funciones.

La actuación del Estado se reflejan a través del ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno de ellos actúa sin poder romper la unidad de la soberanía y constituye en sí mismo también una unidad funcional.

Es la Nación española, en uso de su soberanía, se constituye en un Estado social y democrático de derecho.

Es pues el pueblo español, ejerciendo su soberanía y las Cortes que lo representan, el que aprueba la Constitución (ver preámbulo de la Constitución), y consecuentemente el que se constituye en un Estado Social y democrático de Derecho, sobre el fundamento de «la indisoluble unidad de la Nación española».

Las comunidades autónomas no son constituidas por la soberanía popular, sino que es el Estado el que se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Éstas para su existencia y funcionamiento no dependen de la voluntad popular, sino que han de ser aprobadas mediante Ley Orgánica del Estado por las Cortes Generales. Sus competencias no quedan establecidas por iniciativa de la propia comunidad, sino que son otorgadas, mediante el ejercicio de la soberanía nacional por la propia Constitución. El ejercicio de las mismas esta sometido al control del Tribunal Constitucional, el Gobierno, la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Tribunal de Cuentas (articulo 153 de la Constitución). El gobierno se reserva la facultad de corregir cualquier incumplimiento de la constitución e incluso «adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimientos forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general» (articulo 155).

Son pues, las comunidades autónomas una parte de la administración del Estado, creadas por el mismo y sometidas a su autoridad.

Por eso se hace inadmisible el preámbulo del proyecto de estatuto –que luego se reitera e informa su articulado- cuando dice que «la nación catalana […] se ha dotado de leyes propias y ha desarrollado un marco de convivencia solidario […]» y más tarde en su articulo 1, cuando afirma «Cataluña es una nación» y «ejerce su autogobierno mediante instituciones propias...».

Se está produciendo una doble suplantación la del concepto de Nación y el de soberanía. Implica la parcelación de la soberanía nacional y por lo tanto creación de las bases para la libre y reversible asociación con el Estado Español.

No es Cataluña, ni ninguna otra región, la que se constituye en Comunidad Autónoma y menos en Nación. Es el Estado, como representación del pueblo español, el que se organiza en entidades locales, entre las que se encuentran de modo preferente las Comunidades Autónomas; garantizando que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de los territorios de España» (articulo 139 de la Constitución).

Por otra parte una Ley aprobada por un parlamento autonómico, no puede afectar a la generalidad de la Nación Española -el proyecto de estatuto le afecta enormemente-, porque eso sería contrario a la democracia, dado que una minoría no se puede imponer a la mayoría y rompería el recto ejercicio de la soberanía popular. Es además discutible, según reiteradas encuestas, que el proyecto sea coherente con el deseo y lo más conveniente para la sociedad civil catalana, que inicialmente pasaba de él. Parece más bien un propósito dirigido desde el Gobierno de la Nación, en connivencia con la clase política, de espaldas a su propio pueblo.

unidad e intransferibilidad del poder ejecutivo

Los «poderes» legislativo, ejecutivo y judicial, son poderes inherentes al Estado de la Nación.

La utilización de la expresión «poderes públicos en Cataluña» (articulo 39 del proyecto del estatuto) es equívoca e inexacta. Las comunidades autónomas no ostentan «poderes», que corresponden a la soberanía nacional de la que emanan, sino «competencias», otorgadas por el Estado.

Esta terminología se repite respecto a otros muchos conceptos, el más reticente el de Nación.

También a través de omisiones significativas. Entre estas últimas siempre que se hace una referencia a la Constitución evitando decir que es la española. Cuando se trata de España o del Estado español, como algo ajeno, distinto, de igual rango, que hay que considerar desde la bilateralidad. Lo mismo cuando en todo el texto no se hace ninguna referencia a la integración de Cataluña en la Nación o en el Estado de España, lo que sí se hace por ejemplo del Valle de Arán; respecto a Cataluña. Por el contrario se considera directamente a Europa, como el espacio político y geográfico de Cataluña, que por lo visto no está en la península Ibérica.

El ejercicio de las competencias ejecutivas de la Generalidad, queda condicionado, por tener atribuida la ejecución de la legislación dictada por el parlamento catalán, que a su vez abarca todo lo que suponga el desarrollo del Estatuto y la garantía de los derechos y libertades reconocidas a los catalanes; es decir prácticamente tiene carácter totalizador. Sus actos políticos o jurídicos «vinculan a todos los poderes públicos que actúan en cataluña.

Como exponentes de la amplitud de estos principios basta señalar que:

· El presidente de la Generalidad nombra o propone a todos los cargos públicos, incluidos los del Gobiernos central.

· La administración de la Generalidad, «tiene la condición de administración estatal ordinaria».

· El sindic de Grauges, puede extender su control a la administración del Estado, previo acuerdo con el defensor del pueblo. No se tiene en cuenta que éste, no está facultado para renunciar a sus competencias. Es de señalar que por el contrario el Estado no puede controlar a la administración catalana, lo que sería lo correcto.

La sindicatura de cuentas puede controlar las cuentas, la gestión económica y la eficiencia, sobre todas las administraciones (incluida la del Estado), lo cual difiere ser al revés y resulta realmente inaudito.

Este contenido estatutario, nos lleva a la absoluta convicción de que estamos considerando, no un estatuto autonómico, sino la Constitución de un Estado. De él resulta, desde su perspectiva coherentemente, la ausencia de las funciones del Estado Español en Cataluña.

Así se deduce también de las transferencias que el nuevo estatuto propone.

Sin embargo no todas las transferencias que el estatuto se otorga a la generalidad son transferibles.

Sobre ellas, siendo imposible, en esta ocasión, analizadas una por una voy a tratar de hacer algunas consideraciones generales. En mi opinión son las suficientes para sustentar un criterio constitucional, dentro del marco del Estado de derecho, a fin de determinar las transferencias que son procedentes y las que no lo son.

Gran parte de las que constan en el proyecto del Estatuto, sin duda las más importantes, pretenden fundamentarse en el artículo 150 de la Constitución. El mismo permite «transferir o delegar, a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de su titularidad». No se tiene en cuenta que dicho artículo tiene carácter excepcional y sobre todo condiciona expresamente dicha posibilidad a que «por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación».

¿Qué trasferencias reúnen estas condiciones?

Para concretarlas sin traspasar los límites constitucionales se pueden establecer varios criterios, entre ellos los siguientes:

PRIMERO.- El de la incuestionable realidad física, reiterado en los artículos 148 y 149 de la Constitución. De esa reiteración se puede deducir su esencialidad. Además se corresponde con un indudable sistema deductivo, y produce unos resultados justos.

De la realidad física del territorio (otro de los elementos básicos de las naciones), resulta la intransferencia de todas aquellas estructuras y servicios cuyas infraestructuras o efectos abarcan más de una comunidad autónoma. A título enunciativo, aunque no exhaustivo, quedan englobados los sistemas hídricos, energéticos, de ferrocarriles, carreteras, vías de comunicación, marina mercante, abanderamiento de buques, costas, señales marítimas, puertos y aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico, matriculación de buques y aeronaves, transportes y comunicaciones, circulación de vehículos de motor, correos y telecomunicaciones, radio y televisión, cables aéreos y submarinos, sistemas informáticos, parques nacionales, títulos académicos, y que estén situados sobre varias comunidades autónomas o se proyecten fuera del ámbito de su territorio.

Casi en su totalidad son inherentes a la soberanía nacional.

Hay que tener en cuenta que los buques y aeronaves, cuando están en el extranjero, forman parte del territorio nacional y les afectas los convenios internacionales subscritos por el Estado. La señalización, control y seguridad de las costas, mar territorial y espacio aéreo, forman parte de las fronteras exteriores de España.

Las matriculas de los buques, aeronaves, transportes; las títulos profesionales… han de tener vigencia en el conjunto de la Nación, a no ser que se reduzca su validez al contorno de Cataluña. Hay fenómenos físicos que por su propia naturaleza no se pueden parcelar en pequeños territorios, como las cuencas de los grandes ríos; la meteorología; el consumo de las grandes centrales energéticas; las autopistas y autovías; las grandes líneas de ferrocarril; las ondas radiofónicas o televisivas; correos; cables submarinos y aéreos inter-territoriales; sistemas informáticos en los que no hay que olvidar su relación con la seguridad colectiva. Para eso están las competencias del Estado. La unidad de su gestión garantiza su coordinación y eficiencia, como también la justicia distributiva de sus efectos. Corresponde al criterio de Platón, de que «es función de una cosa aquella que ésta realiza mejor que las demás». Corresponde al concepto moderno, de aplicación europea de la subsidiaridad, que sólo es aplicable cuando no implica parcelación, ineficacia y desorden.

A mayor abundamiento, en todas las actividades referidas además de la intransferibilidad consecuente con su propia naturaleza, concurren otros criterios que avalan dicho carácter. Respecto a las mismas no se hace ninguna referencia en los artículos 148 y 149 de la Constitución sobre la posibilidad de que puedan ser transferidas o delegadas que sí se manifiesta respecto a otras, bien al incluirlas en el 148, bien al añadir la celebre frase «no obstante…». La hermenéutica legal, más exigente cuando se trata de derecho constitucional, nos dice que «las normas restrictivas no pueden interpretarse extensivamente» y que «donde la Ley no distingue no cabe distinguir».

No concurren pues en estos supuestos el requisito determinante, de que sean trasferibles o delegables, «por su propia naturaleza».

SEGUNDO.- Consiste en el contraste entre el criterio condicionante de que «sea transferible por su propia naturaleza», con su contrario, es decir con que «sea intransferible por su propia naturaleza», método de deducción racionalmente necesario.

¿Cuáles son las competencias intransferibles e indelegables por su propia naturaleza?

Además de las que lo son por su realidad física, las que son inherentes a todo Estado. Las que de no ser realizadas con carácter general, igual para todos los territorios y todos los ciudadanos, generan privilegios, desigualdades e injusticias. Las que implicaran la renuncia a las dos tareas fundamentales que justifican su propia existencia, cuales son la defensa y proyección exterior de la unidad indisoluble de la Patria Común de todos los españoles y la garantía del ejercicio, con igualdad, de las libertades y derechos de los ciudadanos.

Por estas razones son intransferibles e indelegables todas las competencias que participan en la defensa y permanencia de la unidad irrevocable de España, como:

· Nacionalidad, extranjería, inmigración, derecho de asilo (que constituye el proceso de formación de la población, uno de los elementos básicos que conforman la Nación, juntamente con el territorio y el Estado). Las relaciones internacionales (que implican el reconocimiento de España, con identidad propia en el mundo).

· La seguridad ciudadana. Hoy en día la seguridad y la defensa están íntimamente vinculadas. Un Estado no puede renunciar a garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, en todo el territorio nacional –amén de que técnicamente sus raíces territoriales y sociales exceden al territorio de una comunidad autónoma-. Tampoco es admisible que puede estar en manos distintas y con intereses diversos dentro de parcelas del mismo Estado. La colaboración entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad ha de hacerse bajo el control y dirección de las del Estado y no al revés como propugna el Estatuto.

· Las fuerzas Armadas, por razones obvias, con facultad de despliegue y actuación sin condicionantes, ni autorizaciones vinculantes previas, en todo el territorio nacional.

También las que son intransferibles, porque de serlo, producirían desigualdades injustas y privilegios.

Son, entre otras, la unidad del poder judicial del Estado; la legislación básica y el régimen económico de la seguridad social; la Hacienda general del Estado; las que garantizan por igual los derechos y deberes de los ciudadanos y de forma especial, por estar más amenazada, la libertad de expresión y de información veraz y plural, que evita el monopolio y la manipulación de los medios de comunicación social; las que procuran la igualdad social en la educación, las prestaciones sociales y las oportunidades de promoción; las que comportan la unidad de mercados, del sistema monetario y financiero, cuya ruptura podía ser regresiva para el conjunto del sistema socio-económico, en los que no cabe establecer privilegios discriminatorios, ni intervencionismos especiales –como pretende el Estatuto-. No sólo por estas razones, sino también porque esa unidad de mercado es una exigencia de los tratados internacionales que nos vinculan con Europa y forman parte de nuestra normativa constitucional.

Todas ellas se contienen también como exclusivas en la Constitución, sin hacer referencia al socorrido latiguillo, «sin perjuicio de su posible transferencia…». Y sin que sean recogidas como funciones de las Comunidades autónomas, en el artículo 148.

TERCERO.- Se trata de que la mayor parte de las competencias a que nos hemos referido en el anterior apartado, además de ser intransferibles por su propia naturaleza y estár así definidas, sin que quepan interpretaciones distintas, en el articulo 149; están contenidas en otros artículos de la Constitución, respecto de los cuales no se prevé la posibilidad de ninguna transferencia o delegación, sino todo lo contrario.

Las posibilidades de transferencia o delegación a que se refiere al artículo 150-2, son exclusivamente las que se relacionan en el artículo 149 al que aquél está referido. Si están excluidas en otros artículos dicha posibilidad, no le es de aplicación.

Así, la defensa de la unidad, integridad y soberanía de la Patria esta contenida en los artículos 1, 2, 8,… de la Constitución; la nacionalidad y extranjería en el articulo 11; las relaciones internacionales en el 56; la seguridad ciudadana, «bajo las ordenes del gobierno», en los 17 y 104; la unidad jurisdiccional, en los artículos 14, 117, 123, 124…; la unidad e igualdad del régimen económico de la seguridad social en el 41; la unidad y la igualdad fiscal en el 31; la libertad de expresión en el 20 especialmente en su apartado que establece el derecho a «comunicar y recibir información veraz con cualquier medio de difusión», sin que estén permitidas las restricciones y controles que el estatuto establece; la unidad de mercado en el articulo 51 y en los tratados constitutivos de la Unión Europea; la homologación de los títulos académicos o profesionales en el artículo 27…

Todos estos artículos de forma contundente e inequívoca atribuyen al Estado o al Gobierno la competencia exclusiva,e intransferible de las que en los mismos se contiene. Respecto a los cuales no es de aplicación el artículo 150. Su naturaleza estatal está constitucionalmente definida y constituiría una falacia no tener en cuenta su regulación constitucional especifica.

CUARTO.- El último criterio no es de orden jurídico sino político. En la vida como en la política todo aquello que de generalizarse produce un mal irremediable, es pernicioso en sí mismo.

En esta cuestión de las competencias, todo aquello que de otorgarse a todas las Comunidades Autónomas –que tienen derecho a la igualdad y no aceptan privilegios– conduciría al caos, es inaplicable.

Podría poner ejemplos en cada uno de las diferencias y privilegios en el nuevo Estatuto propone. No hace falta. Basta con pensar un poco.

QUINTO.- Finalmente, en esta metería quiero hacer una última consideración.

Puede resultar una falacia engañosa distinguir, a los efectos de traspasar los criterios básicos establecidos, entre transferencias exclusivas, compartidas o ejecutivas.

El sustantivo es la transferencia y lo adjetivo el que sea exclusiva, compartida o ejecutiva. En definitiva todas son transferencias. Es una forma engañosa de saltarse la Constitución, de romper la convivencia y justificarse. En definitiva, lo que importa es la ejecución, que además una vez otorgada se convierte en exclusiva e irreversible.

Cuando la Constitución establece que sólo podrán ser trasferidas las competencias que lo permitan su propia naturaleza; cuando a lo largo de su articulado define algunas de ellas como función exclusiva del Estado; está excluyendo de toda transferencia a las que por su naturaleza o por mandato constitucional son intransferibles. No cabe decir respecto a las mismas. Si, pero sólo transferimos la competencia compartida o la ejecutiva, porque la exclusión se refiere a toda transferencia. Donde la Ley no distingue no cabe distinguir. Si el legislador hubiera querido otra cosa, hubiera dicho, «“no obstante respecto a las que tengan naturaleza intransferible, se podrán delegar o compartir funciones ejecutivas». No lo ha dicho y por lo tanto cualquier modalidad de trasferencia en esas materias seria inconstitucional.

En el caso del estatuto catalán, las funciones que se reserva la Generalidad, respecto a estas hipotéticas transferencias compartidas o ejecutivas, son de tal amplitud, que suponen de hecho un total ejercicio efectivo –principalmente en las de contenido económico– de todas las competencias que por su naturaleza corresponden al Estado, y en la mayor parte de las veces pretende llevarlas a efecto de forma determinante o vinculante.

SEXTO.- Después de toda esta exposición, ¿cuáles son realmente transferibles? La mayor parte de las que constituyen la gestión o administración de la vida colectiva. Todas las ya otorgadas en el articulo 148 de la Constitución (que son 22) y en el estatuto vigente. Además las que se derivan del desarrollo legislativo en el marco de la leyes generales. En su conjunto constituyen las mayores competencias otorgadas para las regiones en Europa y sobrepasan en mucho la de los estados federales. Las mismas se podrían completar o potenciar, con las que en esta pretendida renovación se acordaran, siempre que por su naturaleza lo permitiera, en el marco de la Constitución y el respeto a la unidad indivisible de España.

la unidad y la intransferibilidad del poder judicial

Es discutible en la doctrina del derecho constitucional, la naturaleza y extensión legislativa de los parlamentos autonómicos.

El «poder» legislativo es uno de los poderes esenciales del Estado. Como tal emana de la soberanía popular nacional, que es una e indivisible, de lo que se deriva la naturaleza unitaria del poder judicial garantía de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley.

Las «competencias» legislativas de las Comunidades Autónomas, ni son una creación de la soberanía popular, ni son un «poder» de ningún estado, son otorgadas por el Estado a través de la Constitución y de los estatutos de autonomía. De ahí se deriva el que se trate de facultades normativas limitadas tanto en su extensión objetiva, como en su subordinación a las leyes de bases que desarrollan la Carta Magna.

Los artículos 148 y 149 de la Constitución distinguen entre las competencias exclusivas; las que siendo exclusivas permiten un desarrollo o ejecución en relación con loa peculariedades de cada autonomía; las que «en todo caso» pertenecen al Estado, es decir que se declaran intransferibles; y las que se distinguen entre legislación básica –parte del poder legislativo del Estado- y su desarrollo, en el marco que la misma establece.

Todo el sistema radica en la jerarquía de la norma, que no puede suplantarse sin romper la unidad jurisdiccional, que es uno de los poderes que conforman el Estado.

Aunque parezca que es una verdad de perogrullo, la primera norma cuya elaboración y promulgación y eficacia no es transferible es la Constitución. La Constitución no se puede modificar a través de un Estatuto, o como ha dicho Maragall recientemente adaptando la Constitución a su contenido. Es precisamente al revés.

El estatuto modifica profundamente la Constitución, que sólo se puede cambiar por el procedimiento establecido al efecto. El Parlament catalán no tiene competencia para ello. Sólo por esta razón no puede ser admitido a trámite. Si se quiere modificar la Constitución –lo que en absoluto es necesario, y no es un objetivo sentido como tal por la sociedad española, ni la catalana en particular- aplíquense sus artículos 166, 167, 168, y 169, lo que sería lógico hacerlo antes de renovar los estatutos, que deben respetar sus preceptos.

Los artículos 148 y 149 de la Constitución establecen como competencias exclusivas del Estado, la legislación mercantil, penal, penitenciaria, propiedad intelectual e industrial, régimen aduanero y arancelario, comercio exterior, sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad; pesas y medidas; productos farmacéuticos; sistemas horarios; aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas que afecten a varias comunidades; títulos profesionales y académicos que al estado le corresponde homologar (articulo 27), etc... Competencias exclusivas del Estado sin paliativos, digo esto porque cuando las mismas se consideran transferibles parcialmente y subordinadamente lo señala expresamente como veremos a continuación; y porque las mismas por su carácter intercomunidades autónomas o porque su división generaría desigualdades y privilegios, son intransferibles por su propia naturaleza.

Otras competencias se declaran transferibles, pero cuidado señalando expresa y rotundamente los límites de esa posible transferencia, como por ejemplo:

· La legislación procesal, solo respecto a las «necesarias» especialistas que se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

· La legislación laboral, sólo en lo que respecta a su ejecución.

· La civil, respecto a los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

· En materia de protección del medio ambiente, sólo autorizando normas adicionales de protección.

· Prensa, radio, televisión y medios de Comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

Está claro que el Estado se reserva siempre, con carácter intransferible la «leyes de base», pues al admitir respecto a ellos su desarrollo por las Comunidades Autónomas, está diciendo que los principios que hay que desarrollar son de su competencia. Así lo dice expresamente respecto a la legislación sobre «las bases y coordinación de la actividad económica; de la sanidad; seguridad social; régimen jurídico de las administraciones publicas y del régimen estatutario de sus funcionarios; procedimiento administrativo común; expropiación forzosa; contratos y concesiones administrativas y sistemas de responsabilidad de todas las administraciones publicas, montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias; y régimen minero y energético. Todas estas funciones tanto las parcialmente delegadas como las que el Estado se reserva -las leyes de base-, tienen como finalidad garantizar el ejercicio del poder legislativo del Estado y la igualdad de los españoles ante la Ley.

¿Nos figuramos qué pasaría si un mismo hecho fuera delito en un territorio y no en otro; o las consecuencias que se deducirían de un existir en una unidad básica en los procedimiento de las administraciones públicas?

Es significativo que el artículo 148, al hablar de las competencias de las Comunidades Autónomas, no se incluye ninguna de carácter legislativo y que en todo caso –y está muy claro en la Constitución-, la legislación en materias inherentes a las tareas esenciales del Estado, como los que garantizan la igualdad de los ciudadanos se las reserva expresa y directamente, bien las bases de su ordenación, admitiendo solamente o bien su desarrollo, bien su ejecución, siempre dentro del marco legal que el Estado determina.

Es lógico y obedece a su propia naturaleza que sea así. Si la legislación es distinta, todo se hace diferente y si todo es diferente o incluso antagónico, es imposible la unidad.

Hay materias en la que la Constitución es aún más contundente.

Se trata de aquellas competencias legislativas que «en todo caso» se reserva el Estado. Son las que constituyen la esencia del estado de derecho, «las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas; relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio; ordenación de los registros e instrumentos públicos; bases de las obligaciones contractuales; normas para resolver los conflictos de leyes; y determinación de las fuentes del derecho, con respecto, es en último caso, a las normas de derecho foral especial» (Articulo 149-8).

Pues bien, el proyecto de estatuto no respeta ninguna de las competencias exclusivas del Estado en materia legislativa. Diría más, se complace en atribuirse las que en la Constitución se establecen como leyes de base, o las que se declaran en todo caso intransferibles; incluso en algo tan disparatado como el funcionamiento y responsabilidad de las administraciones públicas, los registros civiles, el notariado, etc.

Sin embargo la convivencia habitual, lograda con el consenso que se contiene en la Constitución vigente, y con el equilibrio entre legislación básica y su desarrollo adaptado a cada realidad territorial, es el objetivo que hay que mantener en el futuro.

Respetar ese límite es garantizar la cohesión, romperlo es propiciar la desvertebración y el privilegio.

Sin duda el proyecto de Estatuto anula, absorbe e invade estas competencias legislativas respecto a la legislación básica o exclusiva que corresponden al Estado, destruyendo así la unidad y el marco en el que ha de desarrollar su competencia normativa.

unidad judicial e igualdad ante la ley

Las mismas consideraciones que hemos hecho respecto a la diferencia conceptual entre «“poder judicial» y «competencias judiciales» al referirnos al poder legislativo, podemos hacer ahora al hablar del poder judicial. Este es un poder consustancial al Estado que emana de la soberanía, aquí es una función «otorgada» por el Estado a las Comunidades Autónomas. Esta distinción es esencial e ignorarla tiene graves consecuencias respecto a la coherencia constitucional y a la praxis política.

El reconocimiento de la unidad jurisdiccional como poder y como función del Estado este reconocimiento en el derecho constitucional nacional y comparado en la doctrina, desde Montesquiau, hasta Caruelutti, Faireu, Pietro Castro, etc.

La unidad y prevalencia del poder judicial, es lógica en su doble dimensión de unidad de la Nación y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Así se dictamina en el artículo 117 de la Constitución, cuando establece que «el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales»; y que «los españoles son iguales ante la Ley, sin que puede prevalecer discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Es evidente que la pertenencia a una Comunidad Autónoma, no puede significar por razón de lugar de nacimiento o por ninguna otra circunstancia, diferencias discriminatorias en los derechos básicos de los ciudadanos. De ahí, la inconstitucionalidad de los derechos y libertades que el estatuto establece para los catalanes, en cuanto son diferentes de los declarados en la Constitución para todos los españoles. Generan así diferencias que se acentúan, como consecuencia de los sistemas catalanes propios para su ejercicio y garantía.

La Constitución concreta los ámbitos de jurisdicción territorial del Estado. Siempre sobre «todo el territorio nacional». Articulo 161, respecto al Tribunal Constitucional. Articulo 123 en relación con el Supremo. Articulo 124, del Ministerio Fiscal. Articulo 152, en las competencias que se refieren a los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas, al declarar que los mismos han de actuar «sin prejuicio de la Jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo».

De nuevo estos principios, tan claros, reiterados respecto a la unidad jurisdiccional, se pretende suplantarlos de forma irresponsable y poniendo en peligro, no sólo la unidad, sino la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, tanto en el proyecto de Estatuto Catalán, como en la anunciada reforma de la Ley Orgánica de la Justicia.

Es una falacia pretender crear poderes judiciales autonómicos propios, como lo es reducir la competencia del Tribunal Supremo «a la unificación de doctrina». Los efectos sobre los ciudadanos o entidades reclamantes de sus derechos, son nulos, dado que en la legislación procesal, civil, penal, o contencioso administrativa las sentencias dictadas en recursos de unificación de doctrina, carecen de eficacia ejecutiva y no surten efectos materiales para las partes de un litigio. Así lo establecen los artículos 101 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y el artículo 493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando regulan que las sentencias dictadas para la unificación de doctrina, respetarán, en todo caso, las actuaciones jurídicas particulares dictadas en las sentencias objeto de recurso. A ellos cabe añadir la variedad de las doctrinas existentes sobre un mismo tema, como lo demuestra la práctica procesal en la que todos los letrados –como los contrarios– suelen alegar sentencias en las que pretenden fundamentar sus causas.

Se trata de un eufemismo para disimular la ruptura de la unidad jurisdiccional básica en el Estado de derecho.

Si desde la perspectiva constitucional analizamos el proyecto de estatuto catalán, en lo que respecta al ámbito jurisdiccional, no cabe, por mucha voluntad conciliadora que se ponga en ello, más que rechazar en bloque sus planteamientos.

Empieza con titulo III, que se denomina «el poder judicial en Ctaluña», cuando por las razones ya alegadas debiera titularse «las competencias jurisdiccionales de la comunidad autonoma catalana», máxime cuando su posterior desarrollo convierte la preposición «en», en «de».

Sigue estableciendo que, «las sucesivas instancias judiciales iniciadas en Cataluña, se agotan ante los tribunales situados en el territorio de Cataluña»; con la sola excepción del recurso para la unificación de doctrina (articulo 95-2).

Criterio que aún se constriñe más, al continuar diciendo que corresponde en exclusiva «al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la unificación de la interpretación del derecho de Cataluña, así como la función de casación en materia de derecho estatal, sobre la unificación de doctrina», y «la resolución de los recursos extraordinarios de revisión, contra las resoluciones firmes dictadas por los órganos judiciales de Cataluña» (articulo 95).

Los componentes de los órganos judiciales –incluso del Tribunal Superior de Justicia- son puestos en terna por la Generalidad. Las funciones del fiscal superior de Cataluña, quedan subordinadas a las que determine una Ley de su parlamento.

Se crea un consejo de justicia de cataluña como órgano «desconcentrado» del Consejo general del Poder Judicial, que propone todos los cargos y expide todos los nombramientos, y ceses de «los jueces de apoyo o sustitución»; instruye todos los expedientes de premio o sanción de la carrera judicial; tiene las facultades de inspección y control de todos los órganos judiciales y el control de la legalidad de la Sala de Gobierno, los presidentes de Sala, Tribunales y Audiencias,… (Articulo 98).

Los miembros de este Consejo son nombrados a propuesta de Parlamento Catalán (Articulo 99).

La Generalidad además se atribuye, entre otras, las siguientes competencias.

· Convoca las oposiciones y los concursos para cubrir las vacantes de jueces magistrados y fiscales en Cataluña, de acuerdo con el Consejo General del poder judicial, exigiendo el conocimiento adecuado y suficiente del catalán.

· Organiza, selecciona, nombra promueve,… es decir con absoluta dependencia y Control de la Generalidad, los secretarios judiciales, los médicos forenses, el personal administrativo, «las oficinas de apoyo»; etc.

· Es titular, administra y controla los edificios judiciales, muebles y materiales, y los sistemas informáticos. Gestiona y custodia los archivos y las piezas de convicción y los efectos intervenidos.

· Gestiona las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales y sus rendimientos.

· Gestiona, liquida y recauda las tasas judiciales. (El contenido economista e intervencionista del estatuto es asfixiante).

· Nombra los jueces de paz, y puede estableces nombrar y controlar «los jueces de aproximación» (artículos 103, 104, 108).

¿Qué queda del «poder judicial» del Estado en Cataluña?

¿Queda garantizada la unidad jurisdiccional o la igualdad de los ciudadanos ante la Ley?

¿Qué control tienen los actos jurídicos de la administración Catalana, si la Generalidad es juez y parte, en todas sus actuaciones?

¿Cómo se garantizan los derechos y deberes de los ciudadanos; las libertades de las minorías sociales –que en este caso son mayorías– por ejemplo de los castellano hablantes, frente a los abusos previsibles?

Indudablemente el Estatuto en materia del «poder judicial de Cataluña», al romper los fundamentos mismos de la unidad y de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, es claramente inconstitucional y atenta grave e irreversiblemente a la unidad irrevocable de España.

el estatuto catalán y la unidad de la hacienda del estado

Constitucionalmente, el sistema monetario español está inspirado en los principios de igualdad y progresividad (articulo 31 de la Constitución).

La doctrina hacendística y el derecho comparado avalan la necesidad de la unidad de la Hacienda del Estado, porque la realidad socioeconómica es la materia prima sobre la que ha de actuar la acción política. Los tributos –tal como señala la Ley General Tributaria-, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, han de servir como instrumentos de la política económica general del Estado, atender a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurar una mejor distribución de la renta nacional.

Estos objetivos exigen por una razón de justicia y también de eficacia, una unidad de gestión, control y aplicación.

Por todo ello el artículo 133 de la Constitución dice: que la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado.

La hacienda forma la columna vertebral del poder ejecutivo, si se rompe su unidad se desmorona éste y sin poder ejecutivo no hay Estado.

Sin la unidad de recaudación que supone la aplicación de los mismos criterios de fijación de las bases Tributarias, cuotas y forma de liquidación, a través de una misma gestión Tributaria igualitariamente responsable, no se puede garantizar la igualdad de las cargas fiscales a todos los ciudadanos con los mismos ingresos.

Es decir, la Hacienda publica estatal desde la fijación presupuestaria de gastos e ingresos, hasta la gestión tributaria, son un poder y una función del Estado. Ha de aplicarse mediante un sistema de recaudación y control del gasto, único. De forma que garantice la igualdad de la presión fiscal. Así esta establecido en la Constitución, las leyes Tributarias básicas, la doctrina, el derecho comparado. Así lo exige la transparencia y la justicia.

Ello no contradice la posibilidad de crear impuestos o tasas por las administraciones locales (municipios, provincias o comunidades autónomas). Tampoco de participar en los tributos estatales, en la misma proporción, establecida por el Estado para todos ellas por Ley General.

Esta financiación de la Haciendas locales, tiene que tener la condición de que sea igual –la igualdad en este tema tiene una dimensión absoluta- para todos los territorios del Estado. Lo contrario no sólo contradice el principio constitucional, sino que además genera privilegios y diferencias inadmisibles entre los ciudadanos en razón de su residencia. Sin igualdad territorial, no hay igualdad fiscal ciudadana.

¿Las propuestas del Estatuto catalán, están dentro de estas coordenadas?

Indudablemente no lo están. Además rompen los principios, e impiden el funcionamiento del sistema.

Efectivamente, el proyecto de Estatuto, considera como ingresos propios de la Generalidad:

· «El rendimiento de todos los tributos estatales, soportados por Cataluña, que tienen la condición de cedidos de acuerdo con la dispuesto en los presente estatutos». Al decir «tienen y no tengan» y por su relación con el resto del texto, su amplitud es totalizadora (Articulo 203).

· «Los recursos procedentes de la Unión Europea y de programas comunitarios»; que pretende cobrar y gestionar directamente en cuanto afecten, incluso parcialmente a Cataluña (Articulo 204).

En cuanto a la gestión que es determinante de la igualdad, de la aportación de los gastos generales del Estado y de la solidaridad interterritorial; pretende «participar en la fijación del tipo impositivo, las exenciones, las reducciones y las bonificaciones sobre la base imponible y las deducciones sobre las cuotas», de los impuestos estatales, suplantando a las Cortes Generales y al Estado. ¿Cómo sería posible todo ello con las 17 comunidades? ¿Es que los órganos legislativos y ejecutivos del Estado no sirven para realizar las funciones que les corresponden? (Articulo 204-3).

Pero donde adquiere el mayor nivel de la ruptura de la unidad, la igualdad y la solidaridad, es en la creación y competencias que se atribuye a la agencia tributaria de cataluña, «de la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos estatales soportados por Cataluña», para luego decidir la cuantía de su aportación a los gastos del Estado, que desaparece también en Cataluña en sus competencias fiscales.

La inconstitucionalidad y los efectos injustos y desvertebradores son evidentes.

unidad y solidaridad de las prestaciones sociales

En la unidad y solidaridad de las prestaciones sociales entre todos los territorios y para todos los ciudadanos, radica la justicia social, base del Estado mismo.

Efectivamente la Nación española se constituye en un Estado Social y democrático de derecho, que proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (articulo 1 de la Constitución).

Este valor superior y que por tanto transciende e informa todo el orden legal, se concreta especialmente, en la obligación del Estado de «mantener un régimen público de la Seguridad Social para todos los ciudadanos» (Articulo 41 de la Constitución).

No es necesario insistir en que el logro de la justicia social es una de las funciones esenciales e irrenunciables para ello se creo la Seguridad Social. El fundamento de la misma, lo que la hace posible, es la aportación solidaria de empresarios, trabajadores y Hacienda publica a su financiación.

Pues bien tanto el principio de igualdad, base de la justicia, como la solidaridad en que su aplicación se fundamenta, que también ha de ser igualitaria, queda una vez más rota por el proyecto de Estatuto catalán.

Aunque utiliza el eufemismo de competencia compartida (distinción que no modifica el sustantivo de transferencia), a continuación establece que dicha competencia compartida incluye «en todo caso»:

· La ordenación del sistema de la Seguridad Social.

· La organización y administración del patrimonio y los servicios que integran el sistema de la Seguridad Social en Cataluña.

· La ordenación y ejercicio de todas las facultades administrativas sobre las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y sobre instituciones de empresas y las fundaciones que colaboran con la Seguridad Social.

· La dirección y la inspección de la gestión y administración de las prestaciones económicas de la Seguridad Social.

· La ordenación de la inscripción de empresas, las afiliaciones, las altas y bajas y los otros datos de adscripción de los empresarios y los trabajadores por cuenta propia o ajena.

· la gestión de los servicios económicos de la seguridad social, que incluye el reconocimiento y la gestión de las prestaciones económicas del sistema de la seguridad social y la organización de estos servicios.

(Articulo 166 del proyecto de estatuto).

A lo que hay que añadir «la intervención y el control de los sistemas de protección social complementarios privados», con carácter exclusivo (Articulo 166), etc.

Una vez más queda demostrado lo engañoso de las competencias compartidas o ejecutivas en el estatuto, sólo así tituladas para enmascarar la atribución total de competencias exclusivas del Estado.

Sin más consideraciones es evidente que se rompe la caja única de la seguridad social. Con ello se destruye el sistema nacional; se privilegia a unas comunidades sobre otras; se condena a ciertos territorios a la minisvaloración de sus prestaciones sociales, con su tremenda repercusión en el mercado de trabajo; impide el cumplimiento solidario del objetivo de la justicia social por parte del Estado y se crean privilegios odiosos entre regiones y entre ciudadanos.

extraterritoriedad en el estatuto catalan

Una de las pretensiones más inadmisibles del Estatuto es la consagración el principio de extraterritorialidad. Es como pretender que España pudiera legislar directamente sobre aspectos institucionales o sociales de otra nación diferente.

Sin embargo el pretendido estatuto catalán no es un estatuto, es una constitución de la nación catalana, de carácter expansionista.

Su extraterritoriedad tiene incluso una dimensión internacional, pues permite a la Generalidad «establecer una delegación ante las instalaciones europeas» (articulo 192), «impulsar la proyección de Cataluña en el exterior» (Art. 194); «capacidad para llevar a cabo las acciones exteriores que son inherentes a cada una de sus competencias», que ya hemos visto la amplitud que tienen, incluso «de forma directa» (Art. 194); «establecer delegaciones y oficinas en el exterior» (Art. 195); «suscribir acuerdos de colaboración» (Art. 196); concluir «preacuerdos internacionales, en los temas que requieran autorizaciones del Estado»; «promover la cooperación con las regiones europeas con las que comparte intereses económicos, sociales, ambientales y culturales» (Art. 198), con la vista puesta en la región euro mediterránea, versus «paissos catalans»; «participar en los organismos internacionales de forma autónoma si lo permite la normativa correspondiente» (Art. 199); y promover la proyección internacional de las organizaciones sociales y deportivas (federaciones deportivas) y si procede a su afiliación a las entidades afines de ámbito internacional» (articulo 201).

Prácticamente la Generalidad se convierte ante el mundo en un Estado con representación propia y diferenciada, lo que contradice gravemente la facultad exclusiva del Estado en la materia (artículos 56, 97 y 149 de la Constitución). Se trata de una competencia exclusiva de todos los estados y que por su propia naturaleza no se puede transferir, sin parcelar la proyección de España en el mundo ¿Nos figuramos el galimatías y a veces el enfrentamiento que se puede producir si las 17 autonomías tuvieran estas facultades?

Pero además esta extraterritorialidad contradice la legislación comunitaria, contraria a reconocer personalidad propia a ningún territorio perteneciente a las naciones que forman parte de la Unión Europea.

Es además un nefasto precedente ante las 200 comunidades que en Europa, pueden aspirar lo mismo, lo que produciría el caos. Es un ejemplo en cadena para las otras comunidades, algunas de las cuales ya han dicho que no aceptan menores competencias. Afecta a Europa y de forma muy directa a España y a Francia.

Donde la extraterritorialidad adquiere verdadera carta de naturaleza es en el ámbito interior de España. Saliéndose de su jurisdicción –lo cual ya de por sí es insólito y anticonstitucional- pretende legislar y proyectarse sobre el resto de España y de forma principal sobre Valencia. No sólo con carácter general obligando a cambiar la constitución, al sustituir el Estado de las autonomías, por el «Estado plurinacional», y estableciendo expresamente que la propia Constitución y las leyes orgánicas que la desarrollan, a las que cita concretamente, deben adaptarse al estatuto, cuando lo lógico sería que los estatutos se desarrollaran en el marco de la Constitución.

Este concepto adquiere mayor virtualidad en la acción institucional, económica, social y cultural sobre otras comunidades autónomas.

Efectivamente el articulo 115 del proyecto establece «la extraterritorialidad de las disposiciones o actos de la Generalidad, bien por convenio o por disposición del Estado»; opción ésta que equivale a una posible imposición dada su dependencia del tripartito.

Respecto a la acción institucional, se prevé, en el proyecto de estatuto, la creación de una «euro región», que engloba a priori a Valencia, sin contar con ella. Su ámbito territorial se limita a los «paissos catalans», como si no tuviéramos intereses comunes con Murcia o con Castilla la Mancha y el resto de España. Claro es que bajo la égida de Cataluña. Establece como una situación de hecho la «cooperación con los territorios con vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Cataluña» (siempre como centro de decisión), que pueden establecerse incluso como hemos dicho por iniciativa directa el Estado a propuesta de la Generalidad. Se prevé incluso la creación de «organismos comunes» (artículos 12, 174 y 178), lo cual resulta inconstitucional y requiere incluso para los convenios no sólo la aceptación por las partes implicadas, sino la autorización del parlamento.

Pretende incluso que se cree una circunscripción territorial catalana, absorbiendo a estos fines, -lo que supondría una absorción política- a las comunidades vecinas, a los efectos de las elecciones al parlamento europeo (articulo 193).

El mismo afán expansionista se manifiesta en el orden cultural y lingüístico. La dictadura intervensionista que en este orden existe ya en Cataluña, que afecta a más del 50% de su población que es castellano parlante, se pretende extenderla a las comunidades limítrofes, falsificando una pretendida unidad idiomática. El mismo pretexto que utilizo Hitler para absorber Austria o los Sudetes.

Sobre esa persecución podíamos decir que de momento se han ejecutado multas por valor de 81.500 euros a empresas y comercios por no hablar en catalán. Valencia por otra parte tiene conciencia enormemente mayoritaria, avalada por la historia, por la literatura y por su propio estatuto, de que su lengua es propia y diferenciada.

Contra esta realidad, según el estatuto, «la Generalidad debe promover la comunicación y la cooperación con las demás comunidades y demás territorios que comparten patrimonio lingüístico con Cataluña». En esta promoción unilateral e intervensionista, la generalidad viene gastando miles de millones en la Comunidad Valenciana e incluso en Aragón.

A estos efectos, «la Generalidad y el Estado podrían suscribir convenios y otros mecanismos de colaboración», «para la promoción y difusión del catalán» (articulo 6). Una vez más los presuntos implicados no cuentan.

Los documentos catalanes del archivo de la Corona de Aragón deben integrarse en el sistema de archivos de la Generalidad. Sin embargo, ésta debe participar en el patronato que controla el resto.

La extraterritoriedad se proyecta también de forma intensa y preocupante en el orden económico.

Entre otras muchas consecuencias, además de la ruptura de la unidad fiscal, y de la igualdad de la seguridad social, y de los mercados comerciales y financieros, podemos destacar que:

· Los aprovechamientos hídricos que «pasen» por Cataluña, requerirán para cualquier transvase el informe determinante de la Generalidad y si tuvieran su origen en el exterior de España (están previniendo un posible trasvase del Rodano), tienen carácter exclusivo. Se contradice así también el artículo 149 de la Constitución.

· Se establece la competencia exclusiva de «la conectividad» de todas las redes viarias y su intervención por la Generalidad aunque sean Inter.-autonómicos. Para cualquier cambio el informe de la Generalidad será determinante.

· Competencia exclusiva sobre los parques naturales que estén ubicados en varias comunidades, sobre la parte que esté en su territorio, a no ser que se pacte una gestión compartida. Se niega así su unidad y la competencia del Estado sobre los parques nacionales.

· Cuando se trate de fondos comunitarios que afecten a varias comunidades, la participación de Cataluña será determinante, y le corresponderá el pago, control e inspección de los mismos.

· Las Cajas de Ahorro, cooperativas, entidades de crédito, mutualidades, seguros, colegios profesionales, cámaras, asociaciones, fundaciones,… Aunque sean de ámbito estatal, si realizan mayoritariamente sus funciones en Cataluña, o tienen en ella su domicilio aunque no redicen mayoritariamente en ella sus funciones o actúan fuera del territorio catalán, son de competencia exclusiva o compartida de la Generalidad. (Régimen jurídico, denominación, constitución, extinción, liquidación, régimen de aplicación de beneficios, regulación de la distribución de excedentes, inspección, sanción).

· Las obras públicas que se realicen en Cataluña aunque sean de titularidad estatal, le corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva a no ser que sean declaradas, mediante Ley, de interés general o afecten a otra comunidad autónoma (planificación, construcción y financiación). La declaración de interés general requiere la deliberación e informe previo de la comisión bilateral.

· Al establecer un régimen propio y diferenciado de la judicatura, los registros, el notariado,… queda sin resolver la validez de los títulos profesionales y de las actuaciones de dichos organismos en el resto de España y en su caso la reciprocidad.

Todo ello que se extiende al conjunto de las competencias exclusivas, compartidas o ejecutivas, y traspasado de dos objetivos: Que el Estado no pueda actuar por propia iniciativa ni siquiera en sus competencias en Cataluña y por la economicidad, es decir, por el control y cobro de todos los ingresos que por cualquier concepto (fondos comunitarios, inversiones y servicios del Estado, todos los impuestos, arbitrios y tasas de todas las administraciones, y fondos y cuotas de instituciones publicas y privadas, que se produzcan en Cataluña.

la solidaridad en el estatuto catalán

Con todos los antecedentes que hasta aquí, venimos considerando, resulta irrisorio hablar de «lealtad institucional», cuando todo el estatuto es un monumento a la deslealtad con el Estado español y menos aún de solidaridad, cuando es también el paroxismo de la insolidaridad.

Para rematar la insolidaridad que se deduce de la fiscalidad diferente, de la extraterritorialidad, de la bilateralidad, de las diferencias en las prestaciones sociales, de los derechos y privilegios exclusivos para la ciudadanía catalana, que impregnan todo el sistema, por si quedara alguna aportación residual que aportar a los gastos genérales del Estado, a los fondos de solidaridad o de compensación entre comunidades autónomas, ésta quedaría condicionada, a las siguientes condiciones:

· A que los hipotéticos beneficiarios «lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar al soportado por Cataluña» (articulo 210).

· A que «el mayor esfuerzo fiscal de Cataluña… se traduzca en la mayor capacidad financiera y unos mayores ingresos para Cataluña» (articulo 210).

· A que «los mecanismos de nivelación, no puedan alterar en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas por capita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación» (articulo 210).

· A que «el Estado, de acuerdo con el principio de lealtad institucional (que evidentemente no es reciproca), garantice la suficiencia de los recursos de la Hacienda de Cataluña, en el supuesto de que las disposiciones generales aprobadas por el Estado, impliquen un incremento de las necesidades de gasto o una disminución de la capacidad fiscal de Cataluña» (articulo 213).

· A que «las inversiones del Estado en Cataluña tiendan a equiparar progresivamente a la participación progresiva del PIB en Cataluña, en relación con el PIB del Estado, teniendo en cuenta la conpensación con los deficits acumulados» (Disposición transitoria 6).

· A la «reducción del deficit fiscal en Cataluña, con el Estado» (Disposición transitoria 7).

· A que la Comisión mixta de Asuntos Económicos y fiscales Estado–Generalidad, concrete en el plazo de un año, la compensación económica que debe recibir la generalidad, por las insuficiencias producidas por los sistemas de financiación aplicados, hasta el momento de entrada en vigor del presente estatuto» (Disposición final 1).

· Así mismo «deberá tenerse en cuenta la densidad de población, la población inmigrante,… así como el diferencial de gasto social, con los países de un nivel de desarrollo similar» (Disposición final 2).

Y todo ello hay que acordarlo en comisión bilateral. ¿Queda algo que aportar a los gastos del Estado o a los fondos de solidaridad entre las comunidades autónomas? Evidentemente no. Es al revés, la Generalidad es acreedora del resto de España.

La voracidad económica del proyecto de Estatuto, que se refleja en la obsesión de administrar, gestionar, cobrar, todos los fondos de la Unión Europea, las inversiones y gastos del Estado en Cataluña, las tasas y arbitrios de todos los servicios públicos, de controlar todas las entidades especialmente las de ahorro, financiación y crédito, se completa con estas exigencias finales insolidarias. Son de fácil aplicación porque la Generalidad, a través de su Agencia Tributaria percibe directamente todos los impuestos del Estado

Todo ello ha hecho afirmar a un economista de tanto prestigio como José Barea que «apoyarse en las balanzas fiscales alboradas para Cataluña para justificar el sistema de financiación contenido en el Proyecto de Estatuto Catalán hace perder toda credibilidad al mismo».

¿Quién tendría que pagar las falsas consecuencias de todo ello? ¿Quién está pagando ya las millonarias diferencias de inversión en infraestructuras que tiene Cataluña con el resto de España? Pues las estamos pagando entre todos y en particular Valencia. Están implicando, por esta razón y otras de carácter político, la derogación del Plan Hidrológico Nacional, y de los trasvases; la injustificada y sectaria demora del AVE; la ampliación del puerto, del aeropuerto, del aeropuerto de Castellón, de la autopista Valencia-Lisboa (que articularía a España), de la autovía Sagunto Somport, del corredor ferroviario por la costa desde el Sur hasta Francia, las inversiones del Estado en la Copa de América (tan distintas a la feria de Sevilla o la Olimpiada de Barcelona), etc.

Parece mentira que la comunidad catalana, una de las más desarrolladas y de más alto nivel de vida de España, se considere acreedora del resto, cuando tanto en la época franquista, como en la democracia, últimamente mediante el chantaje del tripartito a un gobiernos débil, ha sido privilegiada en inversiones y subvenciones de todo tipo.

consideraciones finales

Realmente he leído y releído el proyecto de Estatuto Catalán sus 111 paginas, 227 artículos, 11 disposiciones adicionales, tres transitorias y una final, por ver si había algún resquicio por el que se pudiera admitir a tramite y a través del dialogo conseguir modificarlo y adaptarlo al marco constitucional y al bien común de España.

Al margen de toda posición dogmática o inmovilista que aborrezco, pues me honro de haber sido revolucionario desde la doctrina innovadora de José Antonio y reformista, sin Nación de poder, del régimen anterior. De haber ayudado afectivamente a la transición de un Estado autoritario a uno democrático y participado positivamente en la Ley de Reforma política, con expreso reconocimiento de la ponencia encargada de su dictamen y en la aplicación a pie de obra de los primeros pasos de la democracia. No obstante no puedo por menos, desde la conciencia de España irrevocable, desde la Constitución, desde el deseo de paz, igualdad, libertad y democracia para nuestro pueblo, desde la racionalidad que pretende ser lo más objetiva, que rechazar el estatuto y su admisión a trámite.

Está tan cohesionado, tan reiterativo, que es imposible modificarlo parcialmente.

Desgraciadamente el mal ya está hecho, pues si llega a tramitarse se rompe la unidad de España, la Constitución, la solidaridad, la igualdad entre los españoles, la justicia, y posiblemente se da paso a la insolidaridad y el enfrentamiento. Si no se aprueba o se modifica profundamente –como no hay otro remedio- será explotado por las minorías separatistas, que tendrán una razón para el victimismo y la subversión. La única solución será probablemente aplicar el artículo 155 de la Constitución, con todas sus consecuencias. La responsabilidad de la Corona, el Gobierno, y todas las instituciones, es enorme y se juegan su propia permanencia.

Ante tanto disparate la pregunta que me hago es: ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? ¿Cómo un presidente del Gobierno de España, que debe actuar siempre en defensa de la Nación que gobierna (artículos 9 y 97 de la Constitución), puede haberse convertido en el promotor y defensor de un estatuto de estas características? ¿Cómo puede haber protagonizado personalmente su admisión a trámite? ¿Cómo ha permitido que su partido lo votara en el parlamento Catalán?

Todo en esta vida puede tener una explicación, que no una justificación. Gobierno en minoría. No puede permanecer en el poder si no es con el apoyo de Izquierda Unida y los separatistas del PNV y de Izquierda Republicana de Cataluña. Antes de perder el poder está dispuesto o ceder en todo lo que sea necesario y más. Así no es moral, ni ético permanecer en el Gobierno de la Nación.

Pero esto, con ser cierto, no es más que una explicación parcial, pues cabría ante una cuestión de esta trascendencia, haber aceptado un pacto con el Partido Popular, un gran acuerdo nacional -como en circunstancias menos importantes han sido capaces de hacer en Alemania o en el estatuto valenciano-. Pero desde su inmadura e irresponsable autosuficiencia, a pesar de que el PP lo ha propuesto reiteradamente, no lo ha querido. Prefiere seguir actuando desde sus rencores congénitos, su dogmatismo anti-religión, anti-patria y anti-familia, sobre los que ha dado en poco tiempo suficientes muestras. Igual que en el siglo XIX, lo que es inadmisible después del fracaso del socialismo marxista y de los resultados catastróficos para los pueblos a él sometidos. Él lo ha dicho, sigue siendo «rojo», con el mismo significado que cuando se acuñó el término, en el 18, en la revolución de Asturias, o en el año 36. Se ha quedado ahí. Hoy más que nunca resuenan las palabras de aquel joven pensador y político hoy silenciado.

«España ha sido varia y su variedad no se opuso nunca o su grandeza, pero lo que tenemos que examinar en cada caso, cuando avancemos hacia esa variedad legislativa es si está bien asentada la base inconfundible de lo que forma la nacionalidad española, si esta bien asentada la unidad de destino».

«España es irrevocable… vuestra generación no es dueña absoluta de España, la ha recibido del esfuerzo de generaciones y generaciones y ha de entregarle como deposito sagrado, a los que la sucedan… Si aprovechara este momento, de su paso por la continuidad, para dividir a España en pedazos, vuestra generación cometería para con las siguientes, el más abusivo fraude, la más alevosa traición que es posible imaginar».

EL MAGREB Y UN PROYECTO DE LEY ORGÁNICA (Coincidencia aberrante) arriba

Colectivo Montiel

Política Internacional y Política Nacional de Defensa son parámetros que casi siempre hay que intercomunicar en una completa política de Estado si éste quiere cumplir, sin lagunas y sin omisiones, los altos cometidos que la Nación confía a su gestión.

Como sabe el lector, esta firma ha venido tratando esos dos temas, unas veces en su conjunto y en ocasiones, de forma específica, uno u otro. Hoy vamos a hacerlo sobre ambos, aunque separadamente; ello porque, como se verá, van relacionados aunque no existe formalmente ni la más mínima concatenación temática, sí bien en su apariencia externa.

Vaya por delante la cita de esos dos temas:

- Uno, el enjuiciamiento del «Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional» que en estos días está sometido al trámite parlamentario; concretamente en el área del Congreso de los Diputados.

- Otro, unas consideraciones –nada nuevo en estas páginas- derivables del 32 aniversario de la fundación del denominado «Frente Polisario» porque, más allá de las anécdotas de ese aniversario –de las que hace escasisimas semanas trató la prensa y días después los incidentes en Rabat y en Aaiún entre estudiantes saharauis y la policía marroquí- subyace el grave problema inconcluso del Sahara Occidental; grave para España en lo internacional y en lo relativo a la política nacional de defensa.

Como puede apreciarse, con la simple reseña de ambos temas queda avalada la afirmación (que hacíamos en la introducción) de que casi siempre van relacionados. Pero como también hemos dicho, vamos a exponer nuestras respectivas consideraciones sobre ellos en forma separada. Es cuanto sigue.

1. Consideraciones sobre la «Ley Orgánica de la Defensa Nacional».

Este trabajo de hoy nos va a ser sumamente fácil y cómodo pues se basará en la transcripción de importantes «trozos» de dos trabajos ajenos, aparecidos en sendas revistas: Una, la revista MILITARES -en su número 71, de mayo de 2005- que edita la Asociación «AME» («Asociación de Militares Españoles») que preside el Coronel José Conde Monge (el artículo lo firma el también Coronel, DEM, y Abogado, Manuel García Campos); otra, la revista MILICIA -en su número 18, «Primavera y Verano» de 2005- que edita la Asociación «UNAMU», y que constituye el editorial de dicho número. (Una matización: una y otra revista trataron el tema casi al unísono, cronológicamente, por lo que no hubo posibilidad de coordinación entre ellas).

Se dice así en la primera de las revistas citadas:

- Ya en sus primera líneas se afirma, como consideración previa, que «el proyecto de ley adolece de una pésima técnica legislativa… no tiene ni la más ligera idea de la técnica jurídico-política necesaria para redactar una ley, y ese defecto gravita sobre todo el proyecto».

- Pero seguidamente se entra en consideraciones aún más importantes aunque todavía de orden previo, que pasamos a reproducir. Se dice:

«Por otro lado, en todo el texto se advierte un afán enfermizo en huir de dos palabras, cuya ausencia llama forzosamente la atención en un texto sobre defensa nacional: guerra y patria. Se emplean todas las expresiones imaginables para no citarlas: combate, conflictos armados, enfrentamientos armados y nación, comunidad nacional, etcétera, pero ni una sola vez se citan a la patria o a la guerra, que, pese a los esfuerzos por eliminarlas, existen.

«Todo el anteproyecto está orientado a dar un mayor protagonismo y capacidad de actuación a los responsables políticos en detrimento de las funciones y actuaciones, algunas incluso de carácter puramente militar, de los mandos militares.

«Pero lo cierto es que la historia, hasta la más reciente, está llena de ejemplos de los nefastos resultados que siempre ha dado la ingerencia de los políticos en las responsabilidades puramente militares.

«Naturalmente la promulgación de este proyecto de ley supondrá la derogación de las Leyes Orgánicas 6/1980 y 1/1984, promulgadas en cumplimiento del artículo 8.2. de la Constitución, que, hasta ahora, regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional.

«Pues bien, en el proyecto de ley no hay nada parecido al Título Preliminar de esa LO 6/1980 y es una carencia muy importante, pues los cuatro artículos que integraban ese Título Preliminar fijaban tres conceptos fundamentales: la defensa nacional, la política de defensa y la política militar, que son básicos para determinar y definir competencias y capacidades. En su ausencia, la indefinición será mucho mayor y, sobre todo, si se tiene en cuenta, como ya he dicho en multitud de ocasiones, que la Constitución no es que no la defina, sino que ni siquiera cita a la Defensa Nacional, era muy importante la definición que de ella da la LO 6/1980, que se reproduce en el encabezamiento de este artículo. A falta de definición, la nueva ley orgánica lo será de algo que ni siquiera se sabrá qué es.

A continuación se aborda otro no menos importante tema, cual es «El Rey el Consejo de Defensa Nacional», con estas reflexiones:

«La ley sustituye a la Junta de Defensa Nacional por un Consejo de Defensa Nacional, que aumenta las funciones asesora y consultiva que tenía la Junta con una nueva función coordinadora, lo que tiene su importancia porque la asesoría y la consultoría son actitudes de observación, estudio y análisis que no suponen una intervención directa en los hechos, pero la coordinación obliga necesariamente a intervenir en ellos de alguna manera.

«Es decir, el Consejo de Defensa tendrá la posibilidad de intervenir en las operaciones. Es grave si consideramos, además, que la composición de dicho Consejo es nueve a cuatro favorable a los políticos sobre los militares.

«Es notable la pérdida de importancia de la figura del Rey. Aunque se dice que presidirá la sesión del Consejo cuando asista a ella, el presidente nato es el del Gobierno y no se indica si la asistencia del Rey será por su propia voluntad o por invitación o decisión del Presidente del Gobierno.

«Pero por donde quiebra estrepitosamente la importancia de la figura real es en su derecho a estar informado. Según el proyecto de ley, el Consejo de Defensa Nacional informará al Rey sólo a propuesta del Presidente del Gobierno, en cuya mano queda por consiguiente, que el Rey esté informado en tema tan importante como la Defensa Nacional o se le mantenga en una ignorancia total.

A ello sigue lo que se titula «La militarización», en lo que se opina así:

«La prensa publicó que en el Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de ley hubo cierta oposición de algunos ministros que consideraban que la ley era demasiado militarista. Me sorprendió porque pensé que por una vez iba a estar de acuerdo con los ministros. No hubo tal, los ministros se quejaban de que se mantuviera el carácter militar de la Guardia Civil y el del Interior no estaba de acuerdo en la dependencia del Cuerpo Nacional de Policía en tiempo de guerra –la ley dice conflicto bélico- y en el estado de sitio.

«Mi preocupación va por otro camino completamente opuesto. Creo que hay una excesiva militarización de los políticos, en contra de los mandos militares. El ejemplo más claro y más grave es el del Presidente del Gobierno.

«El artículo 5 del proyecto de ley asigna al Presidente la función de «la dirección estratégica de las operaciones militares». Hay una notable diferencia con la que le atribuía la LO 1/1984, todavía vigente, que es «la dirección de la guerra». El concepto de guerra, sin necesidad de descender a definiciones concretas, es mucho más amplio y comprende, desde luego, operaciones militares, pero también acciones políticas, diplomáticas, etcétera. La dirección de la guerra supone dirección en conjunto de todas esas acciones sin entrar en la ejecución concreta de cada una de ellas, pero la dirección específica de operaciones militares, por muy estratégicas que se quieran, supone una actividad puramente castrense, por muy alto que sea su nivel, para lo que el Presidente del Gobierno no está en absoluto preparado ni capacitado. Eso sí, resta competencias a los mandos militares, que es lo que se busca.

«Razón tenía el ministro Bono cuando públicamente, creo que fue ante la dotación del portaaeronaves «Príncipe de Asturias», se refirió al Presidente del Gobierno como el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Sabía lo que se decía. Nos falta saber qué categoría y empleo va a tener el señor Presidente. General de las Fuerzas Armadas parece poco y capitán general ya lo tiene SM el Rey. Quizá comandante o coronel general no estaría mal. ¿Y por qué no generalísimo? ¡Ah, que nombre!

«La verdad es que no es para broma. Creo que el asunto es muy grave, sobre todo si se tiene en cuenta que el artículo 6 también considera la intervención del Ministro de Defensa en la dirección estratégica de las operaciones militares.

«Pero la atribución de funciones militares al Ministro se hace a costa de las competencias del Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

«A esto hay que añadir la desaparición de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), con lo que los jefes de Estado Mayor de cada Ejército pierden toda intervención en la organización operativa de las Fuerzas Armadas, aunque conservan, naturalmente, el mando de la estructura orgánica de cada Ejército. Lo único que queda de la JUJEM es la función de los JEME,s como colaboradores y asesores del JEMAD, pero de forma individual, sin carácter orgánico.

«En correspondencia con la desaparición de la JUJEM, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), que era su órgano del trabajo, queda reducido a la función de auxiliar de mando y trabajo del JEMAD. Su actividad se verá además mediatizada por la Comisión Internacional de Defensa, que el Proyecto de Ley crea como órgano de trabajo del Consejo de Defensa Nacional. Necesariamente surgirán cuestiones de competencia entre EMAD y Comisión, que, además, por su carácter interministerial, tendrá una mayoría, si no totalidad, de integrantes civiles. Quizá sea eso lo que se persigue».

Hasta aquí la transcripción de textos de la citada revista Militares; reproducciones que no seguimos pese a que se continúa en ella con otros muchos razonamientos referidos a cuestiones, si bien también importantes, que creemos de menor interés para nuestros lectores.

En la segunda de las revistas citadas (MILICIA), de su editorial hemos entresacado las siguientes partes que reproducimos de la misma forma:

- Se empieza con este a modo de preámbulo: «En el Consejo de Ministros del 18 de marzo se debatió el proyecto de «Ley Orgánica de la Defensa Nacional» y, al parecer, si nos atenemos al extenso reportaje que al respecto nos ofreció la prensa del 24 de marzo, unas partes esenciales de su texto suscitaron una fuerte oposición de cuatro de los Ministros, concretamente los de Interior, Justicia, Administraciones Públicas y Asuntos Exteriores. Conviene que sepamos el cómo y el por qué de esas discrepancias y por objetividad (y a falta de otra información más directa) vamos a reproducir los principales párrafos descriptivos que sobre ello nos aportó el citado reportaje».

- Tras la copia íntegra del texto del reportaje de prensa que en lo anterior se cita, se dice esto otro: «El texto del proyecto de Ley por fin apareció en el Boletín Oficial de la Cortes Generales el 31 de marzo (es obvio que la «maduración» de esas discrepancias duró al menos unos 10 ó 12 días), plazo en el cual debió haber un claro forcejeo, imponiéndose al final buena parte –por no decir todo- de lo que objetaban los cuatro Ministros discrepantes, lo cual lamentamos pues nos parece cosa elemental que en situaciones de estados de excepción, de sitio o de guerra el control y dirección de todas las fuerzas policiales –sin excepción- recaiga en los órganos de la defensa a los que se les atribuye tamaña responsabilidad. Lejos de ello, en el proyecto de ley no aparecen las policías locales –ni por asomo las Autonómicas- y sobre la Policía Nacional si bien se dice que «será coordinada (su actuación) por el Consejo de Defensa Nacional» lo será «dependiendo del Ministro del Interior», flagrante contradicción operativa que sin duda produciría lo contrario de lo expresado al invocar la coordinación, es decir, produciría descontrol por razón de descordinación al haber dos órganos de mando, por muy grande que fuese la voluntad de ambas instancias de coincidir en la operatividad buscada. Esa fragmentación de mandos y esa no integración militar de Cuerpos se asemeja a la estructura típica del que fue «modelo» soviético, en el que sus policías de todo tipo no dependieron directamente del mando militar de la URSS, ni siquiera mientras duró la II Guerra Mundial. (Hasta tal punto se llegó en ese «modelo», que el Ministerio del Interior soviético tenía sus propios regimientos y hasta divisiones –que en poco o en nada se diferenciaban externamente de las unidades del Ejército Rojo- pero que en prácticamente ninguna gran operación combatieron contra el Ejército alemán integrados en el citado Ejército soviético).

- Sobre el proyectado «Consejo de Defensa Nacional» se reflexiona de este modo: «Se instituye el citado Consejo de Defensa Nacional, con lo que se suprime la Junta que protagonizaba esa función bajo la presidencia del Rey; se dice que lo presidirá el Presidente del Gobierno salvo que «si asistiese el Rey» sería éste quien lo presidiese, pese a que el Rey sea a la vez Jefe del Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. ¡Que cosa tan curiosa…! La composición del tal Consejo es de lo más variopinta y queda abierto a la posibilidad de que asistan a sus sesiones –por invitación de su citado Presidente- un indeterminado número de otras personas (no se especifica si técnicos o tal vez políticos) por lo que en ocasiones podría parecer un «parlamento sui generis» (con acaso mayorías «prefabricadas» según qué casos a estudiar); menos parecido a un órgano colegiado de esa naturaleza al que se le atribuyen en exclusiva las competencias específicas de la defensa nacional; puede derivar por tanto a su politización, lo que sería nefasto.

- En cuanto a otras partes del enjuiciado Proyecto de Ley, se sientan estos criterios:

«En la exposición de motivos hay errores de bulto, como el decir que está suprimido el servicio militar obligatorio cuando sólo está «suspendido» (pues la supresión habría necesitado una reforma constitucional), y cuando según la Ley 17/1999 se instituye la figura del «reservista obligatorio» que entraña –según tal ley- la movilización forzosa de los ciudadanos en edad militar (aunque de esto opinaremos después).

«Se habla extensamente –y se regulan- de las misiones de paz y humanitarias que corresponden a las Fuerzas Armadas pero no se pone el énfasis debido en que su misión prioritaria no es otra que la señalada con precisión en el artículo 8 de la Constitución, artículo del que, precisamente, se deriva el mandato expreso de desarrollar esta Ley Orgánica que comentamos; (…) «Siguiendo con las imprecisiones y omisiones que sobre el reservismo se contienen en la Ley 17/1999 y en el reciente Reglamento de Reservistas Voluntarios, en esta Ley Orgánica tampoco se contempla ese reservismo en su necesaria y verdadera dimensión, ni se acomete una adecuada normativa reformadora del concepto que del reservismo obligatorio aparece en la citada Ley 17/1999, que necesita ser despojado de su carácter de caso esporádico y excepcional para ser contemplado como posibilidad operativa normal, ordinaria y frecuente. A ese fin, en este proyecto de ley debiera haberse previsto una disposición final en la que se ordenase a los legisladores y al Ministerio la revisión o reconsideración del precepto citado de la repetida Ley 17/1999 en el sentido aquí apuntado. Porque el reservismo en unas Fuerzas Armadas entera y totalmente voluntarias –que por sí mismas y desde sí mismas no pueden fomentar ese reservismo al estar «suspendido» el Servicio Militar Obligatorio- es un complemento imprescindible, y necesariamente contemplable en su verdadera y total dimensión orgánica nacional (aunque indirectamente generase rechazos sociales electoralistas, precisamente es ésta la razón que por puro oportunismo hace que tal cuestión quede olvidada)».

- Por último, dentro de lo que en el artículo editorial se titula «Reflexión final» se dice esto:

«En resumen otra ocasión, no fácilmente repetible, que se ha perdido. Y que tememos se agrave en el trámite parlamentario a la vista de –por ejemplo, y como muestra de otras «aspiraciones» de algunos grupos parlamentarios- las inconcebibles pretensiones de ERC de recibir transferencias competenciales castrenses la Generalidad.

Como cualquier lector normal habrá podido apreciar, el repetido proyecto de ley –si no es mejorado grandemente en sus debates parlamentarios- no será precisamente un factor corrector de la política de defensa que hasta ahora se ha venido planteando y aplicando, cosa que no sólo hay que atribuir al actual Gobierno aunque éste, lejos de corregir anteriores errores, ha agrandado algunos de los que ya habría que lamentar».

2. El «revival» del problema sahariano

En días cercanos a cuanto esto se escribe (finales de mayo) se sabe por la prensa y por otros medios informativos, que en la zona de Tinduz (Argelia) y en los escasos espacios del Sahara Occidental que domina el Gobierno Saharaui en el exilio, se ha conmemorado el 32 aniversario de la fundación del «Frente Polisario». Poquísimos días después, llega la noticia de que ha habido violentos choques callejeros (en Rabat y en la ciudad sahariana de El Aaiún ocupada por Marruecos) entre estudiantes saharauis y la policía marroquí. (Ofrecidas por TVE algunas de las escenas de esos choques, se pudo constatar la tremenda brutalidad empleada por esa policía).

Hemos tratado el problema de ese Sahara desde todas o casi todas sus perspectivas, sobre todo en aquellas que afectan a la seguridad de España, por lo que suponemos que el lector habitual de nuestros trabajos –si los hubiere- está informado de la complejidad del problema. No vamos, pues, a repetir todos nuestros argumentos, ni siquiera una buena parte de ellos. Vamos, tan solo, a glosar lo que subyace en los hechos de esa actualidad sahariana antes esbozados.

Independientemente de que tales hechos sean producto de una iniciativa de la organización independentista saharaui para reactivar el contencioso con Marruecos, a fin de llamar la atención a la adormecida opinión pública mundial –y especialmente al Consejo de Seguridad de la ONU- independientemente de esa más que probable iniciativa, hay la realidad profunda de un pueblo que sufre una inmisericorde agresión usurpadora de Marruecos; y ello ante la pasividad casi total del conjunto de países de esas Naciones Unidas una vez rota la «entente» que estuvo a punto de solucionar el problema hace tan solo menos de dos años: la «entente» formada por Washington, Gran Bretaña, Argelia y España que respaldaba el «Plan Baker II» que aceptaban los del «Frente Polisario», que inicialmente aceptó Francia, y que sólo rechazaba Marruecos; (Francia se volvió atrás semanas después alineándose con Rabat aunque frenando la irritación marroquí).

Aquella «entente» fue obra de Aznar, que al convencer a Bush de la peligrosidad de un Magreb convulso arrastró a Londres y a Argelia (¡maravilla aquella, la de unir en algo a Washington con la ex–prosoviética Argelia…!) en el apoyo de aquel «II Plan de Baker» que, más pronto o más tarde, habría tenido que aceptar Mohamed VI por fuerza de necesidad. Y que Francia habría tenido que aceptar también, a poco que se le garantizasen los intereses petrolíferos que le había prometido el déspota marroquí.

Pero surge el «11-M» en Madrid, gana las elecciones el PSOE; Zapatero se decide a cumplir su promesa electoral de retirar de Irak a nuestras fuerzas; irrita a Bush y a toda USA; y Washington cambia radicalmente su esquema estratégico sobre el Magreb y el Estrecho: margina rotundamente a España; califica a Marruecos de aliado militar preferente; convence a Londres de su cambio de estrategia; se alía con Francia (pese a sus discrepancias con ésta en tantas otras cuestiones) y posiblemente reparte con ella esos intereses petrolíferos; atenúa la frustración argelina con ayuda económica y con apoyo frente a la amenaza islámica interna;… y congela «sine die» el «Plan Baker II» para el Sahara Occidental. (Y de paso deja de apoyar la estrategia española sobre Gibraltar de alcanzar lo de la «soberanía compartida» que Londres empezaba a dar pasos en pro de su aceptación).

Reacción del Gobierno Zapatero: «luna de miel» con Marruecos a cambio de humillaciones sin cuento; irrita aún más a USA con el discurso de Túnez; se humilla ante Gran Bretaña sobre Gibraltar –ya Londres no quiere escuchar aquello de la «soberanía compartida»- mediante planes con inconcebibles cesiones; transforma a España en sumiso aliado de Francia que es tanto como reforzar nuestra humillación ante Rabat; se enfría la relación con Argelia que hace nos inunde con inmigración clandestina desde Oran… y Moratinos, que es el «manager» de tamaña política internacional española (aplicable precisamente al sector geoestratégicamente más peligroso para España) cuando contempla los recientes incidentes en El Aaiún y en Rabat –señales evidentes de una zona en potencial ebullición- afirma campanudo que España se esforzará en buscar el acuerdo entre Marruecos y los independentistas saharauis, pura cuadratura del círculo que el genial diplomático se cree capaz de ello… o que, a sabiendas, no le importa ofender la inteligencia de todos los españoles. Y esto lo afirma pocas semanas después de saberse que España regalará carros de combate M-60 a Marruecos, si bien con una condición: que no los emplee contra Ceuta y Melilla, (¡sabia previsión…!) lo que significa que Mohamed VI queda en libertad de poderlos usar contra los saharauis rebeldes contra el genocidio de Rabat.

Y simultáneamente, se discute en las Cortes el antes analizado «Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional». Bien mirado, y haciendo abstracción de su calidad, no quiera Dios que España deba usarla, experimentalmente, en un Magreb –o en unas Canarias- dejado a la suerte del déspota o, respectivamente, dejados sus flancos al descubierto, tanto por la incalificable política internacional ante Marruecos como por la «materia» que se ha resaltado en la primera parte de este trabajo.

«Epílogo»

Ya en maquetación este número de «Cuadernos de Encuentro», y por surgir de improviso el tema que a continuación abordamos –que en realidad abunda en lo último tratado- se nos autoriza esta «cuña» más que verdadero epílogo.

El tema se compone de dos cosas: un sucedido y unas palabras, uno y otras referidas a la misma cuestión: el problema del Sahara Occidental.

El sucedido: expulsión del Sahara de varios intentos, por parte de parlamentarios españoles, de conocer sobre el terreno el por qué de los sucesos en El Aaiun y en Smara antes comentados; expulsión que, obviamente, fue ordenada por Rabat.

Las palabras: las que el pasado 6 de junio pronunció –ante parlamentarios marroquíes y españoles- el inefable Moratinos: que el deseo de la derecha española era que la Legión regresase al Sahara.

No vamos a analizar ninguna de las dos cosas pues hacerlo nos llevaría a otro trabajo completo; no obstante debemos dejar constancia que las palabras de Moratinos constituyen el superar con mucho la más alta bobada de las muchas que a lo largo de su mandato ha sido protagonista.

Lo que sí hacemos es anunciar que en el próximo número de esta revista volveremos a abordar el problema del Sahara Occidental (pero esta vez con carácter específico) pues su gravedad es tan grande –caso de que triunfen las pretensiones de Marruecos- que puede afectar muy seriamente a la paz de España. Y no entramos aquí y ahora en su por qué, aunque los lectores que nos siguen lo adivinarán con facilidad.

PERSPECTIVAS ANTE 2005 arriba

Juan Velarde fuertes

I. el impacto exterior

Conviene en estos momentos señalar con toda frialdad lo que puede acontecer en el año 2005 en la economía española. Naturalmente, al pertenecer España a la Unión Europea, nada se puede contemplar de espaldas a lo que en ésta acontece y, sobre todo, lo que dentro de ella sucede a nuestros principales clientes. Ignorar en estos momentos al bloque de Francia, Alemania e Italia sería una equivocación.

En este sentido conviene tener en cuenta dos documentos muy recientes. Uno es el artículo de Nicolás Baverez “La rechute” publicado en “Le Point” el 23-30 de diciembre de 2004. En él se señala que en ese conjunto central europeo –Francia, Alemania e Italia‑, “el euro fuerte y el malthusianismo son los dos abastecedores del no-desarrollo, del no-empleo y de la pauperización. La política monetaria proseguida por el Banco Central Europeo coloca a la zona del euro en una espiral deflacionista. La sobrevaloración del euro –que alcanza al menos el 20%‑ zapa la competitividad de las exportaciones, mientras que el mantenimiento de tipos de interés reales superiores al crecimiento potencial del corazón de la zona –el citado, constituido por Francia, Alemania e Italia‑, bloquea la inversión productiva”. Concretamente, considera que la economía francesa “no está amenazada por un bache, sino por un crac”. En el fondo, porque “Francia continúa siendo el último país desarrollado que rehusa modernizar su modelo económico y social”. El otro documento es el duro editorial de “Le Monde” titulado “Voeux pour l’emploi”, en el que señala que “no existe casi ningún economista que crea en el escenario de un crecimiento del 2’5%” mantenido por el Gobierno francés.

Para nuestra desgracia, en el año 2003, el 19’0% de nuestras exportaciones –el porcentaje mayor a una sola nación‑ se dirigió a Francia, seguido del 12% para Alemania y del 9’7% para Italia, o sea, un 40’7% para el esclerotizado núcleo centroeuropeo, según lo denomina Baverez.

Igualmente, no se puede dejar a un lado el impacto de toda una serie de decisiones institucionales que algo perturban a nuestra economía. La más importante es el comportamiento de los mercados europeos de emisiones de CO₂. Está éste muy lejos de encontrarse organizado. Marta Fernández, en “Expansión” del 3 de enero de 2005 nos subraya que desde hace “casi dos años” lleva funcionando en Londres ”una bolsa gris”. En España existen ya 927 instalaciones sujetas al plan de Kioto, aunque está oscura la asignación concreta de derechos. La otra cuestión institucional es la obligatoriedad de las Normas Contables Internacionales (NIC), para la Unión Europea, Australia y África del Sur. Se pretende así, como señala la profesora de la Universidad de Valencia, Begoña Giner Inchausti en “Cinco Días” de 3 de enero de 2005, “captar el trasfondo económico de las operaciones” en el panorama de las cuentas consolidadas de las empresas que se cotizan en Bolsa, con un aumento de la responsabilidad y del trabajo de auditores, pues éste se ha vuelto más complicado. En el fondo, esto son mayores costes de transacción

También estamos sometidos a lo que sucede en la economía mundial. Ignorar el impacto alcista en los precios o en el déficit comercial derivados de la coyuntura china, no tiene sentido. ¿Y qué decir de la norteamericana? Naturalmente nos afectan las decisiones que ahora mismo se ponen en marcha sobre una mayor liberalización comercial, como consecuencia de las tomas de posición de la Organización Mundial de Comercio, concretamente en relación con la industria textil y del calzado. El artículo de Miguel Ormaetxea, “Tsunami sobre el textil”, aparecido en “La Gaceta de los Negocios” de 8/9 de enero de 2005, revela así el alcance de esta novedad: “Nuestros Zara, Mango, Doggi, tienen ahora enormes y nuevas oportunidades. Nuestras empresas dedicadas a productos de muy escaso valor añadido pueden hacer las maletas. Pero, de hecho, ya la inmensa mayoría las hicieron antes del 1 de enero”. En el fondo eso es lo que va a salvar a la economía catalana. Como señalan los profesores Jordi Gual y Lluís Torrens en “La competivitat de la indùstria catalana”, artículo publicado en “Revista económica de Catalunya”, noviembre 2004, observamos, con una referencia al índice inverso de Herfindahal, la extensa diversificación de la industria en esa región, “muy superior a la del resto de España”, estructura que se ha convertido en “un seguro contra el riesgo de una crisis sectorial, como por ejemplo puede quedar patente en la del sector textil”.

Añadamos los precios de los mercados mundiales y los choques que han originado a lo largo de 2004. El petróleo subió, según las cotizaciones del West Texas Intermediate, un 25% en dólares. La apuesta mundial es que no está a la vista ningún tipo de abaratamiento de los crudos y del gas natural –nuestra creciente demanda energética primaria‑, como aclara el artículo “No gusher, but a steady flow”, en “Business Week” de 10 de enero de 2005. No sucede en cambio nada muy grave, gracias a la fortaleza del euro en el conjunto de nuestras importaciones de alimentos y materias primas industriales, que en 2004 disminuyeron, en sus cotizaciones en euros, en un 6%.

Subyacentes a todo esto se encuentran los problemas derivados de la caída del dólar. Es totalmente acertada la opinión del editorial de “Expansión” de 7 de enero de 2005, “La debilidad del dólar y la economía mundial” al señalar: “El dólar seguirá depreciándose frente al resto de las monedas y permanecerá débil el tiempo que la Administración norteamericana considere oportuno. La reelección de George W. Bush ha ratificado las expectativas de que el equipo económico de la primera potencia mundial no está dispuesto a utilizar herramientas ortodoxas para afrontar el problema generado por la insuficiencia de ahorro público y privado, y que continuará buscando el máximo crecimiento a corto plazo propiciando un debilitamiento ordenado de la divisa. El dólares barato es prácticamente el único señuelo para atraer inversiones, al mismo tiempo que constituye un instrumento útil para reducir el déficit exterior con China y Japón y otras economías asiáticas”.

Panorama agrio en su conjunto el que nos llega de fuera. Nuestro problema es cómo superarlo con garbo gracias a una buena política económica.

II. el gran y creciente déficit exterior

La situación económica exterior que nos afecta es, evidentemente delicada. Los crecimientos de las cinco economías que nos interesan, por su fuerte contacto comercial y por el turismo, son los de Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Portugal. Si comenzamos por las fronterizas, la economía lusitana, según estimaciones de técnicos del Banco de Portugal, en términos del PIB, es posible que no se incremente ni en el 1% en 2005; la francesa, este mismo año, según el grupo de pronosticadores de “The Economist”, crecerá un 1’8%. También en sus respectivos PIB, de acuerdo con “The Economist”, Alemania aumentará este año sólo un 1’2%, e Italia, un 1’5%. Gran Bretaña, que es el campeón de nuestros clientes, no pasará de una subida del 2’4% en el PIB.

De ese panorama procede un colosal freno al desarrollo español. Fue definida esta situación como la cuestión central sobre la que, se quiera o no, va a girar nuestra economía, el 11 de enero de 2005 por el profesor de la Universidad de Zaragoza, José María Serrano Sanz, en su intervención titulada “España y el comercio internacional. Problemas actuales”, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y esto porque ya en el año 2003, según la Organización Mundial de Comercio y elaboración de Serrano Sanz, los coeficientes de apertura exterior, que se miden por el porcentaje de la suma de las importaciones y exportaciones respecto al PIB, para las cinco economías más importantes de la Unión Europea, resulta ser del 68’2% para Alemania; del 56’8% para España; del 54’9% para Francia; del 53’3% para Gran Bretaña, y del 49’8% para Italia. Con menor apertura que la española, y la aparición de un déficit comercial en los doce meses que concluyen en noviembre de 2004 de 6 mil millones de dólares, -España pasa de los 70 mil millones de déficit-, en “Le Monde” de 12/13 de diciembre se titula aparatosamente la portada con un “Alerta a las cuentas exteriores de Francia”, y su duro editorial “Comercio y crecimiento” plantea esta cuestión en términos que, agravándolos, podrían trasponerse para España.

Y si pasamos a nuestro país y al año 2004, es preciso prestar muchísima atención, a lo que el profesor Serrano denomina “los principales reclamos”, que “han sido el aumento del déficit en la balanza comercial y su reflejo en otro fuerte desequilibrio de la balanza por cuenta corriente... Y hasta debería resultar llamativo el cambio histórico que representa el hecho de que, por primera vez, en 2004 China se haya convertido en el primer suministrador no comunitario para España desplazando a Estados Unidos”.

El 8 de enero de 2005, José María Triper, en “Expansión”, iniciaba un artículo sobre nuestra realidad exterior así: “El comercio exterior de España sufrió un nuevo descalabro en octubre, mes en el que registró uno de los peores resultados de los últimos doce años, afectado por caídas en las ventas en los principales mercados de la Unión Europea y el nuevo aumento de la factura energética”. En el año 2002, de enero a octubre, la cobertura de las importaciones por las exportaciones fue de un 76’7%; en el mismo periodo de 2003, la cobertura fue del 75’4%; y en igual lapso temporal de 2004, esta cobertura fue sólo del 71’2%.

Con esa lanza en el costado exterior de nuestra economía, es imposible pensar en un posible y fuerte desarrollo. Lo duro es que una serie de factores la van a agravar. En primer lugar, los muy serios problemas de nuestra competitividad. Acaban de publicar un valiosísimo artículo Eduardo Ballarín y María Luisa Blázquez, “Competitividad mundial y la posición de España”, en “Economía Exterior”, 2004/2005, nº 31, donde se glosa el “Informe de Competitividad Global 2004-2005” que acaba de publicar el Foro Económico Mundial o WEF. Al observarlo contemplamos como “Finlandia continúa siendo la economía más competitiva del mundo... Siguen Estados Unidos, Suecia, Taiwán, Dinamarca y Noruega. España, en cambio, mantiene el puesto 23 (de la encuesta anterior), por detrás de algunos de sus principales competidores europeos y de países supuestamente menos desarrollados como Singapur o Chile”. Y más adelante completa esto de esta dura manera: “Al mantener España la posición número 23, y siendo ésta además la posición que ocupa a nivel mundial en términos de PIB per cápita, el resultado podría interpretarse como positivo. Sin embargo, si bien es cierto que nuestro país mantiene importantes ventajas competitivas en cuanto al entorno macroeconómico y un «ranking» 16 muy positivo, la calidad de nuestras instituciones públicas (ranking 34) deja mucho que desear; y además empeora tres posiciones respecto al año pasado. Cuestiones como la independencia judicial, la realización de pagos irregulares o la protección de los derechos de propiedad, nos sitúan a la cola de Europa”. Esto es muy grave y clave. La competitividad está determinada por la productividad. La base de la actuación del Gobierno, si de verdad quiere mejorarla, es, pues, bien clara y no las declaraciones absurdas relacionadas con los documentos del presupuesto estatal para 2005.

Agréguese a esto que, como se lee en el “Informe Mensual, correspondiente a enero de 2005 del Servicio de Estudios de “la Caixa”, estimaciones del propio Banco de España apuntan a que las remesas potenciales de los trabajadores (inmigrantes) al exterior... superarían el 1% del PIB en 2004”. Igualmente que, como se informa en “La Gaceta de los Negocios” de 14 de enero de 2004, Danuta Hübner, comisaria europea de Política Regional señaló en su participación en el Foro de Nueva Economía en Madrid el 13 de enero de 2004 que “no existe base legal para que España mantenga los 11.000 millones de euros que recibe del Fondo de Cohesión ni para que los pueda perder poco a poco”.

Pero, además del factor exterior, existen otras cuestiones sin las cuales es difícil entender por qué es tan preocupante el panorama que ofrece nuestra economía en este año 2005.

iii. una evidente preocupación sobre la política económica

El panorama mundial que nos puede afectar no es precisamente amable. El tercer trimestre de 2004 cerraba un año en el que el déficit norteamericano por cuenta corriente alcanzaba la cifra colosal de 603.200 millones de dólares. En esa misma fecha, el PIB alemán crecía a una tasa anual del 1’3%; la de Francia, era del 1’9%; la de Italia, del 1’3%, y por lo que se refiere a nuestros grandes clientes, la única excepción era la tasa de incremento del PIB británico: un 3’1%. La media del conjunto de la zona del euro era sólo del 1’8%. El paro se consolida en Europa: en diciembre de 2004 era del 12’8% en Bélgica y del 10% en Alemania. En Francia, en noviembre de 2004, era del 9’9%. España, con un 10% de tasa de desempleo, ha dejado de ser una excepción. También es clara la mala situación exterior de España. En los doce meses que finalizan en octubre de 2004, el déficit por cuenta corriente español era 43.300 millones. Dentro del grupo de los quince países industriales más importantes con mayor déficit que España, únicamente están Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero estos dos países poseen, a corto plazo, atractivos para atraer capitales foráneos que no tiene España. Es más; la corriente de inversiones extranjeras que se dirige hacia nosotros ofrece claras cifras en descenso. Es bastante lógico. Un inversor extranjero observa que, ahora mismo, los pronósticos de “The Economist” para nuestra economía en el año 2005, son de un menor incremento del PIB que en el 2004, y también de un mayor déficit, en porcentaje del PIB, para el saldo de la balanza por cuenta corriente y que problemas estructurales, como el de la flexibilización del mercado laboral, parecen soslayarse.

Añadamos una penosa situación inflacionista. En noviembre de 2004, en tasa anual, los precios industriales habían crecido un 5’2%. Nos encuadramos así en el grupo de los países adelantados inflacionistas por precios industriales, que es tanto como decir, en el grupo de los crecientemente poco competitivos. Todo se ratifica con el excelente trabajo de Estela S. Mazo, aparecido en “Expansión” el 19 de enero de 2003, bajo el título, referido a la evolución de los precios en la Unión Económica y Monetaria, de “España es el país donde más ha subido la inflación desde la entrada el euro”. El incremento medio de la eurozona, desde enero de 2002 a diciembre de 2004 fue del 6’3%. En España, del 10’2%. En el mismo trabajo se indica que los expertos, lo mismo que el Banco de España, “coinciden en que para atacar el «núcleo duro» de los precios es necesario, además de realizar políticas de oferta y mejorar la productividad, impulsar el proceso de liberalizaciones, promocionar las nuevas tecnologías y tomar medidas que fomenten la internacionalización. Existe un déficit de competencia en mercados poco liberalizados, y falta transparencia en el proceso de formación de precios en algún sector. El Banco Central Europeo achaca sistemáticamente la inflación a los elevados márgenes (de beneficios de las compañías) y a la insuficiente productividad de las empresas”.

La situación coyuntural inflacionista no nos puede, tampoco, dejar tranquilos. En el “Informe Mensual” correspondiente a enero de 2005, del Servicio de Estudios de “la Caixa” se puede leer: “El diferencial de inflación de España con la zona del euro aumentó de nuevo en una décima en noviembre y se situó en 1’3 puntos porcentuales, según el IPC armonizado... Por componentes, el crecimiento de los precios era superior en España en todos los casos, excepción hecha de los precios de los servicios médicos. Los diferenciales más amplios siguieron registrándose en la alimentación, el transporte y las comunicaciones”.

A la pregunta de qué se está poniendo en marcha en este sentido, han de confesar, los optimistas, que nada, y los pesimistas, que medidas que son en este sentido contraproducentes, como las relacionadas con los horarios comerciales, aparte de toda la escandalera organizada en torno al intento de cambio en los órganos de dirección de empresas importantes que marchaban muy bien, lo acaban perturbando todo. Los casos especialmente destacados son los de Repsol YPF y del BBVA, e insinuaciones en torno a Telefónica, y no concluye desgraciadamente con eso la relación. Es malo que el sector público parece no abandonar la idea, que se atribuye a Fouché por Stefan Zweig, de, en cualquier situación política, tener “las manos en la masa”. Pero, peor aun es frenar la competencia, en horarios o en cualquier otra ventaja para los consumidores.

Esta inflación y los problemas procedentes del exterior se unen a dos importantes complicaciones estructurales. La primera se deriva de la falta de solución del problema energético, agravado además por las consecuencias derivadas del protocolo de Kioto. Como señala María Teresa Estevan Bolea, en sus declaraciones a “Crónica Virtual de Economía” de 19-25 enero 2005, es necesario señalar en relación con la energía, al lado de “las altas tasas de crecimiento de la demanda en los últimos años, con incrementos anuales del orden del 6%”, y el minúsculo grado de autoabastecimiento de energía primaria: “Dependemos de los abastecimientos externos en un 75’8% frente a la media del 50% de la Unión Europea”. Y he ahí cómo en el mismo número de esta publicación, Juan E. Iranzo destaca, en su artículo “Kioto resucita la Energía Nuclear” que “es obligado replantearse la opción nuclear como una alternativa disponible a medio y largo plazo”. De todo esto, complicado porque la apuesta por el gas choca con la indexación de éste con los crecientemente más caros precios del petróleo, nada parece atenderse.

Finalmente, el tener una democracia apacible es algo fundamental para que el desarrollo se produzca. Las convulsiones políticas que amenaza en el País Vasco y Cataluña atentan a esa apacibilidad. El fantasma que surgió en “The Wall Street Journal Europe” de 10 de enero de 2005, bajo el título de “Balkan Spain” se concretaba en estas palabras: se trata “probablemente de la peor crisis política desde que España restauró la democracia hace unas tres décadas”. Sin plantar cara, con contundencia a esto, que afecta a dos regiones económicamente muy importantes de España, es imposible imaginar un 2005 con un importante avance económico.

Si a todo esto sumamos la confusión que reina en el mundo laboral y el freno a las infraestructuras, parece muy difícil creer que 2005 pueda ser un buen año.

NUEVAS REFLEXIONES SOBRE MARRUECOS Y EL SAHARA arriba

(Y el para Francia y Marruecos «providencial» 11-M)

Colectivo Montiel

Ante lo sabido y lo deducible de la espectacular visita de Zapatero a Marruecos en los días finales de abril, el «Club Encuentros» emitió un comunicado con fecha 30 de abril –firmado por el director de esta revista- que aunque se rogaba su publicación a los directores de ABC y La Razón ninguno de tales diarios lo insertaron. Fue, no obstante, emitido por la «Página WEB» del Club para constancia en aquellos días de la preocupación sobre tema de tanta actualidad. Para que quede indeleblemente reseñado, e vuelve a publicar aquí dentro de un conjunto de reflexiones –como una de ellas- que hacen referencia a la errónea política española para con el Magreb inaugurada por el Gobierno del PSOE.

Seguidamente se plantean esas reflexiones en forma de tratamientos puntuales que aunque aparentemente inconexos no lo son pues versan sobre un todo que es esa política española para con el Magreb y su prolongación geoestratégica en y para el Sahara Occidental. Tales reflexiones, son las que siguen.

1. Trascripción del citado artículo (que llevaba el título de «La política de Zapatero para con Marruecos»)

«Según noticias y reportajes aparecidos en la prensa del 28 de los corrientes, España –léase Sr. Zapatero y su Gobierno- ha cambiado radicalmente de postura en las Naciones Unidas respecto a la descolonización del Sahara Occidental. Ahora, España no va a secundar el «Plan Baker II» como hizo con acierto el Gobierno de Aznar y, por el contrario, se van a apoyar los deseos anexionistas de Marruecos amparados por Francia. (Esto último, es cosa obvia, para garantizarse París las concesiones petrolíferas otorgadas por Hassan II y Mohamed VI, parte del total dominio francés sobre Marruecos que de hecho ha vuelto a ser protectorado galo). Parece cosa diáfana que tal cambio de actitud obedece al nuevo espíritu de «amor» y entendimiento entre España y Marruecos, espectacularmente exhibido con la visita de Zapatero al Reino Alauita hace pocos días.

»Según manifestaciones orales del ilustre viajero y de otros portavoces del Gobierno socialista, en ese encuentro no se habló de Ceuta ni de Melilla aunque sí que se insinuó algo sobre el copernicano cambio de estrategia sobre el Sahara. La clave de ambas cosas es preocupante, sumamente preocupante, por estas razones:

a) El «precio» para no rozar, de momento, lo de Ceuta y de Melilla es el apoyo de España al anexionismo marroquí sobre el Sahara.

b) Lo prioritario para Rabat es ahora lo del Sahara, no lo relativo a esas ciudades españolas.

c) «Deglutido» que sea en su momento el Sahara, Marruecos se volverá contra la españolidad de Ceuta y de Melilla, porque en modo alguno ha renunciado a su anexión, ni siquiera con motivo del apoyo español de ahora sobre la reivindicación marroquí del Sahara.

d) La única forma de que Ceuta y Melilla no se replanteen como metas marroquíes sería –además de una actitud firme e ininterrumpida de España- que Rabat siguiera obsesionada con el Sahara al aplicársele el «Plan Baker II». Es decir, Ceuta y Melilla, se defienden en el Sahara, no a través de las transitorias lisonjas de Mohamed VI.

e) En el Sahara Occidental también se defiende la estabilidad y la paz de Canarias; si el Sahara llegase a ser de plena soberanía marroquí, los flancos este y sur del Archipiélago Canario quedarían geoestratégicamente al descubierto. La capacidad marroquí de presión sobre España en el espacio canario (con mirada estratégica puesta en Ceuta y Melilla precisamente) sería enorme y tal vez –en algunos aspectos- insoportable.

»¿Ha reparado en todo esto el Sr. Zapatero? Por los síntomas que se aprecian en su novísima política exterior –a la mayor satisfacción de Rabat y de París- no parece que así sea, y las consecuencias de tal posible ceguera estratégica pudieran llegar a ser muy graves. Acaso pueda decir el Sr. Zapatero que dado el nuevo «clima» suscitado con motivo de su encuentro con Mohamed VI esos temores no llegarían a existir con fundamento, pero esto sería una purísima ingenuidad según enseña la experiencia histórica con Marruecos; ingenuidad o abandonismo capaz de generar un verdadero «Munich español» ante parte tan sensible para España como es el Magreb abocado al Estrecho y al Atlántico».

2. ¿Irracionalidad marroquí o instigación francesa?

El por qué de la permanente hostilidad de Marruecos contra España es difícil de comprender, aún admitiendo que para el irredentismo marroquí los casos de Ceuta y de Melilla puedan ser causas de enojo al prescindir esos irredentistas, voluntariamente, del hecho histórico irrefutable de que mucho antes de existir Marruecos como tal «nación-reino» ambas ciudades ya fueron parte orgánica de España o de Portugal. (Ello, aún prescindiendo del hecho histórico lejanísimo de la «Hispania Tingitana» de hispano-romanos y de hispano-godos). Esa dificultad de comprensión avala la primera parte del título de este epígrafe: una clara muestra de irracionalidad marroquí en la motivación subyacente de la permanente hostilidad de Marruecos contra España, una irracionalidad que apenas comportaría peligrosidad si no contase con la también permanente instigación francesa.

Por haber contemplado algunos de nosotros, «in situ» -¡y de qué forma!- el proceso descolonizador de Marruecos en 1956, el «caso España-Marruecos» constituye para este colectivo una permanente atención, que por los parámetros en los que ahora se enmarca ha pasado a ser preocupación, alta preocupación. Tentados estamos (también de forma permanente aunque nunca abordada), de acometer un ensayo de tipo histórico en el que analizar la constante tensión entre ambos países remontándonos mucho más allá de las campañas bélicas de los años 20, de las reiteradas posibilidades de España de fragmentar el Reino Alauita segregándole un Rif siempre separatista, que hubiera podido entrar en la orbita española; posibilidad está siempre marginada por España en esos años 20, en 1956 e incluso en 1960 por defender la artificial integridad territorial y cultural de Marruecos. Tentación en la que no vamos a caer precisamente hoy cuando lo que debe primar en nuestra atención es la vivísima actualidad del problema y su previsible futuro.

Desde lejanas fechas de pura historia, España tuvo que adoptar una permanente aunque cambiante actitud defensiva frente a la hostilidad belicosa que procedía del norte magrebí, una vez reconquistada la unidad territorial nacional frente al Islam. En los tiempos cercanos (ya desde la misma independencia marroquí alcanzada en 1956 de una forma tan especial –muy particularmente por la postura desleal de Francia para con España en aquella coyuntura- que convendría analizar para comprender lo que hoy sucede) esa hostilidad ha tenido un constante avalista: París; con unos u otros Gobiernos franceses, pero siempre constante y actualizada; y actualizada de forma especial desde el momento y hora en que Francia perdió Argelia y se instaló en ésta (durante tanto tiempo) un Régimen pro-soviético que le impidió influir en Argel. (Solamente hubo una coyuntura en la que Francia apoyó militarmente a España frente a las maniobras marroquíes: en tal época: con ocasión de combatir a las bandas pro-marroquíes que nos atacaban en el Sahara, en 1958, y ello para que la acción de esas bandas no se corriese detrás del gran arco delimitativo del Sahara con Mauritania donde Francia tenía grandes intereses mineros y para que, tampoco, llegase a haber connivencia de tales bandas con los a la sazón rebeldes argelinos contra la Francia de entonces).

Desde la pérdida de Argelia, Francia reconstruyó de forma «sui géneris» su antiguo protectorado marroquí, englobando el territorio del pequeño protectorado español sobre el que desde al menos los años 60, secundando las campañas marroquíes, se ha afanado para borrar cualquier vestigio cultural español. Un protectorado «sui géneris» -y esto hasta cierto punto en lo de su supuesta especificidad- basado en la preponderancia absoluta de la cultura francesa, en la exclusividad de las relaciones económicas, en la tutela armamentística de las Fuerzas Armadas Marroquíes, y en la defensa a ultranza de los intereses mineros franceses en Marruecos. (Aparte, y además, de ser el «refugium pecatorum» de la corrompida clase dirigente marroquí empezando por la propia Corona Alauita, factor general –y no sólo por lo de la Corona- de tanta importancia en la influencia francesa sobre el todo Marruecos).

Partiendo de estos altos y concurrentes intereses franceses sobre Marruecos, cualquier atisbo de influencia española (comercial, cultural, geoestratégica, y en esto último hay que encajar lo del Sahara y Canarias) no puede ser tolerado por París. De ahí la frase textual de Chirac ofrecida a Aznar: «José María, te apoyaré en todo menos en lo de Marruecos»; de ahí también que el entendimiento de España con Argelia y con USA promovido por Aznar –de lo que se derivó el «Plan Baker II» de la ONU sobre el Sahara– fuese tan repulsivo y lesivo para Marruecos y Francia como para que éstas, a través del «teledirigido» Zapatero, traten por todos los medios de reventarlo.

Francia sabe que si no existiese en toda su magnitud ese «protectorado» sobre Marruecos, España podría tener unas relaciones normales -incluso fructíferas- con Rabat pese a Ceuta y Melilla, aunque siempre éstas servirían en ocasiones de causa artificiosa del irredentismo marroquí. Un irredentismo que se extiende al Sahara Occidental por dos motivos cronológicos: Uno, en 1975, por el apoyo de Washington a Hassan II ante la desconfianza de USA respecto a la garantía geoestratégica que le ofrecía España en el proceso de transición política que se ensayaba desde la agonía de Franco; otro, porque Francia, ya instalada como potencia «protectora» de Marruecos por las razones e intereses antes esbozados, da la confianza precisa a Rabat como para poder aspirar a deglutir un Sahara con todas sus riquezas potenciales (riquezas obviamente apetecibles tanto para USA como para Francia).

Ante el peligro de una confrontación bélica entre Argelia y Marruecos por causa del Sahara (que convulsionaría a todo el Magreb y obligaría a la intervención americana) USA reconsidera su postura al desaparecer el peligro soviético antaño instalado en Argelia y termina comprendiendo las razones de España y de Argelia (al fin y al cabo, se pensó en Washington, sus interese petrolíferos en el Sahara estarían salvaguardados siempre, bajo una u otra soberanía) y «aconseja» a Baker y al Consejo de Seguridad de la ONU para que se pase de la oferta del «Plan Baker I» -que Rabat aceptó, pero no el «Polisario» ni Argelia- al «Plan Baker II» a las partes en disputa del Sahara, (Marruecos y el Polisario); éste y Argelia aceptan el último Plan pero Marruecos lo rechaza bajo el amparo de París, que teme perder sus intereses saharianos por «culpa» de la «entente» USA-España-Argelia.

Pero surge «casual» e inesperadamente el 11-M en Madrid y «gracias» a él Francia consigue romper la «entente» al salirse España de ésta y quedar desmarcada Argelia. Así, en los primeros días de mayo el Consejo de Seguridad, sin saber qué hacer con el «Plan Baker II», prolonga hasta el 1 de octubre próximo la misión «Minurso» de las Naciones Unidas para el Sahara, patrocinadora del repetido Plan; plazo que permitirá maniobrar a París ya con el seguro apoyo del Gobierno socialista español y las dudas de Washington. ¡Toda una «providencial» oportunidad para Francia!; «providencial» coyuntura que coincide y se ofrece también para Francia –por esa misma tragedia- en el ámbito europeo al abandonar España el «Eje Atlántico» que componía con USA y Gran Bretaña y retirar las tropas de Irak, al ingresar en el opuesto «Eje franco-alemán», y al renunciar con beneficio para Francia a las ventajas que reportaba a España el Tratado de Niza.

3. Ultimas reflexiones

Tal vez algún lector pudiera creer que nuestras opiniones favorables a la desvinculación del Sahara de la soberanía de Marruecos sobre el territorio obedecen al deseo ingenuo de apoyar al «Polisario»; si así se dedujese de nuestras tesis sería un error, bien derivado de una mala exposición por nuestra parte o bien de un defectuoso entendimiento del lector. No nos guía favorecer al «Polisario» aunque esto se derive indirectamente de nuestras tesis; nos guía el preservar a Canarias de una permanente amenaza (de variado tipo, aunque no necesariamente de orden bélico si bien esto tampoco deba ser desechado) procedente de un Marruecos ampliado hasta los límites de Mauritania. Sin el Sahara la amenaza gravitaría siempre sobre el Archipiélago pero con él la amenaza potencial aumentaría de tal modo que los flancos Este y Sur quedarían geoestratégicamente en completo descubierto desde un Marruecos expandido y soberano sobre el territorio sahariano. Y esto debiera ser preservado de modo total por el Gobierno español como norma invariable y prioritaria de su política internacional y de su política de defensa. De ahí nuestra reiterada llamada de atención –siguiendo la también reiterada tesis que Cuadernos de Encuentro mantiene desde hace años- que lamentablemente no parece tener eco desde el acceso del PSOE al poder.

· España no debe nada al «Polisario», aunque deba lamentar muy sinceramente el drama de los queridos saharauis erradicados de su tierra. Aunque con errores coyunturales de concepto y de gestión en su política descolonizadora (herencia de la mantenida al respecto por Carrero Blanco, que no por Franco), España quiso lo que creía mejor para los saharauis al tiempo que para España. Y fue el «Polisario» quien cometió el más grave de los errores y la más absurda villanía: apostar bélicamente contra España (que en aquel momento era apostar contra Occidente simultáneamente) siguiendo la estrategia emanada de la URSS a través de la por entonces pro-soviética Argelia; esto era algo que USA no estaba dispuesta a tolerar pues un Sahara pro-soviético constituía una plataforma amenazante para la gran ruta atlántica de la OTAN. Al valorar Washington con escepticismo la trayectoria equívoca de los prolegómenos de la transición política en España con un Franco agonizante (a la vista de cómo se gestaban en España las seguridades estratégicas que USA demandaba y exigía) desde América y desde los principales de la OTAN no se dudó: se permitió e incluso se alentó la «Marcha Verde» de Hassan II y se le entregó el Sahara porque estaban seguros de la energía y la alineación de Hassan II, cosas no seguras de la España de entonces. Por unas y otras razones –errores y debilidad de España, ataques del «Polisario», y pro-sovietismo de éste- se condenó al Sahara y a los independentistas saharauis a lo que ahora padece ese querido pueblo[1].

· Por la seguridad de Canarias, porque el peligro soviético desapareció, porque Argelia se alinea ya con occidente y porque el «Polisario» ha reconsiderado su torpísima actitud de entonces, Aznar convenció a Washington de la necesidad y conveniencia de garantizar desde la ONU la autodeterminación del pueblo saharaui como garantía del equilibrio en el Magreb atlántico; de ahí nació el «Plan Baker II» que ahora el tandem Francia-Marruecos está a punto de desbaratar, con Zapatero como irracional instrumento nacido de la demagogia consustancial del PSOE, del rencor contra Aznar y de la derivación anacrónica del «tic» antiamericano generado por el extinto «agit-prop» soviético.

· El tratar de poner en su sitio a Marruecos no obedece a ningún planteamiento belicoso nuestro contra el Reino Alauita; se trata de fomentar el equilibrio geoestratégico en ese polvorín potencial del Magreb atlántico (no inmune ante el integrismo islámico) que representaría un Marruecos hegemónico en él, una hegemonía sólo alcanzable con la absorción del Sahara pues desde él se cercaría a Argelia y se amenazaría a Canarias; se trata –esta será siempre nuestra recomendación- de disuadir fehacientemente a Marruecos de cualquier aventurerismo beligerante contra España, Argelia y Mauritania (ésta, también increíble reivindicación de Rabat). Esa obligación vital de España de poner en su sitio a Marruecos sólo será posible si su clase política dirigente sabe ser coherente y eficaz en estos parámetros de su política exterior, interior y de defensa:

Convenciendo a las potencias con obligaciones o intereses en el sector de encajar las primeras y subordinar los segundos a las razones objetivas del equilibrio zonal antes esbozadas, equilibrio de enorme importancia estratégica para la OTAN.
Convencer a Marruecos de sus limitaciones y de que su expansionismo, impropio y exagerado a todas luces, jamás reportará soluciones definitivas a sus muy graves y estructurales problemas internos; que estos no tendrán solución más que a través de racionales y rigurosas reformas interiores, de una erradicación total de la gran corrupción que padece el país, y de una leal colaboración en todos los órdenes con las naciones capaces de ofrecérsela, entre ellas España.
Siendo la Nación española fuerte por sí misma (sólo la fortaleza verdadera hace prudentes a los aventureros) sin esperar que sus aliados –OTAN, UE- le resuelvan, llegado el caso, los problemas que hoy le plantea su propia debilidad militar.
Manteniendo una política firmísima y sin altibajos en la línea de todo lo antes expuesto.
Haciendo una seria, profunda y continuada pedagogía interna hacia nuestro pueblo deducida de las altas razones que deben avalar la política nacional al respecto y que hasta aquí se han esbozado; pedagogía que no debe excluir el tratamiento de los factores históricos[2] que concurren en la actitud de España; ello porque para cualquier política nacional trascendente se debe contar con el seguimiento mayoritario de la sociedad civil española.

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[1] La conocida comentarista Isabel San Sebastián, en «Onda Cero», decía recientemente: «En cuanto al Sahara, será el precio que se pague por mejorar las relaciones entre España y Marruecos. Es la traición a un pueblo sobre el que somos responsables».

En los momentos actuales la calificación es certera, si bien habría que objetarle que también no hay que olvidar los errores saharauis del pasado antes reseñadas. No obstante, al haber abandonado a esos saharauis en las «manos» de Hassan II en 1975, es cierto que moralmente España es esencialmente responsable por aquella cobardía; por ello la política de Aznar propugnando y apoyando el «Plan Baker II» significaba, entre otros motivos, la corrección de aquella debilidad culpable de España.

[2] No sólo el pueblo llano español padece desinformación sobre la cuestión tratada en este trabajo; también la hay en personas de las que cabría esperar mayor rigor en sus exposiciones. Así, por vía de simple y único ejemplo, cabe señalar que el comentarista Darío Valcárcel, que tantos le atribuyen gran expertez en temas de política internacional, en su artículo aparecido en ABC el 6 de mayo y titulado «Fatiga diplomática en el Sahara» decía: «…Pero en el caso del Sahara, los expertos más imparciales sostienen la razón histórica que asiste a Marruecos». Pues bien, Sr. Valcárcel, nada más lejos de la verdad que tal aseveración; un solo dato la desmiente y es este: sometidas al Tribunal Internacional de La Haya las supuestas razones históricas aducidas por Rabat para anexionarse el Sahara, ese alto Tribunal emitió en 1974 una sentencia clarísima: no había razón histórica alguna a favor de la tesis marroquí de que el Sahara, tiempos atrás, había sido parte de Marruecos. (Hassan II, inicialmente, prometió acatar la sentencia que fuere… pero al conocer ésta la rechazó sin atreverse a rebatir la tesis de tan alto Tribunal). Aspectos así de desinformación de nuestro pueblo pueden llegar a ser un grave impedimento para que nuestra clase política acometa planteamientos dotados de rigor, en este caso con contenido histórico.

DOS ANÁLISIS PARA TENER EN CUENTA arriba

C. de R

El título se refiere a sendos artículos –que transcribiremos íntegramente- debidos a las pluma de Cesar Vidal y de Pío Móa, respectivamente.

El primero, titulado «PSOE: 125 años de historia»; el segundo «¿Por qué fue tan catastrófica la república?»; ambos aparecidos en el diario La Razón en la misma fecha del 6 de mayo de 2004.

En uno y en otro se analizan específicamente dos aspectos de una no lejana época histórica española que no dejan de tener una inocultable relación algo más que subliminal con el momento político actual de España, aunque obviamente las respectivas características de la vida política nacional de hoy sean grandemente diferentes de las que se describen con acierto en ambos artículos.

Pero son muy diferentes por un dato fundamental, cual es la estructura actual de la sociedad española; por un precedente histórico que muchos no olvidan –aunque los «protagonistas» de uno y otro artículo lo desfiguran y aborrecen- cual fue la Guerra Civil que, lamentablemente, las nuevas generaciones empiezan a no conocer (o a conocer tergiversadamente) y que por acaso pudieran caer en parecidos errores a los que a ella condujeron; pero no es tan diferente el talante moral del «protagonista» principal de uno y otro análisis histórico –el PSOE- del talante moral bajo el que actúa el actual PSOE.

Si se tiene la paciencia y el tino de emparejar las actitudes de aquel PSOE y del actual referidas a problemas o casos concretos y parejos de la política nacional de entonces y de hoy (excluidos los dislates revolucionarios en hechos de sus años 30) se verá no poca simetría entre las respectivas actitudes ante no pocos de los problemas a enfocar entonces y hoy. Y es que hay constantes en el PSOE fáciles de descubrir:

· Entonces era la burguesía a batir sin piedad; ahora es la derecha a excluir de la vida política nacional.

· Entonces sólo podía guiar a las masas un marxismo elemental y tosco pero purísimo; ahora, sólo la izquierda puede regentar a perpetuidad el sistema democrático, siendo pura excepcionalidad temporal su regencia a cargo de la derecha.

· Entonces la República burguesa era, tan sólo, plataforma y trampolín para desde ella llegar a la sociedad sin clases propugnada por el marxista PSOE; ahora la transición sólo significó su legalización como partido y su asentamiento en la actual y legal base de partida, desde la que se pretende alcanzar si no su «programa máximo» aireado ingenua y amenazadoramente en los años 70 sí algo que en no poco se le parecería: un «Nuevo Régimen» que escasamente se inspiraría en el de la Constitución de 1978, en tantos de los parámetros de ésta.

· Entonces habría que destruir y desterrar al «fascismo» por reaccionario y cruel; ahora la reaccionaria y desleal es la derecha, claro está que por ser «heredera legítima» del franquismo, es decir, puro fascismo.

· Entonces había que otorgar carta de naturaleza estatutaria a los nacionalismos vasco y catalán porque, como «compañeros de viaje», podían contribuir a reventar la unidad de la derecha aunque no hubiera con ellos la más mínima coincidencia ideológica; ahora hay que pactar con ellos para lo mismo, incluso recurriendo a «gobiernos tripartitos» como el de Cataluña; en ambos casos porque tanto entonces como ahora el PSOE siempre tuvo un concepto del verdadero ser de España dispar del que «la derecha –es decir, la enorme masa de españoles tan sencillos como leales a España- siempre tuvo.

· Entonces se odiaba y despreciaba al Ejército al considerarlo soporte de la reacción, de la burguesía y del Estado represivo; ahora se canta su profesionalidad, su apoliticismo y sobre todo su mermada entidad numérica para no llegar a tener problemas como los acaecidos con el Frente Popular. (El futuro para la Institución dependerá de a cuánto obliguen al respecto los compromisos internacionales –por supuesto mínimos- y de cuánto de ellos puedan zafarse).

Y podríamos seguir con no pocas más equiparaciones y homologaciones sectoriales.

Seguidamente se transcriben los citados artículos.

«PSOE: 125 AÑOS DE HISTORIA» arriba

César Vidal

Hace 125 años el PSOE nació como un partido marxista que propugnaba la lucha de clases y la implantación de la dictadura del proletariado. Sin embargo, a diferencia de sus homólogos inglés, francés o alemán, fue durante décadas una formación insignificante. De hecho, aunque el PSOE de Pablo Iglesias se autoproclamó representante de los trabajadores españoles, éstos no le evitaron una verdadera cascada de derrotas electorales. No era de extrañar ya que el espacio de izquierdas lo ocupaban los republicanos y el de la lucha obrera, los anarquistas. Por si fuera poco, en aquellos primeros años, el único intelectual digno de ese nombre que pasó por el PSOE fue Miguel de Unamuno, que los abandonó calificando a los socialistas españoles de «fanáticos necios de Marx, ignorantes, ordenancistas, intolerables, llenos de prejuicios…». En 1909, Iglesias llegó a un acuerdo con los republicanos para crear una conjunción electoral. Con todo, el 12 de julio de 1910 afirmó que lo único que le movía a esa alianza era «derribar el régimen». Durante los siguientes años, ya convertido en el primer y único diputado socialista, no perdería ocasión de intentarlo. Por ejemplo, el 7 de julio de 1910, amenazó con que el PSOE recurriría al «atentado personal» si Maura llegaba al poder pero también hizo todo lo que estuvo en sus manos para impedir que el liberal Canalejas pudiera llevar a cabo reformas que tenían como finalidad mejorar la suerte de los trabajadores. Desde las Cortes, Iglesias clamó que su partido buscaba «la supresión de la Magistratura, la supresión de la Iglesia, la supresión del Ejército y la supresión de otras instituciones» ya que los socialistas estarían «en la legalidad mientras la legalidad les permita adquirir lo que necesitan; fuera de la legalidad… cuando ella no les permita realizar sus aspiraciones». Durante los años siguientes, Iglesias y el PSOE siguieron punto por punto sus planes para acabar con el sistema parlamentario e implantar la dictadura del proletariado. Con el respaldo de algunos medios de comunicación y el apoyo de personajes tan dudosos como Ducazcal, el creador de la famosa «banda de la porra», el PSOE prosiguió su actividad anti-sistema. Haciendo gala de un acentuado oportunismo, en 1917, intentó, junto a los nacionalistas catalanes, acabar con el sistema parlamentario; y en 1922 decidió colaborar con la dictadura de Primo de Rivera. No pensaba integrarse en el sistema como habían hecho sus homólogos alemanes y como esperaba Primo de Rivera sino porque deseaba privar de peso entre los obreros a la CNT y porque soñaba con la caída de la monarquía parlamentaria. Durante aquellos años, el PSOE medró a la sombra de la dictadura. Dirigentes socialistas como Largo Caballero, Cordero, Lucio Martínez o Wenceslao Carrillo –padre del futuro secretario general del PCE- obtuvieron puestos en la Junta de subsistencias, el consejo de administración de información telegráfica o el consejo interventor de cuentas. En octubre de 1924, Largo Caballero incluso fue nombrado miembro del Consejo de Estado del dictador. En diciembre de 1925, falleció Pablo Iglesias pero sus sucesores mantuvieron el guión. En 1930, se sumaron a un intento de golpe de Estado para derribar la monarquía parlamentaria y en abril de 1931 lograron que se proclamara la república tras unas elecciones en que de las votaciones habían salido 5.775 concejales republicanos y 22.150 monárquicos. Nunca en la Historia de España se había falseado tan escandalosamente un proceso electoral pero el PSOE, una vez más, se consideraba hiperlegitimado para hacerlo. Durante el bienio de 1931 a 1933 en que compartió el poder con otras fuerzas de izquierda, el PSOE buscó aislar a los anarquistas y empujar a la nación hacia un proceso que algunos socialistas sensatos calificaron de bolchevización. En 1933, las derechas ganaron las elecciones y de manera inmediata el PSOE comenzó a fraguar un golpe de Estado que le permitiera recuperar el poder perdido en las urnas. En octubre de 1934, el PSOE y la Ezquerra catalana se alzaban en armas contra el Gobierno legítimo de la nación. El golpe fracasó en toda España salvo en Asturias, donde se llevó a cabo una revolución socialista con su secuela de excesos, quemas de iglesias y asesinatos. Aquel golpe fallido de 1934, a decir de Salvador de Madariaga, deslegitimó a las izquierdas para atacar el de julio de 1936. Pero en aquellos momentos, nadie pensaba en una sublevación de las derechas. En 1935, el PSOE fue parte decisiva en la creación del Frente Popular y su dirigente máximo en el curso de una violenta campaña electoral dejó de manifiesto que su meta era instaurar la dictadura del proletariado y que «la conquista del poder no puede hacerse por la democracia burguesa». En febrero de 1936, el Frente Popular se hizo con la mayoría en las Cortes mediante un fraude electoral que sería denunciado por el presidente de la república, Niceto Alcalá Zamora. Desde entonces hasta el estallido de la Guerra Civil, España viviría una evolución que las cancillerías extranjeras, empezando por la británica, asemejarían a la de la revolución rusa de 1917 y que incluyó el asesinato de Calvo Sotelo, el jefe de la oposición de derechas, por miembros del PSOE. Cuando en julio de 1938 estalló la guerra, el PSOE se lanzó, como otras fuerzas frentepopulistas, a una política de represión que iría de la creación de checas y de la práctica de fusilamientos a la incautación de los pisos de Madrid no para entregárselos a los inquilinos sino para cobrarles los alquileres. En el curso de los años siguientes, sería un socialista, el doctor Negrín, el mismo que había enviado las reservas de oro del Banco de España a la URSS, el que pactaría con Stalin la transformación final de España en una dictadura de izquierdas. La derrota frustró esos planes y también llevó al PSOE al borde de su aniquilación. Ni siquiera la firme alianza con la masonería evitó a sus dirigentes en el exilio languidecer y perder el control del partido en manos de un grupo encabezado por Felipe González. Con todo, hasta finales de los setenta, el PSOE no perdió su radicalismo. Rechazó el referéndum de la ley de reforma política e incluso defendió la república durante el debate constitucional. Pero González era consciente de que su llegada al poder pasaba por asemejarse lo más posible al SPD alemán y, primero, renunció al marxismo y, luego, decidió permanecer en la OTAN. Fueron sus mayores logros porque durante la casi década y media que estuvo en La Moncloa, España alcanzó cotas de desempleo y de corrupción realmente históricas mientras la sombra del crimen de Estado se cernía sobre él. Ni siquiera la derrota electoral a mediados de los años noventa y todavía menos los éstos del PP en su gestión económica e internacional llevaron al PSOE a reflexionar sobre las consecuencias de su dogmático sentimiento de hiperlegitimidad. Hoy, el PSOE tiene con todos los españoles la obligación moral de no reescribir su historia en términos rosados y falsos, sino de reflexionar sobre ella, de recordar que por dos ocasiones aniquiló irresponsablemente sendos sistemas parlamentarios y de comprometerse humildemente a no reandar caminos pasados.

POR QUÉ FUE TAN CATASTRÓFICA LA REPÚBLICA» arriba

Pío Moa

Desde hace más de veinte años numerosos políticos e historiadores poco fiables vienen pintando la II República como una especie de paraíso de las libertades y el progreso, en especial para los trabajadores, llegado pacíficamente y por las urnas. Tales virtudes habrían resultado demasiado indigestas para los fascistas y reaccionarios «de siempre», empeñados en salvaguardar sus «injustos privilegios», y poner fin a la maravilla después de una cruenta guerra civil. Este esquema ha sido machacado de tal modo y sin apenas oposición, en libros, cine, novela y prensa, que muchos, en particular jóvenes, añoran el prodigio republicano y aspiran a repetirlo, según revelan las banderas republicanas frecuentes en las manifestaciones de la izquierda.

Sin embargo, se trata de una manipulación grotesca, insostenible en casi todos sus detalles. La República no llegó por unas elecciones, ni los republicanos eran pacíficos. Cuando se reunieron en San Sebastián, en verano de 1930, lo primero que se les vino a la cabeza fue imponerse mediante un golpe militar, aunque estaban previstas elecciones. El golpe fracasó, pero la monarquía permitió a los golpistas presentarse a las elecciones municipales en abril del 31. En ellas ganaron en casi todas las capitales de provincias, pero perdieron con gran diferencia en el conjunto del país. Entonces ocurrió un suceso con muy pocos paralelos históricos: los partidos monárquicos, en plena quiebra moral, entregaron el poder pacíficamente a los perdedores, burlándose de sus propios votantes. Como resalta Miguel Maura, principal organizador de los republicanos: «Nos entregaron el poder». Por tanto, la República no llegó por votos ni pacíficamente. Los republicanos no fueron pacíficos. De pacíficos podrían gloriarse en cambio los monárquicos, si no fuera porque en realidad no demostraron tanto amor a la paz como descomposición moral y felonía hacia los electores.

La República adquirió así una legitimidad indudable, aunque ciertamente extraña, y no dejó de suscitar las mayores esperanzas después de la exhibición de miseria política monárquica. E inmediatamente se puso a defraudar tales esperanzas. Antes de un mes, el nuevo régimen protagonizó la oleada de quemas de conventos, como se le suele llamar, aunque no fueron sólo conventos, sino también varias de las principales bibliotecas del país, centros de enseñanza y de formación profesional para obreros, y obras de arte de valor incalculable. El hambre, en rápido descenso en los años anteriores, repuntó con fuerza, hasta llegar en 1933 a los niveles de principios de siglo. La delincuencia común subió brutalmente, sufrida también por la gente humilde, sobre todo. Los anarquistas promovieron insurrecciones, que Azaña ordenó liquidar fusilando a quienes fueran capturados con armas en la mano, desembocando en la matanza de campesinos desarmados perpetrada por la republicana Guardia de Asalto en Casa Viejas. Como recordaba Pío Baroja, en el primer bienio republicano habían sido muertos en la calle más ciudadanos, en su mayoría obreros, que en cuarenta años de monarquía. Casi todos habían caído en choques entre partidos o sindicatos izquierdistas, o con la policía del gobierno de izquierda. La Constitución quedó invalidada en la práctica por la Ley de Defensa de la República, que permitió a Azaña cerrar cientos de periódicos, más que en cualquier etapa de la monarquía, y de tener en masa y sin acusación a derechistas –en su gran mayoría respetuosos hacia la ley- o a anarquistas, o deportarlos a África.

Ciertamente, las izquierdas intentaron algunas reformas positivas, como el impulso a la enseñanza pública o la reforma agraria. Pero el primero quedó neutralizado por el antidemocrático cierre de los centros católicos, muchos de ellos con un prestigio ganado en largos años de experiencia, y por el simplismo ideológico de muchos de los nuevos maestros formados o improvisados. Y la reforma agraria, mal concebida, resultó insignificante. Cataluña recibió la autonomía, por afinidad izquierdista, y la Ezquerra la aprovecharía para vulnerarla y contribuir, en 1934, a preparar la Guerra Civil.

Todo ello no impedía a los partidos y políticos responsables del caos proclamarse representantes privilegiados de los pobres, de los obreros, del pueblo, de la cultura o de la libertad. Y nadie los describe mejor que Azaña, que en sus diarios muestra una y otra vez su desaliento ante la botaratería e ineptitud de los republicanos y socialistas, «Ahítos de pedantería, y vacíos de sindéresis», «Gente ligera, sentimental y de poca chaveta», «No saben qué decir, no saben argumentar. No se ha visto más notable encarnación de la necedad», «Veo muchas torpezas y mucha mezquindad, y ningunos hombres con capacidad y grandeza bastantes para confiar en ellos. ¿Tendremos que resignarnos a que España caiga en una política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta?». Etcétera.

Azaña ha trazado, sin duda, el más negro y expresivo retrato de la demagogia y vacuidad intelectual de aquellos que se creían, o decían creerse, la encarnación misma de la libertad y el progreso para el pueblo. El nuevo régimen habría precisado líderes capaces e inteligentes, pero éstos escaseaban desesperadamente. Casi todos descollaban, en cambio, en la habilidad propagandística para sembrar el odio a las derechas y acusarlas de todos los males. Sus políticos tenían la cabeza llena de humo progresista, les faltaban conocimientos económicos elementales, y gran parte de sus medidas destinadas a aliviar la pobreza, la incrementaban.

Desde luego, Azaña sobrepasaba mucho en inteligencia a la gran mayoría de sus correligionarios, pero tampoco era propiamente un demócrata. Llegó a la República jactándose de su sectarismo, descalificando la moderación, dispuesto a exaltar a «los gruesos batallones populares», es decir, a hacer demagogia obrerista, con la ilusión de controlarla y encauzarla a su favor, y afirmando que sólo él y sus correligionarios tenían derecho a gobernar la República. Fue uno de los máximos responsables de la tendencia no meramente laica, sino antirreligiosa de la Constitución, agresiva contra el sentimiento católico mayoritario. Cuando perdió abrumadoramente las elecciones en 1933, después del desastroso bienio de izquierdas, no pensó en otra cosa que en el golpe de Estado para impedir gobernar a las derechas, y lo intentó dos veces. Pues bien, Azaña era uno de los más moderados, o por mejor decir, menos extremista de los republicanos de izquierda, y basta tener esto en cuenta para comprender hasta qué punto el régimen se hacía inviable. En la disposición de las izquierdas a romper las reglas del juego, incluso las impuestas por ellas mismas, si no disfrutaban del poder, yace la clave del carácter catastrófico de la República, predestinada así al fracaso y a la guerra civil.

Aquí llegados, uno se pregunta: ¿acaso ignoran todas estas cosas los panegiristas de la República? Hay mucha ignorancia, desde luego, entre los «republicófilos» de a pie, pero no puede haberla entre los directores de la orquesta, Los Tuñón o los Jackson hace años, o los Preston o Juliá ahora. Salta a la vista que éstos falsean la historia o mienten abierta y deliberadamente.

Pero esta constatación tampoco nos satisface del todo, pues ¿por qué habrían de mentir? La causa, al menos la principal, no reside en una deshonestidad personal –aunque también, como demuestran cuando intentan ahogar el debate intelectual con la censura o el insulto-, sino en una concepción general basada, de forma explícita o implícita, en la teoría marxista de la lucha de clases. La misma concepción, cabalmente, que llevó a las izquierdas republicanas, socialistas, etc., a realizar sus tropelías, y finalmente a la Guerra Civil, con la mejor conciencia: ellos representan a «los oprimidos», al «proletariado» (por muchas plagas que traigan sobre ellos), y cualquier falsedad queda así justificada. Más aún, los representan aunque entre esos mismos partidos «obreros» o «progresistas» se maten y destruyan, como llegó a ocurrir. En cambio la derecha forzosamente representa al fascismo o, en el mejor de los casos, a la «reacción», aunque le vote en la realidad la mitad o casi dos tercios del pueblo, como ocurrió en 1933. Si alguien desafía las versiones de esos historiadores recibe inmediatamente el mote de «franquista». Asombra la capacidad de estos esquemas para engendrar fanatismos, negar los hechos más crudos y socavar la democracia. Y no es cosa del pasado. Se refleja, desde luego, en la mencionada resistencia de diversos «historiadores profesionales» a debatir el pasado de manera fría e intelectual, pero eso no pasaría de simple anécdota si no siguiera condicionando tan profundamente la política. Cualquiera que repase los sucesos de 2004, culminados en los pasados atentados terroristas, que transformaron en chusma a buena parte de la ciudadanía, podrá comprobarlo fehacientemente.

ECONOMÍA DE LA SECESIÓN arriba

Juan Velarde Fuertes

Allá en las lejanías de 1948 me tuve que plantear, al estudiar la economía portuguesa en relación con la española, el problema de la economía de la secesión. Para comenzar a comprender sus costes, apelé a un libro, entonces reciente, de Hertz, sobre lo sucedido en la economía de los Estados danubianos cuando la oleada nacionalista, tras la I Guerra Mundial, desbarató para siempre al Imperio de los Habsburgo. Confieso que me impresionó mucho el libro de Hertz y, como coexistía con los primeros pasos, dentro de las derivaciones del Plan Marshall, para integrar económicamente Europa, ambos fenómenos, el negativo y el positivo, me pasaron a interesar muchísimo.

Dentro de ese sendero, bien contemplado en el caso de Portugal en relación con España, que he estudiado hasta ahora mismo, o bien en relación con el caos económico hispanoamericano, tras la independencia, o bien al observar cómo, en la etapa de la II República, su economía amenazó con convertirse en un verdadero caos, en aquellos momentos de la Gran Depresión, entre otras cosas por los ramalazos proteccionistas catalanes, impulsados por la Generalitat, y frenados, como podía, por el Tribunal de Garantías Constitucionales, he estudiado las consecuencias de la secesión. Ha vuelto a actualizarlas el agobio planteado desde que, tras las posibilidades ofrecidas por el Título VIII de nuestra Constitución de 1978, tanto en Cataluña como en el País Vasco se hicieron visibles planteamientos de ruptura del mercado español de bienes y, sobre todo, de factores. Por eso participé en un estudio, que me acabó dejando un amargo sabor de boca, sobre las consecuencias que tenía en todos los sentidos, incluyendo los económicos, el fraccionamiento de los planes de enseñanza en las diversas autonomías. Yo, naturalmente, aporté en aquel trabajo de Foro, titulado La Educación en el Estado de las Autonomías el impacto económico.

Por eso me he alborozado intelectualmente cuando he pasado a leer este libro dirigido por mi amigo y colega Mikel Buesa, al que tan alto he situado siempre intelectualmente, y que aporta como autores, no sólo a economistas reputados, sino, dentro de ellos, a un puñado de viejos amigos y compañeros del Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad Complutense, o de colegas tan admirados como el profesor Martínez Serrano de la Universidad de Valencia.

Creo que debo señalar ante ustedes una serie de aportaciones que se contienen en esta obra, y que, con la frialdad de un análisis científico, se refieren a una agobiadora llaga española provocada por el proyecto nacionalista para el País Vasco. El adelantado sobre esta cuestión es, evidentemente, Mikel Buesa, a partir de un artículo publicado en la revista Papeles de Ermua en diciembre de 2001. A partir de ahí todos los economistas españoles nos dimos cuenta que era preciso estudiar y trabajar las sucesivas aportaciones del profesor Buesa, exactamente igual que habíamos hecho con muchas otras suyas en el terreno de la economía industrial española. Después, me encontraría con el artículo de Abadíe y Gardeazábal, sobre el coste económico del conflicto vasco, aparecido en The American Economic Review, marzo 2003, y como economista atento a los problemas de la economía española, de manera directa, nada más. Por supuesto que la problemática vasca se estudiaba, en relación con el Estado de las Autonomías, en relación con la cuestión de las balanzas fiscales, en numerosas ocasiones, a partir, naturalmente, de las aportaciones de Ramón Trías Fargas La balanza de pagos interior. Estudio relativo a la provincia de Barcelona, que se remonta a 1960. Estos trabajos, en el año 2003, habían culminado en tres obras de consulta obligada: el libro de Ezequiel Uriel Jiménez, Una aproximación a las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas; el fundamental de Julio Alcaide Inchausti, Evolución económica de las regiones y provincias españolas, que debe unirse al volumen firmado por Julio Alcaide Inchausti y Pablo Alcaide Guindo, Balance económico regional (Autonomías y provincias). Años 1995 a 2000. Ahora es preciso añadir la espléndida contribución al análisis económico regional español que es este libro dirigido por Mikel Buesa, Economía de la secesión. El proyecto nacionalista y el País Vasco. Con él en la mano vamos a contemplar cómo, desde el punto de vista económico –dejo a un lado otras perspectivas que, debo confesarlo, me preocupan mucho más que las económicas-, es cierto lo que se sintetiza en la pág. 12 por Mikel Buesa: «Las consecuencias de la secesión se establecen, con un balance negativo y costoso para los ciudadanos vascos, en tres planos diferenciados: por una parte, el que se deriva de la aparición de fronteras entre el País Vasco y España, amén del conjunto de los países de la Unión Europea, con sus secuelas de pérdidas de actividad y de empleo, así como de deslocalización de las empresas; por otra, el que nace de la necesidad de asumir los costes del ejercicio de las competencias estatales en las que se expresa la soberanía –es decir, las relaciones internacionales, la defensa, el sistema judicial y la supervisión del sistema financiero-, así como del sostenimiento del Estado del bienestar, lo que ha de traducirse en una elevación de las cargas fiscales para los residentes en el territorio vasco; y, finalmente, el que emerge del necesario abandono del euro como patrón monetario dando lugar a una importante inestabilidad macroeconómica que ahondaría, al menos durante cierto tiempo, los efectos críticos de la reducción de la actividad productiva. En definitiva, la promesa de la secesión no es otra que la de las dificultades económicas, el desempleo y la pérdida de bienestar para los vascos».

Ocho ensayos se agrupan en este libro para, con la dureza contundente del haz que tan bien nos enseñó para siempre Roma, aclarar la cuestión. El primero de ellos, obra del profesor Buesa, es el que para mi era más conocido. Ya me había producido una adhesión intelectual, que se unía a la cordial. Se titula, sugestivamente, Economía de la secesión, los costes de la «No-España» en el País Vasco. Su centro y resultado, es evidentemente (Pág. 22) criticar la idea inmersa en el proyecto separatista del PNV, de que la del «País Vasco es una economía avanzada de alto nivel de desarrollo, impulsada internamente por fuerzas competitivas que la situarían en un plano de equivalencia con otras naciones de vanguardia, y abiertas al exterior sobre todo a través de unas relaciones comerciales capaces de generar un superávit permanente. Se afirma, por otra parte, que esta economía mantiene unas relaciones con el resto de España que son relativamente débiles y que, en el caso de que la secesión fuera conflictiva, serían prescindibles. Y a todo ello se añade que el proceso se vería facilitado por una estabilidad institucional que vendría asegurada por la permanencia del País Vasco en la Unión Europea como uno más de sus Estados miembros». Pero he aquí que se prueba que «la secesión del País Vasco no es aceptable en el marco de las instituciones europeas» (Pág. 31, después del desarrollo en las 29-31). Esto es importante porque (Pág. 43): «La continuidad del marco institucional en el seno de la Unión Europea se convierte en el factor crucial del proyecto nacionalista para que la independencia, por su potencial conflictivo, no derive en un declive de los niveles actuales de desarrollo y bienestar de los vascos. Sin embargo, esa continuidad no está garantizada, pues tanto el marco institucional español, como el europeo, excluyen cualquier supuesto secesionista. Y por tal motivo, la secesión, en el caso de que se lleve a término, ha de ocasionar unos costes muy importantes para los vascos que redundarán en un empeoramiento de su nivel de vida y en un deterioro de sus expectativas para progresar en el terreno económico».

Se estima por Buesa que la secesión originará (Págs. 43-44) que «la actividad productiva, y con ella la obtención de la riqueza, puede llegar a disminuir entre un mínimo del 10’5% y un máximo del 19’9% sobre su nivel actual. De este deterioro de la producción se derivará necesariamente una pérdida de empleo que oscilará entre 89.000 y 178.000 puestos de trabajo, lo que concluirá una elevación de la tasa de paro hasta cifras entre el 19 y el 29%. A las pérdidas de producción y al desempleo masivo se añadirá la retirada de la transferencia de recursos que, a través, de la actuación financiera del Estado, recibe actualmente Euskadi, una transferencia que se plasma en un saldo fiscal favorable que, según las estimaciones disponibles, se evalúa entre el 3 y el 6’6% del PIB regional. Añádase a todo ello la elevación de la carga fiscal, de manera que los ciudadanos vascos deberán pagar como media, más del 9% de lo que actualmente ingresan en las haciendas locales por el impuesto sobre la renta. Además, los asalariados verán aumentar sus cotizaciones sociales entre un 3 y un 7’6% para subsanar el déficit de la Seguridad Social que se generará al aumentar el desempleo, y el sistema económico, al verse impelido a abandonar el euro como unidad monetaria, quedará envuelto en tensiones monetarias que, con toda seguridad, empeorarán las cosas aún más».

Pero he aquí que el proyecto secesionista, evidentemente, tiene un punto de apoyo en un proceso terrorista. El siguiente ensayo, del que son autores Rafael Myro, Alberto Colino –de la Universidad Complutense‑ y Patricio Pérez –éste de la Universidad de Cantabria‑ se titula por eso Crecimiento económico y conflicto social en el País Vasco. A la bibliografía que aportan estos autores –Barro, Alesino y Ferotti, y Davis y Weinstein‑ sobre las relaciones entre conflicto social e inversión, me atrevo a añadir una vieja, española, de Flores de Lemus. Al analizar éste en su obra clásica, Sobre una dirección fundamental de la agricultura la evolución de la inversión en el campo español, que observaba a través de las cifras de la superficie semillada, anota que en 1918-19 se experimenta una caída en la capitalización del campo. La explicación, lo demuestra, no se halla en la relación entre costes y precios. Al estudiar la realidad española, se observa que la capitalización agraria «cesa cuando los precios iban en alza y comienza de nuevo con los precios en baja. La explicación –añade Flores‑ es, sin embargo, muy sencilla; no fue la falta de beneficios del cultivo lo que produjo la crisis, sino la pérdida de confianza en sí mismos por parte de los propietarios y cultivadores a consecuencia de la lucha social. Y la depresión cesa cuando el espíritu de luchas remite en el proletariado de los campos, cuando sus organizaciones se debilitan o desaparecen, y aquella confianza en el espíritu de empresa renace en los cultivadores». Es exactamente la misma conclusión a la que llegaban Abadíe y Gardeazábal en el trabajo citado antes. Ahora todo esto se amplía y puntualiza con la maestría habitual en estos investigadores. Para ello tienen en cuenta una función de producción tipo Cobb-Douglas (págs. 55-56), que aplican a tres ámbitos geográficos españoles, uno de los cuales es el del País Vasco, para comprender el «cambio radical» que experimenta a partir de 1974 «el crecimiento del PIB vasco... pasando de asemejarse al de las regiones más dinámicas y similares, Cataluña y Madrid..., a asemejarse» a un conjunto de economías mucho menos dinámicas. Se encuentra el paso de un modelo a otro de crecimiento, como se señala en la Pág. 67, porque en la evolución de «la inversión orientada a la producción..., la variable más sensible se muestra siempre a los conflictos sociales y políticos y a la incertidumbre acerca del futuro que introducen». Quiere decir esto, como se indica a continuación, que si «la inversión en el País Vasco hubiese seguido la senda evolutiva de Cataluña-Madrid, el PIB vasco habría sido un 25’4% superior al registrado en 1998, con un aumento similar del empleo y un incremento de población que podría cifrarse en torno al 15 ó 17%. Como consecuencia de ello, el PIB per capita habría sido superior en 1998 al registrado en torno a un 8%... Ese PIB per capita... es el resultado de un PIB bastante superior, en torno al 25’4% señalado anteriormente, un mayor empleo y una mayor población... La medida apropiada de coste se (ha de establecer)... en términos del PIB y de empleo, no del PIB per capita».

Gracias a la estimación de ecuaciones de gravedad, en el ensayo siguiente, Salvador Gil Pareja, Rafael Llorca Vivero y José Antonio Martínez Serrano, bajo el título El sesgo español del comercio vasco, aclaran si éste es más o menos fuerte que lo que existe respecto a otros países. En España, desde Perpiñá Grau, en 1936, y en el análisis económico en general desde Ricardo, por un lado, y por otro desde Allyn Young en 1928 y desde Myrdal en 1944, con el complemento de Bertil Ohlin en 1933, sabemos, como se lee en este libro, de la mano de Gil Pareja, Llorca Vivero y Martínez Serrano, en la Pág. 76, que «conforme se avanza en la consecución de un régimen comercial más abierto a escala mundial, las regiones y los diferentes grupos étnicos, lingüísticos, culturales y religiosos encuentran viable la segregación nacional. En segundo lugar, los países pequeños deben ser los más interesados en impulsar la globalización de las economías, ya que de este modo se benefician del acceso a mercados amplios y no incurren en los costes derivados de que sus economías se vean restringidas por su tamaño... Sin embargo, incluso en un mundo de plena libertad comercial, parece que las fronteras no son irrelevantes. En general, el comercio entre dos regiones de un país es muy superior al que tiene lugar entre dos regiones de países diferentes... La reducción o supresión de las barreras comerciales favorece las transacciones internacionales, pero cruzar las fronteras sigue teniendo un coste en términos comerciales». La síntesis del trabajo la tenemos en las páginas 94-95: «A igualdad del tamaño económico y la distancia, el País Vasco comercia entre 11 y 16 veces más con el resto de España que con otro país en las muestras y especificaciones alternativas consideradas. Además, las estimaciones de las ecuaciones de gravedad ampliadas revelan que el sesgo español es importante incluso respecto a los países limítrofes y pertenecientes a la Unión Europea, comerciando el País Vasco entre 9 y 11 veces más con el resto de España que con Francia y Portugal». Añadamos que «la magnitud del sesgo español varía notablemente en función de la dirección del flujo comercial, siendo menor en el caso de las exportaciones que en el de las importaciones... En cuarto a la evolución temporal del sesgo español se aprecia, en general, una suave tendencia descendente, resultado que es consistente con una creciente integración del País Vasco en la economía internacional. Sin embargo, la intensificación del proceso de integración europea que ha supuesto la adopción del euro no ha afectado a los flujos comerciales vascos, a diferencia de lo que ha ocurrido para el conjunto de la economía española, por lo que la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria no ha ayudado todavía a reducir la magnitud del sesgo español del comercio vasco».

A continuación Mikel Buesa, Joost Heijs, Thomas Baumert y Mónica Martínez Pellitero, de la Universidad Complutense, bajo el título de Las empresas del País Vasco ante la secesión, intentan, a través de una encuesta que, con dificultades, por la ley del silencio que en mil aspectos reina en la sociedad vasca, conocer sus reacciones ante todas estas cuestiones. Como se lee en las páginas 123-124 los resultados obtenidos «permiten señalar, en primer lugar, la profunda imbricación de esas empresas en el mercado nacional español. Para cuatro de cada cinco de ellas ése es el principal destino de sus ventas; además, en un 37% de los casos cuenta con instalaciones de producción en regiones españolas distintas del País Vasco, y en el 58% ocurre lo mismo con respecto a las estructuras de comercialización... Cuando se... ha pedido (a los encuestados) que especifiquen su influencia a la hora de establecerse fuera de Euskadi, un tercio de ellos los ha señalado como importantes para concretar su localización dentro de España. Quiere ello decir que el terrorismo y el nacionalismo han ido expulsando de su propia tierra a una proporción significativa de las empresas vascas... Con esta experiencia previa, las empresas vascas afrontan el Plan Ibarretxe. Al ser interrogados acerca de su opinión sobre los efectos de esta propuesta, un 55% señala que será perjudicial en el corto plazo, y sólo un 10% la considera positiva... Si nos situamos en el largo plazo, las respuetas se polarizan. En tal caso, la proporción de los que la juzgan negativa sube hasta el 57% y la de los que la valoran beneficiosa hasta el 23%... La opinión empresarial señala que, en el año transcurrido desde... (que en septiembre de 2002, el lehendakari hizo pública su intención de encaminar al País Vasco hacia la independencia), ha habido un deterioro de las ventas y de las relaciones con clientes y proveedores... Por ello no sorprende que más de cuatro de cada diez de estas empresas hayan empezado a estudiar la adopción de medidas para afrontar las consecuencias del Plan Ibarretxe... Nuestra encuesta evalúa en una cuarta parte del total de empresas medianas y grandes del País Vasco que están planificando o realizando ya su marcha fuera de la región en un intento de preservar sus actividades y sus mercados», lo que supone, «por el efecto directo de la deslocalización de las firmas medianas y grandes –sin contar los efectos indirectos- que el País Vasco perderá cerca de la décima parte de su producto interior bruto, así como el 7’5% de su empleo».

¿Y las empresas extranjeras ante esta cuestión? Eso es lo que aclara Carlos Manuel Fernández-Otheo, de la Universidad Complutense, en el capítulo que titula Evolución, características y determinantes de la inversión directa extranjera del País Vasco, dentro del cual un epígrafe cuyo título es Factores determinantes de la inversión directa extranjera recibida en España y en el País Vasco se hizo en colaboración con Pedro Mariscal, también de la Universidad Complutense. Se subraya en la pág. 177 que por problemas de las fuentes estadísticas y, por la falta de análisis complementario y por carecer de «un seguimiento más preciso mediante encuestas», éste es «un primer paso para conocer el perfil inversor del País Vasco», añadiendo a renglón seguido que «lo importante no son las cifras exactas sino las tendencias que han ido insinuándose». Tanto por lo que se refiere al nivel absoluto de estas inversiones, que nada tienen que ver con las dimensiones relativas de la economía vasca, como por los flujos correspondientes a los años 2000-2001, en que las liquidaciones de inversiones foráneas superaron a las entradas de capital, se obtiene una imagen que, forzosamente, ha de calificarse de preocupante.

Pasemos ahora a la problemática del Sector Público que aborda, en el trabajo Estimación de las implicaciones sobre el sector público de una alternativa secesionista en el País Vasco, Alfonso Utrilla de la Hoz, de la Universidad Complutense. Es un estudio que impresiona por lo minucioso y por el conocimiento que demuestra del sector público español y concretamente, del foral vasco con su concierto económico. En las páginas 15-16, Mikel Buesa atina a sintetizar magníficamente este capítulo, en el que se indica «en primer lugar que, de acuerdo con la cuenta de renta de los hogares que elabora el INE, el saldo del sector público es positivo para el País Vasco: ... los vascos no contribuyen en nada a la transferencia de recursos hacia otras regiones españolas menos desarrolladas, recibiendo en 2000, por el contrario, 232 euros por persona... En segundo término... (se destaca que el sistema de concierto económico) no conduce a un esfuerzo fiscal menor en el País Vasco que en el total nacional... sino más bien a una diferencia entre la valoración de las cargas asumidas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias y la cuantía de los tributos concertados para financiarlas, de manera que éstos son muy superiores a aquéllas, lo que deja un margen apreciable en beneficio de las Administraciones Públicas... En tercer lugar, el profesor Utrilla se adentra en la estimación de los gastos que corresponderían a un País Vasco independiente... La secesión implicaría, de manera inmediata para el Gobierno Vasco un déficit público de 4.185 millones de euros, lo que equivale al 9’3% del PIB... cifras de déficit público (que)... habrán de financiarse restando recursos a los ciudadanos» por los varios procedimientos –subida de impuestos, disminuciones de gastos, endeudamiento exterior, inflación‑, que son pan para hoy y hambre para mañana, o hambre inmediata.

Inmediatamente sigue un capítulo, preparado por María Teresa López, Alfonso Utrilla de la Hoz y Miguel Angoitia Grijalba, que completa el anterior. Se titula Estimación de las implicaciones sobre la seguridad social de una alternativa cesionista en el País Vasco. El envejecimiento de la población, una creación de empleo menor que la media española, provocan que un ejercicio de una simulación dinámica conduzca a las conclusiones que aparecen en la página 294: que «la evolución del número de afiliados en alta laboral y de las bases medias de cotización determinan una previsiones de ingresos por cotización inferiores en el País Vasco que los índices equivalentes estimados a nivel nacional» y que «en las previsiones en cuanto al comportamiento del número de pensionistas se observan índices de crecimiento moderado hasta el 2006, produciéndose un significativo crecimiento a partir de dicho año mucho más acentuado en el caso del País Vasco que en España», por lo que es lógico que se escriba en la pág. 295: «Podemos, pues, concluir, que los análisis de los comportamientos previstos ponen de manifiesto las dificultades de sostenibilidad en el País Vasco de un Sistema de Seguridad Social como el existente en la actualidad en España sin los flujos internos que se derivan de un sistema de reparto que permite una redistribución territorial de los fondos».

El último de los trabajos de este volumen es el de Álvaro Anchuelo Crego titulado ¿Sería el eusko una alternativa sensata al euro? Efectos económicos para el País Vasco de tener una moneda propia. Después del trabajo de Mundell, aparecido en 1961, en The American Economic Review sobre las Áreas Monetarias Óptimas, la respuesta es evidente. En este ensayo, en el conjunto de despliegues que se hacen, de manera sistemática, surge el caos financiero que, a la fuerza existirá en el País Vasco; también si intenta eurorizarse.

Al cerrarse este libro surge otra pregunta: ¿y todo esto no significará un daño para la economía española? Indudablemente, pero al cabo de poco tiempo se habrá asumido. Será algo parecido a una destrucción originada por un impacto bélico que una nación importante absorbe en unos pocos años. Boulding, en La economía de la paz señaló en 1945 que «la real destrucción física de la II Guerra Mundial, como la de la primera, puede repararse en pocos años». Y así ocurrió. La última gran secesión experimentada por España, la del Ultramar en 1898, en 1901, tras Fernández Villaverde, había sido superada. El trauma sería social, cultural, político, no económico. No así, como se acaba de ver, en el País Vasco. Al trauma social, cultural, político, seguiría un caos económico que da la impresión de que sería insalvable.

Por eso, para terminar la presentación de este libro que nunca agradecerán bastante los vascos y el resto de los españoles, lo hago con lo que un gran vasco, Pío Baroja, puso en boca del bachiller Juan de Itzea en la sesión inaugural celebrada el día 28 de diciembre de 1918 por la Academia Científico, Literaria y Chapelaundiense de Cherribuztango-erreca, tal como se recoge en el librito Momentum Catastrophicum: «¡Qué obra la de los catalanistas y bizcaitarras! ¡Excitar el odio interregional, fomentar el cabilismo español, ya dormido! ¡Qué pobreza! ¡Qué miseria moral! ¡Qué fondo de plebeyez se necesita para emprender esa obra!».

CRISIS DEL SOCIALISMO arriba

Por Juan Velarde Fuertes

(Crónica Virtual de Economía del 17 al 23 de marzo)

Ahora que ya se ha cerrado una etapa importante de las consultas electorales de este curso político, conviene señalar la profunda crisis ideológica del socialismo español. Ha sido imposible tener a la vista una propuesta al mismo tiempo, original y coherente desde el punto de vista de un partido que tiene como fruto de la historia de la Transición, la obligación de ser una alternativa clara al Partido Popular, que en estos momentos, en cambio, aunque haya sido derrotado, si la ha podido formular. Otra cosa totalmente diferente es si estos planteamientos, en un momento concreto, han calado más o menos, como consecuencia de cuestiones relacionadas con su exposición de modo atractivo y, simultáneamente, con críticas contundentes, por otros motivos, del contrario. Es cuestión que enlaza con los medios de comunicación social y con los encargados de ellos.

El Partido Popular se beneficia ideológicamente de que el partido socialista ha tenido que superar dos crisis gravísimas. La primera, es la de Marx. El revisionismo de las tesis de este gran pensador, que se inició por Bernstein en 1897, en España sólo se logró tras el debate González-Bustelo que está en la raíz de la llegada al poder del PSOE en 1982. Más he aquí que la vieja socialdemocracia, huérfana de Marx, combatiente frente a la línea de Rosa Luxemburgo y Lenin, había encontrado un refugio cómodo en Keynes. Por supuesto, los doctrinarios españoles no se habían enterado –recordemos los ataques al Impuesto sobre la Renta al que se consideraba como una maniobra capitalista de Ramos Oliveira en El Socialista poco antes de nuestra Guerra Civil‑, y cuando lo hicieron, el Keynes beligerante que les interesaba, ese que resplandecía cargado de mensajes en favor de la socialdemocracia en el libro del Premio Nobel Arthur Lewis, La planeación económica, ya se encontraba doctrinalmente bastante maltrecho.

En 1900, los dirigentes socialistas españoles no parecieron seguir las fuertes polémicas que se desarrollaban en el socialismo alemán. Quizá por eso crearon un socialismo que oscilaba entre Guesde, el espartaquismo y, según el profesor Tierno Galván el sentimentalismo de las novelas por entregas, pero que se adaptaba a unas condiciones propias de un país subdesarrollado, inculto y crispado. En 2004 es preciso crear algo bien diferente para ser una alternativa adecuada al heredero del partido moderado, convertido primero en conservador, transformado en maurismo y primorriverismo, reactualizado por la CEDA, moldeado por Franco con elementos falangistas primero y católicos después, como más importantes, y refundado por AP y UCD hasta fusionarse en el PP actual. Siempre oteó este grupo ideológico por dónde iba la ideología económica ortodoxa, y cuando se desvió hacia heterodoxias, intuyó que debía andar con mucho cuidado, y anduvo. Ha llenado la economía de realidades, desde sistemas ferroviarios a presupuestos equilibrados, desde industrializaciones a convergencia con los países más ricos. Incluso creó, desde Dato a Romeo, el Estado español de Bienestar.

El socialismo, heredero del viejo partido liberal, de los republicanos del Sexenio Revolucionario y de los de la II República, de personas señeras de la Institución Libre de Enseñanza, dentro de eso que se llama la izquierda, más los mencionados aditamentos socialistas, deja una herencia mucho menor, de enlaces claros con el pensamiento económico, y eso crea en él una clara inseguridad.

Mas he aquí que se necesitaría una alternativa, en lo socioeconómico, dentro de una de política general valiosa, que pudiese ilusionar a los españoles para hacer viva nuestra realidad pública. Pero he aquí que con el título de «La double panne», en Le Monde de 8 de marzo de 2004, ese gran experto en cuestiones del Estado del Bienestar que es Pierre Rosanvallon y cuya mentalidad socialista‑izquierdista básica no es posible poner en duda, refiriéndose al socialismo francés lo califica como «socialismo del vacío que pierde el aliento para hacer surgir pálidos “ersatz” de la vieja lucha de clases», sin ser capaz de «descifrar exhaustivamente el nuevo productivismo, que transforma el funcionamiento del capitalismo, y que se contenta con una vaga condena del “neoliberalismo”. Así es como ha surgido en Francia, también para el socialismo, “una nueva etapa de ideologías blandas” emparentada con “un reformismo en zapatillas”».

Por consiguiente, ninguna de las propuestas económicas que provengan de ese socialismo servirán, en el mejor de los casos, más que para resolver algún problema del momento. Jamás las grandes cuestiones de nuestra vida colectiva. Es una pena; pero es así. También en este caso, al revisar textos recientes del PSOE me encontré con que encajaban con lo que encontré, gracias a la pista que me proporcionó la lectura del trabajo de Enrique M. Ureña y José Manuel Vázquez Romero, Giner de los Ríos y los krausistas alemanes. Correspondencia inédita, con Introducción, notas e índices, presentación de José Manuel Pérez-Prendes Muñoz Arraco (Servicio de Publicaciones. Facultad de Derecho, Universidad Complutense, 2003), donde en la pág. 217, nota 31 se señala que Gustav von Schmoller había calificado a la «filosofía del Derecho de Krause como (la única) concepción jurídica capaz de conciliar los ataques de un Proudhon con la propiedad como tal». Cfs. Gustav von Schmoller, «Johans Gottlieb Fichte. Eine Studie aus dem Gebieté der Ethik, un der NationalöKonomie», en Jahrbücher für NacionalöKonomie un Statistik.

Entramos, así, en el terreno de la magia política. La magia es la enemiga de la lógica. Para ésta, tres y dos, en el sistema decimal, son cinco. Para la magia, pueden ser simultáneamente cinco y seis. Cosa tan arriesgada no es, precisamente, lo que hace marchar bien a una economía.

Ante el panorama exterior en cuestiones de defensa:

LO QUE AFECTA A ESPAÑA arriba

España se encuentra ante retos muy importantes no sólo en lo interior, también en el exterior –que afectan a su política de defensa- y, asimismo, tiene ante sí una posible expectativa política que puede afectar más sensiblemente a esa política de defensa; en esta última cuestión, es claro, nos estamos refiriendo a lo derivable del resultado de las elecciones generales de marzo de 2004, a su vez influible por lo que se derive de los casos catalán y vasco.

Son varios los problemas que nos afectan en la problemática defensiva exterior (OTAN, «Ejército Europeo» diseñado o pretendido por el «Eje franco-alemán», etc.), temas muy a menudo tratados torpe o insuficientemente en los medios informativos españoles –cuando no eludidos- y que sin embargo debieran tener un seguimiento suficiente y puntual de ellos. Y en lo más directamente afectable a España, la política defensiva ante el Magreb, es de todo punto necesario y urgente ofrecer al público una cruda realidad –existente o potencial- que casi siempre se elude por esos medios o, en el mejor de los casos, se trata demasiado superficialmente.

Por todo ello, quienes componemos el «Colectivo Montiel», nos creemos obligados a abordar tan importante y variada temática, lo que hacemos mediante los tres trabajos que se recogen a continuación.

* ¿Poder militar europeo propio?

* Sobre el «modelo de FAS» que propone el PSOE

* «Lo del Magreb» sigue

Confiamos que además de ser de interés para los lectores puedan aportar una información que creemos conveniente para la toma de conciencia.

¿PODER MILITAR EUROPEO PROPIO? arriba

Desde las guerras de la ex-Yugoslavia, la de Afganistán, y sobre todo desde la de Iraq, se han incrementado los comentarios y los proyectos –mejor decir «anteproyectos»- tendentes a que la Unión Europea estructure su propio poder militar.

El origen lejano, lejanísimo, del deseo (más que proyecto) hay que fijarlo en De Gaulle cuando quiso constituir el por entonces denominado «pilar europeo de la OTAN» para eludir el padrinazgo de USA en la organización militar y en el liderazgo político otánicos.

Si hubiera habido en tal deseo francés un sincero propósito de colaborar en la OTAN desde una verdadera e integrada organización militar europea, sin exclusiones, sin protagonismos de liderazgo galo y con el propósito real de ser parte indivisible de esa OTAN, es muy probable que aquel proyecto francés hubiera encontrado acogida favorable en Washington y en sus más fieles aliados, sobre todo Gran Bretaña. Pero el deseo «degaullista» encubría algo difícil de ocultar y fácil de descubrir: que aquel «pilar europeo de la OTAN» en realidad pretendía ser la estructura militar francesa, alrededor de la cual girasen, como «satélites» de diverso tamaño, los demás países europeos occidentales por entonces miembros de la OTAN. (Recuérdese que, por entonces, el Ejército alemán estaba en sus primeras fases de reconstrucción, todavía no comparable al francés aunque éste estuviera «recién salido» de sus derrotas en Indochina y sobre todo de la reciente de Argelia).

La egolatría francesa tenía a su favor la también reciente creación de su «fuerza de disuasión» nuclear –aunque todavía «rudimentaria» por entidad y tecnología- en comparación con la norteamericana y la soviética, lo que, según De Gaulle, justificaba el liderazgo indiscutible en el seno de ese «pilar europeo». Pero la realidad geoestratégica y de poder militar efectivos impedían olvidar que ese egolátrico proyecto francés representaba, sin lugar a dudas, un fraccionamiento de la capacidad disuasoria de la OTAN ante el Pacto de Varsovia y la URSS, por aquel entonces ésta en la plenitud de su peligrosidad potencial ante la cual la «fuerza disuasoria» de París era poco más que nada.

¿Qué movía a Francia en sus deseos? Lo que siempre le ha movido y le mueve: su autoproclamada «grandeur de la France», su afán de ser uno de los pocos líderes mundiales indiscutidos, el de capitalizar el liderazgo europeo y el de medirse de tu a tu con USA. Pero Washington respondió con un no rotundo a aquello del «pilar europeo de la OTAN» por dos razones fáciles de comprender:

Que el peligro soviético era entonces de tal naturaleza que ante él no cabían resquebrajaduras operativas ni estructurales. (En lo cual USA tenía plenitud de razón).

Que para Washington, el único líder mundial era USA (y todo lo demás eran simples partes del entramado defensivo occidental) por la fabulosa potencia militar norteamericana. (Había una gran dosis de razón en lo relativo a la potencia militar pero ninguna razón en lo referente a considerar a todos los aliados como simples satélites).

La «contra-respuesta» de De Gaulle no se hizo esperar: la salida de Francia del «Mando Integrado de la OTAN», si bien permaneciendo en las coordenadas políticas del Pacto Atlántico, situación «estructural» -una y otra- en las que aún permanece, aunque lo de su salida del «Mando Integrado» se haya ido suavizando de hecho, con el tiempo, mediante acuerdos parciales de tipo coyuntural o puntual pero sin llegar a volver a incrustarse plenamente, orgánicamente, en el repetido «Mando Integrado». (Hubo un momento, en la «Cumbre de la OTAN» celebrada en Madrid, en la que se estuvo a punto de esa «reintegración», pero no se llevó a efecto al no alcanzarse un acuerdo con París sobre los nuevos socios a admitir en la OTAN; casi todos ellos procedentes de la diáspora producida con la disolución del «Pacto de Varsovia»).

Retomando el comienzo mismo de esta glosa, hay que centrar la cuestión del poder militar europeo en su actualidad. Actualidad nacida de estos factores y coordenadas:

El choque de intereses entre París y Washington con motivo de la guerra contra el Iraq de Sadam Husein.

El reverdecimiento de la egolatría francesa amparada, coyunturalmente, en estos parámetros de no poca importancia: uno, el proyecto de Constitución Europea gestado por la «Convención» (dirigida por el francés Giscard) en el que Francia sale beneficiada; otro, el haber «satelitizado» a Alemania dado el escaso entusiasmo del Berlín socialista de participar en la guerra contra Iraq; y un tercero, cual es haberse constituido un «Eje franco-alemán» que desde lo de la «Convención» aspira a ser el todo decisorio y usufructuario, de forma exclusiva y excluyente, de la futura Europa unida.

Con motivo de la «minicumbre» celebrada en Bruselas el pasado 29 de abril, pudimos leer algo muy atinado sobre el supuesto impulso allí dado a la «Europa de la Defensa»; fue el editorial de ABC del 30 de dicho mes titulado «Minicumbre en Bruselas: brindis al sol». Por su indudable interés lo reproducimos seguidamente.

«La Cumbre de Bruselas entre Alemania, Bélgica, Francia y Luxemburgo para tratar de impulsar la Europa de la Defensa supone un paso más en la debilitación de los lazos trasatlánticos que tan malparados quedaron tras la intervención aliada en Irak. Los países convocantes y asistentes a esa reunión en la capital belga fueron precisamente los únicos en la Europa comunitaria que se opusieron a dicha intervención.

»Desde el punto de vista militar la reunión tiene una importancia relativa. Ni las estructuras comprometidas por los países asistentes ni la posición estratégica de ninguno de ellos puede suponer una alternativa a la OTAN ni el embrión de un nuevo bloque militar influyente frente a Estados Unidos y sus aliados en Europa. Ni siquiera acercándose a Moscú, el anhelado premio que espera Putin de la crisis entre estos países y Estados Unidos, la reunión de Bruselas tendría una importancia militar significativa.

»Pero desde el punto de vista político es otra cosa. Persistiendo en el error, franceses y alemanes se empeñan en seguir intentando construir un cierto poder continental que acomode el proyecto europeo a sus intereses, a su visión estratégica y a sus zonas de influencia, en especial en Oriente Próximo y África, donde Francia defiende posiciones exclusivas y en discrepancia con sus aliados en otros terrenos. El hecho de que estos países se hayan quedado solos criticando la intervención aliada en Irak o que los países del Este de Europa hayan rechazado en bloque sus planteamientos no parece haberles enseñado nada. Aunque afirman que la UE tiene derecho a impulsar el brazo europeo de la defensa, y es verdad, y recalcan que no se trata de crear una alternativa a la OTAN, la forma de convocar la reunión, el desprecio a las sugerencias británicas y de EE.UU. sobre la misma y el rechazo a apoyarla por parte de España, Italia y Portugal entre otros desmiente que su objetivo fuera buscar un nuevo consenso. Lo menos que se puede decir de la misma es que ha sido improcedente como la ha calificado Ana Palacio.

»La inexistencia de un pilar europeo de la defensa, autónomo, capaz, eficaz, disuasorio y equilibrado no ha sido producto de la casualidad. Durante décadas, Europa ha descansado en los gastos de EE.UU., en el despliegue de sus tropas, en su innovación militar y en la certeza de que ellos asumirían los principales riesgos si fuera necesario. La reducción de gastos europeos en Defensa ha supuesto ingresos para el Estado del Bienestar y una buena imagen frente a una opinión pública a la que no se ha sensibilizado suficientemente sobre riesgos y amenazas. Ahora, los cuatro países de la cumbre hablan de aumentar los gastos de Defensa, incluyendo servicios de inteligencia y los sistemas de detección y desactivación de riesgos. Pero la incapacidad de Francia y Alemania para controlar sus galopantes déficits públicos, por encima de lo permitido en el plan de estabilidad de la UE, convierten la propuesta en una mera expresión de voluntades imposible de llevar a la práctica. Con una economía en franco retroceso –Francia decreció en el último trimestre de 2002 y Alemania se enfrenta a una inevitable y dolorosa reforma social que alivie en parte la gravedad de su sistema financiero-, que París y Berlín defiendan el incremento de los gastos en defensa supone poco más que un brindis al sol, porque ello obligaría a la reestructuración de empresas, la aprobación de sistemas estandarizados de armas y municiones, la homogeneización de los sistemas de mando y control y la unificación de doctrinas estratégicas. Y suponiendo, que es mucho suponer, que Francia y Alemania alcanzaran estos objetivos, ¿qué eficacia tendrían sin el apoyo de Gran Bretaña, España, Italia o Hungría?».

Comentarios y matices de cierre sobre aspectos derivables de lo transcrito

A lo reseñado en el reproducido editorial cabe hacer algunas matizaciones de orden general, respecto a los conceptos sobre Ejército europeo «único» y, también, sobre lo deducible de la «praxis» española en las Instituciones defensivas europeas aunque éstas sean de tipo, envergadura y cometidos parciales. Pasamos a ello.

La OTAN, que tuvo un nacimiento y desarrollo legítimos y necesarios ante la amenaza soviética, no encuentra su verdadera razón de ser en la actualidad. El definir como «relevo» o «sustituto» del peligro soviético al terrorismo, no termina de encajar como objetivo estratégico a batir, pues el terrorismo no puede ser un objetivo concreto –para una organización militar- por la «nebulosidad estructural» con la que el terrorismo se organiza y actúa. El terrorismo puede nacer de infinidad de motivos (de emociones o reivindicaciones nacionales, de motivaciones religiosas, de orígenes ideológicos, del pauperismo de poblaciones enteras, de aspiraciones sociales, de rencores históricos, etc.) algunos de ellos yuxtapuestos y coincidentes; pero nunca o casi nunca se concreta en una fuerza visible a batir por una organización militar férreamente estructurada. Para batir y erradicar el terrorismo podrá ser necesaria, imprescindible, la cobertura militar pero siempre que se arbitren otras medidas, simultáneamente (legales, policiales, procesales, sociales, corrección de errores neocoloniales, ayudas eficaces al desarrollo para erradicar pauperismos, etc.) a las que respaldar militarmente. Confiar en la simple y única acción militar para batir al terrorismo es pura quimera. De ahí que hablar de la OTAN –y de la reestructuración de ésta- como el instrumento idóneo para hacer frente al terrorismo tiene escaso sentido si no se arbitran las medidas de otro orden –entre las citadas y acaso otras- a las que los Ejércitos darían su respaldo. Y sin embargo de esas otras medidas poco –por no decir nada- se habla. (Y lo mismo cabe decir de lo generable desde la «minicumbre» de Bruselas respecto a su efectividad sobre el terrorismo).

Otra cosa es, o sería, si ese terrorismo se personificase en una o varias naciones-Estado; es decir, si hay o hubiera naciones que empleasen el terrorismo como «instrumento» de su «política exterior» contra otros países, como sucedió durante algunos años con Libia. En tal o tales casos es claro que a esa nación o naciones habría que calificarlas o definirlas como enemigas (aunque no amenazasen mediante sus Ejércitos convencionales) y en consecuencia poner a la OTAN –o a ese supuesto «Ejército europeo»- como «poder o factor disuasorio» frente a tales «países terroristas».

Aunque en lo transcrito se roza, conviene aclarar un concepto fundamental: no puede haber «Ejército europeo único» -ni ahora ni acaso nunca- porque todo «Ejército Único» solamente se genera desde una Nación o desde una Federación de Naciones, nunca desde una comunidad de naciones soberanas separadas o únicamente coordinadas bajo el modelo de una confederación. Desde esto último –a lo que tanto se parece la actual Unión Europea- no puede generarse un mando militar único, una doctrina estratégica única, un Estado Mayor único, unos sistemas de armas unificados, unos códigos castrenses únicos, etc., que son los aspectos estructurales imprescindibles que definen la existencia de unas Fuerzas Armadas únicas. Y Europa, que es un conglomerado de naciones casi todas centenarias –y en algunos casos milenarias- jamás podrá llegar a ser «nación única» para todos los europeos; ni siquiera –por razón de esas disparidades o hechos diferenciales históricos- podrá llegar a tener un Estado Único; a lo sumo podrá llegar a ser una «Confederación de Estados». Y de una «Confederación de Estados» nunca se derivarán unas Fuerzas Armadas Únicas. A lo más que se podrá llegar será a lo que ya se ha llegado: a la creación de «Unidades Específicas co-participadas» (como ese titulado «Cuerpo de Ejército Europeo» al que España aporta unidades) con más porvenir en el aspecto del entrenamiento y del «hermanamiento» que en el de actuaciones en fuerza porque, entre otras cosas, ni todos los países de la UE participan en ellas ni tienen más misiones operativas –al menos hasta ahora- que esas de las ayudas humanitarias o las de interposición; «estrategias» muy parciales, esporádicas y a veces discutidas por no estar plenamente asumidas por toda la UE.

Ante el panorama esbozado en la nota anterior el papel de España roza lo ingenuo. Si se leen las informaciones y las revistas oficiales de nuestros organismos militares o de la defensa, la modernidad y eficacia de nuestras FAS se mide por la participación y «encuadramiento» de Unidades militares españolas en esas «Unidades Supranacionales Europeas», olvidando valorar nuestra real y efectiva capacidad militar disuasoria, propia, frente a peligros potenciales específicos. Bien es verdad que para los voceros de lo uno y mudos de lo otro España no tiene peligros potenciales específicos, lo cual roza o entra de lleno en lo ingenuo por no decir en lo irresponsable.

Unas Fuerzas Armadas europeas como las insinúan Francia, Alemania y Holanda no serán posibles nunca, o, al menos, por un plazo de tiempo larguísimo, acaso ocupando buena parte de este siglo XXI.

Sí será necesaria la OTAN –y dentro de ella la mayoría de los países componentes de la UE- pero siempre y cuando sea reelaborado y nítidamente definido su por qué y su para qué, es decir su nueva estrategia; una nueva estrategia superadora de esa, oportunística (derivada de la tragedia de las «Torres Gemelas»), patrocinada por los Estados Unidos, que hasta aquel evento el terrorismo sufrido por otros países no motivaba a USA. Será necesario estudiar y definir los verdaderos peligros para occidente –uno de los cuales, obviamente, es el terrorismo que se apoye en países concretos (o el proveniente de esas «naciones terroristas» antes esbozadas), no el terrorismo difuso e inconcreto que hoy preocupa- cosa que hoy por hoy la OTAN no ha estudiado ni definido. Otro día hablaremos sobre esto.

SOBRE EL «MODELO DE FAS» QUE PROPONE EL PSOE arriba

Justificación y aclaración

Con el título que precede, la revista Milicia, en su número 14, «Verano de 2003», publicaba un artículo en el que se enjuiciaba la cuestión definida en el citado título. Dado que la ciudadanía española está en vísperas de elegir un Gobierno para España de uno u otro signo –del PP o del PSOE- hemos creído como muy aleccionador reproducir casi íntegramente dicho artículo (pese a su extensión) pues la política nacional sobre la defensa no debe ser para el ciudadano una cuestión baladí porque, precisamente, es y debe ser una alta cuestión de Estado. (Y ésta va a depender del partido ganador).

Al citado artículo le hemos agregado –a su final- una nota de actualidad que lo complementa.

La prensa del 17 de julio del año en curso nos sorprendió con un suelto cuyo título era éste: «El Secretario General del PSOE anuncia su propósito de cambiar casi desde cero toda la política de Defensa».

Creíamos –porque así consta explícitamente en su texto- que la actual política de defensa en curso (independientemente del juicio que ésta nos merezca, que es el de ser «manifiestamente mejorable») había sido consensuada con el PSOE, y fruto de tal consenso era, y teóricamente sigue siendo, «La revisión estratégica de la defensa» aprobada no sólo por el Gobierno sino también por el propio PSOE en el trámite parlamentario; así al menos se nos dice en las separatas del nº 179 de la Revista Española de Defensa, órgano oficial del Ministerio de Defensa. (Una de las separatas recoge el texto literal de esa «Revisión Estratégica de la Defensa»; la otra –firmada por el Secretario General de Política de Defensa- ofrece la «Síntesis y comentarios sobre la Revisión Estratégica de la Defensa»). Dado el espacio de tiempo transcurrido desde la aprobación de esa «Revisión...» -principios del año en curso- y la fecha de las declaraciones del Sr. Rodríguez Zapatero –mediados del mes de julio- una de dos: o el panorama estratégico que afecta a España ha cambiado radicalmente (lo que movería al PSOE al cambio copernicano que anuncia) o aprobó la «Revisión» citada sin meditarla; o acaso exista esta otra causa para su «anuncio-amenaza»: que se deba a la campaña de «acoso y derribo» del Gobierno del PP que desde hace meses protagoniza el principal partido de la oposición. (De ser esto último la objetividad de los criterios del PSOE serían nulos desde su origen).

Antes de seguir adelante con nuestro comentario que quede claro al lector esto: como decíamos líneas atrás, al principio de esta glosa (repitiendo lo ya dicho en tantas de nuestras publicaciones), a la actual política nacional de defensa la consideramos como «manifiestamente mejorable», expresión casi humorística con la que queremos señalar que no se ajusta a los parámetros de las auténticas constantes geoestratégicas que afectan a España en el exterior y en el interior, así como que se está basando –muy erróneamente- en gran medida, en el supuesto factor disuasor de nuestras Alianzas Internacionales para no plantear ni alcanzar la entidad estructural y de potencia imprescindibles de nuestras FAS para hacer frente, con suficiente capacidad disuasoria propia, a las amenazas reales y específicas que afectan a España y a la defensa de sus también específicos intereses. Dicho lo cual quede clara también esta otra cuestión previa: por grande que sea este nuestro talante crítico ante la actual política de defensa, en prácticamente nada coincide con el del PSOE, ello por una razón fundamental, cual es el de conocer muy bien la trayectoria histórica del PSOE en materia militar; y la de que nuestra concepción de las FAS es radicalmente diferente a la del socialismo español desde perspectivas históricas, filosóficas, sociológicas, políticas, éticas y morales.

Pasamos al enjuiciamiento del contenido del suelto periodístico anunciado, empezando por algunas transcripciones literales de él –si bien parciales- lo que hacemos a continuación. Son estas:

«El secretario general del PSOE anuncia su propósito de cambiar “casi desde cero” toda la política de Defensa.

»José Luis Rodríguez Zapatero anunció ayer su propósito de cambiar radicalmente la política de Defensa y la situación de las Fuerzas Armadas, a las que se refirió como “una de las peores y más preocupantes herencias que va a dejar el PP”.

»“Si ganamos en 2004, en esta materia vamos a tener que empezar casi desde cero”. El secretario general del PSOE detalló que esa reforma pasaría por “dignificar el Ejército profesional” y afrontar sus necesidades materiales, pero también por “cambiar muchos de los objetivos estratégicos de la política de Defensa, necesitamos un Ejército profesional serio, con un tamaño adaptado a las posibilidades de España y en un país que tiene que apostar por la política exterior y de seguridad europea, y no están yendo por ahí muchas de las actuaciones del Gobierno”, explicó. Será preciso “un esfuerzo presupuestario, sobre todo pensando en los soldados, que habrá que explicar al país”. También apuntó “la necesidad de que determinados colectivos militares ganen un espacio para la reivindicación de sus derechos”. Zapatero criticó con dureza la forma en que el Gobierno suprimió el servicio militar obligatorio para crear un Ejército profesional, porque «primero se anunció una cosa y luego se pensó; se puso en marcha un modelo sin planificar y se ha gestionado mal”».

Valoración de los conceptos transcritos literalmente

Por el orden de transcripción nuestras opiniones son las que siguen:

Ciertamente, pese a los evidentes procesos y alcances modernizadores llevados a cabo en nuestras FAS (y de algunos meritorios proyectos armamentísticos en curso, si bien de ejecución lentísima) el legado del actual Gobierno en materia de defensa deja mucho que desear, pero probablemente este nuestro juicio no coincida en nada, o en casi nada, en cuanto y respecto a las motivaciones del PSOE al emitir su rotunda crítica.

Lo de empezar «casi de cero» es típico de los movimientos revolucionarios ante cualquier materia a cambiar (esperemos que ese cambio no se parezca al protagonizado por Trotski cuando «cambió» el viejo Ejército zarista), no de un PSOE que se proclama casi a diario como «reformista»; salvo que en él se hayan reverdecido viejas nostalgias revolucionarias.

Se desprende claramente por lo de «un país que tiene que apostar por la política exterior y de seguridad europea...» que Rodríguez Zapatero opta por él «Eje franco-alemán» en vez de por la opción OTAN, «nostalgia» de su campaña contra el Gobierno por la alineación de España con la «Europa periférica» y con USA en el pleito de Irak.

No es que bendigamos al cien por cien esta opción del Gobierno (habría que adjudicarle algunos matices críticos) pero fue una opción más de OTAN –y por tanto de mayor alcance internacional e histórico- que de esa entelequia de unas «FAS Europeas» de inalcanzable constitución. (Véanse nuestros enjuiciamientos al respecto en los números 12 y 13 de Milicia). Y de no sólo inalcanzable constitución sino, también, al menos ahora y por bastante tiempo, una alternativa que haría de España un verdadero «satélite» del citado «Eje franco-alemán», léase satélite militar de Francia, esa «gran amiga» de España desde siempre, llegando hasta el caso del incidente del islote Perejil y el Sahara.

Pero lo más preocupante es eso de que «necesitamos un Ejército... con un tamaño adaptado a las posibilidades de España...». Al llegar aquí hemos de salirnos de la «táctica» analítica hasta ahora empleada y remontarnos –profundizando- en recientes «ofertas» del PSOE sobre ese «tamaño» tocando, además, algo que sobre ello figura en las citadas publicaciones de la «Revisión Estratégica de la Defensa». Veamos:

En los prolegómenos de la repetida «Revisión Estratégica», el PSOE presentó un programa de «reconsideración» de los efectivos de nuestros Ejércitos. El argumento principal exhibido en dicho programa consistía en rebajar prácticamente a la mitad los efectivos acordados por las Cortes Generales que los cifraban entre 100.000 y 120.000 hombres. (Aquel plan del PSOE no constituía ni un proyecto de ley ni siquiera uno «no de ley», pero servía para «adelantar criterios» sobre la materia, a tener en cuenta por el Gobierno cuando se estudiase la repetida «Revisión Estratégica», cosa que así ha sucedido como veremos, lamentablemente).

Lo de los efectivos entre 100.000 y 120.000 se ha demostrado utópico obviamente, pero no porque la cifra fuese desmesurada como asegura el PSOE, bien al contrario, sino por las connotaciones –de todo erróneas- del reclutamiento «ensayado». Pero rebajar a casi la mitad esas cifras según la propuesta del PSOE es entrar de lleno, no sólo rozar, en la indefensión nacional; (y el impedir de hecho las aportaciones militares españolas a los teatros de operaciones –extra ámbito OTAN- a los que España se ve obligada)[1].

Todo esto no pasaría de ser una irracionalidad partidista (protagonizada por el PSOE) si no hubiera sido tenida en cuenta de forma subliminal –aunque no de forma expresa- muy tenida en cuenta, repetimos, en los manoseados textos de la «Revisión Estratégica». Así, en el texto titulado «Síntesis y comentarios sobre la revisión estratégica de la Defensa» -obra del Secretario General de Política de Defensa, nada menos- en su «Segunda parte: Criterios Básicos de la Revisión Estratégica», en su punto 9, se dice que «no se cuantificaron los efectivos de las Fuerzas Armadas... ni sobre la tasa de encuadramiento». (Véase página 12 de dicho texto). Pero es que en la propia publicación integra, literal y oficial de la repetida «Revisión Estratégica», en su página 93 se dice textualmente que «los efectivos permanentes, en cada momento, deben estar de acuerdo con las necesidades derivadas de las misiones de las Fuerzas Armadas, y con el nivel de ambición que determine el Gobierno. La cuantía máxima anual de los efectivos de tropa y marinería se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado...».

Correctísima redacción teórica si no fuese porque contiene un gravísimo equívoco al decir eso de «con el nivel de ambición que determine el Gobierno» -es decir, puro subjetivismo gubernativo- cuando debería decirse «con el nivel al que obliguen las necesidades reales de la defensa nacional» no ese equívoco semántico de «nivel de ambición del Gobierno», que puede responder a apriorismos subjetivos irreales, y que debería completarse con este otro párrafo: «...y siempre tratando de alcanzar los efectivos aprobados por las Cortes Generales con fecha...» (es decir lo de entre 100 y 120 mil hombres). La influencia de las tesis del PSOE, aún sin recogerlas explícitamente, ha sido total y absoluta al relativizar la cuantía de los efectivos, al hacerlos depender de los Presupuestos Generales del Estado de cada año (es imaginable lo que ello significa) y al subordinarlos a la irracional y subjetiva frase de «la ambición que determine el Gobierno». (Y todo esto sin tener resuelto el tema del reservismo).

Causa risa lo del «esfuerzo presupuestario» cuando lo dice la fuerza política que desde su legalización en la transición se ha opuesto con uñas y dientes a que las FAS sean dotadas presupuestariamente en la cuantía que sería necesaria. (Culpa compartida por UCD y PP al no imponerse sobre esas presiones).

Gravísimo es, también, olvidando deliberadamente lo establecido en el punto 2 del artículo 29 de la Constitución, lo de «la necesidad de que determinados colectivos militares ganen un espacio para la reivindicación de sus derechos», no por lo que esto tenga de injusto sino por aquello a lo que desde este principio se pudiera llegar. El «ensayo» de los «Consejos Asesores» no sólo no debe sobrepasarse sino que convendría, muy mucho, analizar minuciosa y constantemente su «praxis» pues de sobrepasarse en sus actuales atribuciones, de tolerarse el desbordamiento de éstas, se estaría en camino de implantarse de hecho o de derecho un sindicalismo castrense, de imprevisibles consecuencias. (Y ante esta posibilidad no cabe invocar experiencias ajenas europeas, de arriesgadísimo «transplante» a España). Tal vez haya que reformar algún artículo de las «Reales Ordenanzas» pero siempre «cortocircuitando» tan nefasta posibilidad. (Lo del artículo 29 de la Constitución no debe ser olvidado).

Por una vez –y sin que sirva de apoyatura para todo lo demás- coincidimos con eso de la dureza y las improvisaciones de la supresión del servicio militar obligatorio («suspensión», no-supresión, Sr. Rodríguez Zapatero, según la Ley 17/1999). No vamos a extendernos demasiado en este tema pues Milicia le ha dedicado frecuentes y extensos análisis. Baste señalar estos aspectos:

El proyecto inicial del PP –según su programa electoral de 1996- era un modelo mixto y sin embargo, saltando sobre tal programa, se llegó a lo que hoy se contempla. ¿Causas? Ya lo analizamos y lo documentamos en su día: presiones del nacionalista Pujol para apoyar la investidura de Aznar «sine qua non»; feroces campañas de prensa; «labor didáctica» del muy ilustre heredero de Clausewitz D. Pedro J. Ramírez (véase su libro Amarga Victoria); etc.

En coherencia con tan acuciante «reconversión» programática, la aplicación de la citada «suspensión» contemplada en la Ley 17/1999 ha sido un auténtico salto en el vacío, cuyos resultados estamos contemplando.

Lo estipulado en dicha Ley sobre los reservistas temporales, los voluntarios y los obligatorios no pueden llenar el vacío generado y cabría preguntar al Sr. Rodríguez Zapatero si entra en sus cálculos lo de extender y racionalizar eso de los «reservistas obligatorios», que más pronto o más tarde habrá que abordar por fuerza de necesidad y no como «terapia» coyuntural y puntual, con lo que se podría paliar -no solucionar- el tremendo error de aquella «suspensión» total. Porque si su «terapia» al respecto no contemplase ese tipo de medidas, su crítica sobre este problema no pasaría de ser un «brindis al sol» eminentemente demagógico y sin contenido práctico. ¿O acaso su «receta» sería, simplemente, la de aumentar los sueldos al soldado «profesional» al haber reducido sus efectivos a la mitad? Si así fuese como nos tememos, la «terapia» no pasaría de ser una cataplasma demagógica –en lugar de un proceso quirúrgico- para la solución de los problemas de la defensa nacional en esta materia.

Porque, señores de nuestras clases políticas dirigentes, el fracaso en el reclutamiento de «profesionales» no depende solamente de los bajos sueldos ofrecidos y abonados, depende al menos de cinco o seis factores más, coadyuvantes, que no se han tenido en cuenta. (Y que desmenuzamos en un anterior número de Milicia, expuestos también en determinada revista de pensamiento independiente, y explicitados en varios de nuestros estudios monográficos ofrecidos al Mando a petición de este…».

[1] En plena coherencia irracional con ese «teje-maneje» en los efectivos de nuestras FAS (derivado de las demagogias del PSOE, del fracaso gubernamental en el reclutamiento de «profesionales» y las adaptaciones oportunísticas de la «Revisión estratégica» por una y otra causa) el Ministro de Defensa ofreció unas declaraciones a la prensa (21-11-2003) en las que además de manifestar que le gustaría seguir siendo Ministro de Defensa tras las elecciones de 2004 (lo que nos tememos pueda suceder), afirmaba esta cosa increíble; es decir, no creíble: «…Sobre el número de soldados profesionales, afirmó que éste “nunca” ha sido la preocupación del departamento, aunque pueda sorprender, y que hay que primar la calidad sobre la cantidad. Informó que el número de profesionales se sitúa en torno a los 75.000 efectivos de tropa y marinería, cifra mejorable pero que no se espera que aumente a final de año. No obstante, Trillo añadió que con los 80.000 previstos para 2004 está garantizada la defensa, misiones exteriores y colaboración con otras administraciones del Estado. El ministro reconoció que el anuncio de las subidas salariales para 2004 podía haber provocado que alguien retrasase su incorporación este año, pero espera en el próximo semestre un aumento de la incorporación al Ejército».

¡Eso de que «el número de soldados profesionales (…) nunca ha sido la preocupación del Departamento» es de aurora boreal; que se lo pregunten a los Jefes de las Unidades que componen los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire afectadas, que son todas…! (Por lo demás, la cifra de 75.000 soldados y marineros en la actualidad es, digamos, errónea; sólo son 68.000. Es decir, prácticamente igual a la que propone el PSOE).

«LO DEL MAGREB» SIGUE arriba

Para una muy conveniente documentación e información previas sobre el tema abordado aquí hoy, remitimos al lector a nuestro artículo «Los trabajos de "Hercules-Baker"» aparecido en el nº 74, «Otoño 2003» de esta revista. (Y esperamos se nos dispense esta autocita pues consideramos imprescindible remitir a nuestros lectores a ello).

En la tertulia «La Linterna» de la COPE del pasado 24 de noviembre se habló expresamente de algo que desde hacía tiempo tenía categoría de rumor público: que lo del Perejil iba a ser la primera incidencia de algo mucho más grave que llegaría a continuación: una o unas nuevas «marchas verdes» contra Ceuta y/o Melilla, obviamente de «menor calado» que la del Sahara en 1975, pero de indudable gravedad; ello para presionar a España sobre su postura en el Consejo de Seguridad de la ONU referida al pleito del Sahara Occidental. La oportuna reacción militar española en lo del islote y la presión americana sobre Mohamed VI cortaron de raíz tal proyecto, pero pese a ese zanjado temporal del «programa» marroquí, la cuestión de esa frustrada «programación» evidencia la importancia para España de las relaciones con Marruecos y, simultáneamente, cómo Rabat considera la cuestión del Sahara de forma tan importante como para correr el riesgo de un choque tan grave –con más que probable derivación bélica, aunque hubiera sido puntual y de corta duración- como significaban los «programas» marroquíes esbozados.

Y si lo del Sahara es tan importante para Rabat no lo es menos para España pues –como tantas veces hemos señalado- de resolverse a pleno favor de las tesis marroquíes, los flancos este y sur de las Canarias quedarían geoestratégicamente al descubierto, y obligarían a España a una reconsideración muy profunda de su esquema defensivo total con importantísimas dotaciones infraestructurales y de fuerza en Canarias, bastante más importante que esa batería de misiles antiaéreos comprada a Noruega y que tanto se ha aireado. Por ello nuestro reiterado seguimiento de esta cuestión, tanto a lo que se refiere al pleito del Sahara en las Naciones Unidas como a aquello otro que concierne a la capacidad militar disuasoria de España, cosas ambas de no conveniente separación. En orden a una y otra cosa, vamos a reseñar –mediante el sistema de notas específicas- algunas reflexiones sobre tan apasionante problemática. Es lo que sigue:

Según el Acuerdo del 30-07-2003 del Consejo de Seguridad, se daba un plazo a las partes en litigio –Marruecos, Polisario, «avalistas» de uno y otro, y al negociador Baker- que finalizada el 31 de octubre, para lograr la aceptación del último «Plan Baker» (el aceptado por el Polisario y rechazado por Rabat) y zanjar la cuestión. Pero el 31 de octubre pasó y de forma poco más que oficiosa –sin la solemnidad del acuerdo del 30 de julio- se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de este 2003. Es decir, cuando este número de la revista llegue a manos del lector posiblemente se sabrá qué ha pasado del asunto. (Nos tememos lo peor para los saharauis y para España y lo mejor para Marruecos).

Pero desde aquel 30 de julio hasta cuando estas notas se escriben han sucedido cosas que, con el mismo sistema, vamos a reseñar también.

El Presidente galo, Chirac, visitó solemnemente Marruecos para demostrar el alineamiento de Francia con las tesis de Rabat sobre el litigio del Sahara, y así lo manifestó explícitamente, pese a que en la sesión del Consejo de Seguridad del 30 de julio Francia votase a favor del último «Plan Baker» que obliga a Marruecos a una autonomía saharaui temporal con remate en un plebiscito de autodeterminación. (Plan aceptado, como se ha dicho, por el Polisario y rechazado por Mohamed VI). Aunque quedasen en evidencia posturas tan contradictorias por parte de Francia, Chirac no tuvo escrúpulo alguno en «vetar» de hecho, después, la resolución de las NU apoyando las tesis alauitas.

Pero no todo en la visita de Chirac fue demostrar verbal o retóricamente tal contradicción pues avaló ésta con algo muy importante y grave para España: firmó en Rabat un programa de rearme del Ejército marroquí, en respuesta implícita del de España anunciado semanas antes por nuestro Ministro de Defensa. Un rearme, el marroquí, suministrado por la industria francesa y con generosas formas de pago. (En cuanto a los plazos para hacer efectivo ese rearme lo trataremos al tratar del español).

Sólo tenemos referencias de prensa pues la entidad del rearme marroquí no se ha explicitado en detalle pero (según sueltos aparecidos en la prensa gala por aquellos días) en lo que atañe al Ejército de Tierra es proporcionalmente más importante que el español. Y tanto Mohamed VI como Chirac firmaron el acuerdo «mirando» al Polisario y a España, no cabe la menor duda.

El rearme español –anunciado como se ha dicho- que es bien conocido por todos, vendrá a remediar lo más perentorio de nuestro Ejército de Tierra (aunque para la Armada y para el del Aire tenga mayor entidad) pero uno y otros tienen un grave, muy grave, condicionamiento: el de los plazos para llegar a ser operativos. Esquemáticamente, estos son los plazos:

Para el vehículo de combate «Pizarro»: entre años 2005 y 2010.

Para el helicóptero de ataque «Tigre»: entre años 2004 y 2011.

Para el buque de proyección estratégica: el año 2008.

Para los submarinos «S-80»: entre los años 2011 y 2014.

(Lo referente al Ejército del Aire tiene plazos parecidos aunque del avión de combate ya se ha recibido algo: uno).

El programa marroquí ofrecido y financiado por Francia tiene plazos mucho más reducidos; por ejemplo, en lo referente a Tierra estará completado –según la citada prensa gala- de aquí a 3 o lo más tarde 4 años. Es decir, será operativo cuando vaya a ser celebrado el referéndum de autodeterminación del Sahara contemplado en el repetido «Plan Baker», en el supuesto –muy improbable- de que a Rabat se le imponga tal plan saltando sobre la oposición que París ejercerá en el Consejo de Seguridad de la ONU (donde tiene poder de veto).

¿Dónde está la dificultad para que España no pueda acortar drásticamente los plazos citados? Es claro, en las disponibilidades presupuestarias para ello. Según lo previsto, se operará con créditos del Ministerio de Industria y Tecnología -que por muy cómodos que sean sus plazos de amortización habrá que pagar- y sin embargo, teniendo un patrimonio urbanístico gigantesco ya destinado a privatizar, esta privatización se hará a cuentagotas ante las campañas insidiosas –y totalmente falsas desde elementales conceptos mercantiles- lanzadas por PSOE, IU, CiU y otros acusando al Ministerio de Defensa de ejercer esa privatización con mentalidad y «praxis» especulativas. Pues bien, si se sacase a la venta ese patrimonio urbanístico con rapidez y en grandes «dosis» se alcanzarían estos beneficios:

No habría que depender casi exclusivamente –como ahora sucede- de los créditos del Ministerio de Industria y Tecnología y, por ende, no habría que abonar sus correspondientes amortizaciones porque no existirían esos créditos o estos serían simplemente complementarios.

Al disponer «pronto y mucho» de esos recursos, se acelerarían los plazos de entrega de esos sistemas de armas.

Bajarían drásticamente los valores de mercado actuales del suelo –de claros niveles especulativos- con lo cual se abaratarían las viviendas.

Y sin embargo, pese a tales perspectivas, tan claras y sencillas de entender y decidir, por el eterno complejo de la derecha ante la demagogia de la izquierda, no se acometen.

Reflexión obligada

Al exponer cuanto precede, con la claridad y crudeza con las que lo hemos hecho, no nos guía ninguna intención ni deseo de aventurerismo bélico frente a Marruecos. Todo lo contrario: si España es fuerte, el aventurerismo y la demagogia marroquíes desaparecerían rapidísimamente. Y no nos engañemos con buenas intenciones y deseos: ese norte del Magreb, por su irredentismo antihistórico y demagógico, por su inestabilidad social, por su demografía exultante, por su pauperismo incitador de violencia, por la corrupción de toda su clase dirigente y funcionarial, por su afán expansionista y por sus rencores históricos, por todo ello y por otras muchas irracionalidades añadibles, es y constituye un peligro real y efectivo –dentro de poco más que un peligro potencial- que España no puede ni debe desconocer. Por esas características, lo mismo recurre a aventuras bélicas puntuales contra España para ocultar temporalmente esas lacras, que cae violentamente en un sistema islámico agresivo, igual o más agresivo contra España que en el otro supuesto.

En los días previos en que esto se escribe nuestra Ministra de Exteriores visitó Rabat para ver de alcanzar acuerdos comerciales con Marruecos a la vez que para convencer al Gobierno marroquí de que no promueva (o cuanto menos que no haga la vista gorda) la inmigración ilegal hacia España desde las costas magrebíes. Esa política está bien (independientemente de que se haga con las «bendiciones» de USA, que actúa de casi obligado «intermediario») pero que nadie piense que con ella se van a borrar de Marruecos las características que lo definen, antes esbozadas; y que para esterilizar su agresividad, junto a los intercambios, la cooperación y la afectividad (que debiera ser propia de buenos vecinos) habría que hacerle ver la imposibilidad real y efectiva de que triunfen sus aventurerismos. Y esto sólo se le puede hacer ver de una única forma. Y no se olvide esto: la OTAN no respaldaría a España en un contencioso bélico con Marruecos sobre Ceuta y Melilla (porque así, expresamente, está establecido al definirse el ámbito a cubrir por dicha OTAN) y cabe suponer que tampoco en «geografías» próximas a estas plazas.

A modo de «epílogo»

Cuando esto se termina de escribir se está celebrando la denominada «Cumbre Hispano-Marroquí» en Marrakech (no en Rabat) porque en tal ciudad pasa el invierno el Rey Mohamed VI.

Por la parte española asisten el Presidente del Gobierno, Aznar, la Ministra de Exteriores, Ana Palacio, y los Ministros Rato, Álvarez Cascos, Pilar del Castillo, Eduardo Zaplana, Arias Cañete y Ángel Acebes. No asiste el de Defensa. Es decir, lo a tratar no incluye los problemas cruciales que en estos folios se han señalado.

Ciertamente, esta «cumbre», durante tanto tiempo eludida por Rabat, (¡oh los «buenos oficios» de Washington…!) significa una evidente «suavización» de las tensiones entre ambos países (que tuvieron su máximo exponente en el incidente de Perejil) pero sería sumamente lamentable que no se pasase más allá de esa «suavización» o de acuerdos ceñidos tan solo a lo económico, laboral y cultural, pues así lo parece indicar la relación de Ministros asistentes (con la excepción de Acebes, que por su condición de Ministro de Interior parece sugerir se vaya a tratar lo de la inmigración ilegal); en tal caso, las motivaciones de fondo de las tensiones quedarían subyacentes y capaces de resurgir en cualquier momento por algún impensable pretexto. ¿Acaso esto se deja para más adelante, una vez sedimentada y en marcha la normalización de relaciones?; ¿o, en cualquier caso, se desea eludirlas «ad calendas graecas»? Si primase esto último, posiblemente algún día nos despertaríamos con sobresalto. Sinceramente, desearíamos equivocarnos en esto.

PUEBLO Y SOCIEDAD: PLURALISMO Y MULTICULTURALISMO arriba

Dalmacio Negro

1.-El multiculturalismo propende a confundirse con el pluralismo; inconscientemente la mayoría de las veces, algunas intencionadamente. No obstante, lo primero que se advierte, en esta como en tantas cuestiones, es precisamente un gran confusionismo, debido en buena medida a la mezcla del pensamiento abstracto con el humanitarismo, espoleado por los derechos humanos. Los europeos, quizá más aún los españoles, están muy perplejos ante bastantes cosas, quizá en la mayoría de ellas, y no sólo en las minúsculas, sino en las más importantes para la vida, en las que casi todo el mundo, aunque se siente autorizado a opinar, no sabe empero a qué atenerse. Como ejemplo, según las encuestas, sin perjuicio de las reservas respecto a estos métodos de investigar el pensamiento, una mayoría reconoce no tener ideas claras sobre el bien y el mal, lo que indica hasta qué punto se ha desterrado el sentido común -conviene subrayar lo de común-, al haberse convertido la conciencia en una especie de cajón de sastre o lecho de Procusto, según los casos. Esto se pone de relieve sin ir más lejos, en el conocido reduccionismo del lenguaje, del vocabulario, sustituido muchas veces por la interjección, y en su creciente imprecisión, no ya por cuestiones de sintaxis sino por la confusión en la significación de las palabras. La gente corriente tiene hoy un vocabulario más rico y mejor en Hispanoamérica que en España, donde el desastre es aparentemente mayor que en resto de Europa.

Pluralismo y multiculturalismo son para mucha gente semejantes, palabras sinónimas, introduciéndose así de matute el multiculturalismo –una ideología muy tosca- en el campo del pluralismo. A pesar de la gran escasez de ideas claras, los intelectuales han abandonado su tarea de elaborarlas, formalizarlas y transmitirlas. Prefieren dedicarse a lo neutro, al no decir nada y a los tópicos, aunque también es verdad que el intelectual, sustituido como figura pública por el periodista –la muchedumbre de periodistas sin cultura-, está en decadencia. Por una parte, al renunciar a su función abdicándola en gentes que no lo son; por otra, porque la gente corriente, que suele servirse de tópicos, se ha distanciado de ellos, de manera que si quisieran transmitir la verdad, no se les dejaría fácilmente, porque la verdad no sería neutral, indiferente. La política correcta, que se podría definir como la politización de la inteligencia en orden a neutralizarla, es muy poderosa. En sociedades en que de hecho el poder y el dinero son las fuentes de legitimación, el intelectual auténtico poco tiene que hacer.

El pluralismo es una situación que, en principio, es la normal de las sociedades. Estas son pluralistas en sí mismas, si bien las hay que o son hostiles al pluralismo o están tan integradas, son tan monolíticas, que en ellas la unidad ahoga de tal manera la variedad, que apenas pueden reconocerse como tales. Comenzando por las familias, las culturas y civilizaciones así como las épocas son pluralistas en diferentes grados. Y en este aspecto, no cabe duda que la más pluralista, sin comparación, de todas las conocidas es o ha sido la europea y, hay que decirlo, en gran parte porque la condición de la Iglesia por la que ha sido formada, es pluralista en tanto complexio oppositorum y signo de contradicción con su crítica permanente a lo mundanal. No obstante, al hablar de pluralismo cabría preguntarse con von Balthasar, «si ha habido una época menos pluralista que la que estamos viviendo». La tendencia a la homogeneidad totalitaria es visible hasta en la moda.

2.- Dejando de lado el tema científicamente insoluble –y banal- del adanismo, el hombre coexiste desde el primer momento con otros hombres: todo ser humano nace en un grupo más amplio o más reducido y de un tipo o de otro, pero al fin y al cabo en lo que puede llamarse una sociedad, antes un pueblo. Pero la doctrina contra natura, como decía Javier de Maistre, del estado de naturaleza, ha embrollado todo esto. Sin embargo, desde un punto de vista puramente analítico, constituye un hecho indiscutible que la vida social es, como decía Hume, lo primero que existe, lo que se encuentra el hombre al nacer; lo cual, dicho sea de paso para evitar equívocos, no supone ningún colectivismo, pues si la sociedad existe es porque hay individuos que viven en ella; si no existiesen los individuos no habría sociedad. Simplemente significa que a nativitate el hombre co-existe con otros hombres, es forzosamente un ser muy social debido a sus carencias, a las que se ha referido recientemente MacIntyre en un libro interesante. El problema de la cultura consiste empero en convertir el co-existir, propio del animal, en con-vivir.

En suma, hay vida social, colectiva, pueblo, porque hay pluralidad de individuos, de intereses, de sentimientos, de opiniones, de posibilidades de vida, de coexistir y de convivir, etc. En este sentido, una sociedad monolítica, en la que puramente se coexiste, no existe en ninguna parte, ni siquiera en las consideradas primitivas o segmentarias. Basta pensar que el ser humano es constitutivamente, ontológicamente, un ser libre y que la libertad implica de suyo variedad y por ende el hombre tiene historia e incluso se puede decir que, como hombre concreto es histórico. Por eso decía Ortega que, empíricamente, el hombre es un ser u-tópico, futurizo, porque aún sin quererlo se proyecta imaginativamente hacia el futuro y piensa en cosas distintas y hace cosas distintas: innova entre otras cosas, formas de con-vivir. En este sentido no es, pues, mera naturaleza, un animal natural, meramente social, que coexiste como los miembros de cada una de las demás especies entre sí, sino histórico; los griegos decían que es un animal político, pero es político porque es histórico, porque introduce variaciones en el modo de coexistir. Lo histórico, que se refiere al tiempo, incluye así lo político, que se refiere al modo de con-vivir en un espacio, y la historicidad del ser humano se plasma en la diversidad de los pueblos, desde la época moderna, de las sociedades.

En su historicidad, en la temporalidad de la vida humana se muestra el carácter específico de la acción humana: en cuanto humana es siempre personal, por muy parecidos que puedan ser los modos de actuar de los diversos individuos humanos; la acción social, puramente reiterativa, no deja de ser, cuando se acentúa demasiado, un mito cientificista. El hombre individual siempre se mueve y actúa para conseguir pasar, dicho en sentido formal, sin calificativos morales, de la situación en la que está a otra que considera mejor según sus preferencias. La moral viene después, del hecho de con-vivir; y esto vale tanto para la acción egoísta, centrada en uno mismo, como para la altruísta, que tiene en cuenta a los demás, al otro; vale también para la acción del que busca sólo su propio bien a toda costa y para el que prefiere llevar una vida ascética o de sacrificio como el monje.

Los seres humanos no son idénticos: la memoria, la voluntad, la inteligencia, la imaginación, incluso los deseos y las actitudes y las infinitas combinaciones que pueden hacerse con estas facultades y capacidades, son diferentes en cada uno: los hombres, pueden asemejarse pero no son homogéneos. Y como descubrió el romanticismo frente al racionalismo, los sentimientos, que son en cierto modo el resultado de las combinaciones con esas facultades, son propios de cada individuo, son personales. Aunque parezca que Rousseau, frecuentemente mal interpretado, sugirió otra cosa, tampoco pueden ser iguales por la misma razón. Los hombres sólo pueden ser iguales mediante la solución, a fin de cuentas artificiosa, humana, de la igualdad jurídica y, por añadidura, de la igualdad política: la igualdad social es una falacia. Pues la igualdad, un término cuantitativo, no es lo mismo que la identidad, término cualitativo, y como los hombres no son idénticos, tampoco pueden ser cualitativamente iguales. Una cosa es decir que los hombres son iguales entre sí como hombres, en tanto miembros del género humano frente a otras especies y otra que son iguales entre sí como dos piedras, si es que las piedras también pueden ser idénticas aunque su forma sea la misma. Ser idéntico no es lo mismo que ser igual: la identidad implica diferencia.

Es cierto que el racionalismo europeo creyó que dando primacía a la razón, que, decía Descartes al comenzar su famoso Discurso del método, es la cosa mejor repartida del mundo, se podría llegar a una cierta igualación universal, incluso casi natural. Pero ya advirtió Pascal en el mismo siglo de Descartes la insuficiencia del racionalismo: hay razones del corazón que la razón pura desconoce. Iguales y quizá idénticos sólo pueden ser los hombres clónicos con cuya producción se amenaza.

3.- Justamente esta condición humana hace necesaria la política, una forma de acción consistente en aunar esfuerzos, individualidades, libertades, para actuar conjuntamente persiguiendo algo común, un bien común o colectivo que beneficia a todos: se trata de una forma de acción colectiva que contrapesa la tendencia a la excesiva dispersión de las acciones individuales.

Hannah Arendt, uno de los raros pensadores políticos del siglo XX, consideraba por eso la natalidad el presupuesto de la política: puesto que cada ser humano que nace es distinto de todos los demás, lo que confirma la genética, para poder con-vivir, para llevar una vida en común, puesto que el ser humano es a nativitate un ser social, sociable, a pesar de lo que digan algunas teorías contractualistas pesimistas y constructivistas –por ejemplo la de Hobbes, en la que descansa la teoría del Estado-, para poder con-vivir a pesar de la libertad, es preciso instituir lo que se conviene en llamar un gobierno, por muy primitivo o elemental que este sea. Por eso se dice desde la antigüedad, que, a diferencia de otros seres, el hombre es un animal político, al ser capaz de actuar colectivamente; siendo esta acción colectiva, decía también Arendt, la forma más humana de actuar, la forma más alta de acción por lo que conlleva de abdicación voluntaria de lo individual. La política presupone así el humanismo, la consideración de que el hombre es libre y puede organizar su vida colectiva, aunque no de cualquier manera como imagina el humanitarismo, una perversión del humanismo, sino racionalmente, políticamente.

La misión del gobierno consiste, pues, en combinar los impulsos a la acción de las distintas individualidades en orden a una forma de vida «pública» o común. Este es el fin primario de la política: organizar acciones colectivas en el sentido de comunes, públicas; y el del gobierno, dirigirlas. Hegel decía por eso muy atinadamente die Regierung ist Bewegung, el gobierno es movimiento. Aparte de garantizar la seguridad, su papel elemental consiste en coordinar las infinitas preferencias humanas –la variedad humana- para conseguir una acción común ordenada, orientada a conseguir un bien común, una situación colectiva mejor y más satisfactoria si es posible.

El hombre es, pues, al mismo tiempo un ser social y un ser político, lo que prueba que es un ser libre; aunque también se puede decir al revés, que por ser un ser libre es un ser social y político. Pero lo verdaderamente humano es su dimensión política (que no es la única; lo es sólo desde un punto de vista natural). Y la sociedad, en rigor lo social, la sociedad es un artificio, es, como pensaba Burke, una especie de artefacto más o menos convencional según sea la intensidad del consenso que surge con el transcurso del tiempo de las relaciones sociales de coexistencia y las políticas de convivencia.

Ahora bien, si dejamos a un lado la vida política, en donde se da la acción colectiva más englobante o abarcadora, resulta que los hombres se asocian entre sí para una infinidad de cosas, en primer término, para constituir familias. Y según es la naturaleza humana, única e irrepetible en cada individuo, tampoco ninguna familia será idéntica a otra. En este nivel elemental tenemos ya el pluralismo, la pluralidad de familias, sin contar el pluralismo, aunque sea mínimo, en el seno de cada familia. Pero a su vez, tanto las familias como sus miembros individuales forman grupos más amplios, pueblos, que tampoco son idénticos entre sí por la misma razón constitutiva de que las familias que los integran no son idénticas.

La convivencia de un conjunto de familias, originariamente tal vez de muy distinta índole, hace que surjan relaciones de reciprocidad con el paso del tiempo, con la duración, la durée bergsoniana; relaciones, desde el punto de vista analítico, generalmente espontáneas, pero mantenidas y en algunos casos reforzadas o debidas a la acción del poder por razón de conveniencia o de utilidad, lo que da lugar a un pueblo, el grupo que puebla un espacio. Este último existe con carácter permanente, de continuidad, de duración mediante las costumbres y los usos, uno de los cuáles y más importantes es el Derecho, que hoy se confunde con la Legislación que es cosa del Estado, mientras el Derecho pertenece al pueblo. Usos y costumbres van formando un carácter colectivo, sin perjuicio del carácter particular de cada individuo: el carácter colectivo es lo que los griegos llamaban êthos, Montesquieu el espíritu general que surge de las relaciones entre los hombres o Hegel la Sittlichkeit, la eticidad o civilidad.

Toda grupo humano constituido en pueblo tiene, pues, un modo de civilidad o civilización específico según su cultura, que se revela en la manera de relacionarse y tratarse entre sí los individuos y los grupos que la componen distinguiéndola de otras; cultura o civilización a la que se acomodan los individuos y grupos que la integran por muy diversos que sean entre sí. Por supuesto, el grado de integración de esa sociedad dependerá de la presión, lo que llamaba Durkheim la contrainte, del conglomerado de esos usos y esas costumbres, que constituyen lo social. Porque la sociedad como tal, en abstracto, como presupone el racionalismo, no existe; lo real es esa forma de vida colectiva que imponen los usos y las costumbres, a los que se pueden añadir introduciendo una visión temporal, generacional, las tradiciones. Por eso decía Ortega que lo social no tiene alma, siendo la sociedad -como derivada de social-, la gran desalmada: es lo humano, los usos y las costumbres sin el hombre.

Tras los usos, las costumbres y las tradiciones se esconden lo que los franceses del siglo XIX llamaban la idées méres y el propio Ortega las ideas creencia: las ideas en que, sin saberlo se está, que son como la atmósfera que permite vivir humanamente, que da sentido a la vida; entre ellas, por ejemplo pero no sólo, el lenguaje; son creencias que configuran al grupo como pueblo, como sociedad. En este sentido una sociedad, un pueblo consciente de su unidad deviene nación. Javier de Maistre decía que la nación es la unidad de creencias y costumbres.

4.- Una sociedad, en rigor un pueblo, es, pues, una estética, un modo de estar en el mundo que, debido a las ideas creencia, se diferencia de otros. Durkheim y sociólogos o historiadores como Chr. Dawson piensan que las ideas creencia básicas son las religiosas, lo que explica la permanente dialéctica entre religión y política: aquella lo estable, esta lo variable. En todo caso, una sociedad, un pueblo, no es sino la trama de las ideas creencia cuyo êthos la configura estéticamente y absorbe (si no las rechaza), acumulándolas paulatinamente a la existente, las nuevas formas de cultura que suscitan las ideas ocurrencia, las ideas que se tienen. Pero son las ideas creencia las que dan significación y sentido a las ideas ocurrencia, ajustándolas a la realidad al limar su carácter inevitablemente utópico. Por eso una idea se llama utópica, se dice que es una utopía en el sentido corriente, cuando parece o resulta imposible encajarla en las ideas creencia, en lo social, en los usos, las costumbres, las tradiciones, en la vida de un pueblo.

Si las ideas creencia configuran la sociedad, son lo colectivo, lo social, lo que dura y perdura de la vida humana colectiva, justamente el grado y la manera en que la sociedad acepta y encaja las ideas ocurrencia, las ideas nuevas, innovadoras, muestra hasta qué punto se trata de una sociedad abierta, no sólo plural sino pluralista y, en este sentido, libre.

Ahora bien, la palabra sociedad es equívoca; es una invención moderna que ha acabado por sustituir a pueblo. El pueblo es la forma natural en que se configuran las familias, cuyo origen es también natural. La sociedad es una palabra que designa desde el siglo XVII una forma no natural sino inventada, calculada –igual que el Estado, su pendant, en otro nivel-, de agruparse los hombres. Pero como miembros de las familias sino como individuos. El pueblo natural es un conjunto de familias; la sociedad artificial un conjunto de individuos. Así, para el modo de pensamiento social –paralelo al estatal- sólo hay individuos, agrupados en clases o estamentos, etc. Lo cual es cierto y falso a la vez, pues los individuos se agrupan inicialmente en familias. Sin embargo, desde ese siglo, bajo la influencia del contractualismo político –puesto que la acción política es la acción de conjuntos de individuos- ha prosperado la idea de sociedad en lugar del pueblo y para completar la sustitución tiende a reducir las familias a individuos lo más homogéneos posible. Cabe decir que, bajo esa influencia, la sociedad sostiene una lucha a muerte contra la familia, según una aguda y sabia observación a la que se ha prestado poca atención, de Hannah Arendt. La sociedad, un artificio intelectual contrapunto del Estado y a imitación del Estado –otro artificio- es en el fondo el pueblo politizado. No es de extrañar que con el auge de la sociedad aumente la politización. El Leviatán de Tomás Hobbes sigue siendo el punto de partida de las ideas políticas y sociales modernas.

Hecha esta advertencia, no obstante, hasta ahora, al menos mientras no se desintegre por completo la familia, también una sociedad es plural por definición, aunque puedan variar las formas del pluralismo. En ellas es legítima la variedad de actitudes que da lugar a lo que puede llamarse la permanente dialéctica del orden y el progreso o la permanencia y el cambio o la continuidad y la discontinuidad. Es lógico que si surge la discusión, haya quiénes prefieran mantener el orden establecido y quiénes deseen que evolucione, cambiarlo, siendo esta la distinción esencial en la que hace su aparición inevitable la política, cuyo fin es conseguir un compromiso entre las distintas opiniones y, en definitiva, opciones posibles. Del compromiso decía el gran sociólogo alemán Jorge Simmel que es uno de los mayores artefactos de la civilización. Mediante el compromiso se puede progresar o modificar lo suficiente para satisfacer a los partidarios del progreso sin conmocionar gravemente a los partidarios del orden. En una sociedad normal, esto es otra importante misión del gobierno, una especie de árbitro o juez entre la pluralidad de las tendencias, actitudes y, en definitiva, entre las opiniones y opciones sociales, colectivas. El objeto de la política es el compromiso.

La estructura de las sociedades constituidas es, pues, pluralista; carácter inevitable en tanto las forman seres humanos, aunque la sociedad sea más bien conservadora que progresiva o a la inversa. Sin embargo, el pluralismo se ha intensificado en las modernas sociedades industriales, sociedades de suyo menos integradas que las tradicionales, más individualistas por la importancia que tiene en ellas el conocimiento, y se intensifica todavía más en lo que llamaba Tocqueville el estado social democrático en el que tiene más relieve la opinión formada en torno a las ideas-ocurrencia que la que descansa en las ideas creencia.

Precisamente, este menor grado integración en las sociedades industriales de tendencia democrática es lo que ha dado lugar a la aparición de los partidos políticos como expresión de la diversidad de opciones y opiniones, del mayor grado de pluralismo. Pues los partidos políticos no han existido siempre ni responden a una necesidad eterna, como nada lo es en la historia. Uno de los mayores historiadores actuales, Paul Johson, piensa que al ser los partidos un fenómeno del siglo XIX seguramente desaparecerán con la época en que aparecieron, la de la revolución francesa que ha durado hasta 1989, y puede ser un síntoma su anquilosamiento, su decadencia, sobre todo por falta de representatividad unida a su irresponsabilidad en esta época postindustrial. Su degradación actual, que supera con mucho a la que estudió Robert Michels a comienzos del siglo XX, constituye un hecho indiscutible y como, además, monopolizan la libertad política instituyendo lo que llamaba Fernández de la Mora la partidocracia, no son sólo efecto sino una causa principal del grave déficit de representatividad que padecen las sociedades actuales.

5.- Al ser el hombre un animal social, es fundamental en una sociedad que exista suficiente consenso, la communis opinio si se habla de pueblo. Palabra tan mal empleada hoy que tergiversa el sentido de la política y lo relativo al pluralismo. Pues el consenso es lo propio de la sociedad, de lo que tiende a ser permanente, estático, no de la política, o sea de la Gran Sociedad, llamada también a veces sociedad civil en contraposición a la sociedad política que se constituye en torno al Estado y dentro de él. El consenso es el corazón de la sociedad, lo que hace posible su existencia al dar forma al conjunto de familias (pueblo) o individuos (sociedad), distinguiendo a las sociedades o pueblos entre sí.

Una sociedad sin suficiente consenso no existe y si el disenso se hace muy grande se escinde, en el caso extremo mediante una guerra civil. La guerra civil, es, efectivamente, la más indestructible de todas las guerras, decía el agudo pensador político Gianfranco Miglio hace poco fallecido, ya que siempre existirá la posibilidad de fraccionamiento de las sociedades si prevalece el disenso y con él la de la guerra civil: la guerra civil, que no es propiamente una guerra política sino social, presupone la ruptura del consenso, de la confianza social, y la escisión de la sociedad en partes irreconciliables que suelen reagruparse en dos bandos. Por eso, la política consensual, al llevar el consenso a la política, es una falsificación de la política, una usurpación del consenso de la sociedad civil, suplantada así por la sociedad política; es, por tanto, una manera de desintegrar las sociedades la pretensión de imponer el llamado consenso político sobre el consenso social. Mediante esa imagen equívoca del consenso, la sociedad política mediatiza y domina la sociedad civil al acabar con el pluralismo natural y espontáneo de esta última o falsearlo y corromperlo. Es una consecuencia lógica del concepto politizado de sociedad divulgado por el contractualismo.

Lo propio de la política es, pues, el compromiso, el acuerdo entre las distintas visiones del orden y el progreso, representadas modernamente por los partidos. Pero el Estado Partidocrático, el oligárquico Estado de Partidos, que es el actual, al politizar todo mediante el consenso político deviene una especie de Estado Total, totalitario, mezclado con la sociedad a la que patrimonializa la sociedad y cuyas funciones usurpa. De ahí la necesidad de la «política correcta», la imposición forzosa a la sociedad del consenso establecido entre los partidos políticos, de su particular visión del mundo según sus intereses.

El consenso en la sociedad no se opone a la diversidad en lo político sino que la diversidad política es posible justamente porque existe previamente ese consenso. El consenso político tiene en cambio un fin homogeneizador contrario al pluralismo; presupone la especie de democracia totalitaria que descubriera Tocqueville al analizar la democracia, peligrosa posibilidad implícita en los regímenes políticos democráticos contemporáneos. Es el Ersatz, en la democracia puramente formal, homogeneizadora, de lo que en los regímenes totalitarios se llamaba el movimiento popular constituido en torno a un partido único dirigido por la oligarquía política prescindiendo de la sociedad civil e incluso de la realidad social. Mediante el se impone la sociedad política a la sociedad civil y la absorbe. El consenso en política acaba con la libertad política y ahoga el pluralismo: es una imposición empobrecedora de la realidad.

6.- En este contexto, los partidarios y propagandistas del multiculturalismo pugnan por imponerlo a las sociedades libres mediante el consenso, la única manera posible de conseguirlo, pues el multiculturalismo triunfante acaba con las sociedades vivas, con la trama de las creencias que las constituyen, al romper sus culturas escindiéndolas. Para conseguirlo, mientras no se asimila el consenso político en las sociedades, el multiculturalismo, convertido en ideología de la sociedad política, tendría que mantener un elevado grado de coacción. Es decir, tendría que someter absolutamente la sociedad civil a la sociedad política, pues, en sí misma, una sociedad multicultural es una típica contradictio in terminis puesto que la cultura depende de las ideas creencias que constituyen una sociedad y una sociedad multicultural, tal como se quiere presentar, es por definición una sociedad cuyas respectivas culturas descansan en distintas ideas creencia, en distintas formas de consenso social. Este es el fondo del problema, en sí mismo una consecuencia de la tiranía de los valores. En realidad, el multiculturalismo, cuando pretende tener un alcance distinto al de la mera descripción de una realidad posible es una idea totalitaria, porque aunque no lo sepan muchos de sus partidarios su existencia exige paradójicamente un régimen político homogeneizador. En rigor, uno de los rasgos del totalitarismo consiste en esto, en anular en la práctica todas las diferencias. Por eso se dice de los Estados Totalitarios que son amorfos, que carecen de forma, porque la forma es la reducción de lo plural a una unidad formal conservando las partes su autonomía.

A este respecto, es hoy uno de lo mayores peligros la creencia en que las ideas totalitarias han desaparecido con los regímenes llamados totalitarios. No sólo subsiste muy arraigado el modo de pensamiento totalitario, sino que aquellas están muy vivas aunque se disfracen de diversas maneras, presentándose como una novedad o como ideas liberales, siendo esto una de las causas de la confusión existente. El totalitarismo consiste, en definitiva, en la sustitución de las ideas creencia que configuran la sociedad, el pueblo, por ideas ocurrencia –entre ellas las del consenso político- haciéndolas funcionar como si fueran ideas creencia; y como esto es imposible, ha de apoyarse inevitablemente en la fuerza y la violencia. Lo que se pretende hoy mediante el consenso político, y en esto consiste, como vio Tocqueville, el verdadero totalitarismo, es que se acepten ciertas ideas ocurrencia voluntariamente, como cuestión de conciencia guiada por la opinión conformista, homogeneizada, como si las ideas de la opinión además de verdaderas fuesen ideas morales, aunque contradigan la realidad, es decir, la verdad, pues la verdad y la realidad son la misma cosa.

En definitiva, la creencia de sentido común en el pluralismo y su aceptación, constituye una condición tanto de una sociedad sana como de una sociedad liberal y democrática; entre otras razones, porque el pluralismo implica de suyo tolerancia, sin la que no hay consenso, aunque se suela hablar de la tolerancia como un descubrimiento moderno. Si bien una sociedad supone una sola cultura, siempre habrá diferencias suficientes, si es una cultura abierta, para que se necesite la tolerancia. Una sociedad no puede ser pluralista si no es suficientemente tolerante para aceptar la diversidad sin que se rompa el consenso. La tolerancia consustancial al pluralismo frena al mismo tiempo la diversidad excesiva, pues siempre aparecerá una limitación a la tolerancia cuando la discrepancia sea existencial; es decir, cuando la tolerancia hacia algún grupo ponga en peligro el consenso social y con él, la subsistencia del grupo pluralista. La tolerancia excluye la intolerancia pero no implica indiferencia, neutralidad, frente al enemigo o enemigos de su propia tolerancia, como quiere el multiculturalismo, que es intolerante. En realidad, el multiculturalismo postula un conflicto permanente entre culturas que se disputan el mismo territorio.

7.- En efecto, el territorio, el espacio es un elemento fundamental de lo Político al que se refiere constantemente la política. Toda política, todo gobierno, toda cultura o civilización, se asientan en un territorio, siendo indiferente la existencia o inexistencia de fronteras geográficas: las fronteras son un hecho moderno, debido a la naturaleza del Estado, que es un orden territorial cerrado. Pero el Estado no es la única forma posible de lo Político. Con fronteras o sin ellas, si en un mismo espacio se entremezclan físicamente gentes de culturas distintas cuyo sentimiento de identidad, cuya autoconciencia sea muy viva, en la medida en que no se llegue espontáneamente a un consenso no se tratará de una sola sociedad sino de varias, que, inevitablemente, o bien acabarán por plantear una escisión del espacio o territorio político, o bien una de ellas tratará de imponerse como sea sobre las demás. El humanitarismo del multiculturalismo supone que esto no debiera ser así, sino que tiene que haber paz entre las culturas, aunque al mismo tiempo exige la discriminación «positiva» a favor de los grupos culturales que quiere proteger; el humanitarismo, un pseudohumanismo, ya ha causado bastantes desastres y amenaza con muchos más. Descansa en el hecho de que al ser la sociedad un artificio se puede manipular indefinidamente, debilitando o impidiendo la existencia de los pueblos, concepto natural antagónico al de sociedad.

El multiculturalismo como reconocimiento y descripción del hecho de la multiplicidad de las culturas a consecuencia de la naturaleza humana, es completamente normal. El multiculturalismo político que se ha puesto de moda, presenta como fenómeno cultural diferenciado no sólo a pueblos indígenas, culturas históricas o minorías para las que reivindica derechos más o menos razonables; utilizando ambiguamente el concepto de cultura y llevado por la lógica de su sustrato ideológico, que sustituye las luchas de clases por las luchas entre culturas, aboca a un singular reduccionismo que identifica la cultura con la lengua, la religión, la etnia o el sexo como cierto feminismo, o con ciertos estilos de vida como el de los verdes, homosexuales y lesbianas, reclamando para todos ellos el reconocimiento de su identidad como si fuesen culturas diferenciadas legitimadas para reivindicar derechos propios, particulares. Con la misma lógica podrían reivindicar trato diferente, es decir, privilegiado, innumerables grupos a los cuáles cabe atribuirles una cultura propia en ese sentido tan absurdo como ambiguo de la palabra cultura: por ejemplo, los ancianos, los jóvenes, los agricultores, los trabajadores industriales, los burócratas, los deportistas, los estudiantes, cada una de las profesiones y así hasta el infinito. Después de todo, un multicultaralista podría decir que cada individuo tiene su propia y peculiar cultura. En el fondo, se trata de una manera de luchar contra las formas de vida existentes, con el propósito intencionado o ingenuo de desintegrarlas o, más claramente, de destruirlas. No es nada nuevo.

Como dice Giovanni Sartori en su conocida diatriba reciente contra el multiculturalismo, los multiculturalistas fabrican culturas que aspiran a gestionar con fines separatistas o de rebelión, lo mismo que hasta hace una generación los partidos de clase fabricaban las clases. El multiculturalismo, salvo en el sentido de constatar la existencia de culturas genuinas, auténticas, es un producto imaginario, típico del abstracto constructivismo moderno típico del contractualismo político, inventado por los adversarios o enemigos de las culturas existentes o que se encuentran a disgusto en ellas. Más claramente: es un invento con ínfulas intelectuales de los enemigos de la cultura occidental. No es más que una ideología que atrae por su novedad, pues, como señalan Hans Blumenberg y Jacques Barzun, en el vacío cultural existente todo lo que parece nuevo se tiene por «bueno».

8.- Originario de Norteamérica, de donde se importa todo, allí responde en cierto modo a una específica realidad, para entender la cual no hay que olvidar que Estados Unidos es geográficamente un continente casi tan grande como Europa entera si se incluye a Rusia y mucho mayor que Europa si se la excluye. No deja, pues, de ser una respuesta, absurda en sus excesos, a unos problemas concretos, principalmente el de integrar a numerosos inmigrantes de otras culturas en la aún joven cultura norteamericana. Este no es por ahora el caso de Europa.

Aquí podría tener cierto sentido enfocado como la vieja cuestión del trato equitativo a ciertas minorías. Sin embargo, el multiculturalismo quiere afrontarlo desde un trasnochado punto de vista ideológico; pues ha pasado la hora de la ideología aunque subsistan residuos y derivaciones, como llamaba Pareto a las pseudoideologías. En Europa, lo que pretende el multiculturalismo, una ideología de resentidos y ganapanes a la que se apuntan incautos, no consiste tanto en integrar a las supuestas minorías culturales como en que se les dé un trato privilegiado frente al resto. En realidad, ya se está haciendo así a causa de determinadas presiones, ciertas complicidades, la demagogia de los políticos y la más que discutible generosidad de los gobiernos al administrar los caudales públicos. Tras ello, hay que decirlo, se esconde un complejo de inferioridad unido a otro de culpabilidad del europeo creados por los intelectuales politizados, al mismo tiempo que se sigue alentando el resentimiento y el odio a la civilización europea y a sus naciones, que ha sido una causa muy principal de los grandes desastres del siglo XX.

La única realidad es el pluralismo que denota una sociedad más o menos libre –esto depende de la historia y la política- según los casos. En una sociedad pluralista puede haber desigualdades entre los grupos que la forman, difícilmente insuperables por una variedad de circunstancias. Esas desigualdades no significan ni justifican ningún multiculturalismo. Lo que exigen acaso es un correctivo cuya aplicación corresponde al gobierno: esta es la sustancia del principio de subsidiaridad. En una sociedad suficientemente integrada, es función del gobierno poner los medios legales e incluso materiales, si es el caso, y sin demagogia, para conseguir la justa igualdad de condiciones entre todos los grupos que la constituyen, haciendo que el derecho pueda ser igual para todos en el aspecto formal y en el material.

En suma, lo que debiera plantear acaso el multiculturalismo, si hay motivos concretos, es la vieja cuestión de las libertades formales y las libertades reales. El verdadero problema de la política, el objeto de la política es la libertad y esta es formal cuando algún grupo de la sociedad no puede ejercitarla debido a que materialmente está muy diferenciado del resto de la sociedad por una desigualdad legal real o una grave desigualdad económica o social no subsanable a medio plazo mediante el propio esfuerzo, por un déficit educativo o cultural insuperable por sus propios medios, etc.; sobre todo, debido a la presión de las oligarquías amparadas en el poder político. El principio de subsidiaridad tiene como finalidad corregir esas asimetrías, no ciertamente igualando por abajo, como pretende el multiculturalismo, sino igualando hacia arriba a los individuos de los grupos. Si el multiculturalismo pretendiese integrar o igualar a las culturas asentadas en el territorio de una sociedad en el que predomina y está arraigada otra cultura, ¿con qué criterio lo haría? ¿Qué cultura consideraría superior para igualar con ella a las demás? ¿Escindiría el territorio y prohibiría la acción humana por ser espontáneamente diferenciadora? ¿Aplicaría la demagogia de la discriminación positiva?

En el fondo, el multiculturalismo ideológico es una concepción caótica, propia del confuso pensamiento débil combinado, en el mejor de los casos, con un humanitarismo tosco y una nostalgia del tribalismo y, en el peor, con el resentimiento y el deseo de revancha ideológica. Es enemigo del pluralismo, aspirando a sustituir el natural pluralismo abierto, la idea de sociedad abierta como un orden extenso de cooperación humana, por grupos monolíticos cerrados. En el trasfondo, se trata de una concepción racista, que es posible que se ignore a sí misma, camuflada bajo la radicalización o absolutización de diferencias culturales. Evidencia, como todo racismo, una grave insuficiencia intelectual al desconocer, por una parte, la realidad de la naturaleza humana y al exigir contradictoriamente, por otra, lo que de antemano es imposible: la neutralidad cultural, dando por supuesto que todo lo humano tiene que ser necesariamente igual cuando, precisamente porque el hombre es una esencia abierta, lo humano incluye la libertad, que produce las diferencias culturales. Justamente por eso, en cuanto producto de la libertad, todas las culturas son en principio respetables, pero no indiscutibles ni igualables desde el punto de vista de la comparación de las culturas entre sí. El pensamiento pseudodemocrático rechaza la idea de jerarquía y a ello se agarra el multiculturalismo.

El multiculturalismo es una suerte de juego de palabras, que aprovecha el vacío dejado por la destrucción de la idea de pueblo; implica un radical relativismo artificioso, a la carta, siendo incompatible su pretendida neutralidad cultural con la existencia de una sociedad –en la media en que no exista el pueblo- suficientemente integrada o pacífica, sana, abierta y libre; salvo que se quiera jugar con talante nihilista con el significado de las palabras dándoles la significación que se le ocurra en cada momento al usuario. Las culturas no pueden ser neutrales entre sí, simplemente porque, en tanto producto de la acción humana, son distintas, de modo que siempre se percibirán diferencias entre ellas: siempre ocurrirá que unas parezcan más primitivas que otras, aunque esto pueda ser cuestión de óptica, de perspectiva, según las ideas creencia subyacentes a las ideas ocurrencia.

En último análisis, lo que siempre está en juego en estas comparaciones, inevitables salvo que se prohiban manu militari, es la idea de civilización y su nivel. La palabra civilización tuvo en su origen, en la época de la Ilustración un sentido dinámico; presuponía la perfectibilidad de la naturaleza humana en el sentido de que la cultura tendía hacia unas formas de trato y de relación más suaves, dignas y humanas, lo que se consideraba un ascenso de nivel. Y, tal como están las cosas, entre ellas los complejos de culpabilidad e inferioridad del europeo a causa de las ideologías y los desastres del siglo XX, no parece ocioso recordar que, con todas sus deficiencias, sobre las que cabe discutir indefinidamente, la única civilización a la vez progresiva y liberal existente hasta ahora, ha sido la occidental.

¿UNA NUEVA IZQUIERDA? arriba

Antonio Castro Villacañas

1.- Los precedentes

En Londres se ha reunido hace pocos meses la flor y nata de la izquierda socialdemócrata. Destacados políticos e intelectuales han pasado unos días discutiendo cómo se puede sacar a la izquierda de su actual situación, es decir, del embrollo y la esterilidad que la rodean, y cómo llevarla a cumplir las tareas y las esperanzas que suscitó en sus comienzos.

Resulta significativo que Anthony Blair, filocatólico y primer ministro laborista, haya presidido este cenáculo, y que el principal impulsor de las reflexiones intelectuales haya sido otro Anthony, Giddens, el director de la London School of Economics ans Social Research, consejero favorito del político británico. Ambos promovieron hace media docena de años lo que desde entonces comenzó a llamarse «tercera vía» y ahora pretende ser conocida como «vía progresiva» o simplemente «progresismo».

Como es natural si tenemos en cuenta la escasa honradez intelectual de los socialistas, socialdemócratas o progresistas, ninguno de los reunidos en Londres y ninguno de los comentaristas españoles de tal reunión han reconocido que en nuestro país hace ya setenta años que se predicó la insuficiencia de las propuestas y las prácticas «de izquierda» -y «de derecha»- para resolver los problemas que entonces agobiaban al pueblo español. Como cualquiera sabe, salvo quienes tienen cerrados los ojos por enfermedad física o propia voluntad, el progresivo enfrentamiento de las izquierdas y las derechas nos llevó a una tremenda guerra civil que con algo de suerte, mucho esfuerzo y la necesaria ayuda de Dios ganó el pueblo español, esperanzado durante la contienda y después de ella con la posibilidad de llevar a cabo la difícil empresa de construir un nuevo orden político y social diferente al propugnado por las ideas, doctrinas y tendencias que nos llevaron a tan trágico conflicto. No es cosa de insistir sobre el modo artero con que se embaucó a los españoles para llevarles desde una determinada esperanza, afianzada sobre realizaciones y hechos, a otra realidad bien distinta. También aquí y ahora se extiende cada vez más la idea de que ni las derechas ni las izquierdas son capaces de poner remedio a los problemas políticos y sociales que padece la humanidad, alguno de los cuales –junto con otros específicos- han resucitado o reavivado entre nosotros los dirigentes intelectuales y políticos de las dos vías –liberalismo conservador y socialismo- que con desigual éxito se vienen recorriendo desde 1946 en el mundo y desde 1976 en España.

Parece ser que la propuesta de buscar una «tercera vía», como ahora la de encontrar una «cuarta», nació en el Reino Unido en los años 80, y no como consecuencia de una libre discusión entre intelectuales o como resultado de una corriente de pensamiento forjada durante años, sino por la necesidad de superar las palizas que al laborismo le venía dando la Thatcher y la subsiguiente generalizada sensación de que el socialismo era algo culturalmente subordinado a las ideas social-conservadoras. La social-democracia se había derrumbado en esa década tanto en el Reino Unido como en toda Europa, y sus esparcidos escombros constituyeron la razón práctica de que cuantos no quisieron rendirse ante la aparente evidencia de haberse llegado al final de la historia buscaran desesperadamente la razón teórica de seguir caminando hacia un mundo nuevo y menos injusto, aunque ello exigiera el tener que abandonar la ruta seguida durante más de cien años. Esta reflexión, junto a las subsiguientes ligeras rectificaciones en la política puesta en práctica, motivó que los social-demócratas se hicieran con el gobierno de trece de los quince países que forman la Unión Europea. A partir de entonces busca el socialismo, más que una nueva imagen, una nueva identidad. Las disquisiciones teóricas tratan de salvar la triste realidad de que la política práctica sea cada día de menor altura y calidad.

2.- Una posición conservadora

El desmoronamiento del bunquer soviético, y su inmediata conversión en una docena de estados más o menos próximos a la democracia liberal-capitalista, ha servido para que la práctica totalidad de los políticos y los intelectuales social-conservadores hayan proclamado con entusiasmo que el socialismo y el comunismo han muerto aunque algunos de sus residuos humanos o teóricos nos continúen rondando. Con tal punto de vista parece bastante lógico que las actuales fuerzas conservadoras ataquen los ya de por sí escasos postulados reformistas de la izquierda moderna. Por eso resulta hoy normal que tanto en la prensa especializada como en la cotidiana aparezcan noticias y artículos en contra de todos los postulados y logros sociales de los últimos cien años. La necesidad de gestionar la demanda de bienes y servicios, la búsqueda de un sustancial igualitarismo, el pleno empleo, los derechos del trabajador, y en definitiva el Estado Social, son cosas que desde hace algún tiempo están no solo en entredicho sino claramente convertidas en objeto de acoso y derribo. Parece claro que las actuales fuerzas políticas y sociales de izquierda y de derecha, representadas por sus intelectuales y políticos, han llegado a la conclusión de que este es el momento de acabar con el capitalismo benefactor y pleno de capacidad de asimilación, y de que ha comenzado la época de replantear la formulación y el contenido de los derechos generales y universales. Los conservadores y los socialistas, ahora todos neoliberales, coinciden en considerar que esta nueva época representa –precisamente por tal necesidad de revisión- la máxima oportunidad de liberar de verdad al individuo, pues el nuevo orden social le inducirá a ser responsable de cultivar al máximo sus talentos personales y su creatividad si quiere estar en condiciones de competir con sus semejantes en la búsqueda del mejor status social y político posible. «No existe ningún derecho sin una previa y otra posterior responsabilidad» parece ser el lema de la nueva justicia social que se desprende de tal replanteamiento. El nuevo mundo, nos dicen, será más habitable y feliz porque todos tendrán en él la oportunidad no sólo de luchar por un puesto al sol, sino de buscar el mejor posible, por lo que cuantos no lo consigan se encontrarán justamente excluidos de él o situados dentro del mismo. La responsabilidad no será ya nunca del sistema sino siempre del individuo.

Para superar los reproches que tal concepción habría inevitablemente de producir en las filas de la vieja izquierda, los políticos y los pensadores partidarios de la nueva han venido utilizando todas las habilidades y gracias propias de su oficio, sorteando a base de retórica y de gimnasia política cuantos problemas les han salido al paso. La «tercera vía» -convertida por algunos en «centro progresista» y por otros en «centro radical»- se ha ido caracterizando por buscar e impulsar una economía mixta, exaltar el civismo y la democracia, defender el cosmopolitismo, procurar el «bienestar posible» del individuo y de la familia nuclear... Todo ello acerca la social-democracia al ultraliberalismo, por lo que sensibles a los crecientes reproches y a la necesidad de no perder clientela, los impulsos de la «tercera vía» -ya conoceremos las propuestas de quienes ahora buscan «la cuarta»- dicen que es necesario diseñar e implantar un «Estado social inversor», que será el responsable de cultivar y desarrollar los recursos humanos y la infraestructura material necesarios para el mejor despliegue de la cultura empresarial, único medio posible de liberar al hombre. Lo malo es que, contagiados por su proximidad al liberal-capitalismo, quienes así aspiran a fomentar la personalidad humana cada día la ven más como un elemento funcional del mercado de trabajo o de consumo y no como lo que en realidad es: un sujeto portador de valores eternos, responsable de contribuir con su adecuado ejercicio –y no sólo como productor y consumidor- a la constante mejora de la realidad social de cuantas unidades de convivencia configuran su vida, y con ello a su plena realización individual.

3.- Despolitización y consenso

La contraseña que abre paso a este castillo ideológico y a su eficaz máquina operativa se llama despolitización, es decir, eficacia mediante el adecuado uso del sistema técnico-administrativo. El conjunto del pensamiento neoliberal revela, de izquierda a derecha, una tendencia común: conseguir que la sociedad carezca de conflictos. Para ello, y como es imposible evitar que se produzcan, la única política admisible es la del consenso, que consiste en sepultar cuantos motivos de discusión diferencian y por ello pueden originar enfrentamientos de grupos, sectores, clases o tribus ideológicas, subordinándolos todos a la mutua conveniencia de seguir repartiéndose el poder político y económico entre las oligarquías de los partidos más sustancialmente establecidos. De esta manera «pueden formarse alianzas unánimes, susceptibles de ofrecer sólidos bases para políticas radicales», como dice el ideólogo de Blair, y de hecho se crea una voluntad política capaz de eliminar cualquier clase de fuerza política que cuestione el modelo de sociedad dominante. De esta manera se explica que el citado político británico ofreciera cinco millones de libras para «propiciar» las mejores relaciones laborales posibles en Gran Bretaña, único país europeo donde se siguieron trabajando cuarenta horas a la semana tras decir el líder laborista al congreso de las Trade Unions que «ya está(ba) bien de seguir con el ritual sin sentido de los anuales conflictos sobre el salario».

Afortunada o desgraciadamente, la política de Blair y el pensamiento de Giddens expresan con bastante justeza el sentimiento común de la intelectualidad socialdemócrata «avanzada». Para cuantos se consideran en ese puesto de vanguardia, el consenso en torno al centro-izquierda está siendo facilitado por el fenómeno de la globalización –que debe verse como un teatro de nuevas posibilidades más que de nuevas amenazas-, por la necesidad de modernizar los sistemas nacionales de producción y distribución, y la de renovar los compromisos entre los distintos sectores sociales. Todos ellos reprochan que la mayoría socialdemócrata todavía esté orientada hacia respuestas más características de una sociedad cerrada que las propias de una sociedad abierta. Las «elites modernizadoras» entienden que «lo propio de hoy y de mañana» es el crecimiento de las funciones de mercado, el incremento de la competencia, etc., de modo que el progreso social solamente puede alcanzarse mediante «la concertación de intereses y el contractualismo», que según ellos han sido históricamente las características propias de la izquierda y el centro-izquierda...

Se puede pues afirmar que «la tercera vía» no sólo asume el triunfo del capitalismo sino que trata de ponerse a su cabeza, alegando que se debe navegar siguiendo los aires propios de cada tiempo, siempre en busca de la línea recta de la historia y del progreso... La realidad es que tras el afán de ir «más allá de la izquierda tradicional y de la derecha clásica» lo único hasta ahora conseguido por la «tercera vía» es el diluir cuanto había reivindicado siempre la izquierda europea: la supremacía del trabajo, la transformación social, la igualdad, la democracia real, la libertad efectiva...

La progresiva fuerza de esta «tercera vía» reside fundamentalmente en su carácter compilativo. Los reunidos en Londres tratan de ordenar los alineamientos teóricos y prácticos adoptados por la socialdemocracia europea en los últimos tiempos. El proceso de renovación sigue su curso, pero en él se pueden y se deben apreciar matices porque a pesar de la común tendencia final la realidad es mucho más compleja. Así, por ejemplo, hace algunos años, tras la primera reunión londinense, Tony Blayr y Gerar Schroeder firmaron un documento sobre «Europa, la tercera vía y el nuevo centro», que evidenciaba una cierta afinidad ideológica y creaba un estratégico eje anglo-germánico. Poco después este proyecto alcanzó mayores dimensiones, pues tanto Romano Prodi como Massimo d’Alema e incluso el presidente Clinton asistieron a posteriores reuniones y con ello propagaron la tesis de que lo realmente necesario es conseguir una Europa flexible y competitiva, merced a la existencia de menos impuestos, lo que supone también menos Estado y una disminución del gasto público «intolerable», junto con una progresiva desregularización y flexibilidad laboral...

4.- Democracia social o liberal

¿En qué se diferencia este proyecto de un programa liberal? Esta fue la pregunta que se hizo el socialista Lionel Jospin, entonces primer ministro de Francia, quien se creyó obligado a responderla de modo público para subrayar la diferencia existente entre la nueva socialdemocracia anglo-germánica y la tradicional izquierda francesa. «Nosotros somos menos libre-cambistas, estamos menos ligados al atlantismo y seguimos siendo partidarios de una regulación de la economía», afirmó primero, para concluir diciendo que «el equilibrio entre Estado y mercado no es el mismo» en el nuevo proyecto que en el antiguo. Está suficientemente demostrado que el socialismo francés hace bastante tiempo que dejó de ser revolucionario, pero sigue siendo fiel a la doctrina socialdemócrata y por ello a la economía de mercado, pero sin renunciar a la ambición social y a la exigencia ética propias de sus principios. Como ha escrito Alain Duhamel, «debemos querer ir más allá de una gestión social del liberalismo». Aunque sea a contracorriente, existen socialistas que se aferran a los principios de redistribución y justicia social, pero no están dispuestos a hacerlos efectivos mediante las oportunas movilizaciones sociales...

La socialdemocracia, pues, podemos, considerarla dividida en dos grupos: uno es el que representan Jospin y Lafontaine; el otro, el encarnado por Blair y Schroeder. Mientras la socialdemocracia «a la francesa» sigue pensando en un Estado responsable del desarrollo socioeconómico y regulador de los mercados financieros; un Estado que mantenga un papel central en la economía; un Estado capaz de pensar y realizar una política fiscal a favor de los asalariados, de promover el continuo crecimiento de su poder adquisitivo y de luchar contra el desempleo y la exclusión de hecho de los marginados, y en una mundialización moldeada por los mercados, la socialdemocracia «anglosajona» propugna una reforma fiscal (y todo lo que sigue y supone) que no la aleje del sector empresarial. No es simple casualidad que Lafontaine, que tiene una gran influencia en el SPD (Partido Socialista Alemán), se alejara de éste a raíz de que Schroeder adoptara una reforma social de ese tipo. Aunque en el aspecto teórico ambos grupos se van distanciando, en la vida práctica las diferencias son mucho menores, pero importantes, por lo menos en términos de perspectiva, de cultura política, de tensión social, de alianzas políticas, tanto a nivel nacional como internacional. La pequeña, pero creciente, contradicción existente entre las socialdemocracias europeas merece ser vigilada y medida para ver si se confirma el duro análisis de Daniel Bensaid, uno de los intelectuales franceses más críticos del momento. «La socialdemocracia asumió la tarea de construir y fortalecer la Europa liberal de Maastrich y de Roma. Con ello dio paso a la construcción de una protoburguesía europea, aún despedazada por sus raíces nacionales, sus intereses europeos y sus alianzas transnacionales, pero ya en trance de consolidarse y de pactar con el imperialismo norteamericano. Debemos preguntarnos si una de las fundamentales tareas de la nueva izquierda no será la de construir y fortalecer el nuevo imperialismo europeo». La verdad es que desde esta prospectiva no se entiende bien el papel jugado por Blair en la reciente guerra contra Iraq ni quién representa a la nueva izquierda ni dónde se encuentra ésta.

5.- El actual teatro de operaciones

Las últimas elecciones habidas en Europa no han tenido resultados suficientemente indicativos respecto a cómo se puede contestar esta pregunta. Por una parte pueden interpretarse como confirmatorios de que la unidad europea no entusiasma a los ciudadanos hasta el punto de hacerles olvidar su preocupación por el creciente malestar social y su también creciente alejamiento de la política. Los considerables índices de abstención, razonables o justificados en el caso de las elecciones al parlamento europeo por los escasos poderes que tiene este ágora, pero no tanto en lo que se refiere a las celebradas para elegir parlamentos nacionales, evidencian que existe una notable brecha –más preocupante en cuanto es creciente- entre los gobernantes y los gobernados, entre los políticos y los normales ciudadanos.

Los resultados que más llaman la atención son aquellos representativos de la derrota de la insuficiente victoria de los partidos socialistas, sobre todo en el caso de que estén en el poder o próximos a éste, pues ello significa que no ha sabido o podido responder a las expectativas o necesidades populares, en primer lugar las referidas a una eficaz política contra el empleo deficiente o el desempleo total, seguidas a corta distancia por las vinculadas a la renovación y continuidad del Estado social. Otro aspecto a destacar en dichos resultados es la confusión que denuncia y produce la forma en que se distribuye el voto, pues parece que los partidos de derecha siguen sin suscitar particulares entusiasmos, los socialdemócratas se encuentran en la misma o análoga situación, y más a la izquierda no se perfilan fuerzas capaces de constituirse en alternativa real de poder. Los «verdes», que habían tenido un considerable crecimiento en anteriores elecciones, parecen haberse detenido en los últimos comicios pese a ofrecer destacables propuestas en cuanto se refiere a los problemas ecológicos, sin duda por diluirse en matices y alianzas o aproximaciones discutibles cuando no censurables. El reproche más generalizado a los «verdes», cualquiera que sea la intensidad de su color y la cercanía a cualquier otro, es el de que a pesar de haber ido abriendo y profundizando sus análisis y de haberse acercado con ello a una más acertada visión de conjunto, continúan sin tener sólidas bases teóricas. Eso se traduce en que sean proclives a jugar con ambigüedad en cualquiera de los niveles de actuación política, construyan y presenten inciertas o confusas identidades, y conciten un cúmulo de votos fluidos y dispersos.

El panorama político actual no es, en conjunto, favorable a la izquierda radical. Aunque –según los países- existan partidos que avanzan, formaciones análogas retroceden en otras muchas partes. Lo cierto es que la izquierda no ha tenido en su totalidad el crecimiento que esperaba basándose en la existencia de trece gobiernos socialdemócratas, el relativo pero auténtico declive del comunismo, el mal ejemplo de Rusia, la situación de los Balcanes, el inacabable conflicto entre Israel y Palestina y la guerra de Iraq. Como si la izquierda actual careciera de capacidad expansiva, los más optimistas de sus partidarios se conforman con representar un papel importante pero minoritario: «tribunicio» desde el punto de vista parlamentario y «magistral» si se mira desde el plano intelectual. Por eso cuantos no aceptan someterse a este modelo de actuación política y a la sociedad que de él deriva están obligados a preguntarse –como han hecho recientemente en Londres- si existe alguna posibilidad de salir de tal situación o si, por el contrario, la tradicional izquierda socialdemócrata está condenada a vivir una –más o menos larga- etapa de simple oposición y resistencia frente a un hecho histórico inevitable. En este sentido, la conferencia de Londres se presenta como un debate estratégico, doloroso para unos, prometedor para otros, sobre los tiempos y los sujetos de la inevitable transformación que ha de tener esa fuerza política agrupada bajo el común palio llamado «izquierda».

Frente a este desolador panorama parecen fuera de lugar tanto los entusiasmos de quienes siguen a Blair como los de quienes prefieren a Jospin, pero sobre todo los ánimos de cuantos confían en que un «invierno» francés o «un otoño –y una primavera-hispanos» producirán en el 2004 el deseado quiebro ideológico y el inicio de una temporada de luchas y conquistas. Todo parece augurar, por el contrario, un incremento del abstencionismo y que los socialistas, con algunas excepciones, verán en el mejor de los casos que simplemente conservan sus votos o que estos no disminuyen mucho.

6.- Se necesita una vía nueva

El gran fracaso de la izquierda contrasta con el indudable triunfo de la derecha identificada con un capitalismo benefactor. Por eso se hace cada día más evidente la necesidad de abrir una tercera vía, o una cuarta, o una quinta, que permita alcanzar un campo de posibilidades en el que puedan sembrarse y cosecharse ilusiones y realidades de nuevas formas de producción, de convivencia social, de avances...

El malestar que denuncian las agitaciones y revueltas que de vez en cuando salpican nuestras calles, convenientemente organizadas por las células encargadas de tal menester, no puede seguir siendo interpretado de manera superficial en el sentido de que nos encontramos ante el anuncio de una izquierda emergente capaz de penalizar el mal gobierno de la derecha. El malestar existe, porque el pueblo ha empezado a darse cuenta de que la convivencia social existente en España desde la implantación de la monarquía parlamentaria ha sustituido los viejos valores de la autoridad, el trabajo, la meritocracia, y la autodisciplina forjada y practicada en la educación cívica, etc., por los de una libertad individual ilimitada, un extremo egoísmo, una desesperada búsqueda del placer y el lucro, una irresponsable actitud lúdica... La historia de la degeneración moral de nuestra juventud, de nuestros medios de comunicación, de los instrumentos sociales de diversión y entretenimiento, constituye la fehaciente prueba del fracaso de aquel prometido «cambio a mejor» de hace treinta años. La basura predominante en nuestra televisión, en el cine y el teatro, en la alta y media sociedad, en el pueblo llano, que aflora en las conductas de quienes son o deben ser espejo y vértice de ciudadanos, demuestran con toda claridad el fracaso de la «restauración democrática».

Existen quienes creen que agitando banderas de pacifismo, ecologismo, e incluso de despreocupación individual o colectiva, pueden arreglarse las cosas. Otros, por el contrario, buscan –mediante meritorias peregrinaciones por el desierto- referencias e incitaciones de un pasado que no puede volver. Parece evidente que merecen el máximo respeto cualquier clase de nostalgias y de movilizaciones en búsqueda de identidades perdidas o de otras nuevas y eficaces, pero también está claro que tras bastantes exhibiciones de ideales procuran ocultarse angelismos poco creíbles. En realidad, eso importa poco. Lo que debemos subrayar y atender es que en nuestro país, en toda Europa, en el mundo entero, late la evidencia de una crisis social y política de gran profundidad y extensión tan mal interpretada como asumida: el final de un modelo socio-político que está produciendo la continua y acelerada degeneración de los valores de nuestra cultura occidental.

La crisis de la educación pública gratuita (o no excesivamente costosa) y laica (o no confesional, pero tampoco beligerante), que fue una conquista de la civilización occidental en los siglos XIX y XX; la no menos agobiante crisis de la familia y de los valores que ella representa; la del reconocimiento y el respeto debido a nuestros mayores en edad, saber y mérito; la manifiesta irresponsabilidad de los gobernantes respecto de su magisterio moral y educativo; el haber puesto a las patas de los caballos del multiculturalismo el sistema de valores que produjo la constante reforma y el perfeccionamiento de los buenos tiempos... Todo ello nos ha llevado y nos está llevando desde los discursos retóricos expositivos de las mejores intenciones democráticas y sociales a la triste realidad del «vive como puedas», oculto lema de la mejor picaresca política, y a la expectativa de votar tapándose las narices y los ojos como única forma de supervivencia y ascenso.

7.- Una posible solución: la república

La autoestima del ciudadano y del político, junto con su crédito personal y moral, parecen agonizar en las cunetas del camino histórico emprendido en España hace un cuarto de siglo. La derecha y la izquierda demuestran cada día no ser capaces de asumir la realidad social y política de nuestro país, la verdadera realidad moral, política y social del mundo que habitamos. Ambas realidades van a determinar el futuro de nuestra convivencia nacional y de nuestra ordenación democrática. Gobierne quien gobierne, soy pesimista, nuestro mundo no tiene claro su mañana si no cambia de rumbo.

Es evidente que resulta fácil aportar soluciones. Lo único que tengo claro es que todos debemos esforzarnos en la búsqueda de un Orden Nuevo. Me atrevo a recomendar humildad y paciencia, así como el aprovechar cualquier clase de coyunturas políticas. Sin prisas ni pausas debemos extender la creencia de que ante el notorio fracaso de los valores políticos y sociales representados por los partidos y las ideas de nuestra monarquía parlamentaria, que han producido la tan peligrosa y notoria degeneración moral de nuestro pueblo, conviene sustituirlos cuanto antes por los valores republicanos y comunitarios que tradicionalmente impulsaron nuestra historia.

La «tercera vía» -o la cuarta, o la quinta- no son ni serán obra del socialismo democrático ni del capitalismo liberal o de los mediocristianos. Sin retórica más o menos trascendentes, me atrevo a decir que esa es una tarea reservada a quienes se atrevan a ser republicanos cristianos y laboriosos. No es una tarea fácil. Ya lo sé. Pero también sé que es una tarea absolutamente necesaria.

HACIA UNA CONSTITUCIÓN EUROPEA (I) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa arriba

Antonio Chozas Bermúdez

I Antecedentes y punto de partida

Si nos situamos en la óptica de la adopción futura de una Constitución Europa –cuya elaboración, ya en marcha, ha sido encargada a la Convención sobre el futuro de la UE, que preside Giscard d’Estaing-, parece tan evidente como necesario que, a semejanza de las Constituciones escritas de los Estados miembros, esa Constitución debe contener un catálogo de los derechos fundamentales, que vendría a ser como el coronamiento de la constitucionalización progresiva de la protección de esos derechos en el seno de la Unión Europea.

Pues bien, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es, precisamente, tal catálogo, completo, sistematizado y a la altura del tiempo. De aquí la importancia y oportunidad de analizar, con rigor y sistemáticamente, el largo y conflictivo proceso de redacción de la Carta, su contenido y su actual alcance efectivo. Mucho más si se tiene en cuenta que en el esquema inicial planteado por Giscard la Constitución, con un preámbulo en el que se citarán los valores comunes en los que está basada la Unión, incluirá la referida Carta. Este es el objeto del presente trabajo.

En el ámbito de la Unión Europea no existía un texto que recogiera los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos europeos, al que hubieran de atenerse las instituciones de la Unión (Consejo, Parlamento, Comisión y otros órganos). Ciertamente, desde el Tratado de Maastricht (7 de abril de 1992), una disposición establece que la Unión respetará los derechos fundamentales que resultan de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y de los principios generales fijados por el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos. Pero esta disposición, como advirtiera el Parlamento Europeo, «es insuficiente, puesto que no establece una lista clara y completa de estos derechos y no toma en cuenta los derechos de carácter económico y social. En consecuencia, es muy limitada la posibilidad de que cada ciudadano pueda hacer referencia o, incluso, acogerse a la misma ante un juez».

A este respecto, parece oportuno señalar que fue el propio Parlamento Europeo el que ya en 1984, con el proyecto de Tratado de la Unión europea de Altiero Spinelli, propuso la elaboración de una Declaración de los derechos fundamentales y redactó un proyecto completo de Carta en 1989, que se estimó prematuro y no fue aceptado por las demás instancias comunitarias. En ese mismo año, el 9 de diciembre, los jefes de Estado o de gobierno, con la excepción del Reino Unido, aprobaron en el Consejo Europeo de Estrasburgo, una Declaración solemne constitutiva de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, que bien puede estimarse como un claro y directo antecedente de una Carta completa de derechos.

Después del Tratado de Amsterdam (2 de octubre de 1997), que reitera y refuerza la referencia a la ciudadanía europea, ya proclamada por el de Maastricht, como verdadera noción de futuro, reaparece con fuerza la idea de redactar una carta de derechos fundamentales de la UE que, por fin, mereció el apoyo de la Comisión Europea en su Informe titulado Afirmar los derechos fundamentales en la Unión europea. Tiempo de actuar, y publicado en febrero de 1999.

Este Informe fue debatido en la Cumbre de Colonia de 4 de junio de 1999, donde se decidió la elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Según el Consejo Europeo, «en el estado actual de desarrollo de la Unión, es necesario el establecimiento de una Carta de Derechos Fundamentales con el fin de que su relevancia sea más visible para los ciudadanos de la Unión». Esta Carta incluirá los derechos generales de libertad e igualdad, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión. También, según se decía, con evidente prevención, en el acuerdo del Consejo, «deberá tener en cuenta los derechos económicos y sociales».

El Parlamento Europeo, que como antes se ha visto, había pedido la elaboración de la Carta desde hacía bastantes años, acogió la decisión muy favorablemente y, en su Resolución de 16 de septiembre de 1999, sobre el Consejo Europeo de Colonia, afirmó que la Carta representa «una de sus prioridades constitucionales» y subrayó la necesidad de «un enfoque abierto e innovador del carácter de la Carta sobre la naturaleza de los derechos que deberán figurar en ella, así como sobre su papel y su estatuto en el desarrollo constitucional de la Unión».

Posteriormente, el Consejo Europeo de Tampere, de octubre de 1999, encargó la elaboración de la Carta a una Convención compuesta por 15 representantes de los Jefes de Estado y de Gobierno; 30 representantes de los Parlamentos de los Estados miembros; 16 representantes del Parlamento Europeo; y 1 representante del Presidente de la Comisión. Además, con el carácter de observadores, participarán en los trabajos de la Convención representantes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; del Comité de las Regiones; del Comité Económico y Social; del Defensor del pueblo y del Consejo de Europa.

La Convención celebró su reunión constitutiva el 17 de diciembre de 1999 y eligió Presidente a Roman Herzog, antiguo Presidente de la República Federal de Alemania. La Mesa de la Convención, que actúa como un «Comité de redacción» o «ponente colectivo», está formada por el presidente y cuatro representantes, respectivamente, de los Jefes de Estado y de Gobierno, de los parlamentos nacionales, del Parlamento europeo y del Presidente de la Comisión.

Según las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia, «a partir del proyecto de Carta, el Consejo Europeo propondrá junto con el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión, la proclamación solemne de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Posteriormente, habrá que estudiar si debe incorporarse la Carta a los Tratados y, en caso afirmativo, de qué modo ha de hacerse».

II El proceso de redacción de la Carta

Como antes se ha dicho, la principal tarea de la Convención era la elaboración de un proyecto de Carta que incluyera los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales y los derechos derivados de la ciudadanía de la Unión Europea. A este respecto, el contenido de la Carta reagruparía los derechos fundamentales tal y como están reconocidos en los Tratados Comunitarios, en los principios constitucionales comunes a los Estados miembros, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales, en las Cartas Sociales adoptadas por la Comunidad y por el Consejo de Europa, así como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En todo caso, la Convención tendría que debatir sobre el momento apropiado para la actualización de estos derechos, la consideración de determinados tipos de ellos (derechos colectivos, derechos de las minorías, etc.) y la inclusión de otros nuevos (bioética, tecnología de la información, medio ambiente). Lo que está claro es que la Carta está concebida para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos contra la incorrecta aplicación de los Tratados por parte de las instituciones de la Unión o de los Estados miembros.

La Convención, una vez constituida, ha celebrado varias reuniones plenarias (en febrero, marzo y junio de 2000), con el objetivo de ultimar un borrador de la Carta para presentarlo al Consejo Europeo en su reunión de Santa Marta da Feira, en junio de 2000. Sin embargo, como el borrador no estaba listo para esta presentación, continuaron los trabajos hasta que un borrador preliminar pudo publicarse a finales del mes de julio de 2000.

Durante el período preparatorio, la Convención estudió numerosas propuestas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), del Foro Permanente de la Sociedad Civil, de la Plataforma de ONGs Sociales Europeas y la Coordinadora de ONGs sobre Derechos Fundamentales. Por su parte, la Confederación Europea de Empresarios (UNICE) calificó al borrador de la Carta como «progresista» y consideró vital «que se respeten también los derechos de las empresas europeas».

El citado borrador preliminar de la Carta contenía un amplio repertorio de derechos civiles, políticos, económicos y sociales agrupados en seis Capítulos, bajo las rúbricas respectivas de Dignidad; Libertades; Igualdad; Solidaridad; Ciudadanía; y Justicia. La gran mayoría de estos derechos estaban ya reconocidos en los Tratados y otros textos comunitarios.

Tras la publicación del borrador preliminar, la CES y la Plataforma de ONGs Sociales Europeas mostraron su rechazo a gran parte del contenido de aquél. La CES reaccionó con un «sentimiento de decepción» respecto a la declaración en materia de derechos sociales. Según su secretario general, los derechos sociales fueron «enumerados con enorme reticencia y con vaguedad que, incluso, podrían resultar contraproducentes». Añadió que existía una absoluta falta de claridad respecto a los derechos sindicales, sobre todo, al derecho de huelga y al de negociación colectiva, para concluir que, a menos que se produjeran cambios sustanciales en el primer borrador de la Carta, la CES no podría apoyarla y solicitaba al Consejo Europeo que no aprobara «una Carta cuyo contenido se desviaría del objetivo de construir una Europa social y de los ciudadanos... Sería mejor posponer la decisión hasta la cumbre de Niza que votar una Carta defectuosa».

Por su parte, el Lobby de Mujeres Europeas (LME) criticó también el borrador preliminar porque, en su opinión, no «introdujo el concepto de igualdad de género como un principio básico, incondicional y fundamental de la Unión», al tiempo que denunciaba la utilización de un lenguaje sexista en la versión francesa del borrador.

En un sentido contrario, la Confederación de Industrias Británicas (CIB) dio a conocer sus preocupaciones con respecto a la Carta y reiteró su oposición al proyecto, manteniendo que la redacción de una Carta de la UE sobre derechos fundamentales era «totalmente inaceptable» y ha sido especialmente crítica con el artículo relativo a los derecho de información y consulta a los trabajadores.

El Gobierno del Reino Unido también hizo campaña en contra de la ampliación de los derechos económicos y sociales que, en su opinión, podrían tener un impacto negativo sobre el creciente proceso de desregulación de las relaciones laborales en su país, «aunque los derechos económicos y sociales propuestos en el borrador de la Carta reflejan leyes y prácticas comunes en la Unión Europea, el gobierno del Reino Unido se resiste a imponer en su país el encorsetamiento que suponen tales prácticas». Postura, por lo demás, perfectamente congruente con la mantenida de siempre por el RU en relación con los mentados derechos económicos y sociales, habida cuenta de que no ha dado su adhesión ni a la Carta comunitaria de derechos sociales ni al Protocolo Social anexo al Tratado de Maastricht.

Además, durante todo el verano del año 2000, especialmente la CES y la Plataforma de ONGs Sociales Europeas presentaron numerosas enmiendas para la modificación de bastantes artículos del borrador preliminar, sobre todo, en materia de derechos sociales y económicos, o bien orientados a salvar las notorias omisiones o ambigüedades que, en su opinión, se advertían en el texto.

Las continuas intervenciones de estas organizaciones y otros grupos de presión durante septiembre del año citado, determinaron un nuevo retraso en la aprobación del texto final de la Carta por parte de la Convención. En efecto, tres grupos de ésta –los representantes del Parlamento Europeo, los de los Parlamentos Nacionales y los representantes de los Jefes de Estado y de Gobierno- estimaron difícil alcanzar un consenso sobre las numerosas enmiendas propuestas. Así, pues, la reunión de la Convención del 11 de septiembre de 2000 no fue concluyente y se decidió que la adopción del borrador final tendría que retrasarse hasta otra reunión posterior.

Entre tanto, la Comisión Europea aprobó una Comunicación, con fecha 13 de septiembre, en apoyo de la futura Carta con la siguiente manifestación: «La Unión no puede basarse exclusivamente en consideraciones puramente económicas. Por el contrario, debe buscar por todos los medios sus raíces en los valores humanos fundamentales comunes a todos los países europeos. Esta es una condición previa necesaria si la gente de Europa ha de depositar su confianza en el trabajo continuo de la integración europea. Debemos demostrarle que la Unión proporciona el marco en el que pueden sentirse identificados».

La Comisión subrayaba también que la Carta no promovería ni ampliación ni reducción de las competencias de la Unión Europea, ni tampoco exigiría enmiendas en las Constituciones de los Estados miembros y no impediría acceder al Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. A su vez, el Comisario de Justicia y Asuntos Internos, Antonio Vitorino, resaltaba el carácter innovador de la Carta mediante su expresa proclamación del principio de la indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos y sociales.

El 14 de septiembre, la Convención publicó un borrador provisional de la Carta para mostrar las enmiendas introducidas en el borrador preliminar. En concreto, se habían efectuado importantes modificaciones en los Capítulos sobre Igualdad y Solidaridad, si bien no se habían aceptado todas las enmiendas planteadas por la CES y las ONGs... Tales modificaciones afectaron a las áreas siguientes:

· Igualdad entre hombres y mujeres. El Artículo 23 (22 en el borrador preliminar), se modificó en el siguiente sentido: «La igualdad entre hombres y mujeres debe garantizarse en todas las áreas, incluyendo la de empleo, trabajo y salario. El principio de igualdad no debería evitar el mantenimiento o la adopción de medidas a favor del sexo subrepresentado».

· Derechos de información y consulta de los trabajadores dentro de la empresa. El Artículo 26 (25 en el borrador preliminar), se modificó para señalar que: «Los trabajadores o sus representantes, en todos los niveles, deben tener la garantía de recibir información y ser consultados en todas las cuestiones que les afecten dentro de la empresa, en los casos y bajo las condiciones proporcionados por las legislaciones comunitaria y nacionales».